Reforma a la Ley del Pensiones: Fedetjal propone pensión máxima de 84 mil pesos y mínima de 10 mil

Por Mario Ávila //

Para devolverle al Instituto de Pensiones del Estado el espíritu y la esencia solidaria que inspiraron su creación, la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (Fedetjal), trabaja en la elaboración de una propuesta de reforma integral a la ley, en donde destaca el hecho de que no solo se bajen y se ponga un tope a las pensiones altas, como lo propuso el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, sino que aumenten cuando menos a 2.5 veces el salario mínimo, las pensiones más bajas, ya que hay quienes sobreviven con menos de mil pesos al mes.

En la elaboración de una propuesta de reforma se trabaja al interior de la Fedetjal, que encabeza Martha Elia Naranjo Sánchez, quien además preside el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del propio IPEJAL y se entregará a los diputados integrantes de la LXII Legislatura local, aprovechando el trabajo que harán el Congreso del Estado a petición del mandatario estatal, quien ha pedido a los legisladores que dictaminen su iniciativa de poner fin a las “pensiones doradas” durante el mes de agosto.

Las propuestas de reforma integral a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, se habrán de entregar al Poder Legislativo este martes 3 de agosto, después de que los trabajadores adheridos a los sindicatos de la FEDETJAL y del SideDIF, realicen una pega de calcas con la leyenda #SalvemosIpejal y una caravana a bordo de vehículos, para evitar el contacto entre los trabajadores, atendiendo a las normas sanitarias que se han impuesto a causa de la tercera ola de COVID-19 que azota en la entidad.

En estas propuestas se habla no solo de los montos máximos y mínimos de las pensiones y jubilaciones, sino de temas que tienen que ver directamente con el impacto en las finanzas del Instituto, como el reclamo de extinguir el “Comité de Inversión” y que las determinaciones las asuma con toda responsabilidad el Consejo de Administración; enmendar la manera en la que está integrado justamente el Consejo de Administración para dar cabida a los pensionados y jubilados, a sí como al Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas.

Los beneficiarios en orden descendente, pero también ascendente, es una reforma que se habrá de plantear, lo mismo que se plantea la necesidad de generar las condiciones para construir un hospital de tercer nivel para poner fin a los malos servicios médicos que se prestan, así como resolver de manera definitiva el dilema del abasto de medicamentos.

Dentro de los conceptos básicos que se toman en cuenta en la propuesta de reforma a la Ley del IPEJAL, destaca el hecho de la necesidad de dejar en claro que se trata del dinero de los trabajadores, que por supuesto no es dinero del gobierno y que si no se hacen cambios radicales, la viabilidad en la operación del Instituto alcanzaría solo hasta el 2029, según los estudios actuariales que el propio instituto hizo públicos.

Una reforma que parece fundamental, según se plantea en el proyecto de reforma a la Ley del Ipejal, habla de la necesidad de modificar el sistema de pagos de los entes patronales, evitando que cobren las cuotas a los trabajadores y no las enteres a al Instituto, como ocurre actualmente, ya que hay deudas por más de 1 mil millones de pesos de ayuntamientos y organismos públicos descentralizados, según información publicada recientemente por los periódicos Mural y El Informador.

NO MÁS DEUDAS MILLONARIAS

Por ejemplo, en las páginas de Mural se advierte que el ayuntamiento de Puerto Vallarta tiene adeudos con el Ipejal por 91 quincenas, es decir, durante 3 años y medio le ha cobrado su aportación a los trabajadores y al mismo tiempo ha omitido el pago al Instituto, por lo cual se encuentra en un proceso jurídico por adeudo de 458 millones 389 mil 117.84 pesos.

Caso similar, se expone en las páginas de El Informador, ocurre con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga que tiene un adeudo de 18 quincenas vencidas, es decir durante año y medio no ha pagado sus cuotas, habiéndolas descontado ya al trabajador, por lo que el gobierno de Salvador Zamora enfrenta un proceso jurídico por 300 millones 462 mil 553.24 pesos.

Además destaca el caso del OPD denominado Instituto de la Juventud de Tonalá, quien debe 2 años y medio de cuotas, es decir tiene 62 quincenas vencidas y adeuda un monto de 1.9 millones de pesos. Las mismas 62 quincenas vencidas las tiene el OPD denominado Grupo 20 de la Policía Auxiliar, que tiene un adeudo de 20.8 millones de pesos.

En detalle, las propuestas de reforma que tienen que ver con las pensiones, consiste en que no solo se bajen y se topen en 20 salarios mínimos (84 mil pesos mensuales) las pensiones altas (no en 25 vsm como lo plantea el gobernador); sino que a la vez suban hasta 2.5 salarios mínimos diarios (10 mil 500 pesos mensuales), las pensiones más bajas y que se sancione a los funcionarios que disponen y desvían el destino de las cuotas de los trabajadores y no las enteran al IPEJAL.

También se plantea modificar la integración del Consejo de Administración, para darle un asiento al Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas y un asiento para los representantes de los pensionados y jubilados, lo mismo que reconocer legalmente al Comité de rendición de cuentas, que se integró en esta administración por convocatoria del Gobernador Enrique Alfaro, y que necesita que su reglamento sea publicado para que los trabajadores del estado y sus jubilados y pensionados, tengan voz y voto en las decisiones de un instituto que en esencia, les proporciona la seguridad social a qué según la constitución tienen derecho.

Se plantea además que el Consejo de Administración del IPEJAL, cómo su máximo órgano de gobierno, sea el que determine y apruebe las inversiones que se realizan en la institución, extinguiendo al “Comité de Inversión” que hoy es un ente con muchas atribuciones, pero ajeno totalmente al Instituto.

Se debe evitar con estas reformas a la ley, que los pensionados y jubilados padezcan por falta de medicamentos o por una mala atención médica y para ello se plantea la necesidad de aprobar nuestra propuesta de construir un hospital de tercer nivel, que velaría por los servicios de salud a los agremiados.

También se advierte de la necesidad de presionar a la Fiscalía Anticorrupción “para juzgar y sancionar a los responsables del saqueo y la pérdida de nuestro patrimonio, el cual tenemos años que denunciamos cómo trabajadores y las carpetas no se han integrado, al igual que las denuncias que públicamente y por escrito presentamos en la Contraloría del Estado en noviembre del 2018 y ni siquiera fuimos citados para darles seguimiento”, según cita el documentos que se habrá de entregar al Congreso del Estado.