ENTREVISTAS
Son 80 casos denunciados de violencia de género en la UdeG, alerta Dante Haro, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios
Por Diego Morales //
Debido a los trabajos que han venido realizando en este año para generar la confianza entre los estudiantes que denuncias abusos y son víctimas de diversas situaciones y en el contexto que se vive en la actualidad por la pandemia a nivel global, la atención se seguirá otorgando de manera virtual para que se siga haciendo uso de esta herramienta, así lo precisó Dante Haro Reyes, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara.
“A partir de esta contingencia ocasionada por el COVID19 y por las indicaciones que da la mesa de salud, las indicaciones que se dan de parte del consejo de rectores y el rector general Ricardo Villanueva, en la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara hemos estado atendiendo y trasladando nuestros servicios de manera virtual. Estamos atendiendo todas las situaciones que se dan, desde clases en línea, situaciones de irregularidad, aparte las situaciones que traíamos nosotros por las quejas y denuncias que se nos habían presentado”.
La atención de manera virtual va desde la página de internet con formularios, chats en WhatsApp, llamadas telefónicas y videollamadas, además de la impartición de seminarios en línea para tratar los temas que aquejan a los estudiantes.
“Desde la página de internet, con formularios, WhatsApp, vía telefónica, videollamadas, estamos atendiendo y hemos trasladado nuestra parte de tratar de anticiparnos a que sucedan las problemáticas, tratar los temas con la comunidad universitaria a través de los seminarios en línea, de estas charlas, hemos estado entrando en esta nueva faceta con temas como igualdad y violencia de género, con expertas para poder tratar el tema de manera psicológica, que no se repitan las circunstancias, cómo atenderlos a través del protocolo y atención”.
Agrega: “También atendemos la violencia cibernética, temas con las comunidades indígena, hay algo que se trata importante que es la igualdad y no discriminación en la parte de la adolescencia, derechos humanos, la salud mental, también la temática de la comunidad universitaria y diversidad sexual”.
Como parte de estas labores que vienen realizando, Dante Haro anunció que el próximo jueves 16 de julio a las 12 horas a través de las plataformas de redes sociales de la Defensoría de los Derechos Universitarios se llevará a cabo una charla con expertos en el tema de atención a víctimas, por lo cual invita alumnos y sociedad en general a estar al pendiente de este evento.
“Hemos tenido la oportunidad de contactar a una serie de expertos y expertas, como el ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, también estará presente la llicenciada Alma Chávez Guth, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia Vial, una líder en atención a víctimas, para poder hablar de los apoyos jurídicos, psicológicos, médicos, que se tienen cuando alguien es presa y víctima de una situación”.
¿Cómo se puede participar?
“Es meterse a nuestras redes sociales, en la página oficial de la universidad viene un formulario, nosotros lo atendemos, nos ponemos en contacto de manera virtual para ofrecer el apoyo. En estas pláticas, en nuestra página de la Defensoría de los Derechos Universitarios y de nuestros canales de YouTube que estaremos promocionando”.
¿Va dirigido solo a los universitarios?
“Es cualquier persona interesada que tenga la finalidad de poder adentrarse de la situación que prevalece a nivel nacional y en Jalisco, con personas expertas y conocedoras de lo que sucede con la Ley General de Atención a Víctimas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas. En Jalisco hay estructuras que deben ponerse a trabajar para poder dar una atención a lo que establece la ley a quien ha sido víctima, tanto a violaciones de derechos como víctima de un delito”.
Hace meses surgieron denuncias de estudiantes de la UdeG, incluso el rector hizo un posicionamiento, casos presentados ante la defensoría. ¿Cómo van estos casos?
“Es importante decir que la Defensoría de Derechos Universitarios como primer respondiente en donde se le ofrece todo el apoyo se inician varios procedimientos internos. En caso de que haya un menor o una menor involucrada, inmediatamente se le da aviso a la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, al Ministerio Público, en este caso se dio aviso al Centro para la Justicia de las Mujeres, donde inicia una situación por la vía penal jurisdiccional, nosotros damos acompañamiento y seguimiento. Ante las situaciones internas se inicia un procedimiento para ver si el presunto responsable es una persona trabajadora de la universidad, se inicia un procedimiento laboral para poder deslindar el contrato. También, las comisiones de responsabilidad y sanciones en la red universitaria, tanto del Consejo General Universitario, están evaluando los casos específicamente, se individualizan los casos, nosotros no sancionamos, son las comisiones que han estado trabajando para poder desahogar los casos”.
La defensoría que encabezas ha dado confianza a los estudiantes, ¿cuántos universitarios han acudido para denunciar algún abuso?
“Tenemos no solamente la parte más importante y sensible que es la violencia de género, específicamente en un 87 por ciento contra las mujeres, hemos dado seguimiento, tenemos más de 80 casos que hemos estado dando seguimiento en sus diferentes vertientes en lo que va del año y hay que decir que la Defensoría de los Derechos Universitarios recién inicia en enero de 2019, llevamos poco más de un año trabajando y generando las partes de la confiabilidad porque antes no querían denunciar porque no pasaba nada, ahora generamos esa confianza para dar el término a un círculo vicioso que como no pasaba nada, ahora estamos generando un círculo virtuoso”.
¿Qué grado de autonomía tiene la Defensoría? ¿De quién depende?
“Un servidor fue electo por el Consejo General Universitario y es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de quien depende la Defensoría, por esa parte de autonomía que se le quiere dar e independencia. En la estructura, es depender directamente del Consejo General Universitario”.
¿Qué viene para la Defensoría?
“Nosotros tenemos una proyección importante porque se tiene que dar la parte de una serie de compromisos que nosotros estamos impulsando a nivel de las universidades, a nivel nacional ya formamos parte de la Red Internacional Iberoamericana de Defensoría, estamos haciendo planteamientos para que se cumpla dentro de este rubro la agenda del desarrollo sostenible que marca la UNESCO en la agenda 2030, específicamente generar una igualdad de género, desde luego la Universidad es un reflejo de la sociedad, tenemos que desterrar esa cultura machista, misógina, que tanto daño nos hace, tenemos que transitar hacia una cultura de paz, que todos los centros universitarios y el sistema de educación virtual, preparatorias, tenga una construcción de paz y educación, que haya respeto irrestricto y prevalezcan los derechos humanos, eso es el gran reto”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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