ENTREVISTAS
Se busca solución integral al problema de la basura: «Ni una sola posición encontrada, hay claridad en la visión de ciudad», Salvador Zamora
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Lo realmente importante es que los cuatro municipios que tenemos la concesión con Caabsa unimos esfuerzos para que se resuelva el tema de recolección y destino final de la basura en forma integral y que durante años ha sido tan cuestionado, resalta el presidente municipal de Tlajomulco Salvador Zamora Zamora entrevistado para Conciencia Pública.
“Ni una sola posición encontrada, hay un acuerdo completo y una claridad en la visión de ciudad que integran no solamente estos cuatro municipios, sino que tiene un impacto y coordinación con todos los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, al margen de la situación que tenga cada uno de ellos, es lo más importante que está sucediendo con esta coyuntura”, respondió a pregunta expresa sobre diferencias de criterios entre los alcaldes en la búsqueda de solución al problema de la basura.
Salvador Zamora Zamora precisó que con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, no hay problema alguno ya que se dejó claro que el haber arrojado basura frente a las oficinas de Caabsa, “no era una acción contra Guadalajara, mucho menos contra sus ciudadanos, era una acción de seria protesta contra la empresa que no estaba prestando un servicio adecuado y de calidad, quedó perfectamente aclarado, se habló de sumar esfuerzos y buscar solución de de manera integral y es lo que estamos haciendo”.
LA ENTREVISTA
Hay puntos de acuerdo entre los cuatro presidentes municipales metropolitanos para que en forma conjunta buscar solución a la problemática de la basura en la Metrópoli después de que tuviste una acción que generó alto impacto y reacciones diversas, como la de Pablo Lemus que se molestó…
“Era para la empresa que tiene la concesión de residuos, fuimos claros con los objetivos que nos estábamos trazando, que justamente tienen que ver con otorgar un servicio público de calidad para lo cual se le paga a la empresa. Lo realmente importante es que los cuatro municipios que tienen la concesión con esta empresa para la recolección de la basura unimos esfuerzos para que se resuelva el tema que durante años ha sido tan cuestionado Un servicio que en ocasiones es bueno, en ocasiones regular y en ocasiones muy malo, en esta ocasión ya eran muchos los señalamientos que se hacían de todos los municipios, que coincidimos que se tiene que revisar a profundidad no solo las concesiones y el servicio, sino también el modelo completo de gestión de residuos de la ciudad”.
ESTUDIAN MODELO DE FINANCIAMIENTO
Un punto importante que resalta de la reunión es ver el problema con dimensión metropolitana, con una creación de un organismo metropolitano para dejar la concesión con CAABSA. ¿Cómo ves esta posibilidad?
“La verdad es que se platicó con todos los alcaldes, se hicieron opiniones preliminares como una opción a crear este sistema metropolitano de gestión de residuos, en un análisis muy rápido sobre la situación financiera, los municipios que tenemos este servicio concesionado sabemos que en tres años podemos recuperar los recursos que se van a invertir si logramos un modelo de financiamiento que nos permita en tres años amortizar ese costo, los municipios harían lo propio que hace el concesionario, tener la recolección, el traslado y el destino final de la basura”.
¿Qué ha fallado en esta ruta de enfrentar el problema que se ha convertido en un gran dolor de cabeza para las autoridades locales?
“Para nosotros lo más importante es tener un modelo de gestión integral de residuos, es el acuerdo más importante que inicia, no solamente después de esta coyuntura que encabezó Tlajomulco, sino con esta mesa que se instaló en la Junta de Coordinación Metropolitana para revisar el modelo completo en toda la ciudad, porque si bien la basura que se recolecta en cada municipio al margen de si está concesionado o no, los rellenos sanitarios donde se deposita el destino final de la basura están en la misma ciudad, la basura que se recolecta termina en Zapopan, así mismo en algunos casos en Zapotlanejo o Ixtlahuacán de los Membrillos, un modelo que tiene impacto en la ciudad. Lo que se planteó desde el IMEPLAN y la junta de coordinación metropolitana es establecer una mesa técnica donde participan los alcaldes para buscar una solución a corto plazo, debido a la forzada situación al cierre de Laureles, y un proyecto a mediano plazo donde se aprovechen los residuos y al final el destino final sea mínimo, con una acción sustentable tener un manejo adecuado, cuidando los efectos del cambio climático que genera la basura. Al final es el objetivo de esto, CAABSA no ha sido el mejor aliado de los municipios para transitar a este modelo”.
TODOS UNIDOS PARA NEGOCIAR CON CAABSA
Hay decisiones a corto y mediano plazo, tienen que pasar por el tema de CAABSA, con dos caminos, rescindir el contrato o esperar a que venza para tomar el servicio. ¿Las decisiones serán de forma integral?
“Efectivamente, por eso las acciones simultáneas en una estrategia jurídica y administrativa, los municipios lo hemos hecho con la claridad que la decisión final la tomaremos todos juntos, por el impacto que tiene para la ciudad. También, por la experiencia y la historia que ha marcado CAABSA de tomar todos los municipios de manera individual, dividir y vencerás donde sale triunfando la empresa y no la ciudad. Por eso es importante esto. En el eventual caso que se decida que continúe la empresa hasta que finalicen los contratos, que son diferentes en todos los municipios, a Guadalajara se le vence en 2024, Tlajomulco en 2025, Tonalá en 2026, sí que tengamos un acuerdo en conjunto para tomar una decisión colectiva donde los cuatro municipios que tenemos el servicio concesionado podamos con mucha claridad llevar las acciones en conjunto si es que se continúa hasta el final de contratos o se puede girar a otro modelo”.
¿Están de acuerdo con llegar a la mejor solución? O hay posiciones encontradas en ese sentido…
“Ni una sola posición encontrada, hay un acuerdo completo y una claridad en la visión de ciudad que integran no solamente estos cuatro municipios, sino que tiene un impacto y coordinación con todos los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, al margen de la situación que tenga cada uno de ellos, es lo más importante que está sucediendo con esta coyuntura”.
¿Cómo está tu relación con Pablo Lemus después de la protesta que encabezaste afuera de las oficinas de CAABSA y causó molestia en el alcalde de Guadalajara?
“Se superó, se dejó claro que no era una acción contra Guadalajara, mucho menos contra sus ciudadanos, era una acción de seria protesta contra la empresa que no estaba prestando un servicio adecuado y de calidad, quedó perfectamente aclarado, se habló de manera integral, de sumar esfuerzos todos los municipios y eso estamos haciendo en este momento”.
En el caso de la problemática que vive la metrópoli, lo sufre Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara. En ese sentido de enfrentar de manera conjunta problemas comunes, ¿qué te deja en torno a busca soluciones a los grandes problemas metropolitanos?
“La gran experiencia y aprendizaje es que en el Área Metropolitana y en Jalisco estamos por el camino correcto, que hoy que tiene vigencia una Ley de Coordinación Metropolitana que está funcionando, con instancias de coordinación que nos permite tomar mejores decisiones de planeación urbana, de gestión de servicios como el agua, el transporte público, como lo es la movilidad, la educación, el tema de la basura que nos atrae, nosotros nos deja la mejor enseñanza que estamos por el camino correcto, porque tenemos una agenda clara en seguir implementando este modelo de ciudad que es un ejemplo a nivel nacional”.
Si se decide terminar el convenio se tendría que negociar con CAABSA, implicaría una inversión cuantiosa en el Área Metropolitana, ¿cómo visualizarían este escenario?
“A través de un modelo de arrendamiento financiero podemos hacernos de los 300 camiones que se necesitan para otorgar el servicio en los cuatro municipios que no tenemos el servicio, sino que está concesionado. Habrá de actualizar la información sobre los rellenos sanitarios que tienen autorización, sobre el personal autorizado para los servicios de recolección, es un estudio que se tiene que hacer a profundidad y es uno de los acuerdos a los que llegamos los presidentes municipales, un estudio que nos permita ver si podemos migrar a un modelo metropolitano que pueda recoger experiencias en otros lugares del país, o del estado, tenemos un sistema de recolección intermunicipal en el sureste, donde participan siete municipios, que comparten este modelo con dos municipios de Michoacán, que ha sido exitoso, hay que recoger experiencias exitosas. Me parece que tenemos que hacer un estudio a profundidad para tomar la mejor decisión, que tenga un impacto en el medio ambiente, en la calidad de vida de los ciudadanos del Área Metropolitana de Guadalajara”.
¿Serán este mismo año las decisiones que se tomen?
“Efectivamente, seguiremos tomando decisiones este mismo año, el próximo, y lo que reste de esta administración, siempre poniendo una visión de estado por encima del interés privado o particular de alguna empresa, con una solución de fondo”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
