Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Por definición, el gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado, pero en México debiéramos preguntarnos si aún quedan instituciones después de la labor destructiva del sexenio anterior.

El Poder Legislativo cooptado, el Poder Judicial en proceso dudoso de reconstrucción, y ¿el Poder Ejecutivo?, ¿Tenemos gobierno o simplemente una persona que manda, rehén de una clase política sectaria y revanchista, victima complaciente de los caprichos y ocurrencias del pasado reciente y obligada ejecutora de mandatos foráneos?

Esa es una pregunta pertinente tras ocho meses transcurridos de una administración con situación financiera deficitaria, obligada a mantener un discurso de suficiencia y nacionalismo para conservar popularidad.

Creo que ésta es una interrogante para la cual el gobierno de la señora presidente Claudia Sheinbaum no tiene por ahora una respuesta clara. Hasta hoy, la única propuesta, propia, para el desarrollo futuro se condensa en el Plan México, cuyos horizontes son muy limitados y sus planteamientos muy condicionados a factores externos. Dependiente en su mayoría de la inversión privada, la perspectiva inmediata arroja poca probabilidad de éxito.

Las garantías de libre competencia se encuentran disminuidas por la desaparición de los organismos autónomos e independientes del gobierno y las garantías de legalidad en la incertidumbre por un poder judicial en reconstrucción con marcados riesgos de parcialidad por la penetración de factores reales de poder, legales e ilegales. Añádase la incertidumbre por la veleidosa política comercial de los EUA y su amenaza arancelaria y tenemos un ambiente poco favorable para que la inversión fluya.

Por otra parte, la fragilidad de las finanzas públicas nacionales, agobiadas por la abultada deuda y el pago del servicio de la misma, la presión creciente del cumplimiento de los programas sociales y pensiones, la insolvencia de Pemex y la escasa posibilidad de la CFE de incrementar la producción de energía y la ampliación de las redes de transmisión, más el costo de las onerosas obras señeras del sexenio anterior limitan el margen para el crecimiento.

La herencia económica es negativa por donde se vea y la herencia política tiene sus claroscuros. Por un lado, heredó una estructura legal que le permite ejercer el poder omnímodamente: un Poder Legislativo con mayoría de su partido, un Poder Judicial desvalorizado cuyas resoluciones son letra muerta ante el desacato contumaz, una oposición inexistente, carente de propuesta y credibilidad, mayoría de gubernaturas en el país, fuerzas militares mediatizadas con mandos dedicados a labores distintas a su función primordial y medios de comunicación sujetos al favor gubernamental. En síntesis, todo el poder; sin embargo, en cada enclave, las posiciones de decisión son cubiertas por personajes alineados u obligados con el antecesor.

La continuidad de un proyecto explica que la administración sea una mixtura de lo anterior con lo nuevo, sin embargo, en política es una máxima que el poder no se comparte, mucho menos cuando de conducir una nación se trata. El menguado poder político de la institución presidencial solo le alcanza para hacer recomendaciones a su partido que son como llamados a misa, las cumple el que quiere.

Claudia Sheinbaum llegó al poder carente de capital político propio y no ha podido consolidarlo. Quienes se dicen los duros del movimiento mantienen un reto constante sobre las decisiones presidenciales, las cabezas visibles se muestran ambiguas o indiferentes, y los gobernadores en la ortodoxia acomodaticia.

No se puede hablar de un proyecto propio ni en lo político ni en lo económico. Las políticas sobre seguridad pública y combate al crimen organizado obedecen a las presiones estadounidenses; la política económica se subordina con la de nuestros vecinos; las reformas legales y nombramientos administrativos se le regatean; los antes aliados como la CNTE y los partidos Verde, PT han abierto nuevos frentes de negociación y su partido o movimiento tiende a ser rehén de los cacicazgos regionales incorporados por conveniencia y hoy, aparentemente, en desacato.

La estructura administrativa, debilitada presupuestalmente, es inoperante y los secretarios de despacho ausentes, mientras los frentes en lo agropecuario, medioambiental, educación, salud, se problematizan. Es impredecible que pasará después de la elección de ministros, magistrados y jueces. El aparato oficial tratará de legitimar el proceso, pero no hay garantías de que la administración de justicia vaya a mejorar, sino al contrario.

Difícil panorama para una presidente que, ya sea por convicción, por lealtad, o por impotencia, se niega a deshacerse de la sombra que se cierne no solo sobre ella, sino sobre el país. Por su formación, la presidente sabe lo que tiene que corregir, lo que no sabemos es si quiere hacerlo o simplemente no puede. En estas condiciones no se puede ver para dónde va el país, o si tiene un rumbo. Lo que se percibe es una inercia negativa, como la deriva del buque Cuauhtémoc.

Opinión, por Iván Arrazola //

En México, revisar las noticias del día se ha convertido en un ejercicio de resistencia emocional. Día tras día, los titulares parecen repetirse: joven desaparecido, estudiante no localizado, funcionario ejecutado, hombre asesinado a plena luz del día.

Es un ciclo que no cesa y que, lejos de conmocionar, corre el riesgo de volverse rutina. La violencia se ha instalado como telón de fondo de la vida pública, mientras el discurso oficial insiste en minimizar su gravedad o en reducirla a estadísticas y casos aislados.

El reciente asesinato de dos personas en la Zona Real de Guadalajara volvió a evidenciar la dolorosa normalización de la violencia. El primer caso fue el de Luis Armando Córdova, secretario de Alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue ejecutado en una cafetería a plena luz del día, sin que nadie pudiera intervenir para evitarlo. Horas más tarde, el homicidio de la joven influencer Valeria Márquez, perpetrado dentro de su propio establecimiento, conmocionó aún más a la opinión pública.

El hecho, captado en video, muestra con crudeza los momentos de angustia e incertidumbre que vivió Valeria antes de ser asesinada. La secuencia de ambos crímenes, lejos de parecer fortuita, deja entrever una inquietante sensación de fatalidad.

Ambos crímenes detonaron una ola de críticas y señalamientos hacia las autoridades locales. Uno de los puntos más cuestionados fue la ineficacia del sistema de videovigilancia C5, cuya utilidad vuelve a ponerse en entredicho cada vez que un asesinato de alto perfil ocurre sin que las cámaras sirvan para identificar o detener a los agresores en tiempo real. ¿Qué tan funcional es este sistema? ¿Qué tan útil resulta cuando los crímenes suceden en lugares vigilados, a plena luz del día y, aun así, los responsables logran huir sin mayor problema?

La respuesta oficial no hizo más que agravar la indignación. El secretario general de Gobierno de Jalisco admitió: «Desafortunadamente no hubo la capacidad de velocidad, de reacción para poder aprehender a los responsables, pero hay que trabajar en eso». Por su parte, el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, señaló: «Dentro del margen de sus posibilidades, las unidades respondieron». Más que respuestas, estas declaraciones revelan la falta de coordinación, la debilidad de los protocolos de emergencia y la resignación institucional frente a una violencia que claramente los sobrepasa.

Las explicaciones técnicas ofrecidas por Alarcón —como la ventaja que otorgan las motocicletas a los criminales para escapar entre el tráfico— no hacen sino subrayar la incapacidad del Estado para adaptar sus métodos de respuesta a nuevas formas de operación del crimen. La falta de previsión y de capacidades tácticas, sumadas a una pobre inversión en inteligencia, terminan dejando a la población a merced de grupos criminales cada vez más audaces.

Este patrón no es exclusivo de Jalisco. En la Ciudad de México, el asesinato de dos funcionarios públicos a manos de un sicario en plena vía pública mostró una planificación criminal detallada, ejecutada sin obstáculos. Aunque en este caso las autoridades han logrado reconstruir parte de la operación, el hecho de que no se previniera evidencia nuevamente la fragilidad de los sistemas de inteligencia y protección, incluso para funcionarios públicos.

La violencia en México no discrimina, y la justicia pronta parece inalcanzable. La narrativa gubernamental que minimiza los crímenes, como los asesinatos en Zona Real de Guadalajara, profundiza la desconfianza ciudadana. Cada caso impune refuerza la percepción de un Estado incapaz o renuente a garantizar seguridad.

Surgen entonces preguntas urgentes: ¿están las autoridades realmente comprometidas a mejorar las capacidades de respuesta y prevención? ¿Funciona el C5 como debería o es solo una herramienta decorativa? ¿Están los gobiernos dispuestos a revisar sus protocolos de respuesta y a incrementar los recursos destinados a seguridad?

En el caso de la Ciudad de México, mientras los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación se resguardan bajo la narrativa de la “austeridad republicana”, resulta válido cuestionar si comprenden que invertir en inteligencia y seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Los servicios de inteligencia no solo sirven para espiar a políticos—como ha sostenido su líder moral—, sino que pueden y deben desempeñar un papel clave en la prevención de delitos de alto impacto.

De no corregirse esta ruta, los crímenes seguirán ocurriendo, la impunidad se perpetuará y el discurso oficial continuará desdibujándose ante una realidad que lo contradice todos los días. Porque si algo queda después de cada asesinato, además del dolor, es una verdad incontestable: el Estado sigue fallando.

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En febrero de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como parte de una estrategia política que buscaba consolidar la alianza entre el Estado y las clases populares, ofreciendo organización, representación y beneficios sociales a sectores históricamente marginados.

Ese momento marcó un hito: la política social, hasta entonces entendida como una herramienta caritativa o asistencial, comenzó a perfilarse como un componente central del pacto nacional. Desde entonces, la relación entre el Estado y sus ciudadanos ha estado mediada por una promesa de justicia social, siempre en construcción, siempre sujeta a tensiones.

Hoy, casi noventa años después, México se encuentra en un nuevo momento de redefinición de su política social. El debate ya no gira solamente en torno a la cobertura o al diseño de los programas, sino a la naturaleza misma del bienestar que se quiere construir. El modelo actual, centrado en transferencias económicas directas, pretende articular una nueva visión: más incluyente, más directa, menos burocrática. Sin embargo, al mismo tiempo, surgen cuestionamientos legítimos sobre su efectividad estructural, su sostenibilidad a largo plazo y su capacidad para trascender la contención inmediata de la pobreza.

Desde el año 2018, el gobierno federal ha impulsado una política social basada en el principio de universalización progresiva del bienestar, colocando en el centro a las personas históricamente excluidas: adultos mayores, jóvenes sin empleo, personas con discapacidad y comunidades rurales e indígenas.

Esta visión ha dado lugar a una serie de programas prioritarios que, en términos de cobertura, representan uno de los despliegues sociales más amplios en la historia reciente del país. Más de doce millones de adultos mayores reciben hoy una pensión no contributiva; millones de estudiantes de educación básica y media superior acceden a becas mensuales; y cientos de miles de jóvenes participan en programas de formación o capacitación laboral.

La lógica detrás de estas políticas es clara: garantizar un piso mínimo de bienestar sin condiciones, sin intermediarios y sin exclusiones. En el plano discursivo, esto implica un reconocimiento explícito de que la pobreza no es una culpa individual, sino una responsabilidad colectiva. En términos políticos, se busca reconstruir el vínculo entre el Estado y las mayorías sociales, apelando a una idea de justicia social que tiene raíces profundas en la historia del país.

No obstante, esta expansión cuantitativa no ha ido acompañada —al menos no aún— de transformaciones estructurales que modifiquen los factores que generan y perpetúan la desigualdad. El sistema fiscal mexicano sigue siendo poco progresivo; la informalidad laboral permanece por encima del 55% y la movilidad social real continúa siendo una promesa lejana para millones de personas. A pesar de los esfuerzos redistributivos, la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales siguen atrapados en contextos de marginación estructural que limitan sus posibilidades de desarrollo pleno.

En este contexto, conviene preguntarse: ¿se está construyendo una política social con enfoque de derechos o simplemente se están perfeccionando mecanismos de contención social? ¿Hasta qué punto las transferencias monetarias están generando autonomía y capacidad de agencia en los beneficiarios? ¿Se están fortaleciendo las capacidades productivas, educativas y comunitarias que permitirían superar la pobreza de manera sostenible, o estamos ante un modelo que mitiga los síntomas sin intervenir en las causas?

Otro elemento que merece atención es el institucional. La centralización operativa de la política social en una sola secretaría ha simplificado ciertos procesos, pero también ha concentrado atribuciones que, en ausencia de mecanismos robustos de evaluación y transparencia, pueden derivar en opacidad o discrecionalidad.

La desaparición de órganos técnicos como el Coneval, que contaban con autonomía para medir los impactos reales de las políticas sociales, ha debilitado la capacidad del Estado para conocer con precisión los efectos de su intervención. Sin información confiable y sin evaluación externa, se corre el riesgo de diseñar políticas desde la intuición y no desde la evidencia.

A esto se suma el debate sobre la sostenibilidad financiera de los programas. Si bien han sido financiados hasta ahora sin recurrir a una reestructuración fiscal, su permanencia está sujeta a variables inciertas. Sin una reforma estructural que fortalezca los ingresos públicos, será difícil sostener a largo plazo una política social que crece en cobertura y monto, sobre todo si se plantea como un derecho permanente. Además, el reto de su continuidad política no puede subestimarse: ¿qué sucederá con estos programas en un contexto de alternancia? ¿Están suficientemente institucionalizados como para resistir los vaivenes del ciclo político?

Pese a estos desafíos, no se puede negar que la política social en México ha dado pasos importantes. Ha ampliado el reconocimiento de derechos sociales, ha visibilizado a poblaciones históricamente excluidas y ha generado nuevas formas de legitimidad democrática.

Hoy más que nunca, la ciudadanía percibe al Estado como un actor presente en su vida cotidiana, capaz de ofrecer certidumbre frente a la precariedad. Este capital político y simbólico no debe desaprovecharse. Pero tampoco debe idealizarse.

El reto hacia adelante es claro: pasar de una política social basada en la transferencia al ingreso, a una política de bienestar integral, que combine el apoyo económico con el acceso efectivo a servicios públicos de calidad, la formalización del empleo, la educación como palanca de movilidad y un entorno de participación ciudadana que garantice la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

La justicia social, como enseñó Cárdenas en su tiempo, no se impone desde arriba ni se resuelve con soluciones únicas. Se construye todos los días, con instituciones sólidas, con participación activa y con la convicción de que los derechos sociales no pueden depender del ciclo electoral. La historia demuestra que cada generación tiene la oportunidad —y la obligación— de redefinir su pacto social.

Hoy, México tiene una base sobre la cual avanzar. Pero para que ese avance sea duradero, debe combinarse con visión estructural, con innovación institucional y, sobre todo, con un compromiso ético profundo con la equidad.