ENTREVISTAS
Programa de verificación responsable: Más que un programa de gobierno, es un modelo de negocio
Por Mario Ávila //
Sin el ánimo de caer en la sugerencia de incurrir en la desobediencia civil, la recomendación de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC), es no verificar, sino ampararse, ya que, si acude a verificar y no aprueba el procedimiento en dos años consecutivos, su vehículo saldría de la circulación.
La recomendación la hace Abraham Alejandro Gobel Gómez, presidente de la ATERVAC, quien ofrece de manera gratuita el formato para la tramitación de un amparo, con el argumento de que el programa de verificación no impacta favorablemente a mejorar las condiciones de contaminación del ambiente, ya que solo tiene como objetivo la medición supuesta de los índices de contaminación y no la afinación o la reparación de los vehículos.
Incluso asegura que la estrategia del gobierno de Enrique Alfaro en la materia, es decir el Programa de Verificación Responsable, es más que un programa de gobierno, “un evidente modelo de negocio a través de franquicias, en donde los únicos que salen ganando son los proveedores que suministran la tecnología, es decir la empresa Worldwide Environmental Products, Inc., que tiene su sede en California”.
Denuncia el experto en mecánica automotriz, que incluso entre el 45 y el 55% de los autos que están siendo rechazados y no pasan la verificación, es por causas que tienen que ver con el Centro de Verificación Responsable y con el personal en donde les realizan las pruebas, que con las condiciones propias de su vehículo.
SOLO MEDIR, NO SANEAR, ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA
P.- ¿En tu opinión, con este programa de Verificación Responsable se sanea el medio ambiente?
R.- Para nada, los programas de verificación a nivel nacional nunca han servido para mitigar la contaminación, nunca han cumplido con ese objetivo e incluso el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, desde su conformación está muy desapegada a la realidad, ya que se centraliza solamente a los programas de medición y el tener la medición para lo único que sirve es para tener un diagnóstico y hasta ahí. Esta normatividad legal no funciona justamente porque únicamente se enfoca en la medición y con ello se crea todo un escenario de verificentro y de negocios de medición, donde los únicos que salen beneficiados, son los empresarios.
P.- ¿Es el caso de Jalisco?
R.- Jalisco no es la excepción, estamos ya bien sabidos que el programa más que recaudatorio, es un negocio multimillonario para el proveedor de suministro de la tecnología, que es quien se está llevando todo el paquete, es decir todo el negocio. Ahora bien, tampoco se ha podido establecer una política enfocada a realmente mitigar la contaminación, es decir bajar los índices. Por cierto, habré de presentar a algunos diputados federales, una propuesta de reforma de ley y a su vez un proyecto de Norma, porque necesitamos además de medir, se requiere que nos enfoquemos en la mitigación, es decir a bajar la contaminación. Este artículo dice: “En los estados de la República deberán existir programas de verificación para reducir la contaminación”, pero no nos da la pauta para que una vez que detectamos, qué hay que hacer, yo lo que creo es que hay que atender las fuentes móviles de contaminación, es lo que vamos a proponer, incluyendo la normativa.
P.- ¿Qué fallas ves en el modelo implementado por Enrique Alfaro?
R.- Con respecto a lo que está pasando aquí en Jalisco y por qué no funciona, es muy sencillo, el gobierno del Estado estableció no un programa, sino un modelo de negocio franquiciado, todos los centros de verificación tienen que estar homologados en su imagen, no nada más en la tecnología. Además, deberán de cumplir con contratos de suministro franquicia, entonces aquí se empodera al proveedor de suministros, porque yo tengo que invertir 30 millones de pesos para poner un establecimiento y de los 500 pesos que cuesta la verificación tengo que compartir 200 pesos para la empresa de suministro, 100 para el gobierno que es lo que supuestamente entra al fideicomiso y 200 para el particular.
Cifras más, cifras menos, porque es un porcentaje que se acaba de modificar apenas el año pasado. Aquí el que queda un poco en desventaja es el centro de verificación, es por eso que no tenemos las 284 líneas que están legisladas, mal distribuidas geográficamente, sino que solo tenemos 100 que son las que se han vendido y de esas 100 hay solo 88 en operación.
P.- ¿Tu opinión del inicio de las medidas coercitivas, es decir, de la aplicación de las multas?
R.- Nuestra opinión como ATERVAC, es que las multas precipitadas obedecen a que el Gobierno del Estado está calmando con ello a los empresarios que ya invirtieron en los centros de verificación, porque con 30 millones no se les paraban ni las moscas, solo podían ocurrir dos cosas, o iban a quebrar o iban a demandar al gobierno por incumplimiento de contrato. De ahí que el gobernador lo que hizo fue ordenar operativos ilegales e inconstitucionales, porque no existe un mandato judicial en contra de cada ciudadano al que van a intervenir; además, levantarles una multa de manera selectiva, está violando también la ley porque no puedes eximir ni seleccionar a la población, la ley es de aplicación generalizada y pareja.
P.- ¿En la práctica, hay condiciones para que todos verifiquen?
R.- Aunque todos los automovilistas con placas terminación 1 quisieran cumplir, no hubieran alcanzado a verificar, es evidente. Mira estamos hablando de casi 250 mil vehículos terminación placa 1, cerca de 270 mil, terminación placa 2 porque ya también tendrían que estar verificando hoy, y yo quisiera saben en dónde se podrían verificar a medio millón de vehículos, particulares y de uso intensivo que son las pick ups, utilitarios y los autos de plataformas.
No alcanzan los pocos centros de verificación que hay en la ZMG y en alguna que otra ciudad media como Puerto Vallarta y Tepatitlán, entre otras. Por otro lado, qué van a hacer los de Hostotipaquillo, los de Tomatlán, los de Tequila cuando pasen por las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ¿los van a multar?, eso sería totalmente ilegal. Por eso nosotros estamos recomendando y ofreciendo los amparos para la ciudadanía de manera gratuita porque se trata de una aberración jurídica.
P.- ¿Quién gana o quién pierde con el éxito o el fracaso del Programa de Verificación Responsable?
R.- Las inversiones ya están hechas. El sector privado, estos centro de verificación hicieron una inversión de 30 millones de pesos para poder establecer el centro; el proveedor de suministros de tecnología, que por cierto no ha cumplido con el compromiso de tener todas las 284 líneas almacenadas con dinamómetro y con equipos analizadores de gas y no las tienen, ellos van surtiendo conforme le van pidiendo.
Y finalmente el Gobierno del Estado ha invertido para pagarle al proveedor de suministros, al que ya le estamos pagando un contrato, es decir la empresa Worldwide Environmental Products, Inc. de California, ya está recibiendo las ganancias que tienen pactadas en el contrato formalizado entre el gobierno y el proveedor.
En este contrato el gobierno se compromete con un porcentaje mínimo de verificación anualmente y si no llegamos a ese porcentaje le vamos a estar pagando de todas maneras el porcentaje que ya se pactó.
El contrato por los 15 años es de 3 mil 800 millones de pesos, pero recientemente el Congreso del Estado les amplio a 19 años el contrato precisamente porque no ha sido atractivo para los empresarios y conforme pasen los años menos atractivo sería para los inversionistas particulares, entonces el gobernador lo que hizo para tratar de ocultar el fracaso de su programa de verificación, fue ampliar a 19 años el contrato y por eso se le van a pagar 4 mil 200 millones de pesos a la empresa proveedora.
Y para ejemplificar la realidad del fracaso del programa, es que ni siquiera el Gobierno del Estado ha sido capaz de establecer las 24 líneas que ya tenían licitadas, solo tiene 2 líneas en las instalaciones del centro de verificación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en Magisterio y Tamaulipas y 2 líneas más en el módulo de Enrique Díaz de León. Apenas se anunció que se abrirán 5 más en el Centro Aire de Zapopan. Esto significa que ni siquiera el Gobierno ha podido cumplir con sus centros de verificación.
P.- ¿Tiene usted información de quién pasa la verificación y quien no y por qué?
R.- La norma oficial mexicana y sus protocolos no dice que tu vehículo tiene que estar lavado, que no deba estar chocado, que las llantas deban estar como de Fórmula 1, no; el protocolo de medición dice que en la prueba visual sí entra el tema de los tapones del combustible y el del depósito de aceite y de las llantas que estén en buen estado para que no vayan a tener un accidente, pero hasta ahí.
Lamentablemente los que están mal son los centros de verificación, porque quienes deben hacer ese tipo de revisiones deben de ser mecánicos y los operarios que están ahí no son mecánicos, por lo tanto, no pueden determinar si hay fuga de aceite, por ejemplo.
El 60% de los vehículos que son rechazados, es por culpa del verificentro, porque no sabe introducir correctamente la sonda de inducción, ellos no saben acelerar en una de las pruebas, no saben meter las revoluciones y el caballaje necesario para llegar a los límites máximos establecidos que permite la norma y en la prueba crucero, que hoy le llaman prueba dinámica (por el uso de los dinamómetros), tampoco saben acelerar el vehículo a las revoluciones correspondientes inyectándole el caballaje necesario para obtener las mediciones.
Esto lo digo porque las pruebas las están elaborando en tres o cuatro segundos por etapa, lo que hace imposible detectar las mediciones en ese período ya que lo que se necesita es al menos 30 segundos por prueba y estar acelerando como corresponde. De entrada, ahí ya no podemos tener un porcentaje certero, para saber qué vehículos no y que vehículos sí cumplen.
Además, de los vehículos que están rechazando, entre 45 y 55% de los vehículos es porque están mal en su mantenimiento, pero eso es entendible porque el gobierno del Estado se ha dedicado únicamente a meterle recursos financieros a las campañas de verificación y no a campañas de afinación o reparación. Así las cosas, es evidente que la gente prefiere ir a verificar que ir a afinar los vehículos; si las campañas estuvieran destinadas a afinar y reparar los vehículos, ya sería otra cosa.
P.- ¿Cuál es tu recomendación, verificar o no, ampararse o no?
R.- Mi recomendación sería que afinen y reparen sus vehículos, eso sería lo idóneo y por lo consiguiente, sin que se trate de un tema de desobediencia civil, yo veo que sería un daño que fueran a verificar, porque si sus vehículos son rechazados en un par de ocasiones, al tener acumulado un segundo año en las mismas condiciones, es decir con un segundo año consecutivo de rechazo, les van a retirar los vehículos, y yendo hoy, se están poniendo la soga al cuello ellos mismos. Mejor no vayan a verificar, impugnen la multa o ampárense, y con ello el Gobierno del Estado podrá ver que el rechazo a la verificación es masivo, que la población no lo quiere salvo uno que otro incauto que no sabe lo que hay detrás de esto.
P.- ¿A dónde recurrir en el tema del amparo?
R.- Lo primero es que el ciudadano se acerque a un abogado de confianza, no necesariamente porque nosotros los vamos a regalar, pero nosotros ya tenemos los amparos listos para la gente que quiera defenderse de esas arbitrariedades. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales: Messenger: @AlejandroGobel Tuitter: @Abraham_Gobel.
ENTREVISTAS
Conciencia TV: Entrevista con la diputada Gabriela Cárdenas para hablar sus iniciativas y el programa «Cuidemos a quienes nos cuidan»
La diputada estatal de MC, Gabriela Cárdenas, es la creadora del programa de apoyo social «Cuidemos a quienes nos cuidan». La entrevistamos sobre estas y otras iniciativas en Conciencia TV, con Gabriel Ibarra y Nadia Madrigal:
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco: https://concienciapublica.com.mx/entrevistas/hay-que-aprender-de-las-fallas-del-proceso-federal-la-construccion-de-un-poder-judicial-mas-justo-para-jalisco/
Reforma judicial en Jalisco: Entre la soberbia política y la oportunidad: https://concienciapublica.com.mx/opinion/reforma-judicial-en-jalisco-entre-la-soberbia-politica-y-la-oportunidad/
Octavo Foro Iberoamericano de Movilidad Multimodal: «La violencia vial es una pandemia que rompe familias», Alma Chávez: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/octavo-foro-iberoamericano-de-movilidad-multimodal-la-violencia-vial-es-una-pandemia-que-rompe-familias-alma-chavez/
La SCJN garantiza el derecho a la movilidad segura con la obligatoriedad del seguro de auto: https://concienciapublica.com.mx/nacionales/la-scjn-garantiza-el-derecho-a-la-movilidad-segura-con-la-obligatoriedad-del-seguro-de-auto/
ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
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