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JALISCO

Reforma al Poder Judicial: Toga y birrete frente al pueblo y el constituyente permanente

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

La reforma constitucional en materia de Poder Judicial, que en estos días está a flor de labios de los mexicanos, se llevó a cabo cumpliendo todos sus pasos; finalmente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación cuando se conmemora el grito de independencia, comenzando a regir el día de la emancipación nacional, el 16 de septiembre, todas las fechas de este año.

El único ente apto para modificar la Constitución Federal, que es el pueblo, tiene un medio para tal fin que se llama Constituyente Permanente. La Carta Máxima, en el título octavo, integrado solo por el artículo 135, lo enuncia bajo la denominación “De las Reformas de la Constitución”. En tal dispositivo se previene, como ya dijimos, que ese poder es el órgano competente para adicionar o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De forma implícita, el mencionado artículo 135 constitucional se refiere al Constituyente Permanente de la siguiente manera: «La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la ley suprema, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 32 legislaturas de las entidades federativas. El proceso culmina -párrafo segundo del citado artículo 135- con la declaratoria de haberse cumplido ese último requisito, lo cual se realiza al hacer la proclamación respectiva por cada cámara y luego enviarse al titular del Poder Ejecutivo para que ordene sea publicado en el diario oficial federal.

Contra lo precisado en la Carta constitucional, varios juzgadores federales concedieron suspensiones, contrariando lo que dice la ley de amparo. Esta en el CAPÍTULO VII, que trata de la Improcedencia, claramente estipula:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo tanto, el organismo guardián de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia, según se está comportando actualmente, es el gran infractor de la ley suprema. Eso es lawfare, o sea el intento de apoderarse del gobierno de una nación por medio de la aplicación torcida de leyes, o lo que es lo mismo, el intento de un golpe de estado técnico-jurídico. Aunque eso es tan estrafalario, que la mandataria nacional lo intituló “golpe aguado”.

Ahora resulta que 8 ministros de la SCJN, basados en una ley secundaria, (la orgánica del Poder Judicial Federal) que solo trata asuntos internos de la susodicha Corte y los componentes del poder judicial, a través de una figura llamada “consulta al pleno”, pretenden (absurdamente) sobreponerse a la Ley de Amparo, la Constitución Política, el Constituyente Permanente y la votación del único soberano de la nación que es el pueblo, el cual en la jornada electoral emitió casi 36 millones de sufragios a favor de lo que proponía la entonces candidata presidencial ahora Presidenta de la República, de reformar al Poder Judicial.

Pero la actitud de los ministros de la SCJN, 8 de 11, quienes aprobaron que procede estudiar si la reforma judicial (que ya es parte de la Constitución y está vigente) es constitucional, es un verdadero intríngulis. Su conducta deja mucho que desear, pues aparte de percibir ingresos y disfrutar privilegios exagerados, son ejemplos reprobables de nepotismo, influyentismo y por tanto de corrupción.

Al respecto bástenos mencionar como botones de muestra, que varios ministros tienen familiares bien posicionados en el Poder Judicial. Destacan en tal ámbito, Luis María Aguilar Morales -cuya hija es dentista y no sabemos qué hace en el ramo jurisdiccional- y Jorge Mario Pardo Rebolledo, cuyo retoño gana más que la presidenta del país. Un estudio sobre el nepotismo en la Corte dice que el 51 por ciento de jueces y magistrados federales, tiene colocados al menos un familiar en el ramo judicial. (Julio Ríos Figueroa: El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación).

Sobre ese tema, datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), revelan que un miembro del Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y diez oficiales. Por ello no es raro que 49 por ciento de los trabajadores de este poder tenga al menos un familiar trabajando dentro de esta instancia.

Es decir, “existe un entramado de familiares” que participan en el Poder Judicial, que abarca a 24 mil 546 personas emparentadas en el seno de este poder; tengamos en cuenta que el total de miembros es de 55 mil personas. A ese fenómeno, agréguese el influyentismo y nos dará como resultado que casi todo el poder judicial está contaminado.

Otro caso de incoherencia es el de Margarita Ríos Farjat, la cual en 2019 cuando fue propuesta para ministra, sostuvo en el Senado que no era conducente se impugnaran reformas constitucionales, y sin embargo ahora votó en sentido contrario, lo cual acredita deslealtad o al menos simulación intelectual. No en balde la primera magistrada federal dijo tajante, al saber que la SCJN había decidido conocer si la reforma judicial a la constitución es constitucional, acto que pudiera llevar a un intento de bloquearla: «A la transformación que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros» (Excelsior, 5-10-2024).

Debemos recordar que el Artículo 39 de la Constitución señala: ‘La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno’. Por lo tanto, los casi 36 millones de votantes que apoyaron a la actual presidenta y su propuesta de reformar el Poder Judicial, en ejercicio de su soberanía están en lo correcto de llevar adelante esa reforma, misma que ya está en vigor constitucionalmente.

Por lo tanto, la toga y el birrete no tienen sustento legal alguno para concretizar su evidente intención de impedir la vigencia plena de la Constitución. Lo que pasa es que tienen varias motivaciones que les impulsa a sostener esa hipótesis inadmisible.

El primer motivo, es que han gozado hasta la fecha de impunidad: los ministros en razón a que no tienen quien los vigile y sancione; los magistrados y jueces, porque el Consejo de la Judicatura es calmoso y complaciente; en cambio la reforma constitucional crea un Tribunal de Disciplina, que vigilará y sancionará las conductas indebidas de todo el poder judicial.

La segunda causa, es que se terminará el nefasto nepotismo imperante y su complemento que es el influyentismo corrosivo, el cual campea no solo en la conformación de los integrantes del ramo judicial, sino que determina muchas de las decisiones jurisdiccionales que favorecen a los poderosos, nacionales o extranjeros.

Finalmente, sin que sea el último motivo, está la desmedida percepción de ingresos y privilegios que reciben, las cuales van en contra de la ley suprema, ofendiendo a los demás servidores públicos y trabajadores de México.

Andrés García Repper, abogado especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales, al ser interrogado sobre la reforma judicial, explicó: “No tenían los jueces posibilidad de exigir que se revisara: solamente (podía hacerlo) la tercera parte de la Cámara de Diputados, la tercera parte de la de Senadores, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Consejería Jurídica”. Y ya sabemos que ninguno lo hizo, los primeros porque es tan disminuida su presencia, que no tienen ni el mínimo de votos para hacerlo; los segundos porque están conformes con las reformas.

Por ello, ministros y parciales, en su obsesivo afán de evitar la reforma, “Están tejiendo sobre el aire…sacando de la manga reglas y procedimientos” y ya por la libre, intentar decir: ‘esta reforma que se hizo con base en la Constitución no vale’, inventando “reglas supuestamente jurídicas” con las que se quieren sobreponer “por encima del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la Constitución y de la voluntad popular”. Así es como la toga y el birrete, o sea la SCJN y sus trabajadores (en paro ilegal, pero cobrando jugosos sueldos), se han colocado en postura ilegitima e inmoral.

Terminamos con lo sostenido firmemente por la presidenta: “No peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación, y los legisladores, de servir al pueblo. Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. El pueblo manda”. Y agregamos, la Constitución de México no es negociable y solo resta aplicarla y obedecerla.

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DEPORTE/CULTURA

Presentan edición 21 del Torneo de Golf Adolf Horn

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Por Diego Morales Heredia //

Con la finalidad de cumplir con su labor social, fomentar el deporte, pero sobre todo para brindar apoyo alimentario a miles de familias jaliscienses, fue presentada la edición 21 del Torneo de Golf Adolf Horn, organizado por American Chamber México Capítulo Guadalajara, CANIETI Occidente, Index Occidente y CADELEC A.C, mismo será en las instalaciones de El Cielo Country Club, con la participación de 144 jugadores, 35 empresas, en un evento a beneficio del Banco de Alimentos de Guadalajara cien por ciento.

En conferencia de prensa donde se anunció el torneo, José Luis González Íñigo, presidente del Banco de Alimentos de Guadalajara, agradeció la generosidad de los empresarios, patrocinadores y todos los involucrados en la organización del evento que lleva el nombre de Adolf Horn, un personaje al cual reconoció su lucha por Jalisco.

Conocí bien a Don Adolf Horn, sobre todo por la edad, tuve la fortuna de conocerlo mucho tiempo. Fue un hombre excepcional. Hizo mucho por Jalisco, revolucionó la inversión extranjera, dio a conocer al estado poco a poco con su labor diaria, era un incansable apoyando a la juventud y a los empresarios. Ojalá nunca dejemos de recordarlo”.

Con la recaudación que se tendrá del torneo, se prevé que sean 155 familias jaliscienses las que reciban el apoyo de alimentos durante un año completo, una causa loable, por ello, reiteró que ha tenido charlas con el gobernador electo, Pablo Lemus, para que se haga el Día de la Generosidad en Jalisco y estas causas no sean invisibles en todo el estado.

Agradezco en nombre del Banco de Alimentos y de tantas familias el esfuerzo que hacen este grupo de inversionistas, una comunidad activa. Estamos esperando con mucho interés que llegue la fecha, es muy grato informar que serán 155 familias que recibirán alimento durante todo un año con los recursos que nos proporcionará este torneo, son varios años que nos vienen ayudando, extendiendo la familia de bancos, no solo alimentos, sino ropa, calzado, medicamentos, estamos muy contentos con esta noticia que nos ayudarán un año más para seguir adelante”.

Agregó: “El programa se llama uniendo manos, entrega alimento totalmente gratuito a familias con investigación social muy certera para entregar el alimento a quien realmente lo necesita. Agradezco a todos por el esfuerzo conjunto, no entregan despensas, pero entregan buena voluntad con hechos, se expresa cómo la generosidad en Jalisco es variada, grande, por eso nos atrevimos en el Premio a la Generosidad pedirle al gobernador electo Pablo Lemus que considere en su gestión que se establezca el Día de la Generosidad en Jalisco, para que todas estas actividades se den a conocer en todo el estado”.

UNIDOS CON EL MISMO OBJETIVO

Por su parte, Fernando García de Llano, presidente de American Chamber México Capítulo Guadalajara, resaltó a todas las empresas que forman parte del evento, pues todas tienen el mismo objetivo de cumplir con temas de responsabilidad social y abonar a una mejor construcción de comunidad en Jalisco.

Nos hace estar muy contentos porque es el evento que organizamos juntos las cámaras para cumplir con temas de responsabilidad social. Se han ido sumando y nos hace más fuertes para una causa común. A lo largo de estos 21 años, se han donado más de 4.9 millones de pesos a diferentes asociaciones, siempre buscamos atender causas que tengan un impacto importante en la sociedad y que podamos ir marcando la diferencia, la responsabilidad social es algo fundamental, nuestros objetivos siempre van ligados a ello, nos gusta honrar la memoria de Don Adolf Horn, nuestro fundador”.

También, Jacobo González Torres, director general de Index Occidente, reconoció la nobleza del torneo en el cual al pasar de los años han logrado recaudar cantidades más altas en beneficio de las causas sociales que abanderan.

Reconocemos la importancia de las causas sociales, nos hemos comprometido a apoyar e impulsarlas. Nos llena de orgullo ser parte de este bloque industrial que se une a estas causas sociales, hemos logrado sumar diferentes montos cercanos a los 2 millones de pesos, queremos superar esta meta, estamos trabajando en conjunto para poder lograrlo”.

En el mismo orden de ideas, Ramón Romero, presidente de CADELEC A.C, espera que este año se sigan superando las cifras de recaudación en el torneo. “En 2022 pudimos recaudar 155 mil pesos, en 2023 esta cifra llegó a 736 mil pesos, la intención es superar esa cifra y tenemos el compromiso de hacerlo así”.

Para cerrar, Dina Grijalva, vicepresidenta de CANIETI Occidente, destacó el rol fundamental de los participantes y patrocinadores. “Su generosidad hace posible este evento, todo lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos de Guadalajara, así reafirmamos nuestro compromiso y responsabilidad social”, puntualizó.

 

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JALISCO

La «Ley Hugo Luna» contradice narrativa de Enrique Alfaro: 400 agentes protegen a particulares y políticos

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Por Mario Ávila //

Cada vez más desprotegida se encuentra la ciudadanía, luego de que alrededor de 400 elementos de seguridad pública, especialmente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, son enviados a realizar tareas de protección a particulares, no sólo para políticos como ahora lo hicieron para Hugo Luna Vázquez, jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, sino para deportistas, artistas, empresarios y los familiares de las personas aparentemente más importantes de Jalisco.

Con estos datos y lamentando la reforma el artículo 3 de la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que se hizo en días pasados en el Congreso del Estado, para beneficiar a una sola persona, inició la entrevista con el doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara en la División de Estudios Jurídicos y en particular en el Departamento de Derecho Público, quien plantea: “Esto nos habla, de la pobreza que esta legislatura tuvo para cumplir con su tarea de hacer leyes, en beneficio de todos”, dijo.

La iniciativa de reforma a la Ley del Servicio de Protección se presentó por la bancada de Movimiento Ciudadano, apenas el pasado 30 de septiembre del 2024 y en semana y media ya se había dictaminado y presentado al pleno de la LXIII Legislatura local para su votación y aprobación, que finalmente se dio en el pleno por unanimidad.

La enmienda legal a juicio de la opinión pública, se hizo con el objetivo de brindar protección al jefe de Gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez, y para el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar. Además, se busca que la custodia se amplíe y sume todos los años que duró en la función pública.

Hasta antes de la reforma, la legislación contemplaba que la asignación del personal permanente para la protección continua de funcionarios, como el gobernador, el secretario general de gobierno, el fiscal estatal, el coordinador general estratégico de seguridad, el secretario de seguridad, el fiscal regional, el encargado de la reinserción social, el secretario de transporte y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia o quienes realicen sus funciones.

Sin embargo, en las modificaciones se propuso incluir a las personas «titulares de las Fiscalías Especializadas (como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción) y Especiales y al jefe de Gabinete Estatal».

Por otro lado, la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece que el otorgamiento de protección se determina para tres clasificaciones de sujetos protegidos: funcionarios, ex funcionarios y sujetos preponderantes.

Menciona así mismo que si algún servidor público desempeña o desempeñó dos o más cargos, únicamente se le asignará el número de personas que requieran el de mayor protección. «La asignación de personal se realizará de conformidad al dictamen técnico que así lo sustente, debiéndose aprobar en los términos de la presente ley», se indica.

La propuesta es que los ex funcionarios, «tendrán derecho a la asignación del servicio de protección, en dicha calidad, con el número de personas que correspondan al nivel máximo de protección que se le hubiera asignado, por el plazo que corresponda a la suma de los encargos desempeñados».

Los únicos legisladores que estaban en desacuerdo con la aprobación de la polémica reforma, eran los tres legisladores que le quedan al grupo parlamentario de Morena, quienes en voz de su coordinador, José María Martínez, exigieron que a la lista de nuevos beneficiados con la protección se incluyera a las “personas buscadoras”.

Tras el debate en tribuna y las negociaciones entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias, se determinó incluir a las “personas buscadoras” y por lo tanto la aprobación final de la reforma naranja se dio de manera unánime y eso sirvió para que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez asegurara que la iniciativa no tenía un destinatario personal.

“HUGO LUNA NO HA HECHO NADA POR JALISCO”, AFIRMA PARTIDA CABALLERO

Después de la aprobación de la ley, la primera pregunta que se hace el doctor Alfonso Partida Caballero, académico e integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la UdeG, qué ha hecho Hugo Luna por Jalisco, como para merecer que Jalisco destine recursos materiales y humanos en su seguridad y en menoscabo de la seguridad pública de todos los jaliscienses.

“La realidad es que ha hecho nada para merecerlo”, se contestó así mismo maestro Partida Caballero y abundó: “Yo ya hice el ejercicio de concreción y no tengo absolutamente detectada una acción que haya hecho en favor de Jalisco, una sola”, planteó.

Y abundó: “Hugo Luna, a lo mucho a lo que llegó fue a hacer negocios en el cargo público, a estar amagando a magistrados, a contrincantes políticos, eso fue lo más que hizo; que me diga una sola de las acciones que hizo por Jalisco y que los jaliscienses le debemos a este señor. Se debe de exigir que ese señor explique por qué él debe tener seguridad y qué fue lo que hizo para el estado de Jalisco y que sea transparente, por qué tiene que recibir seguridad durante los siguientes 12 años”.

Lamentó a la vez Partida caballero, que la gente que se utiliza para cuidar a particulares, son los elementos que tienen cierta calidad en la Fiscalía de Jalisco “y así, le van a seguir quitando elementos, que ya de por sí son cerca de 400 elementos los que están al servicio particular de personajes que van desde artistas, deportistas (en especial futbolistas), empresarios y políticos, así como a sus familias.

Y cuando prendemos investigar a la protección de quiénes y cuántos elementos están asignados -dijo-, en la Unidad de Transparencia nos argumentan que por ‘cuestiones de seguridad’ no se puede dar detalles de la información; pero lo que sí sabemos es que en el caso del presidente del STJJ, trae asignados 12 elementos a su custodia, el fiscal trae otros tantos, el gobernador no se diga y la familia de cada uno de ellos, así como empresarios de igual manera y funcionarios de los organismos públicos desconcentrados, de los Opds y cada elemento trae seguridad hasta por tres turnos, es decir por la mañana, en la tarde y por la noche.

Es un punto ciego en transparencia -abundó-, y ahora resulta que le tienen que dar seguridad también al jefe de Gabinete y al que viene también le tendrán que otorgar otro tanto, por los términos de la nueva ley y el problema es que se van con vehículos, se van con armamento, se van con salario, e incluso con equipos de comunicación. ¿Cuánto es lo que nos cuesta a los jaliscienses?

LA FISCALÍA DE JALISCO, LA MÁS INEFICAZ DEL PAÍS: ENVIPE 2024

El académico, Alfonso Partida Caballero, expuso que además las reformas a la Ley del Servicio de Protección para el Estado de Jalisco y sus Municipios, contrastan con el clima de percepción y del índice delictivo a la baja con el que está terminando su administración, según argumenta el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez.

El gobernador -expuso-, nos está queriendo vender datos que no son para presumir, sino que son para preocuparse y además se esconden los datos en la Fiscalía; tú vas y denuncias y muchos de los sucesos no tienen datos de prueba, por ejemplo me robaron mi casa, preguntan quién fue y si no hay datos, no hay cámaras y no hay mayor información, esos casos los guardan y los desechan, son casos que sí se cometen, pero no se investigan y así te puedes ir en los robos a transeúntes, robos a casas habitación y ahí están las discrepancias.

Planteó además que el de Enrique Alfaro, es un discurso falso, porque según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), en Jalisco solamente se está denunciando el 6% de los delitos que se cometen, según lo dice el INEGI; mientras que Alfaro dice que está bajando es la incidencia criminal, cuando en realidad lo que está bajando son las denuncias presentadas, por la ineficacia y la falta de credibilidad en la Fiscalía.

Y ahora -abundó-, con esto, le están quitando más elementos a la Fiscalía y ojalá y fuera que se llevaran a uno que otro policía; pero no, el problema es que se llevan a los buenos, han desarticulado las áreas de homicidios, de secuestros, porque los privilegiados piden ‘mándame al mejor’ y te mandan al que resuelve, al que sí sabe, al que sí trabaja y a la hora que se quiere hacer una investigación pues no pueden resolver nada.

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JALISCO

Encuesta ENVIPE 2024 del INEGI: Gobierno rebasado por la criminalidad; sufre Jalisco más de 2 millones de delitos en 2023

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Por Mario Ávila //

Como una muestra del impacto que ha causado en Jalisco la incidencia delictiva, el doctor Alfonso Partida Caballero, académico de la UdeG, se refirió a los recientes resultados que ha expuesto el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), en la que se revela que en el año inmediato anterior uno de cada tres hogares fueron víctimas de más de 2 millones de delitos cometidos y que ocasionaron una afectación estimada en 26 mil millones de pesos, arriba de dos veces el presupuesto anual del ayuntamiento de Guadalajara.

Refirió el maestro universitario, integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la UdeG, que los resultados de ENVIPE 2024 revelan la justa dimensión de la situación crítica en la que se encuentra la entidad en materia de seguridad, lo que contradice el recurrente discurso del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, que a menos dos meses de que termine su sexenio, se empeña en asegurar que en la entidad han ido a la baja permanente los índices delictivos y la percepción de inseguridad.

Un hecho que además también contradice su propio discurso, fue que la bancada naranja en el Congreso del Estado haya presentado y aprobado por la vía “fast track”, una reforma a la ley con el objetivo de brindar protección, por los mismos años que duraron en la función pública, al jefe de Gabinete estatal, Hugo Luna Vázquez, y para el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, misma que fue conocida como la “Ley Hugo Luna”.

Es decir, por un lado, pretende sembrar en la ciudadanía una falsa percepción de un clima cada día más seguro, y a la vez, el mandatario jalisciense y su bancada en el Poder legislativo impulsa la creación de leyes para que se brinde protección a sus amigos y colaboradores cercanos.

ENVIPE 2024 de INEGI estimó en sus resultados que uno de cada tres hogares en el Estrado sufrió el impacto de algún tipo de delito en el año 2023, al grado que uno de los resultados más relevantes de la encuesta, fue el hecho de que el 29.1% de los hogares en Jalisco tuvo al menos una víctima del delito en el año. Es decir, en el año 2023 se registraron 757 mil 379 hogares víctima, de un total de 2 millones 600 mil hogares estimados en el Estado.

Con relación a los tipos de delito, desca en Jalisco la extorsión, robo o asalto en calle o transporte público, robo total o parcial de vehículo, amenazas y robo en casa habitación.

Un detalle importante que revela ENVIPE 2024 son los costos del delito, en donde el INEGI estima que para el 2023 el costo total de las consecuencias de la inseguridad y el delito en hogares, representó un monto de 26 mil 500 millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 9 mil 325 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Vale la pena mencionar que este monto representa más de dos veces el presupuesto anual del ayuntamiento de Guadalajara, que percibe para su presupuesto de egresos poco más de 11 mil millones de pesos por año.

Estos costos, de acuerdo a la encuesta del INEGI, se distribuyeron porcentualmente por el tipo de impacto económico a consecuencia del delito, en un 1.6% para el pago de gastos a consecuencia de daños a la salud; 73.9% en pérdidas económicas a consecuencia del delito y 24.5% en gastos efectuados en medidas preventivas.

Un dato adicional de la incidencia delictiva, se encuentra en el hecho de que, de los 2 millones de delitos cometidos en Jalisco en un solo año, en 84.3% de los casos, la víctima manifestó haber sufrido un daño económico, emocional o psicológico, físico o laboral o de alguna otra índole.

LA CIFRA NEGRA EN JALISCO ES DEL 91.6%

La ineficacia de la Fiscalía del Estado lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) efectuada por el INEGI, se calcula como la razón de los delitos no denunciados, más los delitos denunciados y de los que no se abrió carpeta de investigación, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, en el estado de Jalisco existe una cifra negra de 91.6% de delitos cometidos, en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

Y la mejor explicación del por qué de la cifra negra tan alta en Jalisco, se encuentra en el resultado que en la encuesta se obtuvo sobre el resultado de las carpetas de investigación de los delitos denunciados. Es decir, del 11.9% de los delitos denunciados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, en 70.2% de los casos se inició una carpeta de investigación, pero los resultados son alarmantes: En el 43.8% de los casos no pasó nada y solo en el 2.5% de las denuncias se puso a disposición del juez al delincuente.

Un dato relevante también que explica la cifra negra, está en las razones que los ciudadanos encuestados por el INEGI esgrimieron para no denunciar, entre las que destacan: Miedo al agresor, delitos de poca importancia, no tenía pruebas, temor a que la autoridad lo extorsionara, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la propia autoridad.

En el tema de la percepción de desempeño de las instituciones o la percepción de confianza en las autoridades, es notoria y abismal la confianza que la sociedad tiene entre unas y otras autoridades que se dedican a brindar seguridad a la ciudadanía. Por ejemplo, el nivel de confianza que los jaliscienses le tiene a La Marina es del 89.2%; mientras que a las autoridades de seguridad pública del nivel estatal, es apenas del 47.3%.

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