26F y la venganza de AMLO

Opinión, por Iván Arrazola //

Una de las frases más repetidas por el presidente López Obrador es que la venganza no es su fuerte, pues bien, para no ser vengativo, su retórica y las acciones del presidente indican lo contrario.

Es probable que lo que más se recuerde del actual Jefe de Estado mexicano sean las frases que no solo dañan, también lastiman a una parte importante de la población, que no coinciden con él y que con sus acciones lo que único que queda de manifiesto es la escasa naturaleza democrática del discurso del presidente López Obrador.

En la víspera de la marcha del 26 de febrero por la defensa del INE, el presidente López Obrador lanzó duras palabras en contra de los asistentes que acudirán a la marcha, no solo cuestionó los motivos, para él los manifestantes marchan en defensa de los corruptos y de los privilegios, inclusive señaló a los participantes de marchar a favor del recientemente encontrado culpable García Luna, «Me decían que iban a hacer una marcha, no, exageran, solo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito, pero que le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca” (Milenio, 25/01/23).

La descalificación a miles de personas que salieron a marchar el domingo 26 de febrero desde las instancias del poder, es una señal clara del retroceso democrático que México está experimentado. El gobierno es incapaz de respetar y tolerar la diferencia, de permitir que las personas ejerzan con libertad sus derechos.

El Índice de la Democracia del periódico The Economist en su edición 2022 ilustra el retroceso que el país viene experimentando en materia democrática. El estudio mide a 167 naciones en cinco categorías: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

En la medición México obtuvo en el 2022 un puntaje de 5.25 puntos de 10 posibles. México retrocedió tres lugares y pasó del lugar 86 al lugar 89. El reporte indica que las áreas donde percibe mayores problemas es en cómo usa el presidente su posición en el poder para atacar a opositores y a las autoridades electorales. Con su propuesta de Plan B el presidente pretende debilitar a los organismos electorales, reduciendo su financiamiento y restringiendo sus poderes de supervisión.

Las libertades también se han visto amenazadas, al menos trece periodistas han sido asesinados durante el actual sexenio y los servicios de inteligencia se utilizan para espiar a activistas y periodistas, o a los opositores, como sucedió con el caso de Layda Sansores en Campeche.

También como muy grave se califica la militarización del país, no solo en áreas sensibles como la seguridad pública, también en materia económica y social, las fuerzas armadas juegan un papel clave, con todo lo que conlleva la administración y el control de la información de estas instancias.

Estos resultados fueron rechazados por el presidente que es incapaz de aceptar una crítica en su gestión, cuando se revelan los resultados de este tipo de estudios, el presidente utiliza los lugares comunes, que estos organismos callaron durante el periodo neoliberal cuando gobernaron el PRI o el PAN, o que no acepta el intervencionismo de una institución internacional porque México ya no es colonia de nadie, o puede recurrir a sus “otros datos” con tal de evadir su responsabilidad.

La marcha del domingo 26 de febrero posiblemente representa uno de los últimos intentos por tratar de ejercer el derecho de la ciudadanía a manifestarse, en medio de un ambiente en el que se intenta deslegitimar cualquier movimiento que no emane desde las instancias de poder, lo que a todas luces constituye un retroceso.

Por otro lado, las posibilidades de tener un INE independiente parecen diluirse en vísperas de la selección de cuatro consejeros que bien pueden terminar obedeciendo a los intereses del régimen y restando independencia al organismo, como ha ocurrido con otros organismos autónomos y ante la inminente aprobación de una reforma electoral que terminará debilitando la estructura permanente del INE en la organización de elecciones.

Lo cierto es que una vez que concluya la marcha del domingo en todo el país, el presidente saldrá a demeritar junto con sus aliados el evento, señalando que acudió un menor número de participantes o cuestionando sus motivos. Las acciones del presidente se apegan al manual de líderes que han debilitado la democracia en América Latina y en otras regiones, por medio de reformas profundas que han dejado sin posibilidad a la ciudadanía de tener procesos electorales confiables.

Lo más preocupante es que la próxima manifestación podría no ser por la defensa de un organismo, sino por la imposición de un candidato o candidata que venga manchado por un proceso electoral desaseado, pero al parecer eso no parece ser del interés del régimen que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de darle gusto al presidente y que éste pueda cumplir con su venganza, desaparecer a una institución independiente que contó los votos y le dio el triunfo al ganador en el 2006, aunque él diga sin aportar una sola prueba que la elección de 2006 estuvo manchada por el fraude.