ENTREVISTAS
Reforma al Poder Judicial: Aprueba Caro aplicar control de confianza a jueces y magistrados
Por Diego Morales //
“Mi iniciativa no gustó a muchos, se planteó una serie de inquietudes, los grupos de interés, los líderes de opinión se inclinaron porque fuera el Congreso el que dirigiera el proceso, el que llevara la elección. A mí me parece que en el largo plazo el rol del Ejecutivo será importante”.
“Hubo varias iniciativas, la última es la presentada por el gobernador Enrique Alfaro, yo pedí la libertad para dar mi punto de vista, eso tiene que ver que el poder ejecutivo tiene que tener un rol más preponderante en el proceso, eso está en las raíces del sistema federalista, que finalmente quienes lo construyeron daban tres opciones, puede ser que sea el propio presidente, otro un esfuerzo combinado entre el presidente y la asamblea, otro que sea nada más la asamblea”.
UN DESASTRE EL PODER JUDICIAL
Sobre la situación actual que guarda el sistema judicial del Estado, considera que lo que se ha hecho es un desastre con las cuotas de partidos que ha llevado a una descomposición del propio poder judicial y que hoy se refleja en su resistencia al cambio, a la transparencia, a la apertura, con una serie de sentencias tanto de jueces como de magistrados que demuestran el nivel de corrupción que hay en el poder judicial.
“Encontramos el esfuerzo de algunos, que es insuficiente. El poder judicial es una caja negra, un ejercicio permanente de complicidades entre personal que tiene que ver con los juzgados en las distintas materias, también con algunas de las salas de los magistrados”.
MANIPULABLE EL CONTROL DE CONFIANZA
A Salvador Caro se le pregunta su postura sobre la aplicación del examen de control de confianza que propone el ejecutivo en esta reforma del poder judicial y pese a haber sufrido con la aplicación del mismo cando fue designado Comisario de Seguridad por Enrique Alfaro como Presidente Municipal de Guadalajara aprueba que se pueda aplicar a jueces y magistrados.
Pregunta. En cuanto a los exámenes de control de confianza, ¿qué opinas se le aplique a jueces y magistrados como lo propone el gobernador Alfaro?
Respuesta. Conozco bien ese sistema, me tocó, yo hice 7 veces el examen porque así me citaban y estoy de acuerdo. Cuando es de buena fe, funciona muy bien. Había diferencias en su aplicación, realicé exámenes ante 4 instituciones con niveles diferentes.
P. ¿Cuál no pasaste?
R. Bueno, el único que no fue aprobatorio fue el que hicieron público que me hicieron entre el gobierno del Estado y el CISEN, que a los mismos días realicé el de PGR que es más exhaustivo y resulta que ese sí lo había aprobado.
P. ¿Consideras que hay maña?
R. Depende. Creo que lo pueden orientar. El examen de control de confianza va a suceder y será positivo, va a funcionar positivamente.
LA VERDADERA INDEPENDENCIA
P. ¿El nivel del poder judicial no es culpa de los políticos que manosearon todo y lo que se requiere es una separación de poderes?
R. A eso debemos llegar, un poder judicial como en Baja California, que está lejos de estar en la situación de Jalisco, ellos procesan los nombramientos y solo los ratifica el congreso. El poder judicial en algún momento tendrá que procesar y tomar todas sus decisiones, en este momento no estoy seguro que tengamos las condiciones. La verdadera independencia de poderes es que el poder judicial haga todos sus nombramientos. Con el deterioro de instituciones y la pérdida de legitimidad de políticos lo que se ha hecho es parchar al sistema republicano con instancias intermedias, que si la CEDHJ, que el consejo de la judicatura, se reparten las problemas pero no aparecen las soluciones.
P. Se llegó a hablar de venta de magistrados, los jueces deben elegir jueces, los magistrados deben ser elegidos por los mismos…
R. Hay un consejo de jueces que deberían ser los más acreditados que evalúan a los secretarios y los secretarios pasan a jueces, porque no te puedes sacar a amigos, parientes, como está ahorita, o a quienes representan sus intereses para hacerlos magistrados, si no has sido juzgador a otro nivel no puedes ser magistrado, cómo harás una sentencia.
SÓLO UN FORO; NO HAY TIEMPO PARA MÁS
P. Se discute la iniciativa, se propuso algún foro…
R. Un foro donde participen todos, no tenemos tiempo para tantos foros. Una jornada donde todos expresen su punto de vista para nosotros compenetrarnos de esos puntos de vista, no podemos abrir un calendario de un mes, tenemos encima el problema, la delincuencia organizada y la desorganizada. Tenemos que tomar acciones inmediatas, firmes, que manden una señal positiva a la sociedad, necesitamos sistemas de control de honestidad en el poder judicial que respeten su autonomía. A nivel federal, el consejo de la judicatura tiene control de los movimientos en las cuentas y tarjetas de los magistrados, de los tribunales de circuito, de los ministros, saben qué pasa y pueden detectar algún movimiento irregular, nosotros no tenemos ni el control mínimo”.
UN FRACASO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
P. ¿Es un fracaso la creación del Consejo de la Judicatura?
R. Sin duda fue un fracaso. Si el Consejo de la Judicatura desaparece no pasa nada, ni para bien ni para mal, solo habría un ahorro, nada más. Cuando empecé a participar en cargos de elección popular, les comentaba que pusiéramos los ojos, porque en mis estudios de maestría conocí la evolución en Perú, me decían los peruanos, por favor, pasaron muchos años, pues los peruanos tienen uno de los sistemas más solventes de América Latina, han metido a la cárcel a seis presidentes, eso parecía impensable, se debe principalmente a la solidez de su poder judicial.
P. La propuesta del Ejecutivo contempla que a los magistrados los nombren por un periodo no mayor de diez años ¿No se está limitando a la experiencia?
R. Yo propuse eso, al igual que el gobernador. Veo tres ventajas: primero estamos en una época de cambios radicales, la tecnología, el conocimiento, el intercambio de ideas, el tema de los resultados de los análisis de política comparada que nos llevan a innovaciones constantes, más de 10 años te rebasa.
Segundo, si tú tienes una carrera judicial sólida empezaste a trabajar entre 18 y 23 años en promedio, pasan 25 años entonces tienes poco menos de 50 años, una edad muy temprana para que tú puedas ser magistrado, tienes tus 10 años, terminas, tienes 60 años, si estás acompañado de esa trayectoria tienes cuando menos 25 años de servicio, sellando tu trayectoria con los 10 años de magistrado, pensando que los magistrados se van a cierta edad, el sistema de Pensiones te ampara y pasas a tu vida privada ya con una serie de opciones.
P. En este camino de los últimos años, ¿no hubo cuotas?
R. En la legislatura anterior se necesitaban 27 votos y en esta se necesitan 26, cómo los logras, con acuerdos, a mí me tocó el compromiso de buscar a los mejores. Movimiento Ciudadano lo que pudo influir, hizo que ocuparan el cargo dos de los mejores jueces, entonces eso es lo que debemos buscar, no eran personas que participaban en el partido ni amigos de Movimiento Ciudadano, se hizo una valoración de quiénes eran las personas más calificadas para tener la legalidad de llegar al momento de la reforma judicial y poder garantizar que los mejores eran los que llegan a los cargos.
P. Deberían investigar la relación de magistrados con despachos de abogados, a propósito de corrupción y tráfico de influencias.
R. Totalmente. En esta reforma debemos regular la relación entre el juzgador y las partes, qué contacto pueden tener con abogados, esto debe tener consecuencias de responsabilidad penal y de responsabilidad política. En el mundo civilizado, el que un abogado tenga acceso a un juzgador está regulado, tiene que haber un convenio, se da una cita, ellos acuerdan si están frente al juzgador conjuntamente o por separado, pero hay un documento con un contacto de otro tipo la destitución es inmediata.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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