ENTREVISTAS
«Tenemos una responsabilidad que cumplir, aceptamos un compromiso»: Héctor Pizano, director del IPEJAL
Por Diego Morales Heredia //
Con un corte de caja, el informe a los derechohabientes, pensionados y jubilados, además de las reformas y trabajos que se han venido realizado durante esta administración, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) amplió su viabilidad hasta el año 2033 y se espera que se pueda extender la vida financiera por más tiempo, precisó Héctor Pizano Ramos, director de la dependencia.
Si bien es cierto que el tema mediático va en relación a las investigaciones por presuntas irregularidades en el instituto, Pizano Ramos aseveró que ya se emprendieron las acciones administrativas y jurídicas al respecto y que más allá de las posibles detenciones, lo importante es recuperar y preservar el patrimonio de los trabajadores.
“Fue un corte de caja, donde lo que buscamos en primer término era informarle a los derechohabientes, pensionados y jubilados, en qué estado se recibió Pensiones y qué hemos hecho. Pareciera que al IPEJAL lo ha acompañado un velo de impunidad por años, aun cuando hay temas relevantes en la opinión pública. Informamos que hasta el momento no hay una acción jurídica que no se haya emprendido, procedimiento de responsabilidad administrativa, demandas de carácter civil, mercantil y procedimientos de carácter penal, que tienen que ver desde la Fiscalía Anticorrupción, hasta la fiscalía general”.
Agregó: “Todos los asuntos que han pasado por esta memoria de la comunidad respecto a inversiones, que han sido auditados, las denuncias están sustentadas y presentadas, a quienes participaron como responsables en un plan de negocio están debidamente señalados para que puedan deslindar ante la autoridad su responsabilidad, qué tipo de omisión tuvieron para tal evento, con ello el juzgado podrá determinar si hubo delito y las sanciones. Al final de todo, lo importante es que podamos tener la reparación del daño”.
LA ENTREVISTA
Quien firma es quien tendrá que pagar las consecuencias, ¿o irán por los autores intelectuales?
“Es importante que quienes hayan tenido algún tipo de participación lo aclaren ante la autoridad correspondiente en virtud que actuaron de tal o cual manera, si lo hicieron contraviniendo alguna norma como se da en las inversiones lo señalen con puntualidad, para que pudiera haber un criterio de oportunidad para enfrentar un mejor proceso. Lo importante para nosotros es que no podemos juzgar a priori, en estos procesos que, junto con la Contraloría del Estado, con el órgano interno de control se han revisado los procesos, hemos visto que sí hubo irregularidades en algunas tomas de decisiones, está sujeto a ser responsable de un procedimiento. Estamos cuidando que se responsa y se aclaren todos los hechos que pudieron haber causado perjuicio económico, con acciones correctivas para que no vuelva a pasar”.
¿En cuántos casos se han interpuesto quejas y cuáles son los resultados?
“Van 69 auditorías, tenemos presentadas 13 denuncias, 2 en Fiscalía Anticorrupción, una en fiscalía estatal, hay unas judicializadas, otras en etapa de investigación, hay una sola denuncia por 26 inversiones donde se señala algún tipo de irregularidad, engloba 6 mil millones de pesos, que se puso en riesgo. Celebro que el sistema anticorrupción esté funcionando, para deslindar estos hechos. Hay toda la voluntad para que se esclarezcan los hechos, para que se de cuenta a los jubilados, se han tomado acciones correctivas para que no vuelva a pasar, tenemos como resultado que si la vida útil se extiende 4 años más, vamos por la ruta correcta y las reformas están sirviendo”.
¿Desde qué años están las investigaciones? Hay delitos que ya prescribieron…
“Estamos revisando todo, de inversiones de 2011, 2013, 2017, revisamos particularmente todos estos efectos para garantizar que no ha habido un perjuicio, vemos cómo están Villas Panamericanas, Chalacatepec, Abengoa, que son los casos más sonados y se actúe en consecuencia. En otros casos hemos llegado a convenios y hasta ganamos con algunos, en otros estamos en procesos buscando recuperar el dinero. Con Transportes Marítimos Mexicanos, el gobierno federal le acaba de dar un contrato, lo que debe fortalecer su situación y responder a nuestro interés e inversión”.
En el caso de la inversión en Santa Cruz hay una persona vinculada, ¿no hay acusación en Chalacatepec?
«En Santa Cruz lo que hay es una inversión de 300 millones del instituto, tenemos un reconocimiento de adeudo por 450 millones, estamos en proceso que liquiden el fideicomiso de Pensiones, lo que esperamos es que con la garantía que tenemos de los terrenos poder lograr que se nos liquide de una forma pronta y expedita el recurso invertido y salir de esa inversión».
«En Chalacatepec, se invirtieron cerca de mil 200 millones de pesos a través de un fideicomiso, que pasó a ser una parte accionaria donde IPEJAL tiene el 20 por ciento de inversiones, recuperamos 400 millones, el resto de la inversión tenemos mil millones en acciones, valoramos si liquidamos nuestra posición y salirse de la inversión o seguimos adelante una vez que ya está la pista por concluirse en aquella parte, pudiera ser que nuestra inversión de más dinero a nuestro instituto. Si se causa o no perjuicio al instituto, si logramos recuperar el dinero o podemos tener un ingreso adicional, es lo que estamos viendo».
Con estas experiencias que han tenido en detrimento del dinero de los trabajadores, ¿ya no se repetirán?
“Las tasas internas de retorno que estamos poniendo como límite para aprobar un proyecto son muy superiores a las que había antes, con criterios de la garantía, inmueble o inversión. Toda esta experiencia que se ha tenido con la revisión de casos y con un acompañamiento de la contraloría nos permite evitar los mismos errores del pasado”.
Hay gente con la que trabajaste e hiciste amistad en estas denuncias, ¿tienes sentimientos encontrados?
“Tenemos una responsabilidad que cumplir, aceptamos un compromiso, sabíamos qué hacer en esta encomienda, asumimos el cumplir con los cientos de miles de trabajadores y pensionados. Nunca vamos a negar nuestras amistades, pero tampoco dejaremos de hacer lo que nos toca hacer”.
¿APUNTA A GUADALAJARA?
A quién no le gustaría ser presidente municipal de su ciudad, es la respuesta de Héctor Pizano al plantearle una posible candidatura por Movimiento Ciudadano para las próximas elecciones para la capital de Jalisco, no obstante, entiende que a reserva de que no son tiempos electorales, es complicado presentarse ante la ciudadanía cuando hay temas tan relevantes por atender en la agenda pública en la actualidad.
¿A quién no le gustaría ser presidente?
A todos nos gustaría. Una vez que cumplamos lo que tenemos que hacer, que es mucho trabajo (…) apenas se establecieron en la asamblea pasada quienes integran los órganos de gobierno del instituto político. Es complicado cuando hay temas tan importantes que atender, una vez que resuelves las problemáticas de los ciudadanos puedes atender los temas electorales”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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