ENTREVISTAS
Reforma a la Ley del Pensiones: Fedetjal propone pensión máxima de 84 mil pesos y mínima de 10 mil
Por Mario Ávila //
Para devolverle al Instituto de Pensiones del Estado el espíritu y la esencia solidaria que inspiraron su creación, la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (Fedetjal), trabaja en la elaboración de una propuesta de reforma integral a la ley, en donde destaca el hecho de que no solo se bajen y se ponga un tope a las pensiones altas, como lo propuso el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, sino que aumenten cuando menos a 2.5 veces el salario mínimo, las pensiones más bajas, ya que hay quienes sobreviven con menos de mil pesos al mes.
En la elaboración de una propuesta de reforma se trabaja al interior de la Fedetjal, que encabeza Martha Elia Naranjo Sánchez, quien además preside el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del propio IPEJAL y se entregará a los diputados integrantes de la LXII Legislatura local, aprovechando el trabajo que harán el Congreso del Estado a petición del mandatario estatal, quien ha pedido a los legisladores que dictaminen su iniciativa de poner fin a las “pensiones doradas” durante el mes de agosto.
Las propuestas de reforma integral a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, se habrán de entregar al Poder Legislativo este martes 3 de agosto, después de que los trabajadores adheridos a los sindicatos de la FEDETJAL y del SideDIF, realicen una pega de calcas con la leyenda #SalvemosIpejal y una caravana a bordo de vehículos, para evitar el contacto entre los trabajadores, atendiendo a las normas sanitarias que se han impuesto a causa de la tercera ola de COVID-19 que azota en la entidad.
En estas propuestas se habla no solo de los montos máximos y mínimos de las pensiones y jubilaciones, sino de temas que tienen que ver directamente con el impacto en las finanzas del Instituto, como el reclamo de extinguir el “Comité de Inversión” y que las determinaciones las asuma con toda responsabilidad el Consejo de Administración; enmendar la manera en la que está integrado justamente el Consejo de Administración para dar cabida a los pensionados y jubilados, a sí como al Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas.
Los beneficiarios en orden descendente, pero también ascendente, es una reforma que se habrá de plantear, lo mismo que se plantea la necesidad de generar las condiciones para construir un hospital de tercer nivel para poner fin a los malos servicios médicos que se prestan, así como resolver de manera definitiva el dilema del abasto de medicamentos.
Dentro de los conceptos básicos que se toman en cuenta en la propuesta de reforma a la Ley del IPEJAL, destaca el hecho de la necesidad de dejar en claro que se trata del dinero de los trabajadores, que por supuesto no es dinero del gobierno y que si no se hacen cambios radicales, la viabilidad en la operación del Instituto alcanzaría solo hasta el 2029, según los estudios actuariales que el propio instituto hizo públicos.
Una reforma que parece fundamental, según se plantea en el proyecto de reforma a la Ley del Ipejal, habla de la necesidad de modificar el sistema de pagos de los entes patronales, evitando que cobren las cuotas a los trabajadores y no las enteres a al Instituto, como ocurre actualmente, ya que hay deudas por más de 1 mil millones de pesos de ayuntamientos y organismos públicos descentralizados, según información publicada recientemente por los periódicos Mural y El Informador.
NO MÁS DEUDAS MILLONARIAS
Por ejemplo, en las páginas de Mural se advierte que el ayuntamiento de Puerto Vallarta tiene adeudos con el Ipejal por 91 quincenas, es decir, durante 3 años y medio le ha cobrado su aportación a los trabajadores y al mismo tiempo ha omitido el pago al Instituto, por lo cual se encuentra en un proceso jurídico por adeudo de 458 millones 389 mil 117.84 pesos.
Caso similar, se expone en las páginas de El Informador, ocurre con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga que tiene un adeudo de 18 quincenas vencidas, es decir durante año y medio no ha pagado sus cuotas, habiéndolas descontado ya al trabajador, por lo que el gobierno de Salvador Zamora enfrenta un proceso jurídico por 300 millones 462 mil 553.24 pesos.
Además destaca el caso del OPD denominado Instituto de la Juventud de Tonalá, quien debe 2 años y medio de cuotas, es decir tiene 62 quincenas vencidas y adeuda un monto de 1.9 millones de pesos. Las mismas 62 quincenas vencidas las tiene el OPD denominado Grupo 20 de la Policía Auxiliar, que tiene un adeudo de 20.8 millones de pesos.
En detalle, las propuestas de reforma que tienen que ver con las pensiones, consiste en que no solo se bajen y se topen en 20 salarios mínimos (84 mil pesos mensuales) las pensiones altas (no en 25 vsm como lo plantea el gobernador); sino que a la vez suban hasta 2.5 salarios mínimos diarios (10 mil 500 pesos mensuales), las pensiones más bajas y que se sancione a los funcionarios que disponen y desvían el destino de las cuotas de los trabajadores y no las enteran al IPEJAL.
También se plantea modificar la integración del Consejo de Administración, para darle un asiento al Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas y un asiento para los representantes de los pensionados y jubilados, lo mismo que reconocer legalmente al Comité de rendición de cuentas, que se integró en esta administración por convocatoria del Gobernador Enrique Alfaro, y que necesita que su reglamento sea publicado para que los trabajadores del estado y sus jubilados y pensionados, tengan voz y voto en las decisiones de un instituto que en esencia, les proporciona la seguridad social a qué según la constitución tienen derecho.
Se plantea además que el Consejo de Administración del IPEJAL, cómo su máximo órgano de gobierno, sea el que determine y apruebe las inversiones que se realizan en la institución, extinguiendo al “Comité de Inversión” que hoy es un ente con muchas atribuciones, pero ajeno totalmente al Instituto.
Se debe evitar con estas reformas a la ley, que los pensionados y jubilados padezcan por falta de medicamentos o por una mala atención médica y para ello se plantea la necesidad de aprobar nuestra propuesta de construir un hospital de tercer nivel, que velaría por los servicios de salud a los agremiados.
También se advierte de la necesidad de presionar a la Fiscalía Anticorrupción “para juzgar y sancionar a los responsables del saqueo y la pérdida de nuestro patrimonio, el cual tenemos años que denunciamos cómo trabajadores y las carpetas no se han integrado, al igual que las denuncias que públicamente y por escrito presentamos en la Contraloría del Estado en noviembre del 2018 y ni siquiera fuimos citados para darles seguimiento”, según cita el documentos que se habrá de entregar al Congreso del Estado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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