ENTREVISTAS
SICT se resiste a cumplir convenio de pago con la Comunidad Indígena de Mezquitán: Luis Antonio Rocha

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Hace más de 21 años, la Comunidad Indígena de Mezquitán, un pueblo wixárika y nahua con más de tres siglos de historia en Jalisco, cedió casi 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, una vía clave para el desarrollo regional.
A cambio, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prometió pagar casi 40 millones de pesos, pero hoy, en 2025, la comunidad sigue esperando. Lo que parecía un acuerdo justo se convirtió en una deuda histórica, un símbolo de la marginación que enfrentan los pueblos indígenas, por el incumplimiento de la hoy SICT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Luis Antonio Rocha, el abogado que representa a la Comunidad Indígena de Mezquitán en un litigio contra la SCT, nos cuenta los detalles de esta lucha: una batalla legal marcada por tácticas dilatorias, excusas burocráticas y la resistencia inquebrantable de una comunidad que exige justicia. En esta entrevista, exploramos los orígenes del conflicto, los obstáculos en el camino, y el mensaje de esperanza que Mezquitán envía a México.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): ¿Cómo comenzó este conflicto, y qué se les prometió exactamente?
Luis Antonio Rocha (LAR): Todo empezó en 2001, cuando la SCT necesitaba ampliar la carretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto estratégico para Jalisco. La Comunidad de Mezquitán, con una historia de más de 335 años, tenía tierras en la ruta: 26.93 hectáreas de suelo sagrado, parte de su identidad wixárika y nahua.
En un acto de buena fe, la comunidad firmó un convenio en 2004 con la entonces SCT, cediendo los terrenos a cambio de un pago de casi 40 millones de pesos. La SCT pagó un anticipo de 5 millones y prometió cubrir hasta el 50% de la cantidad acordada, una vez que se contara con el avalúo elaborado por la entonces Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.
Lo cual, desde luego, nunca cumplió. Pero ya transcurrieron más de 21 años. Solo dieron un millón más en 2005, y desde entonces, nada. Es un engaño claro y una injusticia a una Comunidad Indígena, que confió en el Gobierno Federal.
GIB: Es inaudito que un convenio firmado hace tanto tiempo siga sin cumplirse. ¿Qué excusas ha dado la SICT para justificar este incumplimiento, y cómo han enfrentado esas tácticas en el litigio?
LAR: La SICT ha usado todas las tácticas posibles para evadir su responsabilidad. Primero dijeron que no había presupuesto. Luego, que los documentos del convenio estaban “perdidos” o eran “incompletos”. Incluso han insinuado que la comunidad debería “regalar” las tierras, como si su sacrificio no valiera nada.
En 2016, la directiva de la Comunidad Indígena de Mezquitán me buscó para actuar. Presentamos una demanda en 2017 en contra de la SICT, la SEDATU y el entonces PRESIDENTE de la República, exigiendo el pago. Desde el inicio, enfrentamos tácticas dilatorias: la SICT nombró a la Fiscalía General como su representante, y esta argumentó que el caso era “civil” y no “agrario”, a pesar de que la Comunidad Agraria de Mezquitán tiene personalidad reconocida por las autoridades Agrarias y lo que se convenió eran tierras propiedad de la Comunidad y que la Ley Agraria asi lo establece cuando el Juicio es por un conflicto de tierras del régimen Ejidal o Comunal. También alegaron que el derecho había “prescrito”. Son argumentos absurdos, diseñados para desgastar. Pero no nos rendimos.
Ganamos en el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario nos dio la razón, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, los representantes de la SICT siguen interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
GIB: Mencionas una victoria en el Tribunal Superior Agrario, pero la SICT y hasta el propio Tribunal Superior parecen seguir dilatando. ¿Qué está pasando ahora, y qué falta para que Comunidad Indígena Mezquitán reciba su pago?
LAR: Estamos en un limbo burocrático deliberado. La sentencia de diciembre de 2024 es firme: no hay más recursos legales que la SICT pueda interponer. El Tribunal Superior Agrario debe ordenar al INDAABIN realizar un avalúo a valor comercial — por metro cuadrado, dado que son terrenos junto a una carretera—. Pero el tribunal Superior ha dado excusas: que “no saben si hay un amparo”, que “no han recibido el expediente”, a pesar de que les hemos mostrado la sentencia. Hace cuatro meses, desde enero de 2025, El Séptimo Tribunal Colegiado en Zapopan ya les reiteró que la sentencia es firme, pero el Tribunal Superior sigue sin actuar. Cada día de retraso aumenta el valor del pago, pero también la frustración de la comunidad. Lo único que falta es que el tribunal Superior Agrario ordene la elaboración del avalúo y la SICT pague. No hay excusas legales; solo falta voluntad.
GIB: Este caso no es solo legal; es profundamente humano. ¿Cómo ha vivido la comunidad de Mezquitán estos 21 años de espera, y qué significa esta lucha para ellos?
LAR: Para la Comunidad Indígena Mezquitán, esto es más que dinero; es una cuestión de dignidad y supervivencia. La comunidad está formada por 333 familias, unas 3,000 personas, muchas lideradas por mujeres y adultos mayores. Esas 27 hectáreas no eran solo tierra; eran su patrimonio, su conexión con la madre tierra, donde cultivaban nopales, ciruelos y mangos. Al cederlas, confiaron en que el pago les traería escuelas, clínicas, caminos.
En cambio, algunas familias de la comunidad, viven en la marginación, en casas sin todos los servicios, cerca de la Barranca de Huentitán, tras siglos de expropiaciones que los desplazaron desde José María Vigil hasta el periférico. Muchos ancianos que firmaron el convenio murieron esperando. Sin embargo, su resistencia es inspiradora. En asambleas, mujeres, jóvenes y líderes como los de la mesa directiva se reúnen, recordando que esta lucha es por sus hijos y nietos. Han hecho manifestaciones pacíficas en las oficinas de la SICT y en la carretera, sin bloquear, solo exigiendo lo que les pertenece. Su mensaje es claro: no se rendirán.
GIB: Hablas de una comunidad desplazada históricamente, desde el cementerio de Mezquitán hasta la Barranca. ¿Crees que este caso refleja un racismo estructural contra los pueblos indígenas?
LAR: Absolutamente. Este no es un error administrativo; es un reflejo de cómo el Estado sigue tratando a los indígenas como ciudadanos de segunda. La Comunidad Indígena Mezquitán no recibió esas tierras como “dádiva”; las compraron y las han defendido por 335 años. La SICT nunca se atrevería a ignorar un convenio con una empresa privada por 21 años. Pero con una comunidad indígena, actúan con soberbia, asumiendo que no tienen el poder para pelear. Es racismo institucional, disfrazado de burocracia. Y no es solo la SICT; la SEDATU y las dependencias que tienen que ver con el incumplimiento, con sus retrasos, perpetúan esta marginación. Pero la Comunidad Indígena Mezquitán está rompiendo ese ciclo, mostrando que los pueblos originarios tienen derechos y los harán valer.
GIB: En 2025, México presume avances en derechos indígenas, con reformas como la consulta obligatoria. ¿Puede este caso sentar un precedente para otros pueblos, y qué papel juega la comunidad en este proceso?
LAR: Este caso tiene un potencial transformador. Si logramos que la SICT pague, será un precedente legal para decenas de comunidades indígenas que enfrentan incumplimientos similares por tierras, agua o recursos. La sentencia del Tribunal Superior Agrario refuerza que los convenios con pueblos originarios son vinculantes, sin necesidad de expropiaciones innecesarias. Más allá de lo legal, la Comunidad Indígena Mezquitán es un símbolo de resistencia. Sus asambleas, donde todos —mujeres, ancianos, jóvenes — deciden juntos, son un modelo de organización.
La comunidad no solo me guía como abogado; es el corazón de la lucha. Con el respaldo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) la Secretaria de la Mujer y organizaciones civiles, demostraremos que los indígenas pueden ganar contra el Estado. Este caso podría inspirar a otros a exigir justicia, tomando en cuenta que el gobierno Federal, declaro el año 2025 como el “Año de la Mujer Indígena”.
GIB: Has mencionado la soberbia de la SICT y la falta de conciliación. ¿Por qué crees que evitan negociar, y qué han propuesto ustedes para resolver esto?
LAR: La SICT actúa injustamente, dilatando el pago a Mezquitán desde la demanda de 2017 con tácticas como amparos improcedentes, que retrasaron dos años. En siete u ocho reuniones, solo ofrecen excusas (“no estamos notificados”) y rechazan conciliar, pese a nuestra disposición a negociar un avalúo justo. Saben que perdieron, pero buscan desgastar a la comunidad. Esta negligencia aumenta el costo del avalúo, una irresponsabilidad pagada con recursos públicos.
GIB: La comunidad ha mostrado paciencia, pero también frustración. ¿Qué mensaje envías a los jaliscienses y a las autoridades sobre cómo apoyar a Mezquitán?
LAR: Esta lucha es de todos. La carretera Guadalajara-Saltillo existe por el sacrificio de la Comunidad Indígena Mezquitán. Apóyenlos compartiendo su historia y exigiendo que la SICT cumpla. No debemos ignorar su dolor. A las autoridades: dejen de evadir, ordenen el avalúo y paguen. A la comunidad: seguiremos hasta lograr justicia. Su lucha inspira a Jalisco y México.
GIB: ¿Un mensaje final para los lectores?
LAR: Que nadie olvide: Mezquitán no pide favores; exige su derecho. Hace 21 años entregaron sus tierras, y la carretera está ahí, beneficiando a millones. Ahora es turno de la SICT del Gobierno Federal, de cumplir. Como dicen en la comunidad: “La tierra no miente, y la justicia siempre encuentra su camino”. Sigamos luchando juntos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 811: Jalisco ante el desafío judicial: ¿Diálogo o revanchismo político?
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:

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ENTREVISTAS
Hay que aprender de las fallas del proceso federal: La construcción de un Poder Judicial más justo para Jalisco

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
La reforma judicial en Jalisco debe aprender de los errores federales, priorizando la transparencia, la equidad y la participación ciudadana. Sus propuestas buscan un sistema judicial que no solo sea eficiente, sino también representativo de la diversidad de Jalisco, desde sus regiones urbanas hasta las más apartadas.
Con un enfoque en boletas claras, educación cívica y recursos suficientes, Zamora Jiménez apuesta por una justicia que inspire confianza y fortalezca la democracia local.
En los foros para la reforma judicial local en Jalisco, coordinados por el jurista Arturo Zamora Jiménez, el exsenador y abogado compartió su visión para transformar el sistema judicial estatal, tomando como base las lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025.
Con propuestas claras, Zamora busca un Poder Judicial más transparente, equitativo y cercano a los jaliscienses, subraya el jurista jalisciense a quien le tocó coordinar los foros durante el proceso que se realizó, atendiendo la invitación del titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
LA ENTREVISTA
.P. ¿Qué lecciones del Proceso Electoral Judicial Federal 2025 son clave para la reforma en Jalisco?
R. El proceso federal expuso fallos que debemos evitar. Los comités de evaluación carecieron de recursos adecuados, lo que afectó su transparencia y eficacia. Propongo un solo comité en Jalisco, con un representante de cada poder del estado, dotado de personal capacitado, tecnología y presupuesto suficiente. Esto garantizará un proceso organizado, confiable y accesible, corrigiendo errores del pasado.
P. ¿Por qué propone separar las fechas de las elecciones políticas y judiciales?
R. La simultaneidad de elecciones políticas y judiciales genera confusión entre los votantes. En Jalisco, necesitamos fechas diferenciadas para que los ciudadanos puedan enfocarse en evaluar a los candidatos judiciales sin distracciones. Esto fortalecerá la calidad del voto, asegurará una participación informada y dará legitimidad al proceso electoral judicial.
P. ¿Cómo garantizar equidad en la selección de jueces?
R: Reducir a dos aspirantes por cargo es fundamental. Esto permite a los jaliscienses conocer a fondo a los candidatos y emitir un voto consciente. Además, en casos de inelegibilidad o vacantes, la segunda persona más votada debe asumir el puesto, respetando género y especialidad. Es un enfoque práctico que promueve transparencia y representatividad.
P. La paridad de género es un tema crucial. ¿Qué plantea al respecto?
R. La paridad debe ser efectiva, no solo simbólica. Propongo que las mujeres compitan solo contra mujeres y los hombres contra hombres por cada cargo judicial. Esto elimina desigualdades estructurales, garantiza una integración equitativa del Poder Judicial y refleja el compromiso de Jalisco con la igualdad de género en la justicia.
P. ¿Qué problemas vio en la geografía electoral y cómo resolverlos?
R. El proceso federal mostró desigualdades territoriales que dejaron a muchas regiones sin acceso equitativo a las elecciones judiciales. En Jalisco, debemos distribuir candidaturas considerando la diversidad geográfica del estado. Una delimitación clara de distritos electorales y una representación territorial justa asegurarán que todas las regiones estén incluidas, fortaleciendo la legitimidad del sistema judicial.
P. Las boletas electorales fueron un problema en el proceso federal. ¿Qué propone?
R. Las boletas federales eran complejas, con demasiadas candidaturas y diseños confusos. En Jalisco, necesitamos boletas sencillas, claras y accesibles, que permitan a los ciudadanos entender sus opciones fácilmente. Un diseño bien pensado fomenta un voto libre y consciente, esencial para una democracia sólida.
P. ¿Cómo acercar un proceso tan técnico como la elección judicial a la ciudadanía?
R. La clave es la educación cívica. Propongo un programa pedagógico que involucre a universidades, organizaciones civiles y ciudadanos, explicando el funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de un voto informado. Una ciudadanía que entiende el proceso participa más y fortalece la legitimidad de la justicia en Jalisco.
P. ¿Qué cambios sugiere para los gastos de campaña?
R. Los topes de gastos deben ser claros, proporcionales y basados en criterios técnicos, considerando el tamaño del electorado y las condiciones geográficas. También necesitamos una fiscalización estricta para garantizar transparencia y equidad. Sin reglas claras, las desigualdades entre candidatos pueden limitar la difusión de propuestas y afectar la contienda.
P. ¿Por qué es crucial un presupuesto adecuado para estas elecciones?
R. El proceso federal sufrió por falta de presupuesto, lo que afectó la logística, la capacitación y la transparencia. En Jalisco, el Instituto Electoral Local debe contar con recursos suficientes para casillas, personal capacitado y difusión efectiva. Un presupuesto robusto asegura un proceso creíble, eficiente y confiable para los jaliscienses.
P. ¿Quién debería registrar a los candidatos?
R. En el proceso federal, los comités de evaluación registraron candidaturas, generando dudas sobre su imparcialidad. Propongo que el Instituto Electoral Local asuma esta función, en colaboración con el comité de evaluación. Su experiencia y legitimidad garantizan un proceso objetivo, libre de influencias políticas.
P. ¿Cómo proteger los derechos de los jueces electos?
R. Es vital establecer mecanismos claros de movilidad dentro del Poder Judicial para garantizar condiciones laborales justas y proteger la independencia de los jueces. Esto fomenta su desarrollo profesional, evita prácticas discrecionales y refuerza la autonomía del sistema judicial.
P. ¿Qué ajustes al Código Electoral propone?
R. El Código Electoral local debe actualizarse para incluir medios de impugnación que protejan los derechos de candidatos y ciudadanos, y definir atribuciones específicas para el Instituto Electoral en la organización de estas elecciones. Esto dará certeza jurídica y confianza en el proceso.
P. ¿Qué mensaje envía a los jaliscienses sobre esta reforma?
R. Esta reforma es una oportunidad histórica para construir un Poder Judicial más justo, transparente y cercano a los jaliscienses. Con equidad, participación ciudadana y recursos adecuados, podemos garantizar una justicia que responda a las necesidades de todos. Invito a la ciudadanía a informarse y sumarse a este cambio para fortalecer nuestra democracia.
SEIS PUNTOS MEDULARES DE LA PROPUESTA DE ARTURO ZAMORA
1- Creación de un solo comité de evaluación.
Se propone la creación de un solo comité de evaluación y selección integrado por una persona de cada uno de los tres poderes del estado.
2- Mejorar la capacidad del comité de evaluación.
Los comités de evaluación carecieron de los medios adecuados para desempeñar su labor con eficacia, transparencia y responsabilidad. Esta deficiencia se convirtió en uno de los errores más significativos y críticos del proceso electoral.
Personal capacitado, como la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y financieros, facilita una organización eficiente del trabajo y el acceso oportuno a la información.
3- Evitar la concurrencia de elecciones políticas y judiciales.
Resulta pertinente sugerir que, en el ámbito federal, se legisle para habilitar expresamente a las entidades federativas para que establezcan de manera diferenciada las fechas de las elecciones políticas y judiciales.
4- Número de aspirantes.
Reducir a dos personas el número de aspirantes por cargo para que loselectores conozcan a los candidatos y candidatas y así tengan la oportunidad de evaluarlos para definir su voto.
5- Vacantes.
En caso de inelegibilidad o vacancia antes del inicio de funciones, se propone suplir las mismas con la segunda persona más votada. Respetando género y materia.
6- Garantizar la paridad de Género.
Se propone que la competencia por cada cargo judicial se lleve a cabo entre personas del mismo género. Es decir, que las mujeres compitan exclusivamente con mujeres, y los hombres con hombres, lo que permitiría garantizar condiciones de igualdad real, prevenir desigualdades estructurales y consolidar una integración equitativa del Poder Judicial. Remitir desarrollo a la ley.
ENTREVISTAS
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia

– Por Raúl Cantú
El juicio de amparo, joya del derecho mexicano con raíces en la tradición azteca, verbalizado por José María Morelos y consolidado por la minoría liberal en el siglo XIX, enfrenta una reforma que, según el jurista Fernando Espinoza de los Monteros, traiciona su propósito fundamental: proteger al ciudadano frente a la autoridad.
En un análisis crítico, Espinoza cuestiona la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, apenas 17 días después de su presentación, calificándola como parte de una reforma judicial viciada que prioriza intereses del poder gubernamental sobre los derechos ciudadanos.
“El juicio de amparo es una gran aportación al mundo, pero esta reforma lo desnaturaliza”, afirmó Espinoza. Según el jurista, la iniciativa invierte el espíritu del amparo, diseñado para resguardar al gobernado, al otorgar mayor protección a la autoridad.
En su opinión, es una reforma que tiene un único destino, Ricardo Salinas, con quien ya va a negociar el gobierno.
Entre los puntos más controvertidos, Espinoza destaca la acotación de la suspensión, “el alma del juicio de amparo”, que permite frenar actos de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. La reforma restringe esta herramienta, limitando su efectividad.
Asimismo, la iniciativa de reforma propone eliminar el “interés legítimo” como requisito para interponer un amparo, un cambio que, según el jurista, cercena el acceso a la justicia para ciudadanos y colectivos que buscan defender derechos difusos, como los ambientales o sociales.
En materia fiscal, la reforma es aún más restrictiva. Espinoza crítica que el amparo fiscal solo pueda interponerse tras el remate de bienes asegurados, lo que desvirtúa su propósito. “El amparo debe intervenir en cualquier etapa del proceso para garantizar la justicia; limitarlo al remate lo convierte en un recurso inútil”, explicó.
Esta disposición argumenta que beneficia al fisco al retrasar la protección del contribuyente, dejando a los ciudadanos en desventaja frente a procedimientos administrativos.
El jurista reconoce un único aspecto positivo: la fijación de plazos de hasta 90 días para resolver juicios de amparo, lo que podría agilizar los procesos. Sin embargo, matiza que la digitalización de trámites, presentada como novedad, ya estaba prevista en la legislación actual, incluyendo notificaciones y requerimientos electrónicos. “No es un avance, es un reciclaje de lo existente”, afirmó.
Espinoza de los Monteros también alerta sobre la reducción de garantías procesales, que debilita el derecho de defensa de los ciudadanos. Un punto especialmente grave es la pretensión de no respetar la retroactividad en los juicios en trámite, lo que podría afectar casos ya iniciados y vulnerar la seguridad jurídica.
“Se está sacrificando la esencia del amparo por una supuesta eficiencia que, en realidad, fortalece el poder de la autoridad sobre el gobernado”, subrayó.
En el contexto de una reforma judicial más amplia, que incluye la elección popular de jueces y ha generado polarización, Espinoza de los Monteros considera que el gobierno de Sheinbaum repite errores del pasado al priorizar el control político sobre la justicia. “El amparo nació para equilibrar la balanza entre ciudadanos y autoridad; hoy, esa balanza se inclina peligrosamente hacia el poder”, concluyó.
Esta reforma, aprobada con celeridad en el Senado, ha generado un debate intenso entre académicos, juristas y ciudadanos, quienes temen que el debilitamiento del juicio de amparo limite las herramientas para combatir abusos de poder. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un paso hacia la modernización y el combate a la evasión fiscal, voces como la de Fernando Espinoza de los Monteros advierten que el costo podría ser la erosión de un pilar del Estado de derecho mexicano.
ENTREVISTAS
Regionalizar las políticas públicas, la apuesta por un Zapopan más equitativo: Mauro Lomelí

– Por Diego Morales Heredia
Zapopan es la maqueta de lo que se vive en todo el país; conviven dos realidades opuestas: los fraccionamientos más exclusivos, pero también las colonias más olvidadas de la zona metropolitana. En medio de ese contraste, el regidor de Morena en el municipio, Mauro Lomelí, asegura que tiene un propósito claro: colaborar a eliminar la brecha social y económica que se vive en la ex villa maicera.
Con una amplia trayectoria en el servicio público, asegura que encontró su vocación: ayudar a la gente que más lo necesita. “Tengo una trayectoria trabajando toda la vida en el municipio, he tenido la oportunidad de tener varios cargos, secretario de Desarrollo Social, director de Participación Ciudadana, a nivel federal fui jefe de la División de Evaluación de Delegaciones del IMSS, a nivel estatal fui director de Conalep, entre otras cosas. Soy una persona convencida de que tenemos que ayudar a eliminar la brecha social y económica que vive el municipio de Zapopan”.
Para describir su participación en el ayuntamiento durante la actual administración, no lo duda, son una oposición que construye, abierta al diálogo, que hace cabildeo cuando consideran pertinente la situación, pero levantan la mano cuando consideran se está haciendo algo erróneamente.
“Hemos sido muy críticos, pero también muy conciliadores, hemos tratado de tender los puentes correctos, hemos hecho los cabildeos correctos para lo que creemos que está bien hecho pase y lo que está mal levantar la voz, pero no ser una oposición de opositodo, siempre construyendo y generando propuestas. Creo que vamos bien, hemos tendido puentes correctos, aunque el tema de los recursos, creemos que deben llegar donde las personas más los necesitan”.
Añadió: “Llevamos entre 75 y 80 colonias visitadas en un año, al término de este periodo, sin contar las iniciativas y puntos de acuerdo del presidente municipal y del síndico, somos los que hemos hecho más propuestas y presentado más puntos de acuerdo, más iniciativas, eso nos da mucho orgullo, estar pendientes y al frente de la coordinación de los regidores de Morena en Zapopan”,
REGIONALIZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
El regidor de Morena considera que el reto de la administración pública local debe centrarse en regionalizar las políticas públicas, en lugar de diseñarlas para una “generalidad” que no refleja la diversidad social de Zapopan, ahí está la principal ventana de oportunidad para acortar la brecha social que existe en el municipio.
“Hay una ventana muy grande para generar políticas públicas y para podernos apoyar con el sector económico, una de las fortalezas del municipio es el sector económico, que es pujante y fuerte, creo que de ahí pudiéramos agarrarnos para hacer grandes alianzas, que se tengan mejores condiciones de vida en Zapopan, no debemos olvidar que según los datos del INEGI, el municipio tiene una tercera parte de la población en pobreza extrema, que 400 mil habitantes de un millón y medio están en esta condición”.
Agregó: “Las políticas públicas se tienen que desarrollar pensando en varios sectores sociales, no se pueden hacer políticas públicas para la generalidad de la población, tenemos que regionalizar las políticas públicas”.
EL DESGASTE NARANJA Y MORENA…
Para Mauro Lomelí, el hecho que Movimiento Ciudadano gobierne el municipio desde hace diez años es causa del desgaste que tuvo la sociedad con partidos como Acción Nacional y el PRI, sin embargo, ese mismo desgaste ya se refleja con el partido naranja, por lo cual, ahora asevera que Morena se convierte en una opción real y viable para encabezar un proyecto en Zapopan.
“Creo que Movimiento Ciudadano fue en su momento un partido que llega al poder a raíz del hartazgo que tiene la ciudadanía de partidos como el PAN y el PRI, al no existir una propuesta clara como lo es hoy en día Morena, la ciudadanía castiga a los políticos tradicionales, pero ya tienen un desgaste superlativo, está muy claro en qué sectores se han dedicado a gobernar”.
Subrayó: “Morena es el partido que representa a las clases populares, representa los ideales del progresismo con los cuales comulgo, soy un convencido que tenemos que trabajar para que las personas que menos tienen les vaya mejor, en esta dinámica, tenemos que unirnos con el sector empresarial para eliminar la brecha económica y social que vive el municipio, por eso estoy en Morena, para eliminar el rezago social que tiene Zapopan”.
MÁS TERRITORIO MENOS ESCRITORIO
Que a los zapopanos y al municipio le vaya mejor, es el objetivo que tiene Mauro Lomelí. Por eso, desde la fracción edilicia de Morena indica que tienen un lema: “más territorio, menos escritorio”, por eso, se ha puesto los zapatos y ha recorrido las colonias en Zapopan.
“Vamos a seguir trabajando con la principal política pública que tenemos en la regiduría, nuestro lema es trabajar más territorio y menos escritorio, vamos a seguir haciéndolo de esta manera, permanentemente con los ciudadanos, levantando la voz en el ayuntamiento y en el pleno sobre lo que tenemos que mejorar, sobre la injusticia que vemos en el territorio, en donde las colonias populares no tienen luminarias, en donde no cuentan con calles pavimentadas. Hay que seguir visitando las colonias para tener el diagnóstico preciso y claro de Zapopan”.
Además: “Me mueve buscar que los zapopanos vivan mejor, que tengan una mejor calidad de vida, me mueve ser padre de familia y buscar un mejor futuro para mis hijos. Tenemos que generarles mejores condiciones laborales, mejores condiciones viales, ordenar la ciudad, estamos dejando un caos a las nuevas generaciones, con desarrollos a diestra y siniestra sin que se contemplen estudios de capacidades y densidad poblacional, servicios públicos, por eso no hay agua, las redes están rebasadas, no revisaron los temas, las vialidades están colapsadas. Eso me mueve, darle orden a esto y que a las familias les vaya mejor, sobre todo a los que menos tienen”.
Para cerrar con la entrevista, el regidor de Morena adelantó que seguirán visitando las colonias en Zapopan y buscarán incidir en un mejor entorno para los ciudadanos del municipio.
“Nos presentamos, les decimos nuestros alcances, porque muchas veces no se tiene clara la labor de un regidor. Nos platican lo que viven, hay colonias completamente destrozadas, me enseñan videos de cómo los niños asustados en sus casas piensan que se los lleva la corriente, tenemos problemáticas de agua, está mal la distribución, tenemos muchos años con desorden y sin inversión en temas hídricos, tenemos que seguir caminando en esta dinámica”, puntualizó.