ENTREVISTAS
Ven con optimismo abogados laboristas la transformación del sistema de justicia: Justicia laboral y paz social, se relacionan estrechamente, señala abogado José Cabrera
Por Mario Ávila //
El nuevo modelo de justicia laboral, mediante el que desparece la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar paso a un Centro de Conciliación y los litigios pasan al Poder Judicial, debe de verse como una solución en distintos rubros, en lo social, en lo político y en lo económico, ya que teniendo una justicia social y una dignidad laboral para todos, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad y sobre todo vamos a tener una sociedad en crecimiento.
Así se expresó el abogado laboralista, José Cabrera Martínez, quien dijo ver con optimismo esta transformación que se está realizando en Jalisco y quien expuso: “Y vemos con mucha esperanza esta reforma, en virtud de que venimos arrastrando un sistema de justicia laboral a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, anacrónicas, obsoletas, que han dejado mucho que desear y ante este nuevo paradigma debemos estar optimistas, ya que los juzgados laborales tienden a generar una mayor eficacia en los asuntos y los juicios que se ventilan dentro de ellos, como ya opera en algunas entidades.
Planteó que este cambio debe tomarse muy en serio por parte del Estado, ya próximo a implementar esta reforma que ya se ha hecho realidad en otros estados como en Zacatecas, en donde ya se imparte justicia mediante este nuevo sistema y en donde el propio litigante José Cabrera lleva algunos asuntos.
Detalló que dentro de los retos que sin lugar a dudas hay que enfrentar, “es que los impartidores de la justicia laboral deben estar adecuados a los tiempos actuales y dejar las prácticas arcaicas de las Junta locales que han afectado mucho a la sociedad”.
Dijo además que un paso importante es que las juntas anteriormente dependían del poder Ejecutivo y hoy los tribunales dependerán del poder Judicial, lo que representa un cambio de fondo “y es un paso muy importante, porque sin lugar a dudas estamos en nuevos tiempos en donde es necesario que el Poder Judicial tome las riendas con un nuevo estilo en los juicios, porque el estado ha demostrado durante todos los años de existencia de las Juntas, una abierta parcialidad en la impartición de la justicia laboral.
“Simplemente se tiene en todo momento dentro de las juntas, la tentación de buscar la forma de incidir en los laudos y se ha llegado al extremo en algunos casos, hasta de ser testigos de terribles injusticias, para los patrones o para los trabajadores y con este cambio de fondo, debe existir una mayor imparcialidad y un mayor estado de derecho que garantice que todos los ciudadanos, todos los trabajadores e incluso los empresarios tengan un trato imparcial», expuso el abogado José Cabrera Martínez.
José Cabrera, abogado por la Universidad de Guadalajara, litigante desde hace más de una década y quien cuenta con una especialidad en Derecho Agrario y en Derechos Humanos, planteó que hay innovaciones importantes dentro del nuevo sistema de justicia laboral y una de ellas es que se habrán de reducir enormemente los tiempos de lo que hoy duran los juicios.
Y vaticinó: “Si nos damos cuenta, donde se han hecho ya las reformas al nuevo sistema de justicia laboral, aunque son entidades que tienen una cultura laboral diferente a la que impera en Jalisco, yo considero que los nuevos juicios laborales van a tener una celeridad hasta de un 40% mejor que en las juntas”.
Sobre si ahora sí podrá la justicia laboral impartirse de manera pronta y expedita, como se plantea en el espíritu de la ley máxima, es decir en la Constitución, José Cabrera, quien ha sido abogado de comunidades indígenas y campesinas en Jalisco y Zacatecas, ha defendido a organizaciones y colectivos de mineros y trabajadores agrícolas, así como obreros de la industria textil, manifestó: “Esa pregunta es muy importante porque actualmente es una total majadería la temporalidad que duran los juicios”.
Es una grosería -dijo-, que los trabajadores, tanto los obreros como los servidores públicos, tengan que esperar más de 10 años para que emitan los laudos de sus juicios, que incluso algunos empresarios se nieguen a pagar, que desparezcan las empresas y otra serie de artimañas que se utilizan para dejar de cumplir con las obligaciones, lo que nos habla de un problema estructural que a final de cuentas fragmenta y fractura a la sociedad.
Por ello es indispensable -abundó-, que quienes ejerzan los cargos en los juzgados laborales, tengan una formación ética, moral y sobre todo que impere la justicia siempre; creo que con este modelo sí se tiene que buscar que los juicios tengan mejores salidas, tanto para los patrones, como los trabajadores. Yo considero que para la designación de los nuevos jueces deben tener una serie de pruebas, que tengan que ver con su situación patrimonial, porque es increíble que muchos jueces lleguen a esas posiciones con una vida modesta y ya estando en el cargo se hacen millonarios.
Debe de haber un filtro real -abundó-, las barras de abogados, las organizaciones sindicales serias, las universidades y la sociedad en general, deben de proponer para el cargo a colegas destacados en el ámbito de la justicia laboral y estas decisiones no deben ser monopolizadas por el Estado, para los familiares o para los allegados a los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, como ocurrió cuando se designaron a los jueces orales en materia penal.
OJO CON LOS INDÍGENAS Y JORNALEROS AGRÍCOLAS
Sobre el quehacer que en la práctica ha llevado a cabo como litigante del sistema laboralista, el miembro de la firma “Cabrera Martínez-Pulido Pérez” que tiene oficinas en Guadalajara, Jalisco y Jerez, Zacatecas, dijo que su despacho se ha caracterizado principalmente por defender a comunidades indígenas en Jalisco y en algunas otras partes del país.
“La mayoría de los indígenas que nos ha tocado patrocinar en su defensa -expuso-, han sido trabajadores de las minas, tanto en Jalisco como en Zacatecas y muchos de ellos han tenido amputaciones, accidentes, riesgos de trabajo y los contratistas de las minas no buscan que se les garantice a ellos su indemnización y su pensión correspondiente; ese tipo de juicios son los que nos han marcado y es donde nosotros estamos velando porque a esas personas se les vea con dignidad”.
Otro de los tipos de juicios que nosotros representamos -abundó-, son de los jornaleros agrícolas y en ese aspecto manifestarte que se habla de una panacea de que Jalisco es líder productor y líder exportador de diversos productos agrícolas, pero también Jalisco tiene un lado oscuro en ese aspecto y ese lado oscuro es la violación sistemática a los derechos humanos laborales a los trabajadores agrícolas. Hemos llevado la defensa de algunos trabajadores del campo y en ese aspecto urge que con el nuevo sistema se logre que tanto empleadores como trabajadores, tengamos una cultura de la legalidad, de ejercer el estado de derecho, para que en ese aspecto cada vez sean menos los problemas de violaciones de los derechos humanos laborales. Así como Jalisco presume ese liderazgo agroalimentario en el país, debería de presumir que se pagan buenos sueldos a los trabajadores agrícolas, debería de presumir que se garantiza la seguridad social de los trabajadores del campo, debería de presumir que no hay tráfico de personas como ocurre en la mayoría de las plantaciones y debería de presumir que realmente no hay trabajadores menores de edad. Hay muchos sindicatos que les gusta la parafernalia, verse en los medios, generar esos pactos por los derechos humanos y que en el fondo esconden grandes pecados como es el hecho de solapar violaciones graves a jornaleros.
El abogado José Cabrera finalizó diciendo que justicia laboral y paz social, se relacionan estrechamente y detalló: “La paz social es lo que genera que nuestra sociedad sea propositiva, esté en cierto modo tranquila y sin embargo si el trabajador no tiene lo mínimo indispensable para vivir, se habrá de generar un trastorno en él y en su familia, que impacta finalmente en la sociedad. El incremento en la criminalidad de los jóvenes opera principalmente por dos razones, porque no hay fuentes de trabajo dignas y porque el tema educativo sin lugar a dudas en este estado no está ejerciéndose cabalmente”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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