-Actualidad, por Alberto Gómez R.

(Parte 2) En los años ochenta, la corporatocracia parecía invencible. Grupos como la Trilateral Commission o el Business Roundtable redactaban tratados en oscuros despachos, y el Consenso de Washington convirtió crisis económicas en oportunidades para el saqueo.

Naomi Klein lo documentó con escalofriante detalle en La Doctrina del Shock: gobiernos del Sur Global, ahogados por deudas impagables, fueron forzados a desmantelar industrias nacionales y abrir sus mercados como frutas maduras.

México vivió su punto de inflexión en 1994 con el TLCAN, tratado que el exembajador Jorge Castañeda describió como «un documento redactado por cabilderos corporativos en pasillos del Capitolio»; mineras canadienses adquirieron derechos sobre territorios sagrados de los wixárikas sin consulta previa, mientras Walmart desplazaba a 28,000 pequeños comerciantes en cinco años. Era el triunfo del capital sobre el Estado: las corporaciones escribían las reglas, los gobiernos las rubricaban. El libre comercio reveló su verdadero rostro: libertad para los capitales, servidumbre para los pueblos.

Pero este poder palidece ante la metamorfosis actual. Como explica Yanis Varoufakis, mientras el mundo discutía crisis financieras o calentamiento global, “el capital mutó en una forma tóxica: el capital de nube”. Este no produce bienes, sino que extrae rentas digitales.

Jeff Bezos, señor de Amazon, no fabrica productos; su algoritmo actúa como un aduanero invisible que cobra el 40% del valor de cada transacción en su feudo digital. Si la corporatocracia explotaba mano de obra, el tecnofeudalismo cosecha comportamientos humanos: cada like, cada búsqueda, cada paso geolocalizado alimenta su stock de capital.

Silicon Valley completó la trifecta del dominio con una revolución digital que la socióloga de Harvard, Shoshana Zuboff, disecciona en El Capitalismo de la Vigilancia. Lo que comenzó como utopías libertarias en garajes californianos se transformó en el más sofisticado sistema de extracción de experiencia humana jamás concebido.

Para 2025, el 60% del PIB de Latinoamérica depende de infraestructura digital controlada por cinco corporaciones estadounidenses, cuyos servidores devoran datos como Moloch modernos.

En las calles de Yakarta, Indonesia, un conductor llamado Budi Santoso maneja catorce horas diarias para la plataforma Grab.  La aplicación le cobra el 30% de cada viaje, controla sus bonificaciones mediante algoritmos opacos y acumula datos de sus rutas que vende a urbanistas en Singapur. «Soy un siervo con smartphone”, confiesa mientras revisa su saldo diario que apenas alcanza para el arroz y el combustible.

Este modelo de vasallaje digital se replica en geografías distantes, pero con patrones idénticos. En las montañas de Colombia, repartidores de Rappi pagan «alquiler digital» por usar sus propias motocicletas. En las llanuras kenianas, agricultores ven fluctuar sus ingresos según los algoritmos de precios de commodities que Cargill ajusta desde Minneapolis. En hospitales mexicanos, médicos utilizan diagnósticos de IA (Inteligencia Artificial) de IBM Watson que privatizan su conocimiento clínico acumulado en décadas de práctica.

La aristocracia financiera opera desde torres de cristal donde analistas de BlackRock, gestores de más de 12.5 billones de dólares en activos, envían emails a presidentes exigiendo «reformas promercado». El Nobel Joseph Stiglitz reveló que una comunicación de Larry Fink al presidente mexicano en 2020 López Obrador contenía demandas específicas sobre política energética que aparecieron literalmente en decretos oficiales tres meses después.

Los tribunales corporativos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) constituyen la maquinaria legal de este nuevo feudalismo. En salas blindadas de Washington, árbitros privados deciden casos como el de Pacific Rim contra El Salvador, donde la minera canadiense demandó 300 millones de dólares porque el gobierno se atrevió a proteger sus fuentes hídricas.

O el escandaloso caso Vattenfall contra Alemania, donde la empresa energética exigió 6,100 millones de euros por compensación cuando Berlín decidió abandonar la energía nuclear tras el desastre de Fukushima. «Son juicios donde las corporaciones son juez y parte”, denuncia el analista geopolítico Pepe Escobar desde su refugio en Estambul. «Los Estados han sido reducidos a administradores de feudos corporativos».

EL MECANISMO DE LA TRANSICIÓN

El rescate bancario con 35 billones de dólares impresos por los bancos centrales —mientras se imponía austeridad a los Estados— creó un vacío donde solo las tecnológicas invirtieron. Google, Amazon y Meta absorbieron capital barato para construir infraestructuras de vigilancia masiva. Como señala Varoufakis, «fue el parto financiado del tecnofeudalismo”.

La captura de los Estados vasallos: Costa Rica intentó en 2022 regular plataformas digitales. La respuesta fue una llamada de ejecutivos de Amazon advirtiendo de «consecuencias». Horas después, la Oficina de Comercio de EE.UU. la incluyó en la lista «301» de países piratas.

Mientras, tribunales de arbitraje como el CIADI permiten a corporaciones demandar Estados: El Salvador fue condenado a pagar $300 millones por proteger sus fuentes hídricas de una minera canadiense. Los parlamentos, reducidos a notarios de sentencias corporativas.

La sustitución de los mercados por feudos digitales: Uber no compite en un mercado libre: impone su feudo mediante capital especulativo. Sus algoritmos fijan precios, salarios y rutas, mientras los conductores de plataforma -como Budi Santoso- trabajan 14 horas diarias, entregando el 30% de sus ingresos como diezmo digital. Pequeñas empresas sobreviven solo si pagan tributo a Amazon por aparecer en resultados de búsqueda.

SIERVOS CON SMARTPHONES

Bajo la corporatocracia, la explotación era claramente visible: fábricas contaminantes, salarios de hambre. El tecnofeudalismo opera mediante una ilusión de libertad:

Trabajamos gratis para los señores de la nube: Subir fotos a Instagram o videos a TikTok es producir «capital de nube» sin remuneración. Varoufakis lo define: «Somos siervos de la nube que reproducimos voluntariamente su riqueza”.

Nuestros deseos son manufacturados: Los algoritmos de TikTok o Netflix no reflejan preferencias, las crean. Shoshana Zuboff revela cómo el «capitalismo de vigilancia» convierte emociones en materia prima para moldear conductas. Un agricultor keniano cree elegir libremente semillas, pero su “decisión” fue programada por la app de Cargill que analiza sus datos.

La identidad digital es un feudo: Como alerta Varoufakis, «para identificarte en internet, necesitas que tu banco avale quién eres. No posees tu identidad digital».

REBELION EN LOS BURGOS DIGITALES

Frente a este poder, emergen contranarrativas: Argentina desafió a Meta en 2024 con un «impuesto al capital de nube» del 3% sobre ingresos digitales. Tras ciberataques, la AFIP confiscó cuentas locales de la empresa.

Comunidades zapatistas en Chiapas crearon Tequio Digital, redes autónomas que proveen internet por $1 dólar mensual, usando radiofrecuencias libres. «Recuperamos el espectro como nuestros abuelos recuperaron la tierra», explica su fundador.

Kenya desarrolló auditorías blockchain para rastrear evasión fiscal digital, recuperando $480 millones de Netflix y Spotify.

¿FIN DE HISTORIA O NUEVO CONTRATO SOCIAL?

El tecnofeudalismo no es un destino inevitable, sino una fase histórica. Como escribió Eduardo Galeano, «la utopía está en el horizonte: caminamos dos pasos, ella se aleja dos pasos». Hoy, la batalla redefine la soberanía: o los pueblos controlan los algoritmos, o los algoritmos controlarán a los pueblos.

La pregunta que late en cada grieta del sistema —desde un repartidor de Rappi en Bogotá hasta un programador en Bangalore— es si seremos ciudadanos del siglo XXI o siervos digitales con derechos de usuario revocables.

(continuará…)