ENTREVISTAS
Transporte público y tecnología: Jalisco a la vanguardia nacional en desarrollo y modernización
Por Raúl Cantú //
Jalisco se ha convertido en un parteaguas en el desarrollo y modernización del transporte público, en el cual la tecnología juega un papel clave, destaca Fernando Palacio y Landa, presidente de la empresa Tarjetas Integrales S.A. de C.V., (TISA) al señalar el avance que se ha logrado con el modelo ruta-empresa.
El modelo ruta-empresa es un avance porque no solo ha permitido el ordenamiento y modernización del transporte público, sino también su mejoramiento. “Esta iniciativa de crear ruta-empresa ha generado todos estos logros y que hablemos de empresa a empresa, que se pueda dar la bancarización en la cuenta de la empresa con la cantidad de socios que tengan, es una sola cuenta fácil de manejar”.
El viejo modelo de hombre camión dificultaba que se lograra el reordenamiento ya que se tenía que tratar con cuatro mil propietarios de camiones y eso generaba una gran dispersión de información, principalmente que se careciera de la información real de flujos y movimientos de pasajeros, así como de las rutas, entre otras cosas.
Fernando Palacio y Landa, durante la mayor parte de su vida empresarial ha girado en torno al negocio del transporte público y ha sido testigo y protagonista de estos cambios que se han venido registrando, aunque su incidencia ha sido mayor desde 2017 a la fecha con el el desarrollo tecnológico de software mediante la tarjeta de pre-pago desarrollada por la empresa TISA que ha sido clave para la operación del modelo ruta-empresa.
“Hace muchos años, allá por la década de los 80’s hablaba de la importancia del transporte colectivo en la vida de una comunidad y me refería a toda esa inversión en infraestructura que se hace en la ciudad, si se hubiera invertido el 30 por ciento en el transporte público no tendríamos los problemas de congestionamiento vial que hoy sufrimos”, afirma convencido.
Han pasado los años y son pocos los gobiernos y entidades que han entendido la problemática, como es el caso del de Jalisco, que ha marcado como prioritario este servicio público, tengamos presente que el transporte es el eje para el movimiento de la sociedad, para el trabajo y la escuela, apunta Fernando Palacio.
Los beneficios de un transporte público digno lo resalta Palacios y Landa, traería como consecuencia que la gente se baje del auto, ya no tendría que invertir en todo lo que implica su costo de operación, mantenimiento, afinación, gasolina, estacionamiento, “pero hoy hasta las clases más necesitadas se compran su carcanchita para poderse mover”, añade.
INICIATIVAS POSITIVAS
Con el desarrollo de la tecnología en el transporte público Jalisco se ha situado a la vanguardia nacional en la mejora del transporte colectivo y cita el ejemplo del subsidio de los 50 centavos que otorga el gobierno del Estado por cada pasajero a través de la utilización de la tarjeta que empezó a aplicarse este año y que forma parte de una serie de iniciativas positivas que se han instrumentado para el mejoramiento del servicio.
En Jalisco, el proceso del mejoramiento del transporte público está en marcha en cuanto a la cantidad de unidades renovadas, no sólo que funcionan a través de gas, sino con unidades eléctricas que empiezan a ser incorporadas al sistema.
A la empresa TISA le ha tocado vivir este proceso de renovación y modernización del transporte público en la entidad al participar en la parte tecnológica.
Destaca que todo este proceso de modernización del transporte el órgano rector es la Secretaría del Transporte, que cuenta con un área que se llama dirección de recaudo integrado por gente muy conocedora de la tecnología. “Para mí fue una grata sorpresa cuando empecé a platicar con ellos, gente joven, pero con un gran conocimiento en la materia”.
Los dos proveedores tecnológicos que participan junto con TISA en la operación de la tarjeta de prepago interactúan diariamente con esta dirección de recaudo de la Secretaría del Transporte, a veces hay errores -acepta el entrevistado- de que un sam tenga algún problema -que es el que mantiene la memoria de cada uno de los equipos- en el que se registran las operaciones diarias.
JALISCO EL MÁS EFICIENTE
¿Cómo está Jalisco en la aplicación de tecnología en el transporte público en el país?
Sin lugar a dudas, somos el número uno como estado, si bien es cierto que la Ciudad de México ha invertido mucho dinero para eso y otros estados como Nuevo León, la eficiencia con que se ha logrado esto no tiene comparación con Jalisco, tanto por la ruta-empresa que es un gran logro que permitió todo lo que hacemos, el desarrollo de la tarifa preferencial que no tiene ningún otro estado en beneficio de la sociedad y los adelantos que han permitido con una actitud positiva que se sigan mejorando los servicios.
La recarga de tarjeta a través de Mi Saldo, el primer estado que lo hace es Jalisco, hay estados interesados pero no lo tienen, para nosotros como empresa es un gran aliciente, tenemos futuro halagüeño porque el crecimiento es para eso. Esto que ya está operando, vienen otras mejoras posteriores, todo bajo la supervisión del gobierno del estado.
¿Trabajan de la mano con el gobierno del estado?
Todos estos procesos de desarrollo tecnológico para mejorar el transporte fueron iniciados en 2019, cuando arranca la presente administración que encabeza el gobernador Enrique Alfaro.
Quiero comentar que ha sido un proceso muy positivo, siempre con la actitud de cómo mejorar y perfeccionar el sistema del transporte de la mano de la tecnología. Cuando entró la nueva administración no nos conocíamos, no tenía ninguna vinculación de proveedor-gobierno, tuvieron que ver qué había anteriormente, fue SITEUR porque era la única entidad de gobierno que tenía un antecedente de prepago, nada más.
En cuando ya hubo la vinculación institucional empezamos a presentar las iniciativas para lograr todos estos avances que he referido, el hecho de migrar a tarjeta inteligente que vino a darle sentido y fortalecer al nuevo modelo.
¿Fue un avance el modelo de ruta empresa?
Definitivamente, cuando era hombre camión tenías que lidiar con 4 mil propietarios de unidades, con intereses de todo tipo, imposible meter un ordenamiento en eso, de tal manera que esa iniciativa de ruta empresa ha permitido todo estos avances, ya estamos hablando de empresa a empresa, cuando hablamos de bancarización es la cuenta de la empresa, con la cantidad de socios que tengan, pero es una sola cuenta que es fácil monitorear y hacer las transferencias correspondientes”.
¿Cómo funciona este modelo de ruta empresa? ¿Hay varias empresas o es una sola grande?
Son 284 rutas empresas, hay rutas empresas que tienen 200 camiones, otras 10, otras 30, cambia mucho el número pero es más sencillo manejar, operar y procesar la información. Como todo es automatizado, tanto la tarifa preferencial como la general se procesa en la tarjeta y la Comisión Nacional Bancaria a través de un auditor recibe la transacción, la supervisa, ya que lo palomean todos los días, lo regresa procesado, esa información entra directamente a la Secretaría de Transporte y al fideicomiso maestro, ya no regresa con nosotros, porque ese dinero va directamente al fideicomiso maestro, no lo toca nadie, ni la empresa, ningún otro proveedor tecnológico.
Antes de que hubiera esto, había que mandar a cada una de las estaciones camiones de valores a recoger el dinero, llevarlo al banco correspondiente, depositarlo, luego se concentraba, con esta modificación de un solo fideicomiso maestro en un solo banco, un procedimiento que retroalimenta el sistema bancario, la dispersión se hace a cada transportista muy puntual y auditable, ya no hay riesgos, hay una claridad en el manejo del dinero.
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
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