JALISCO
Presupuesto judicial, condicionante y detonante de su mejora: La justicia en Jalisco, maltratada desde la asignación del presupuesto
Por Luis Enrique Villanueva Gómez //
El Poder Judicial del Estado de Jalisco requiere de una amplia, profunda y urgente reforma que además de fortalecerlo, le permita también acercarse a la ciudadanía en aras de recuperar su confianza y promover su participación activa en las tareas judiciales, desarrollando, en conjunto, planes y programas de acción, viables y productivos.
Es claro que se requiere una reforma urgente de mucho mayor alcance, porque la planteada recientemente esta focalizada solo a facilitar el nombramiento de las vacantes en los órganos del Poder Judicial, cuando lo que se requiere son herramientas sólidas que propicien su plena apertura a la sociedad; que combatan de raíz la corrupción y la impunidad; que permitan al ciudadano conocer cómo y quién le resuelve su juicio; que lo obliguen a integrarse por los mejores profesionistas; que permitan que Jalisco vuelva a ser referente de la investigación y el desarrollo jurídico, pero especialmente que el Poder Judicial sea capaz y esté en posibilidades, por si mismo, de ajustar y planear su crecimiento y desarrollo, como un auténtico poder del Estado, independiente y autónomo.
Estoy convencido que la renovación profunda que se requiere, debe partir desde dentro, debe proponerla e iniciarla quien la pondrá en marcha y logrará su consolidación, así como a nivel federal lo ha realizado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en un acto de madurez política ha hecho suya la propuesta el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador.
La planeación del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial requiere que tenga plena independencia y autonomía en el manejo de sus recursos económicos, por lo que se hace necesario conocer el estado actual de los ingresos y presupuesto asignados a la impartición de justicia en Jalisco, anticipándose que se requiere un proyecto muy amplio que rediseñe integralmente su arquitectura procesal, estructural y social.
CONTAMINACIÓN Y CONTROL POLÍTICO
Para nadie es un secreto la mala imagen que la sociedad mexicana, incluido Jalisco desde luego, tiene de las instituciones y la administración de justicia, por lo que es urgente recuperar la imagen de un Poder que otorga un servicio público fundamental para el Estado y los jaliscienses, dado que en la medida que ésta mejore, en esa misma proporción se beneficiarán los ciudadanos.
Pero si socialmente no se le concede el trato debido a la impartición de justicia, políticamente tampoco es así, porque basta analizar tan solo los montos y el proceso de asignación presupuestal para darse cuenta que el Poder Ejecutivo y el Legislativo influyen contundentemente para que el Poder Judicial cuente con un presupuesto insuficiente, supeditado a gestiones injustificadas que derivan necesariamente en compromisos insanos adquiridos para con otros poderes y factores de decisión.
Sumándose al inadecuado control de las instituciones judiciales, se tiene la forma en que se designa a los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial, esto es, los magistrados designados tienen que pasar un proceso de elección que toma en consideración factores ajenos a la experiencia y carrera judicial como premisa determinante, lo que redunda en un Poder Judicial más cercano al interés político y alejado por completo de la voluntad ciudadana, acarreando en su actuar errores trascendentales y malas prácticas que merman la ya de por si deteriorada imagen y confianza en la justicia.
LUGAR 29 NACIONAL PRESUPUESTO POR HABITANTE
Esa inadecuada sujeción política y la dependencia absoluta del presupuesto asignado como única fuente de ingresos del Poder Judicial lo han llevado a ocupar el lugar número 29 entre las entidades del país en cuanto a la cantidad que se destina a impartición de justicia respecto al número de sus habitantes, esto es, de los 32 entidades que componen el país, Jalisco apenas supera a Chiapas, Hidalgo y Puebla en la cantidad que se destina por habitante para tareas Judiciales.
La planeación del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial requiere que tenga plena independencia y autonomía en el manejo de sus recursos económicos, por lo que se hace necesario conocer el estado actual de los ingresos y presupuesto asignados a la impartición de justicia en Jalisco, anticipándose que se requiere un proyecto muy amplio que rediseñe integralmente su arquitectura procesal, estructural y social.
En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México1, ubicando a Jalisco en la posición número cuatro con el mayor número de habitantes, después del Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, por lo que se aprecia lejano e incongruente que siendo el cuarto estado más poblado y ocupando alternadamente el segundo y tercer lugar en cuando a la importancia de su economía, Jalisco sea el vigésimo noveno lugar de una lista de 32, en el que con apenas $228.00 pesos dista mucho de la media nacional que se sitúa en $337.00 pesos y bastante retirado del lugar número uno que ocupa la Ciudad de México con $774.00 pesos.
ABAJO DE LA MEDIA EN PRESUPUESTO PARA JUSTICIA
Si el presupuesto destinado a la justicia por habitante es incongruente e inconcebible, de igual manera lo es que en un comparativo nacional entre los recursos que cada entidad destina del presupuesto global al Poder Judicial, Jalisco se ubique en el lugar 21, con apenas el 1.46% destinado a la administración e impartición de justicia, porcentaje que contrasta sobremanera con la media nacional de 1.71% y más penoso aún cuando se compara con entidades como Nuevo León (2.14%), Querétaro (2.35%), San Luis Potosí (2.62%), Ciudad de México (2.77%) o Chihuahua (2.92%) que ocupan los primeros lugares.
Es decir, hay en Jalisco una percepción equivocada, a la luz del comparativo con otras entidades, respecto de la importancia que tiene destinar recursos públicos al sistema de justicia, sin que pase desapercibida la posibilidad que sea en todo caso, una situación calculada como efecto de las injerencias políticas que resulten convenientes a intereses ajenos a la impartición de justicia.
JUSTICIA MALTRATADA PRESUPUESTALMENTE
Ahora bien, si en un análisis nacional no se ven resultados alentadores, al interior de la entidad tampoco los hay, puesto que basta con analizar el comportamiento del presupuesto del Estado en relación a la asignación por poderes para determinar que no es prioridad la administración e impartición de justicia y si la propia norma regulatoria les permite un juego de conveniencia en cuanto a su monto, los resultados ponen en evidencia al maltrato presupuestal que históricamente ha recibido el Poder Judicial en Jalisco.
Veamos, en las últimas dos administraciones locales y la que va de la actual, puede apreciarse que nunca se ha superado el porcentaje del 1.47% que respecto del presupuesto global se destinó al Poder Judicial en el año 2015 dos mil quince, oscilando en porcentajes intermedios donde el menor asignado lo fue en el año 2006 con apenas el 1.22%, ubicándose en promedio entre los años 2006 al 2020 en el 1.34%.
ERARIO INSUFICIENTE
En ese mismo sentido, entrando al ejercicio específico del gasto judicial, es de apreciarse que desde hace muchos años los diferentes órganos conformantes del Poder Judicial destinan sus presupuestos anuales en más de un 90 % para sueldos y salarios, lo que lleva a que el restante 10 %, apenas sea suficiente para solventar las necesidades más apremiantes de materiales, servicios o mobiliario, lo que hace imposible destinar recurso alguno para el mantenimiento de inmuebles, el equipamiento tecnológico o la planeación de su crecimiento acorde a las demandas sociales.
Esto es, el presupuesto que se otorga al Poder Judicial para el Estado de Jalisco es insuficiente y no ha aumentado respecto del promedio de los últimos 15 años.
Así, es de todos conocidas las lamentables condiciones en que se encontraban los juzgados penales antes de la reforma al sistema y las que todavía enfrentan con las mejoras y acondicionamiento de que fueron objeto, puesto que no tienen certeza de la continuidad del servicio eléctrico, sufren las goteras e inundaciones en temporadas de lluvias y hay serias dificultades para generar versiones electrónicas de las actuaciones por la obsolescencia de los programas y las limitaciones de los equipos.
En las demás materias ubicadas en la denominada Ciudad Judicial, se sabe que desde su puesta en marcha presenta carencias y falta de mantenimiento en baños, salones y patios, sin dejar de observar que a más de cinco años de operación aún sigue en obra negra el tercer piso del edificio sin que se vislumbre el menor interés por construir nuevos juzgados o instalaciones relativas a la administración de justicia o acaso para aprovechar el espacio para instalaciones administrativas como capacitación y profesionalización.
No debe dejar de mencionarse las paupérrimas condiciones en que se tiene a los juzgados foráneos que son los beneficiarios de los equipos obsoletos y mobiliario en desuso dejados por los juzgados del primer distrito judicial que en un último intento pretenden que sirvan para impartir justicia en las regiones del interior del estado, en una política que más que austeridad parece de ocultar las carencias y necesidades alejándolas de los tribunales de la capital.
Por si no fuera suficiente la imposibilidad financiera de cubrir sus necesidades básicas y planear su ampliación, el Poder Judicial de Jalisco debe enfrentar el natural crecimiento sin pausa de las demandas de justicia acumulando cargas de trabajo que amenazan con desbordarlo, haciendo insuficientes el número de juzgados y salas existentes.
SALAS INSUFICIENTES Y CONCENTRADAS
Por otra parte, acercar los servicios públicos de justicia a las regiones del estado, es un asignatura que no se ha cumplido, al existir municipios y zonas en las que los usuarios, litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes distancias para acceder al tribunal que les compete, retrasando y encareciendo la justicia, sin que pase desapercibido que la totalidad de salas de segunda instancia encuentran ubicación en la capital del estado, lo que obstaculiza sobremanera el acceso a ellas y encarece el servicio para quienes viven en municipios del interior de la entidad.
Efectivamente, la justicia en apelación está concentrada en el Área Metropolitana de Guadalajara en salas colegiadas, lo que provoca que cualquier recurso de alzada promovido en el interior del Estado implique el traslado oficial como privado de documentos y personas, encareciendo la justicia en contravención a los principios constitucionales que la conciben como completa y gratuita, de ahí que deba retomarse un viejo anhelo del Poder Judicial para contar con salas regionales de segunda instancia ubicadas en puntos estratégicos del territorio estatal que sean concentradoras de población y de demanda de justicia.
En suma, el presupuesto limitado ha provocado un deterioro aún mayor en la impartición de justicia derivado de las nuevas obligaciones legales que le han sido asignadas sin el consecuente incremento en el presupuesto, impactando al Poder Judicial en un déficit que ya ha puesto en riesgo el pago de los salarios del personal, es decir, su operatividad por falta de pago y de insumos; son deplorables las condiciones en que laboran la mayoría de los juzgados que están fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, mixtos e incluso especializados y orales de nueva creación; existen juzgados donde el personal actual es insuficiente dadas las cargas de trabajo que reciben, aunado a la carencia generalizada de material, equipo e instalaciones dignas.
CONSTRUYAMOS GOBERNANZA JUDICIAL
Por ello es que debe convocarse a juezas, jueces, magistradas, magistrados, Congreso del Estado, al Ejecutivo Estatal, a las y los operadores del derecho y a la sociedad organizada a que se instalen mesas de trabajo en las que podamos compartir propuestas de solución y marquemos la ruta de su implementación a corto, mediano y largo plazo.
Al efecto, pongo a disposición un Modelo (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) realizado por especialistas, que fue discutido, debatido y retroalimentado por expertas y expertos de diversas áreas del conocimiento, que contiene un detallado diagnóstico resumido en un árbol de problemas y un árbol de objetivos, complementados con programas y proyectos de implementación.
Es realmente urgente contar en Jalisco con un Poder Judicial solido, independiente, autónomo pero de igual manera cercano, moderno, transparente, profesional y humano.
Un Poder Judicial que ofrezca el mejor servicio con la más alta calidad en el país, que se convierta en el principal promotor de la inversión productiva del estado y, especialmente, que sea el orgullo de todos los jaliscienses.
1 Consultado en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.
Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.
¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?
Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.
Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.
Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.
En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.
Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.
Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.
Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.
La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.
Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.
La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.
La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.
UN FUTURO EN JUEGO
La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.
De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
