JALISCO
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva: Ausencia de una cultura de planeación en el Poder Judicial
Por Luis Enrique Villanueva //
La impartición de justicia en el país y en cada una de las entidades federativas, debe ser expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, de acuerdo a los principios constitucionales que la sustentan.
En Jalisco, el artículo 52 de la Constitución textualmente señala: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales…”
La expedites se reconoce como una condición libre de obstáculos, dispuesta e inmediata para obrar sin retrasos ni demoras, lo que aplicado a la administración de justicia se interpreta que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía el número de juzgados tribunales suficientes, equipados y preparados para atender sus demandas de manera ágil y eficiente.
La prontitud se relaciona con el respeto irrestricto a los términos y plazos establecidos por las leyes sustantivas y adjetivas en las actuaciones no solo de los representantes de las partes en conflicto, sino especialmente del órgano de justicia.
Una justicia completa tiene que ver con la resolución de todos y cada uno de los puntos controvertidos, los efectos de ese fallo y la garantía de cumplimiento de lo ordenado en cada sentencia.
Mientras que la imparcialidad se vincula con la ausencia de injerencias internas o externas en las decisiones jurisdiccionales, esto es, que la justicia debe estar alejada de intereses de cualquier tipo y apegada exclusivamente a la interpretación de la norma o a su literalidad según sea el caso.
Y la gratuidad tiene el alcance no solo de no pagar por los servicios de justicia sino también dejar de erogar recursos por traslados a los tribunales, es decir, que los juzgadores deben ubicarse cerca de los domicilios de los justiciables.
Pero no podernos hablar de justicia expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita cuando las capacidades físicas y los tiempos han sido rebasadas en la gran mayoría de los juzgados del Estado, al grado que el cúmulo de expedientes ha desbordado incluso la posibilidad de su resguardo y almacenamiento.
MUY POCOS JUECES
No se puede establecer el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia cuando, de acuerdo a los datos del informe de labores presentado por el Presidente del Poder Judicial respecto del año inmediato anterior, para atender los poco más de 25 mil asuntos que se presentaron en materia civil, se contó con 33 jueces a quienes en consecuencia les correspondió resolver un promedio de 759 casos, mientras que para los poco más de 29 mil expedientes generados en material familiar se tuvieron solo 16 jueces a quienes les tocó en promedio atender 1,823 a cada uno.
Es decir, no existe un protocolo lógico con criterios claros y congruentes en la designación de jueces según la carga de trabajo acumulada por materia, ni tampoco por el promedio de asuntos que deba resolver cada uno, ni por el incremento en el número de habitantes de cada partido o distrito judicial.
Tan disímbola es la situación que de los mismos datos oficiales presentados, se aprecia que un Juez Penal de Adolecentes le correspondió atender en promedio 7 asuntos al año, cuando en materia mercantil tradicional fueron más de 43 mil seiscientos expedientes recibidos para solo 11 jueces a quienes en promedio se les asignó para resolver un promedio de 3,964 asuntos a cada uno.
Desde luego que no es solo la falta de lineamientos y criterios para designar juzgadores por materia para atender y equilibrar las cargas emergentes, sino también que los jueces con los que se cuenta no resultan suficientes para atender las altas demanda de justicia, dado que los 122 jueces nombrados en el Estado debieron atender los 120,361 nuevos expedientes generados, esto es, que en promedio les correspondieron 986 juicios al año a cada uno, lo que humanamente es insostenible para otorgar una justicia expedita, pronta y completa en los términos de la Constitución.
En ese mismo sentido, acercar la función jurisdiccional a las regiones del Estado, es un asignatura que se ha cumplido muy pausada y parcialmente, hay municipios y zonas en las que los usuarios, litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes distancias para acceder al juzgado que les compete, retrasando y encareciendo la justicia.
Situación que es más grave aún cuando se habla de justicia de segunda instancia, puesto que las 11 salas colegiadas que integran el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital de la entidad, lo que hace que cualquier apelación del interior del Estado deba ser substanciada en Guadalajara, lo que obliga a que las partes, sus abogados e incluso los empleados judiciales del Juzgado deban trasladarse para cumplir con las citaciones, audiencias y desahogo en general del proceso.
CON GRANDES CARENCIAS
Por otra parte, los edificios que albergan las oficinas judiciales, especialmente los situados fuera del primer partido judicial, tienen serias carencias de mobiliario, equipo y servicios porque la administración y los órganos de gobierno no tienen la certeza de los recursos que recibirán y por lo tanto no pueden elaborar un programa de sustitución y adecuación física, sin dejar de lado que el compromiso con los salarios deja muy poco margen para destinar recursos a otras prioridades.
Además, las necesidades de justicia de la población tienen variaciones caprichosas en relación con la materia de que se trate, la dinámica económica nacional puede provocar un aumento considerable en el número de asuntos mercantiles o civiles en un año y retornar a sus niveles en la siguiente anualidad, de igual forma los cambios de estilo de vida favorecen en ocasiones una disminución en los negocios de materia familiar o por el contrario los incrementan sustancialmente en un periodo corto de tiempo.
Estas variaciones solo pueden ser atendidas debidamente cuando existe la capacidad económica y de reacción bajo un esquema programado y controlado, en otras palabras, la planeación del Poder Judicial resulta de vital importancia para el logro del objeto de su creación.
Así, entendida como la necesidad de reconocer las capacidades instaladas, fortalezas y oportunidades de mejora para diseñar esquemas de atención oportuna de las necesidades de justicia de la población, la planeación del Poder Judicial pasa invariablemente por la voluntad y convicción de sus órganos de gobierno, de la participación de los otros poderes, de los operadores del derecho y de la sociedad en general.
Sin embargo, la ausencia de una cultura de la planeación aunado a las disposiciones normativas carentes de una dinámica de actualización de la cantidad de tribunales proporcional al número de habitantes u otros criterios de homologación y la escasa ampliación presupuestal en los más recientes años, han dejado al Poder Judicial en condiciones muy limitadas que no le permiten planear adecuadamente su desarrollo.
Un elemento indispensable para el logro del objeto de ser del Poder Judicial, lo es sin duda la confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requiere no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia, pero especialmente que la sociedad organizada sea partícipe de la planeación y ejecución de los programas y proyectos de mejora.
Porque en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea que no tiene ángulo de desaprovechamiento alguno.
CULTURA DE LEGALIDAD
En conjunto, una cultura de la legalidad aunada con la de planeación, facilitan enormemente al Estado y la sociedad para el diseño, con tranquilidad y confianza, del trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente aspira. El Poder Judicial debe apostar siempre por la consolidación del estado de derecho con la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, ese es el ánimo de la denominada Gobernanza Judicial.
La planeación del Poder Judicial debe considerar entonces la autonomía presupuestal para facilitar oportunamente la cobertura y atención de los tribunales en la totalidad de las regiones del Estado y especialmente para separar las dotaciones presupuestales de intervenciones electorales o partidistas que son ajenas a la aplicación de justicia.
Un presupuesto suficiente acompañado de los órganos que elaboren investigaciones estadísticas comparativas respecto de las necesidades reales de justicia en la entidad y su proyección al corto, mediano y largo plazo, así como promover la elaboración de estudios financieros y presupuestales que determinen los porcentajes históricos de la participación de los órganos judiciales en el presupuesto del Poder Judicial y en el global del Estado, proyectaría el escenario ideal para cubrir sus necesidades actuales y futuras.
La planeación judicial debe contar invariablemente con la participación ciudadana, por lo que debe motivarse la interacción de la sociedad con sus tribunales en las propuestas de mejora continua lo que traerá una percepción social favorable del Poder Judicial a través de reconocimiento de la importancia de las instituciones judiciales.
Deben abrirse canales de comunicación permanente con la sociedad e implementarse los mecanismos de evaluación abierta del desempeño judicial, así como incorporar espacios de participación del Poder Judicial en organismos públicos y privados en los que se difunda la actividad que se realiza y se capte la opinión y propuestas de mejora, promoviendo proyectos de interacción académica con instituciones de educación de todos los niveles para incorporar la materia de administración de justicia en sus programas de estudio; abrir secciones en las redes sociales que permitan captar los comentarios, sugerencias, propuestas, quejas o posicionamientos de la población abierta, dándoles seguimiento y aplicación real.
La planeación judicial requiere además de una coordinación institucional para conjuntar proyectos y procedimientos que generen una mejor administración de justicia en Jalisco aprovechando la infraestructuras, avances y herramientas de los diferentes órganos del Poder Judicial en beneficio de un mejor servicio de justicia a los jaliscienses.
Es necesario promover además la participación conjunta de los titulares de los diversos órganos del Poder Judicial en actividades compartidas de beneficio común; motivar la coordinación de las escuelas, institutos o direcciones de capacitación de los diversos órganos para compartir programas que hagan más eficiente el uso de los recursos destinados a la profesionalización y actualización del personal judicial; promover la coordinación de las áreas administrativas de los distintos órganos para homologar criterios, perfiles, puestos y categorías que permitan eficientar el uso del dinero público; intercambiar información estadística, compartir el desarrollo de programas informáticos o aplicaciones relacionadas con trámites comunes para evitar la dispersión y gasto innecesario de recursos; establecer convenios de colaboración para labores de investigación, planeación y desarrollo entre órganos del Poder Judicial y propiciar la participación del personal especializado en congresos, convenciones, reuniones nacionales y foros temáticos que enriquezcan el desempeño de sus funciones.
REGIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Todo plan del Poder Judicial deberá contar con un ineludible apartado de regionalización de la justicia, para acercarla a los polos regionales de la entidad y avanzar en la oportunidad y gratuidad del servicio público de administración de justicia, promoviendo la creación de tribunales en cada uno de los municipios del estado; gestionando la desconcentración de la actividad jurisdiccional de segunda instancia en tribunales regionales; elaborando iniciativas de reforma que habiliten el funcionamiento de salas unitarias y tribunales regionales de los órganos del Poder Judicial; motivando la preparación de estudios estadísticos y de factibilidad para la implementación de tribunales regionales.
Se requiere modernizar y eficientar la función administrativa judicial de los órganos del Poder Judicial para facilitar la participación de las partes y la sociedad en los procesos judiciales, elaborando de inmediato programas de sustitución gradual de las labores manuales en procedimientos administrativo-judiciales mediante el desarrollo de sistemas computacionales que les sustituyan; revisando y promoviendo la implementación y mejora de experiencias exitosas de reingeniería administrativa en otros tribunales del país que permitan alcanzar al menos el grado de avance que ellos tienen; promoviendo las reformas legales que resulten necesarias para habilitar los sistemas electrónicos en los procesos judiciales; diseñando proyectos de dotación y sustitución programada de mobiliario y equipo para completar su utilización en áreas donde aún no los tienen y evitar la obsolescencia de los existentes, así como motivando la participación de los órganos judiciales en programas internacionales y federales de financiamiento o desarrollo relacionados con su materia.
Es preciso debatir ordenada y ampliamente, con la participación de todas y todos, las mejores herramientas de planeación para el Poder Judicial, aportar propuestas de solución y diseñar su implementación, seguimiento y corrección en su caso, en un proceso de mejora continua.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
