Por Mario Ávila //

Sin el ánimo de caer en la sugerencia de incurrir en la desobediencia civil, la recomendación de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC), es no verificar, sino ampararse, ya que, si acude a verificar y no aprueba el procedimiento en dos años consecutivos, su vehículo saldría de la circulación.

La recomendación la hace Abraham Alejandro Gobel Gómez, presidente de la ATERVAC, quien ofrece de manera gratuita el formato para la tramitación de un amparo, con el argumento de que el programa de verificación no impacta favorablemente a mejorar las condiciones de contaminación del ambiente, ya que solo tiene como objetivo la medición supuesta de los índices de contaminación y no la afinación o la reparación de los vehículos.

Incluso asegura que la estrategia del gobierno de Enrique Alfaro en la materia, es decir el Programa de Verificación Responsable, es más que un programa de gobierno, “un evidente modelo de negocio a través de franquicias, en donde los únicos que salen ganando son los proveedores que suministran la tecnología, es decir la empresa Worldwide Environmental Products, Inc., que tiene su sede en California”.

Denuncia el experto en mecánica automotriz, que incluso entre el 45 y el 55% de los autos que están siendo rechazados y no pasan la verificación, es por causas que tienen que ver con el Centro de Verificación Responsable y con el personal en donde les realizan las pruebas, que con las condiciones propias de su vehículo.

SOLO MEDIR, NO SANEAR, ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA

P.- ¿En tu opinión, con este programa de Verificación Responsable se sanea el medio ambiente?

R.- Para nada, los programas de verificación a nivel nacional nunca han servido para mitigar la contaminación, nunca han cumplido con ese objetivo e incluso el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, desde su conformación está muy desapegada a la realidad, ya que se centraliza solamente a los programas de medición y el tener la medición para lo único que sirve es para tener un diagnóstico y hasta ahí. Esta normatividad legal no funciona justamente porque únicamente se enfoca en la medición y con ello se crea todo un escenario de verificentro y de negocios de medición, donde los únicos que salen beneficiados, son los empresarios.

P.- ¿Es el caso de Jalisco?

R.- Jalisco no es la excepción, estamos ya bien sabidos que el programa más que recaudatorio, es un negocio multimillonario para el proveedor de suministro de la tecnología, que es quien se está llevando todo el paquete, es decir todo el negocio. Ahora bien, tampoco se ha podido establecer una política enfocada a realmente mitigar la contaminación, es decir bajar los índices. Por cierto, habré de presentar a algunos diputados federales, una propuesta de reforma de ley y a su vez un proyecto de Norma, porque necesitamos además de medir, se requiere que nos enfoquemos en la mitigación, es decir a bajar la contaminación. Este artículo dice: “En los estados de la República deberán existir programas de verificación para reducir la contaminación”, pero no nos da la pauta para que una vez que detectamos, qué hay que hacer, yo lo que creo es que hay que atender las fuentes móviles de contaminación, es lo que vamos a proponer, incluyendo la normativa.

P.- ¿Qué fallas ves en el modelo implementado por Enrique Alfaro?

R.- Con respecto a lo que está pasando aquí en Jalisco y por qué no funciona, es muy sencillo, el gobierno del Estado estableció no un programa, sino un modelo de negocio franquiciado, todos los centros de verificación tienen que estar homologados en su imagen, no nada más en la tecnología. Además, deberán de cumplir con contratos de suministro franquicia, entonces aquí se empodera al proveedor de suministros, porque yo tengo que invertir 30 millones de pesos para poner un establecimiento y de los 500 pesos que cuesta la verificación tengo que compartir 200 pesos para la empresa de suministro, 100 para el gobierno que es lo que supuestamente entra al fideicomiso y 200 para el particular.

Cifras más, cifras menos, porque es un porcentaje que se acaba de modificar apenas el año pasado. Aquí el que queda un poco en desventaja es el centro de verificación, es por eso que no tenemos las 284 líneas que están legisladas, mal distribuidas geográficamente, sino que solo tenemos 100 que son las que se han vendido y de esas 100 hay solo 88 en operación.

P.- ¿Tu opinión del inicio de las medidas coercitivas, es decir, de la aplicación de las multas?

R.- Nuestra opinión como ATERVAC, es que las multas precipitadas obedecen a que el Gobierno del Estado está calmando con ello a los empresarios que ya invirtieron en los centros de verificación, porque con 30 millones no se les paraban ni las moscas, solo podían ocurrir dos cosas, o iban a quebrar o iban a demandar al gobierno por incumplimiento de contrato. De ahí que el gobernador lo que hizo fue ordenar operativos ilegales e inconstitucionales, porque no existe un mandato judicial en contra de cada ciudadano al que van a intervenir; además, levantarles una multa de manera selectiva, está violando también la ley porque no puedes eximir ni seleccionar a la población, la ley es de aplicación generalizada y pareja.

P.- ¿En la práctica, hay condiciones para que todos verifiquen?

R.- Aunque todos los automovilistas con placas terminación 1 quisieran cumplir, no hubieran alcanzado a verificar, es evidente. Mira estamos hablando de casi 250 mil vehículos terminación placa 1, cerca de 270 mil, terminación placa 2 porque ya también tendrían que estar verificando hoy, y yo quisiera saben en dónde se podrían verificar a medio millón de vehículos, particulares y de uso intensivo que son las pick ups, utilitarios y los autos de plataformas.

No alcanzan los pocos centros de verificación que hay en la ZMG y en alguna que otra ciudad media como Puerto Vallarta y Tepatitlán, entre otras. Por otro lado, qué van a hacer los de Hostotipaquillo, los de Tomatlán, los de Tequila cuando pasen por las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ¿los van a multar?, eso sería totalmente ilegal. Por eso nosotros estamos recomendando y ofreciendo los amparos para la ciudadanía de manera gratuita porque se trata de una aberración jurídica.

P.- ¿Quién gana o quién pierde con el éxito o el fracaso del Programa de Verificación Responsable?

R.- Las inversiones ya están hechas. El sector privado, estos centro de verificación hicieron una inversión de 30 millones de pesos para poder establecer el centro; el proveedor de suministros de tecnología, que por cierto no ha cumplido con el compromiso de tener todas las 284 líneas almacenadas con dinamómetro y con equipos analizadores de gas y no las tienen, ellos van surtiendo conforme le van pidiendo.

Y finalmente el Gobierno del Estado ha invertido para pagarle al proveedor de suministros, al que ya le estamos pagando un contrato, es decir la empresa Worldwide Environmental Products, Inc. de California, ya está recibiendo las ganancias que tienen pactadas en el contrato formalizado entre el gobierno y el proveedor.

En este contrato el gobierno se compromete con un porcentaje mínimo de verificación anualmente y si no llegamos a ese porcentaje le vamos a estar pagando de todas maneras el porcentaje que ya se pactó.

El contrato por los 15 años es de 3 mil 800 millones de pesos, pero recientemente el Congreso del Estado les amplio a 19 años el contrato precisamente porque no ha sido atractivo para los empresarios y conforme pasen los años menos atractivo sería para los inversionistas particulares, entonces el gobernador lo que hizo para tratar de ocultar el fracaso de su programa de verificación, fue ampliar a 19 años el contrato y por eso se le van a pagar 4 mil 200 millones de pesos a la empresa proveedora.

Y para ejemplificar la realidad del fracaso del programa, es que ni siquiera el Gobierno del Estado ha sido capaz de establecer las 24 líneas que ya tenían licitadas, solo tiene 2 líneas en las instalaciones del centro de verificación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en Magisterio y Tamaulipas y 2 líneas más en el módulo de Enrique Díaz de León. Apenas se anunció que se abrirán 5 más en el Centro Aire de Zapopan. Esto significa que ni siquiera el Gobierno ha podido cumplir con sus centros de verificación.

P.- ¿Tiene usted información de quién pasa la verificación y quien no y por qué?

R.- La norma oficial mexicana y sus protocolos no dice que tu vehículo tiene que estar lavado, que no deba estar chocado, que las llantas deban estar como de Fórmula 1, no; el protocolo de medición dice que en la prueba visual sí entra el tema de los tapones del combustible y el del depósito de aceite y de las llantas que estén en buen estado para que no vayan a tener un accidente, pero hasta ahí.

Lamentablemente los que están mal son los centros de verificación, porque quienes deben hacer ese tipo de revisiones deben de ser mecánicos y los operarios que están ahí no son mecánicos, por lo tanto, no pueden determinar si hay fuga de aceite, por ejemplo.

El 60% de los vehículos que son rechazados, es por culpa del verificentro, porque no sabe introducir correctamente la sonda de inducción, ellos no saben acelerar en una de las pruebas, no saben meter las revoluciones y el caballaje necesario para llegar a los límites máximos establecidos que permite la norma y en la prueba crucero, que hoy le llaman prueba dinámica (por el uso de los dinamómetros), tampoco saben acelerar el vehículo a las revoluciones correspondientes inyectándole el caballaje necesario para obtener las mediciones.

Esto lo digo porque las pruebas las están elaborando en tres o cuatro segundos por etapa, lo que hace imposible detectar las mediciones en ese período ya que lo que se necesita es al menos 30 segundos por prueba y estar acelerando como corresponde. De entrada, ahí ya no podemos tener un porcentaje certero, para saber qué vehículos no y que vehículos sí cumplen.

Además, de los vehículos que están rechazando, entre 45 y 55% de los vehículos es porque están mal en su mantenimiento, pero eso es entendible porque el gobierno del Estado se ha dedicado únicamente a meterle recursos financieros a las campañas de verificación y no a campañas de afinación o reparación. Así las cosas, es evidente que la gente prefiere ir a verificar que ir a afinar los vehículos; si las campañas estuvieran destinadas a afinar y reparar los vehículos, ya sería otra cosa.

P.- ¿Cuál es tu recomendación, verificar o no, ampararse o no?

R.- Mi recomendación sería que afinen y reparen sus vehículos, eso sería lo idóneo y por lo consiguiente, sin que se trate de un tema de desobediencia civil, yo veo que sería un daño que fueran a verificar, porque si sus vehículos son rechazados en un par de ocasiones, al tener acumulado un segundo año en las mismas condiciones, es decir con un segundo año consecutivo de rechazo, les van a retirar los vehículos, y yendo hoy, se están poniendo la soga al cuello ellos mismos. Mejor no vayan a verificar, impugnen la multa o ampárense, y con ello el Gobierno del Estado podrá ver que el rechazo a la verificación es masivo, que la población no lo quiere salvo uno que otro incauto que no sabe lo que hay detrás de esto.

P.- ¿A dónde recurrir en el tema del amparo?

R.- Lo primero es que el ciudadano se acerque a un abogado de confianza, no necesariamente porque nosotros los vamos a regalar, pero nosotros ya tenemos los amparos listos para la gente que quiera defenderse de esas arbitrariedades. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales: Messenger: @AlejandroGobel Tuitter: @Abraham_Gobel.