JALISCO
Caso ejemplar de corrupción en desvío del trazo de la carretera a Mismaloya, determina Secretaría de la Función Pública
Por Jorge Olmos Contreras //
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, al presentar antier un informe de las auditorías realizadas en su primer año de gestión, dio a conocer que uno de los casos ejemplares de corrupción que detectó la dependencia a su cargo, fue el desvío del trazo de una carretera en Puerto Vallarta para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico.
La funcionaria federal se refirió, sin lugar a duda, de la desviación de 780 metros del tramo carretero comprendido del kilómetro 205+770 al 206+550 que se localiza al sur de Puerto Vallarta rumbo a Mismaloya.
Como se informó oportunamente en VALLARTA UNO el viernes 14 de febrero, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Centro Jalisco, la que por medio de un Convenio de Concertación de Acciones, autorizó a la empresa “Promotora Arena Blanca SA de CV” la desviación de 780 metros de longitud de dicho tramo carretero, con el agregado de que el terreno afectado, por desuso y porque supuestamente ya no le será útil al gobierno federal, será entregado –a través de una permuta que autorice o autorizó ya el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales—al desarrollador de un complejo turístico, en este caso, al señor Fernando González Corona, quien en 1995 fue presidente municipal por el PAN en Puerto Vallarta y después diputado federal, mientras que su esposa, Eva Contreras Sandoval, fue senadora de la República.
Ahora, la SFP detectó que la autorización de esta desviación es otro de los casos ejemplares de corrupción que se dieron en el sexenio pasado que le tocó presidir al ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que funcionarios de la SCT, tanto de la Subsecretaría de Infraestructura como de la Dirección General de Conservación de Carreteras, la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General del Centro SCT Jalisco–cuyos titulares emitieron su opinión sobre la procedencia del proyecto—tendrán que dar una explicación jurídica del por qué autorizaron la modificación del tramo carretero federal número 200 Manzanillo-Puerto Vallarta con una longitud de 780 metros.
Quienes firmaron este convenio por el gobierno federal, que ahora la Secretaría de la Función Pública señala como otro caso ejemplar de corrupción –de acuerdo con documentos en poder de este medio de comunicación– fueron el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Oscar Raúl Callejo Silva y el Director General del Centro SCT Jalisco, Salvador Fernández Ayala; mientras que por el particular beneficiado, el que firmó fue Sergio Aguayo Franco, apoderado legal de la empresa Promotora Arena Blanca SA de CV., cuyo mayor accionista es Fernando González Corona, hoy propietario de una estación de radio y televisión en Puerto Vallarta.
– Por Francisco Junco
En el marco de las celebraciones de septiembre, el tequila se convierte en protagonista indiscutible de la mesa mexicana. No solo es la bebida nacional por excelencia, sino un emblema de identidad, cultura y tradición que representa a México ante el mundo con la fuerza de su historia y el sabor de su tierra.
De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), actualmente existen 3 mil 211 marcas registradas, vinculadas a 213 productores autorizados, lo que demuestra la amplitud y versatilidad de esta bebida que acompaña con orgullo a la gastronomía nacional.
“De esta agroindustria tequilera dependen más de 100 mil familias; hoy es un producto que se comercializa en más de 120 países y, por supuesto, está sujeto a un cumplimiento normativo muy minucioso. Cada gota es inspeccionada, certificada y analizada por el Consejo Regulador del Tequila”, destacó María Bertha Becerra, responsable de aseguramiento de producto terminado en el CRT.
El recorrido del tequila es también una historia de manos mexicanas. Desde los campos de agave azul, pasando por las destilerías, envasadoras y centros de distribución, miles de trabajadores imprimen tradición, conocimiento y pasión en cada etapa de su producción.
“Tenemos cinco clases: blanco, joven, reposado, añejo y extra añejo, además de dos categorías: tequila y tequila 100% de agave”, explicó Becerra, al recordar la diversidad que ofrece esta bebida reconocida como la primera Denominación de Origen de México.
Además de ser un símbolo, es una de las bebidas más reguladas del planeta. Desde 1994, el CRT supervisa cada fase de su producción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, garantizando calidad y autenticidad en cada botella que se consume dentro y fuera del país.
Con más de 200 municipios protegidos por la Denominación de Origen, repartidos entre Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, el tequila es mucho más que un acompañante de las fiestas patrias: es el espíritu de México que une a generaciones y brinda al mundo un motivo más para decir: ¡Qué viva México y qué viva el tequila!
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
