JALISCO
Expedientes en el limbo: Apariciones y desapariciones de expedientes en tribunales de Jalisco
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
«Ire lic, a la junta entraron el año pasado más de 2,000 demandas, orita apenas hemos admitido como mil, sí su número de expediente es el mil seiscientos y cachito, yo creo que como, lo que viene siendo en dos meses le toca ser admitido», le dijo Alberto, el servidor público de la mesa 16 de la Junta de Conciliación y Arbitraje a Lorenzo, cuando fue a preguntar por la situación en que se encontraba su demanda laboral presentada a finales de noviembre de 2021.
Lorenzo se atrevió a buscar información de su demanda luego de revisar que la agenda de la mesa 16 de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya tenia las citas para fecha de audiencia llenas hasta el miércoles 8 de junio de 2022, ese día según se puede ver en la hoja señalada, el expediente numerado en 2021 no llega al número mil aún. ¿Hasta cuándo le tocará a su demanda? Se preguntaba.
En 2019, Lorenzo empezó a trabajar para una empresa en Estado de México, y todo bien, él desde Guadalajara realizaba su trabajo, en 2020 con la pandemia, la empresa le redujo el salario a la mitad y Lorenzo tuvo que aceptar pues pensó era pasajero. A mediados de 2021 le avisaron que estaba despedido.
La empresa pagó menos de lo estipulado por la ley y no quiso saber más de su empleado despedido, por ello, Lorenzo decidió demandar, pensando que de esa forma podía recuperar un poco de recursos para enfrentar el momento de desempleo. Ahora, Lorenzo no sabe cuándo iniciará el proceso contra su patrón, pues además de todo, deberán realizarse los exhortos al Estado de México, para poder llevar a cabo el juicio.
Dos cosas le comentaron en confianza los empleados de la Junta a Lorenzo, luego de ya ser hasta conocido de ellos:
-No hay suficiente personal para atender el trabajo rezagado en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
-El Covid19 está afectando a varios empleados de la Junta.
Cada día que Lorenzo asiste a la Junta de Conciliación y Arbitraje se da cuenta que la justicia laboral en Jalisco viaja en tortuga… y para colmo, esa tortuga está infectada de Covid19.
APARECEN EXPEDIENTES EN EL TJA
“¡Qué cochinero! ¡Cada día les importa menos seguir los procesos de ley!”, decía el viejo abogado apoltronado en su sillón, mientras leía las notas del periódico que hablan de la licitación de patrullas en Guadalajara, tema del que cada día los regidores opositores Carlos Lomelí y Fernando Garza buscan se logre colar en medios alguna nota del asunto, pues no todos los medios hablan del sobreprecio de las patrullas compradas en la nueva administración municipal.
“Así fue como el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara llevó a cabo este proceso de adjudicación violando, además, una suspensión provisional que emitió la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa a favor de una de las empresas participantes que se inconformó; bajo el argumento de que la Sala Superior de dicho tribunal la había revocado, por lo que adjudicó la licitación a favor de la empresa Integradora de Apoyo Municipal, SA de CV, la misma empresa que, siendo presidente municipal Pablo Lemus, arrendó unidades al Ayuntamiento de Zapopan en 2018, con un precio tres veces menor”, le comenta el abogado a su ayudante, y agrega: “Si bien es cierto que, la parte demandante solicitó un Juicio de Nulidad el 14 de diciembre, pero, no pidió la suspensión provisional, lo cual realizó hasta el día siguiente, 15 de diciembre, alrededor de las dos de la tarde, lo curioso es que, una hora después la Sala Superior ya había resuelto todo el asunto “revocando” una suspensión sin tener en su poder ninguno de los dos expedientes: ni el de la demanda inicial del juicio de nulidad y ni el que contenía la solicitud de la suspensión.
¡Estos de la sala Superior se aventaron todo el proceso de revocación de la suspensión en el aire!”, alega indignado el experimentado abogado, quien voltea a ver a su ayudante y le recita:
Estos bribones de la Sala Superior del TJA incumplieron con lo que establece el artículo 170 Nonies de la Ley de Justicia Administrativa: “A efecto de ejercer la facultad de atracción, se requerirá al Magistrado de Sala Unitaria a fin de que remita el cuadernillo incidental dentro de las veinticuatro horas siguientes a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior, la que lo turnará, en su caso, al Presidente o al Magistrado ponente que corresponda conforme a las reglas establecidas para los asuntos competencia de dicho Órgano Jurisdiccional”, ¡Y para colmo! ¿Cuándo se ha visto que se notifique que una suspensión provisional se desecha?
¿Cuándo se había visto que, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa atrajera y revocara una suspensión sin cumplir con los requisitos que la propia Ley de Justicia Administrativa le establece? Pregunta el abogado a su ayudante que lo acompaña desde hace ya varios años.
DESAPARECEN DOCUMENTOS
Dicen que la sesión del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco se puso buena el día 13 de enero de este año, porque estando reunidos los magistrados Víctor Salazar Rivas, Rubén Darío Larios García y el magistrado presidente Felipe Gabino Alvarado Fajardo, se tocó el tema de la solicitud del reconocimiento al Sindicato Nacional de Secretaría de Salud, y ahí empezaron a salir los malos manejos, pues los magistrados Víctor Salazar Rivas y Rubén Darío Larios García reconocieron haber firmado un acuerdo donde se otorgaba la toma de nota a dicho sindicato, pero, sin que el magistrado presidente Felipe Gabino Alvarado Fajardo hubiera intervenido, pues nunca se le puso a la vista.
Por tal motivo, se le pidió al secretario del “Área de Colectivos” en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, Jorge González Lozano que trajera el expediente de la solicitud de registro del Sindicato Nacional de Secretaría de Salud para ser revisado, dándose cuenta de que, no se encontraba en el expediente el acuerdo firmado por los dos magistrados, como ya lo habían reconocido Víctor Salazar Rivas y Rubén Darío Larios García.
¿Dónde está el acuerdo firmado y glosado al expediente? Preguntó el magistrado presidente Felipe Gabino Alvarado Fajardo, ante lo que la respuesta de los otros magistrados fue que no lo sabían y que ellos nunca dieron instrucciones de retirar nada del expediente, reconociendo otra vez que existía un acuerdo firmado solo por ellos que daba la toma de nota al Sindicato Nacional de Secretaría de Salud.
Ante esta situación, el magistrado presidente Felipe Gabino Alvarado Fajardo instruyó al secretario del Plano Juan Fernando Witt Gutiérrez que certificara el estado que guardaban las actuaciones del expediente s/n, correspondiente a la petición que realiza el Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, así como la expedición de copias certificadas de dicho expediente, dándose cuenta que obra en su lugar un proyecto de acuerdo sin firma alguna, lo que hace suponer, que se alteró sustancialmente el expediente, al cambiar actuaciones, así como, la simulación de actos jurídicos. y falsificación de documentos, al emitir resoluciones a espaldas del magistrado presidente y la notificación al promovente sin el consentimiento del magistrado Felipe Alvarado, pues nunca intervino en la revisión del expediente, ni emitió voto alguno al respecto.
Ahora la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, ante quienes ya se presentaron las respectivas denuncias, deberán sancionar las faltas administrativas en que incurrieron los funcionarios y magistrados del TAE según la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“El que es mandado, no es culpado”, dijo un líder político esta semana al hablar del trabajo de los magistrados y jueces en Jalisco, buscando con ello justificar y justificarse por la forma en que se pisotea la ley… Mostrando únicamente que, el interés de estar bien con aquellos que consideran sus jefes es superior al respeto de las instituciones que representan y su propia dignidad.
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– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
Proponen reforma penal en Jalisco para castigar fabricación de pruebas falsas
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
