JALISCO
Carta de los accionistas mayoritarios de Sello Rojo a las autoridades y la sociedad jalisciense
Sr. Gobernador ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Sr. Fiscal Anticorrupción del Estado de Jalisco
Señoras y Señores Empresarios de Jalisco
A la Sociedad Jalisciense
Queremos hacer del conocimiento de la opinión pública, que después de haber iniciado un proceso serio de negociación con Abraham, Masayi e Hiroko [38.73%] para concluir el conflicto en Grupo Sello Rojo, con intermediarios de calidad y donde ya se tenían grandes avances por concluir; desafortunadamente el pasado 22 de octubre estas fueron abruptamente interrumpidas.
¿Qué sucedió?
Sí, ya habíamos anunciado que en nuestro asunto íbamos a escuchar lo aberrante, lo inaudito, la ilegalidad de la ilegalidad, la corrupción viviente del sistema de justicia en Jalisco, y así fue; en esta ocasión la majestuosa Octava
Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia fue quien salió al quite de Abraham y de Masayi.
¿Y qué tiene de especial lo que sucedió?
Nada mas y nada menos que en ese Tribunal desvergonzadamente -porque es de conocimiento público-, quienes resuelven son los cuates, los históricos colaboradores de Abraham y de Masayi, pero lo más aberrante es que un TRIBUNAL CIVIL de segunda instancia, sin atribuciones ni facultades, fue el que ordenó REVOCAR expeditamente una resolución PENAL, más aún, se arroparon facultades de un Tribunal Colegiado de Circuito, es decir se sintieron Magistrados Federales; a ese grado son capaces -de todo- por salvar a su
general Abraham y a su coronel Masayi.
Sí, esa Octava Sala del Supremo Tribunal tiene de peculiar que está compuesta por Roberto Rodríguez Preciado y Felipe Sánchez Montes de Oca, el primero ha trabajado desde hace más de una década a la sombra de Abraham, juega partidos de dominó los jueves con él, departe la mesa y la sal cada que le llama, le obedece ordenes, se la debe pues; el segundo un claro colaborador del partido político en donde militaba también le obedece ordenes.
Lo extraño fue la participación de Rosa María del Carmen López Ortiz, pero al igual o no sabía lo que hacia o le convino hacerlo, de cualquier manera fue grave su participación. Estos vínculos -incluso documentados en prensa- impedían que ese Tribunal conociera del asunto, pues está totalmente comprometido, a las claras órdenes de la minoría del 38%.
Esos magistrados ordenaron dejar sin efectos las resoluciones de un Juez de Control Penal, en un trámite tramposo, inaudito, a oscuritas -ahí donde los criminales se juntan-, con tremenda expedites y sin atribuciones -art. 190 y 207 de la ley de amparo-.
Sí, el asunto debió ser conocido por una Sala Penal o un Tribunal Colegiado de Circuito, pero que importa, en Jalisco hay impunidad, mejor se lo llevaron donde hay cuates, para tenerla fácil y segura, al cabo no pasa nada -seguramente eso pensaron-.
Así, esta es una muestra más del por qué la sociedad ha dejado de confiar en el Poder Judicial del Estado de Jalisco y ha tomado el ejercicio de justicia por su propia mano, este es el ejemplo de lo dañino que resulta ser el sistema de CUOTAS Y CUATES, del porque esa institución esta colapsada, invadida y del por que a nivel nacional somos el claro ejemplo de la corrupción viviente, pero sobre todo donde la impunidad impera y nada pasará.
Ya quisiera cualquier ciudadano de a pie -hoy nosotros- la “justicia” y expedités que obtienen Abraham y Masayi, los favores, las prebendas; ESTA ES LA RAZÓN por la cual el 38% puede SECUESTRAR al 59% en una empresa, este es un claro ejemplo de un secuestro judicial y del porque está sucediendo.
Así, descaradamente una vez que Abraham y Masayi obtuvieron la resolución de sus cuates -de sus cuotas pues-, concluyeron las negociaciones para seguir consumando el secuestro judicial del que tanto hemos hablado.
Siempre dijimos, ELLOS NO QUIEREN NEGOCIAR, QUIEREN ROBARNOS, y así es, a la vista de todos lo pretenden lograr.
En todo este entramado de corruptelas también participó la Juez Karina Camacho Robles -un producto más del sistema de CUOTAS Y CUATES, del nepotismo-, ella trató de ocultar este atropello para tratar de consumarlo, su personal lo sabe pero además tenemos pruebas contundentes de su participación irregular -videos-, las cuales hoy lunes estaremos presentando al Consejo de la Judicatura del Estado.
Ella giró oficios y manipuló el expediente judicial -ocultando actuaciones-, todo con el fin de que nos diéramos cuenta demasiado tarde del intento de atropello; desafortunadamente no lo logró.
Tenemos también indicios de que en todo este entramado participó un despacho de abogados íntimamente ligado a un Consejero de la Judicatura; de tener más evidencia -la cual estamos integrando-, lo estaremos haciendo del conocimiento de la opinión pública, de comprobarlo, esto sería de extrema gravedad.
Señores Empresarios, señor Fiscal Anticorrupción, volvemos a llamar su atención ¿Qué les pasa?, ¿Por qué no dicen nada?, ¿Por qué no actúan?, Consejo de la Judicatura, esperamos su intervención ante evidente atropello -hoy tendrán las pruebas-, son Ustedes el órgano disciplinario y siguen las corruptelas en sus jueces, esto debe acabar.
Señor Gobernador Enrique Alfaro creemos que Usted no esta enterado, pero el proceso de negociación iba bien, se pagan trabajadores y proveedores, todo lo hicimos correctamente por el bien de la empresa Sello Rojo.
¿Cómo es posible que actores corruptos sigan interviniendo de esta manera?, nuevamente pedimos su auxilio, su intervención, esto debe acabar, queremos concluir y sacar este proceso en paz, que este atropello y secuestro judicial concluya.
Estamos preparando una rueda de prensa para exponer todo el material con que contamos, ahí daremos a conocer a los medios de comunicación más a detalle todo el entramado de corrupción de quiénes, cómo y dónde se reúnen para seguir perpetrando este secuestro judicial.
Somos el 59% del capital social ¿Cómo es posible que un 38% pueda tener secuestrada a los órganos corporativos de una empresa?, esa es la pregunta básica. Seguiremos luchando incansablemente por alcanzar justicia.
Sergio Akira González Uyeda
Representante común del 59% del capital social de Grupo Sello Rojo
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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