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JALISCO

Acusaciones de acoso y violaciones sexuales en la UdeG: El mayor conflicto a resolver son las denuncias del movimiento mee too

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Por Daniel Emilio Pacheco //

Ricardo Villanueva cumple un año como rector de la Universidad de Guadalajara y no ha sido un año del todo fácil para él. Llegó sin la mayoría de las simpatías de los rectores y del Consejo General Universitario, pero, con un acuerdo sólido que le permitió tomar posesión del cargo sin ningún problema.

Desde la Administración General comenzaremos a implementar medidas de eficiencia en el uso de los recursos, priorizando la inversión en las tareas sustantivas. Debemos volver a lo básico: poner la administración y los recursos al servicio de la vida académica; revalorar el trabajo colegiado de los órganos de gobierno de nuestra comunidad y procurar las condiciones para educar e investigar con rigor, difundir y transferir el conocimiento con eficacia y pasión”, había dicho el Rector número 50, en la historia de la Universidad de Guadalajara, el día que rindió protesta.

Sin embargo, los movimientos administrativos que se realizaron con la llegada de Villanueva Lomelí provocaron conflictos al interior entre los liderazgos, al grado de hablarse de un rompimiento de acuerdos por parte del Rector, al modificarse más de 200 contratos con carácter de definitivos por temporales y establecerles a algunos directivos -cercanos a Alfredo Peña, Rector del CUTonalá, y Tonatiuh Bravo Padilla, ex rector general y actualmente diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados- contratos mensuales. Todo esto, generó un ambiente de incertidumbre e inestabilidad laboral en la Universidad de Guadalajara.

La otra situación que se le complicó a Ricardo Villanueva Lomelí fue el proceso electoral en que se renovó la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), pues pasó de la feria de pueblo donde se contrataban cantantes y deportistas externos a la UdeG para enviar saludos de apoyo a candidatos que ni conocían, a los brotes de violencia que echaban por tierra lo dicho por el Rector cuando rindió protesta, diciendo que la Máxima Casa de Estudio “viviría bajo una cultura de la paz que permita a todos los universitarios convivir en un ambiente de seguridad y tranquilidad”. Lo peor de todo para Villanueva Lomelí, es que su candidato perdió ante Alberto Castellanos y su candidato Javier Armenta.

A finales de 2019 aún no se conocía el plan de trabajo del Rector, ni se le había presentado al Consejo General Universitario para su aprobación.

Lo cierto es que Ricardo Villanueva Lomelí ya como Rector, continuó su gira por los planteles para dialogar con las comunidades y realizar un diagnóstico “sensible”, dijo que, aula por aula, laboratorio por laboratorio, para sufrimiento de algunos de los directivos que han tenido que acompañarlo pues limita los viáticos y solo da agua en sus prolongados recorridos, algunos incluso decidieron ya llevar su propia hielera.

Esta parte de la austeridad Ricardo Villanueva la inició con su evento donde rindió protesta, no se hicieron invitaciones impresas, para evitar gastos y reducir el impacto ambiental; dicen que no hubo un coctel o comida posteriores -o por lo menos no invitaron-; las vestimentas del evento fueron usadas en otros actos universitarios -como si fueran muy diferentes unos de otros-, para reducir el costo de la producción, y no se usaron arreglos florales -personalmente yo lo considero un gasto innecesario y muy adecuado para que un vivales saquen utilidad-. Este año por la contingencia no realizó evento de informe, pero sacó video en redes sociales, de eso que parecen minidocumental y a los pocos segundos un estudiante ya mejor le cambió, pero, lo importante es dejar el registro histórico, aunque nadie lo vea.

De esa parte de la austeridad que ha practicado Ricardo Villanueva nos enteramos por César Barba en su informe al frente del SEMS, pues dijo que se realizó una subasta de, “la Suburban que tenía asignada a su cargo – el Rector- y otros vehículos, para entregar a cada sede un total de 250 mil pesos”. ¿Usted que lee esto se enteró de dicha subasta? ¿En dónde salió publicado y cuándo? Sí se supone son bienes de la Universidad de Guadalajara, que vive del recurso público, debería de ser ampliamente difundido entre la ciudadanía de Jalisco y no solo entre unos cuantos funcionarios universitarios. Y bueno, si se animan a subastar los carros que tienen abandonados en el estacionamiento subterráneo del Expiatorio, en algunos Centros Universitarios y en el estacionamiento del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, ¡avisen! Uno de esos Tsuritos que tienen en el abandono desde hace meses, por no decir años, a los funcionarios universitarios no les van, pero, a los que andamos en camión, sí nos interesan.

Algo que se debe reconocer es que, quienes han sido beneficiados con los cambios que Ricardo Villanueva ha realizado, son los trabajadores administrativos y operativos, pues han mejorado sus condiciones laborales y de escalafón, siendo Jesús Becerra, secretario general del SUTUdeG, quien ha sabido operar de forma discreta y eficiente los problemas que en un principio parecieron darse con la llegada del nuevo Rector. Por cierto, la Universidad de Guadalajara ha podido presumir en diferentes foros a nivel nacional que su sindicato de trabajadores ha obtenido calificaciones de excelencia en transparencia y rendición de cuentas, además de ser usado como ejemplo en el proceso de elección de representantes bajo el nuevo sistema de la Reforma Laboral.

La mayor crisis que Ricardo Villanueva ha vivido como Rector en este año de labores, es sin duda el Movimiento Me Too, pues en cuestión de días las denuncias contra directivos, profesores y alumnos por acoso y violación sexual fueron públicas en redes sociales y Centros de Universitarios y Preparatorias. Aquí se debe reconocer la apertura del Rector a platicar con las alumnas que lo encontraron, su dicho de no borrar las pintas hechas en Rectoría hasta encontrar respuestas a lo demandado.

Este problema solo entró en pausa, pues al regreso de la contingencia es seguro que a la menor provocación se volverá a activar, este tiempo debe ser aprovechado por el equipo de Ricardo Villanueva para operar la desactivación de las protestas con acciones contundentes, entre los involucrados en la búsqueda de soluciones al tema debe estar César Barba, como responsable del Sistema de Educación Media Superior, pues en las preparatorias de UdeG es donde abundaron quejas contra maestros por acoso sexual y contra directivos por amenazas, al grado de que padres de familia se involucraron.

¿VOCERO DEL GOBIERNO ALFARISTA?

Por el momento, la contingencia del COVID – 19 ha dejado muy bien a Ricardo Villanueva, a pesar de que lo han puesto a hablar en todas la conferencias de prensa de la Sala de Situación en Salud respecto al Coronavirus, el propio Villanueva Lomelí ha reconocido no sabe lo suficiente del tema, pero aun así lo hacen salir a hablar.

El aporte en conocimiento y especie que la Universidad de Guadalajara ha realizado en medio de la contingencia, cumple con uno de los objetivos que Ricardo Villanueva pronunció el día que rindió protesta, “procurar las condiciones para educar e investigar con rigor, difundir y transferir el conocimiento con eficacia y pasión”.

Lo mejor que al Rector le puede pasar es seguir siendo una referencia científica en medio de la Pandemia del Covid-19, y no convertirse en la tapadera o comparsa de los arranques del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Estoy seguro, la comunidad universitaria y la sociedad jalisciense se lo reconocerá.

A un año de estar al frente de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva tiene el Me Too UdeG para lucirse como Rector y la Pandemia del Covid-19 para meterse en un gran problema político, en este momento, los grupos universitarios responden en unidad, la decisión es del Rector.

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JALISCO

Pablo Lemus entrega el nuevo muelle de Las Ánimas

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– Por Francisco Junco

Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.

La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.

El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.

“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.

Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.

Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.

La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.

Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.

El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.

Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.

La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.

Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.

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Acusa Lemus de corrupción a jueces y magistrados, por el revés a Colomos III

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– Por Mario Ávila

Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».

Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».

En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».

Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».

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30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

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– Por Redacción Conciencia Pública 

Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.

Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.

Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.

Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.

En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.

Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara

La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.

Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.

El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.

La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.

Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.

La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.

El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.

Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.

Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.

ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN

El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.

La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.

Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.

La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.

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