ENTREVISTAS
Ricardo Sánchez Beruben: El tigre de la violencia «lo están domando en Jalisco»
Por Diego Morales Heredia //
Aunque la percepción ciudadana es que se vive en un estado inseguro debido a los eventos de alto impacto que acontecen, Jalisco tiene una tendencia a la baja en materia de inseguridad gracias a los esfuerzos en colaboración entre municipios, estado y gobierno federal, así lo precisó Ricardo Sánchez Beruben, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco.
Consciente que se sacó la rifa del tigre, Ricardo Sánchez aseveró que el tigre está siendo domado en conjunto por todas las instancias gubernamentales, pues al ser el tema prioritario en las agendas de los tres niveles de gobierno se le pone más atención y a la brevedad los ciudadanos verán los resultados, argumentó entrevistado en Tela de Juicio.
“El tema de seguridad no solamente es municipio ni estado, es a nivel nacional y es un tema que nos duele a todos, es por eso que en el gobierno del estado se convierte en la prioridad, en todos los sentidos, en presupuesto, revisión, supervisión, tenemos acuerdos toda la semana, sesiones del Consejo Estatal de Seguridad, para revisar todo el entorno. Al ser el área más compleja a nivel nacional, es el área con más atención y es lo que nos lleva a tener mejores resultados”.
¿Cómo se hace la coordinación?
“El tema de los policías hay dos parámetros, a nivel nacional son dos policías por cada mil habitantes, es la sumatoria de policías municipales, estatales, no consideramos el tema federal porque fluctúa mucho. En cuanto a la sumatoria de policías municipales, estatales, preventiva y vial, estamos por 2.3 policías por cada mil habitantes, tenemos que aspirar al segundo parámetro que son tres policías por cada mil, nos estamos acercando en estos primeros tres años de administraciones que empezaron en 2021, con la contratación de policías, porque ante una ciudad creciente sí se necesita tener más personal operativo, es parte fundamental y una de las agendas prioritarias que tenemos”.
¿Hay gente que quiere ser policía? Existe el sentimiento que es un oficio peligroso…
“Pensaba un poco similar, incluso hablando con comisarios, me decían que el problema era que la gente no quería ser policía, nosotros emitimos una convocatoria a nivel estado, al ver el interés y registros las primeras semanas me quedó claro que la gente sí quiere servir a su estado, que al final del día aunque suene trillado, los buenos somos más. Emitimos la convocatoria a finales de año, tuvimos más de 3 mil 500 aspirantes, de los cuales tenemos una reserva con la que haremos una segunda generación, pero en la primera generación fueron 352 elementos, el año pasado nos comprometimos a contratar 400, contrataremos muchos más de los que esperábamos el cierre del año pasado”.
¿Cuál es tu diagnóstico en cuanto a seguridad en Jalisco?
“Hay una visión que se construye desde el gobierno que nos corresponde medirla de cierta manera con la incidencia delictiva, vamos con una disminución considerable, no es como se ha comentado debido a la cifra negra, es un trabajo de distintas áreas, desde el personal operativo, los propios ministerios públicos, tenemos disminuciones en comparativas con este sexenio, pero tenemos un número considerable de vinculaciones a proceso, personas que por distintos delitos enfrentan una responsabilidad penal. Existe la percepción del ciudadano, Jalisco se ubica por debajo de la media en materia de percepción, sabemos que es complicado, que todo el trabajo que se haga con un solo evento de alto impacto se viene abajo, genera un incremento considerable en la percepción de seguridad, pero el último muestreo de 2021, Jalisco tiene una tendencia a la baja”.
La gente no denuncia, ¿cómo se mide la incidencia?
“La incidencia delictiva son las denuncias que se levantan en la Fiscalía del Estado, en un cruce con la Fiscalía General de la República, pero hay un delito que no tiene cifra negra, pero a final del día cuando a uno le roban el vehículo debe dar de baja la placa y debe hacer denuncia, es donde vemos una disminución considerable, comparándolo con 2018 un 50 por ciento menos, un delito donde la cifra negra es prácticamente nula”.
No se ve estrategia, el crimen organizado se ha apropiado de gran parte de territorio nacional, en Jalisco suben los números de desaparecidos…
“En Jalisco hay una excelente coordinación y relación con SEDENA, con Guardia Nacional, la Marina, hacemos operativos en conjunto, que sí llevan sus cruces de inteligencia, porque todas las zonas que se trabajan con los módulos se determinaron con cruces de mapa de calor, incidencia, la cantidad de reportes de comisarías municipales, lo que nos ha permitido tener resultados en los módulos. En cuanto a la percepción, es difícil, con un mal evento, un hecho de alto impacto la percepción se lleva cualquier estadística”.
Lo que pasa en Mazamitla a todos llama la atención…
“Esos hechos la realidad es que impactan cualquier incidencia o estadística. En Mazamitla, a raíz de los hechos de San José de Gracia, se generó una pugna entre grupos delictivos antagónicos, esto se ve reflejado en los límites con Jalisco, nosotros generamos un redoble con presencia de la policía estatal, con Guardia Nacional y SEDENA, lo que sucede es que en un recorrido de vigilancia se encuentra personal operativo con personas que repelen una agresión, desafortunadamente pierden la vida dos civiles. Eso fue una agresión que sufre de manera directa el personal operativo y la repelan. En Mazamitla la problemática es la lucha de estos dos grupos antagónicos”.
¿No son lentos para reaccionar?
“No, la realidad es que desde el lunes 28 se lleva a cabo una junta urgente de la mesa de paz regional, se aborda en el consejo estatal de seguridad, se solicita por medio de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal, se genera un reforzamiento, se han logrado detenciones en la zona, fueron once detenidos en la colindancia con Mazamitla, muchas de estas detenciones se han ventilado en las mañaneras, me atrevo a decir sin dar una cifra precisa, que en la región sureste se han logrado detenciones de casi 35 personas, para mí no es una reacción tardía”.
¿Dónde son los focos rojos?
“Se viven situaciones complejas en las colindancias del estado, sabemos en su momento fueron los Altos norte, donde a raíz de generar un refuerzo con policía estatal, pegarle con inteligencia a distintos grupos delictivos, se normalizó la situación. En Mazamitla esa será la acción, mantener el personal operativo para neutralizar estos puntos”.
Se ha cuestionado a la Policía Vial, que dependa de seguridad y estamos abandonados en las tareas que deberían tener, ¿qué hay al respecto?
“La Policía Vial a raíz de la reforma de 2019 pasa a ser policía preventiva con funciones de vialidad; hay una situación compleja administrativamente, todas las policías tienen una línea piramidal, el asunto de la Policía Vial es que durante años se entregaron los grados de manera discrecional, entonces tienes un personal que se ha ido jubilando, pero no tenía certeza en la forma de otorgar los grados y recorrer la pirámide, desde el año pasado restructuramos la pirámide de la policía vial y ahora estamos dando grados por mérito, después contratar personal, el compromiso es que a medianos de junio logremos contratar un mínimo de 150 para su formación vial, ahorita tenemos mil 800 en activo”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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