Por Luis Enrique Villanueva //

La impartición de justicia en el país y en cada una de las entidades federativas, debe ser expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, de acuerdo a los principios constitucionales que la sustentan.

En Jalisco, el artículo 52 de la Constitución textualmente señala: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales…”

La expedites se reconoce como una condición libre de obstáculos, dispuesta e inmediata para obrar sin retrasos ni demoras, lo que aplicado a la administración de justicia se interpreta que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía el número de juzgados tribunales suficientes, equipados y preparados para atender sus demandas de manera ágil y eficiente.

La prontitud se relaciona con el respeto irrestricto a los términos y plazos establecidos por las leyes sustantivas y adjetivas en las actuaciones no solo de los representantes de las partes en conflicto, sino especialmente del órgano de justicia.

Una justicia completa tiene que ver con la resolución de todos y cada uno de los puntos controvertidos, los efectos de ese fallo y la garantía de cumplimiento de lo ordenado en cada sentencia.

Mientras que la imparcialidad se vincula con la ausencia de injerencias internas o externas en las decisiones jurisdiccionales, esto es, que la justicia debe estar alejada de intereses de cualquier tipo y apegada exclusivamente a la interpretación de la norma o a su literalidad según sea el caso.

Y la gratuidad tiene el alcance no solo de no pagar por los servicios de justicia sino también dejar de erogar recursos por traslados a los tribunales, es decir, que los juzgadores deben ubicarse cerca de los domicilios de los justiciables.

Pero no podernos hablar de justicia expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita cuando las capacidades físicas y los tiempos han sido rebasadas en la gran mayoría de los juzgados del Estado, al grado que el cúmulo de expedientes ha desbordado incluso la posibilidad de su resguardo y almacenamiento.

MUY POCOS JUECES

No se puede establecer el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia cuando, de acuerdo a los datos del informe de labores presentado por el Presidente del Poder Judicial respecto del año inmediato anterior, para atender los poco más de 25 mil asuntos que se presentaron en materia civil, se contó con 33 jueces a quienes en consecuencia les correspondió resolver un promedio de 759 casos, mientras que para los poco más de 29 mil expedientes generados en material familiar se tuvieron solo 16 jueces a quienes les tocó en promedio atender 1,823 a cada uno.

Es decir, no existe un protocolo lógico con criterios claros y congruentes en la designación de jueces según la carga de trabajo acumulada por materia, ni tampoco por el promedio de asuntos que deba resolver cada uno, ni por el incremento en el número de habitantes de cada partido o distrito judicial.

Tan disímbola es la situación que de los mismos datos oficiales presentados, se aprecia que un Juez Penal de Adolecentes le correspondió atender en promedio 7 asuntos al año, cuando en materia mercantil tradicional fueron más de 43 mil seiscientos expedientes recibidos para solo 11 jueces a quienes en promedio se les asignó para resolver un promedio de 3,964 asuntos a cada uno.

Desde luego que no es solo la falta de lineamientos y criterios para designar juzgadores por materia para atender y equilibrar las cargas emergentes, sino también que los jueces con los que se cuenta no resultan suficientes para atender las altas demanda de justicia, dado que los 122 jueces nombrados en el Estado debieron atender los 120,361 nuevos expedientes generados, esto es, que en promedio les correspondieron 986 juicios al año a cada uno, lo que humanamente es insostenible para otorgar una justicia expedita, pronta y completa en los términos de la Constitución.

En ese mismo sentido, acercar la función jurisdiccional a las regiones del Estado, es un asignatura que se ha cumplido muy pausada y parcialmente, hay municipios y zonas en las que los usuarios, litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes distancias para acceder al juzgado que les compete, retrasando y encareciendo la justicia.

Situación que es más grave aún cuando se habla de justicia de segunda instancia, puesto que las 11 salas colegiadas que integran el Supremo Tribunal de Justicia se ubican en la capital de la entidad, lo que hace que cualquier apelación del interior del Estado deba ser substanciada en Guadalajara, lo que obliga a que las partes, sus abogados e incluso los empleados judiciales del Juzgado deban trasladarse para cumplir con las citaciones, audiencias y desahogo en general del proceso.

CON GRANDES CARENCIAS

Por otra parte, los edificios que albergan las oficinas judiciales, especialmente los situados fuera del primer partido judicial, tienen serias carencias de mobiliario, equipo y servicios porque la administración y los órganos de gobierno no tienen la certeza de los recursos que recibirán y por lo tanto no pueden elaborar un programa de sustitución y adecuación física, sin dejar de lado que el compromiso con los salarios deja muy poco margen para destinar recursos a otras prioridades.

Además, las necesidades de justicia de la población tienen variaciones caprichosas en relación con la materia de que se trate, la dinámica económica nacional puede provocar un aumento considerable en el número de asuntos mercantiles o civiles en un año y retornar a sus niveles en la siguiente anualidad, de igual forma los cambios de estilo de vida favorecen en ocasiones una disminución en los negocios de materia familiar o por el contrario los incrementan sustancialmente en un periodo corto de tiempo.

Estas variaciones solo pueden ser atendidas debidamente cuando existe la capacidad económica y de reacción bajo un esquema programado y controlado, en otras palabras, la planeación del Poder Judicial resulta de vital importancia para el logro del objeto de su creación.

Así, entendida como la necesidad de reconocer las capacidades instaladas, fortalezas y oportunidades de mejora para diseñar esquemas de atención oportuna de las necesidades de justicia de la población, la planeación del Poder Judicial pasa invariablemente por la voluntad y convicción de sus órganos de gobierno, de la participación de los otros poderes, de los operadores del derecho y de la sociedad en general.

Sin embargo, la ausencia de una cultura de la planeación aunado a las disposiciones normativas carentes de una dinámica de actualización de la cantidad de tribunales proporcional al número de habitantes u otros criterios de homologación y la escasa ampliación presupuestal en los más recientes años, han dejado al Poder Judicial en condiciones muy limitadas que no le permiten planear adecuadamente su desarrollo.

Un elemento indispensable para el logro del objeto de ser del Poder Judicial, lo es sin duda la confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requiere no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia, pero especialmente que la sociedad organizada sea partícipe de la planeación y ejecución de los programas y proyectos de mejora.

Porque en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea que no tiene ángulo de desaprovechamiento alguno.

CULTURA DE LEGALIDAD

En conjunto, una cultura de la legalidad aunada con la de planeación, facilitan enormemente al Estado y la sociedad para el diseño, con tranquilidad y confianza, del trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente aspira. El Poder Judicial debe apostar siempre por la consolidación del estado de derecho con la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, ese es el ánimo de la denominada Gobernanza Judicial.

La planeación del Poder Judicial debe considerar entonces la autonomía presupuestal para facilitar oportunamente la cobertura y atención de los tribunales en la totalidad de las regiones del Estado y especialmente para separar las dotaciones presupuestales de intervenciones electorales o partidistas que son ajenas a la aplicación de justicia.

Un presupuesto suficiente acompañado de los órganos que elaboren investigaciones estadísticas comparativas respecto de las necesidades reales de justicia en la entidad y su proyección al corto, mediano y largo plazo, así como promover la elaboración de estudios financieros y presupuestales que determinen los porcentajes históricos de la participación de los órganos judiciales en el presupuesto del Poder Judicial y en el global del Estado, proyectaría el escenario ideal para cubrir sus necesidades actuales y futuras.

La planeación judicial debe contar invariablemente con la participación ciudadana, por lo que debe motivarse la interacción de la sociedad con sus tribunales en las propuestas de mejora continua lo que traerá una percepción social favorable del Poder Judicial a través de reconocimiento de la importancia de las instituciones judiciales.

Deben abrirse canales de comunicación permanente con la sociedad e implementarse los mecanismos de evaluación abierta del desempeño judicial, así como incorporar espacios de participación del Poder Judicial en organismos públicos y privados en los que se difunda la actividad que se realiza y se capte la opinión y propuestas de mejora, promoviendo proyectos de interacción académica con instituciones de educación de todos los niveles para incorporar la materia de administración de justicia en sus programas de estudio; abrir secciones en las redes sociales que permitan captar los comentarios, sugerencias, propuestas, quejas o posicionamientos de la población abierta, dándoles seguimiento y aplicación real.

La planeación judicial requiere además de una coordinación institucional para conjuntar proyectos y procedimientos que generen una mejor administración de justicia en Jalisco aprovechando la infraestructuras, avances y herramientas de los diferentes órganos del Poder Judicial en beneficio de un mejor servicio de justicia a los jaliscienses.

Es necesario promover además la participación conjunta de los titulares de los diversos órganos del Poder Judicial en actividades compartidas de beneficio común; motivar la coordinación de las escuelas, institutos o direcciones de capacitación de los diversos órganos para compartir programas que hagan más eficiente el uso de los recursos destinados a la profesionalización y actualización del personal judicial; promover la coordinación de las áreas administrativas de los distintos órganos para homologar criterios, perfiles, puestos y categorías que permitan eficientar el uso del dinero público; intercambiar información estadística, compartir el desarrollo de programas informáticos o aplicaciones relacionadas con trámites comunes para evitar la dispersión y gasto innecesario de recursos; establecer convenios de colaboración para labores de investigación, planeación y desarrollo entre órganos del Poder Judicial y propiciar la participación del personal especializado en congresos, convenciones, reuniones nacionales y foros temáticos que enriquezcan el desempeño de sus funciones.

REGIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Todo plan del Poder Judicial deberá contar con un ineludible apartado de regionalización de la justicia, para acercarla a los polos regionales de la entidad y avanzar en la oportunidad y gratuidad del servicio público de administración de justicia, promoviendo la creación de tribunales en cada uno de los municipios del estado; gestionando la desconcentración de la actividad jurisdiccional de segunda instancia en tribunales regionales; elaborando iniciativas de reforma que habiliten el funcionamiento de salas unitarias y tribunales regionales de los órganos del Poder Judicial; motivando la preparación de estudios estadísticos y de factibilidad para la implementación de tribunales regionales.

Se requiere modernizar y eficientar la función administrativa judicial de los órganos del Poder Judicial para facilitar la participación de las partes y la sociedad en los procesos judiciales, elaborando de inmediato programas de sustitución gradual de las labores manuales en procedimientos administrativo-judiciales mediante el desarrollo de sistemas computacionales que les sustituyan; revisando y promoviendo la implementación y mejora de experiencias exitosas de reingeniería administrativa en otros tribunales del país que permitan alcanzar al menos el grado de avance que ellos tienen; promoviendo las reformas legales que resulten necesarias para habilitar los sistemas electrónicos en los procesos judiciales; diseñando proyectos de dotación y sustitución programada de mobiliario y equipo para completar su utilización en áreas donde aún no los tienen y evitar la obsolescencia de los existentes, así como motivando la participación de los órganos judiciales en programas internacionales y federales de financiamiento o desarrollo relacionados con su materia.

Es preciso debatir ordenada y ampliamente, con la participación de todas y todos, las mejores herramientas de planeación para el Poder Judicial, aportar propuestas de solución y diseñar su implementación, seguimiento y corrección en su caso, en un proceso de mejora continua.