ENTREVISTAS
Nuestro compromiso es brindar servicios públicos de calidad: Eduardo Martínez Lomelí, alcalde interino de Guadalajara
Por Diego Morales Heredia //
Al estar viviendo el máximo honor en el servicio público, su compromiso es seguir brindando servicios públicos de calidad a los ciudadanos, apuntalar en la prevención en materia de seguridad y llevar a cabo un proceso de entrega recepción de manera ordenada y transparente, así lo precisó Eduardo Martínez Lomelí, presidente municipal interino de Guadalajara.
“La realidad es que estamos viviendo el máximo honor en el servicio público, brindar la prestación de servicios públicos de la ciudad más importante del país como lo es Guadalajara. Al final, nos hemos preparado, hemos hecho un trabajo en favor de la ciudadanía, por esa razón estaremos trabajando fuerte hasta el último día de la administración o cuando nos toque estar, con efecto de garantizar la prestación de los servicios públicos y por supuesto en todo momento hacer una entrega recepción responsable en apego a la ley, que sea un ejercicio de presumir en cuanto a rendición de cuentas”.
Entrevistado en los micrófonos del programa “En Tela de Juicio”, Martínez Lomelí indicó que aún no tiene conocimiento si Ismael del Toro regresará a su cargo como alcalde de Guadalajara, pero en caso de no hacerlo, estarán siguiendo la ruta de trabajo de la administración que arrancó el emecista.
“Estamos trabajando en esa ruta. Nuestro amigo Ismael del Toro que al final del día es el alcalde electo para el actual periodo, si decide regresar encontrará un municipio con todo el trabajo y la prestación de servicios para garantizar el último día de su administración. Si por deseos personales decide no hacerlo, así estaremos trabajando hasta el último día de la administración”.
LA IMPORTANCIA DE UNA CIUDAD LIMPIA
Impulsaste un tema de recolección de basura importante. ¿Cómo va ese tema?
“En promedio se generan mil 800 toneladas diarias en Guadalajara. Lo preocupante es dónde se recolecta o qué hacemos para generar tanta basura, tenemos medido y comprobado que casi un tercio de lo que se genera de basura es provocado, colocado o tirado en la acera pública, a canales, no a una recolección de basura adecuada.
El gobierno tiene un compromiso con el medio ambiente y la salud, que se evite emanar gases contaminantes para garantizar tener una mejor calidad de vida para los tapatíos, pero cuesta más la recolección, no habrá inversión que alcance si no tenemos los buenos hábitos por cuidar la ciudad, además que una calle limpia se traduce a una calle segura. Son tantos los efectos positivos que implementamos un programa para cuidar la ciudad, con Guadalajara Limpia”.
¿Cuáles son los objetivos de este programa?
“El primero es un ejercicio de corresponsabilidad en donde cada quien haga lo que le toca, estamos invitando todos los días de manera permanente a que los vecinos de la perla tapatía cuiden su banqueta, su pedazo de calle que les corresponde, que además el reglamento así lo dice. En ese mismo concepto, va el tema de la recolección de basura, que tengamos cuidado y si no pasa nos reporten para atender la problemática. Con esto, también evitar el que puedan tirar basura a las aceras, a la calle, camellones, parques, evitar que puedan ser sancionados, que de acuerdo a lo que establece el reglamento puede ser hasta 179 mil pesos. Queremos que nos acompañen todos los fines de semana a limpiar la ciudad en las colonias donde ya se tiene detectada la afectación a la salud pública. Hay que mandar el mensaje de recuperar los hábitos, que nos corresponde, está en el reglamento, es algo que estamos reforzando para que no se pierda”.
En estos meses como alcalde, ¿cuáles son los momentos más difíciles que te ha tocado enfrentar?
“Sin lugar a dudas, me parece que lo más complicado dentro de una ciudad tan grande es al cierre de una administración categorizar las problemáticas que existen y priorizar realmente las necesidades de los tapatíos, sin dejar de cubrir la prestación de servicios que brinda la ciudad. Seguramente el tema de seguridad es una de las problemáticas más asentadas del país y la ciudad, pero hemos contado con la disposición de la ciudadanía, entendiendo que no se combate con más elementos. Es importante por los niveles de incidencia delictiva que vivimos, la realidad la esencia de una policía municipal debería ser la prevención del delito, que combata, ataque, trabaje la cultura de la prevención. Implementamos un programa importante como los módulos de paz, aprobamos la instalación de cuarenta módulos, en donde atendemos el tema de seguridad de una manera integral. Otro de los temas que nos metimos fue al del ruido”.
En cuanto al ruido, vecinos afirman que denuncian y las autoridades no hacen nada…
“Fue una de las problemáticas, tan solo lo que va del año, son 19 mil reportes a través del C5 de Guadalajara. La realidad hemos hecho bastante, somos el primer municipio de todo el estado que sanciona a un domicilio particular, a un ruidoso por no acatar las decisiones administrativas a través de un proceso administrativo, con una multa ejemplar, el objetivo no es recaudatorio, es que no reincidan, que reconozca que hubo afectación a la sana convivencia, en donde se cometió una infracción por no respetar los decibeles en su colonia”.
En su administración, Ismael del Toro planteó tener una patrulla por cada colonia, ¿cómo van con esa gestión?
“El objetivo se cumplió, se cuenta con una patrulla por colonia, la naturaleza del patrullaje, desgaste de vehículos es fuerte, cuando sucede un incidente, existe el tema de una reparación no se cuenta con ese vehículo. Si día a día preguntamos a la comisaría con cuántos vehículos se cuentan, no es al cien por ciento de vehículo por colonia, pero se hizo un gran esfuerzo con 400 vehículos, se reforzó la seguridad con estas herramientas indispensables para esta gran tarea. Seguramente debe crecer el parque vehicular, no tienen una vida muy amplia, pero sí sirvió y los vecinos de la perla tapatía nos han manifestado el reconocimiento a estas labores preventivas del cuidado dentro de las colonias”.
¿Cuál es el corte de caja que hace el ayuntamiento en el tema de COVID-19? Muchos lugares no cumplen con las recomendaciones de salud…
“Es importante señalar que derivado de la mesa de salud con el gobierno del estado, en donde el repunte de los contagios surge, el municipio en acuerdo con el estado implementa dos acciones, el reforzamiento de las medidas sanitarias en los establecimientos como bares o restaurantes. Algo importante para atender es acudir a vacunarnos. Actualmente no se ha hecho ninguna modificación, hemos hecho 38 mil visitas de las cuales se han clausurado 548 negocios, se han hecho en total 400 apercibimientos, no es un tema menor, las multas llegan hasta los 279 mil pesos”.
¿Cómo quedan las finanzas del ayuntamiento?
“Quedan bien, habrá un gran ejercicio de rendición de cuentas, en todo momento habrá comunicación con la administración entrante en una mesa de finanzas”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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