Por Redacción Conciencia Pública //

Frente a las exigencias y reclamos de que el fiscal Gerardo Octavio Solís debe ser separado del cargo para que se abran investigaciones con imparcialidad y al margen de intereses que existen en esta área, el gobernador Enrique Alfaro le dio este domingo el espaldarazo al controvertido funcionario en una en una entrevista con Becky Reynoso que se transmitió en el programa Las Noticias de Televisa Guadalajara.

«Va a haber justicia para quien mató a Giovanni y para quienes fueron agredidos por policías investigadores», respondió el Gobernador Alfaro a pregunta de Becky Reynoso si habrá cambios en el gabinete de seguridad. «Jalisco está en los niveles más bajos de inseguridad en 4 años y lo que algunos elementos de Fiscalía hicieron el viernes no va a manchar ese indicador”.

El Gobernador se asume como un luchador social cuando afirma que ha estado en la calle y que él logró construir ‘el movimiento social más grande en Jalisco’ antes de ser gobernador, pero que él lo hizo sin violencia. Se asume como un luchador social.

“Faltan muchos elementos de esta historia y todo se está investigando. ¿Quién era Giovanni realmente?’, dijo el mandatario jalisciense y lamentó la manera en que se trató de ligar el caso con el movimiento #BlackLivesMatter (por la muerte de George Floyd en EU), conforme lo hizo notar en su página de Twitter el periodista Isaack de Loza.

Alfaro precisó que la prioridad sigue siendo contener la crisis sanitaria por Covid-19. “El gobierno ha hecho su chamba; ahora le toca a la gente quedarse en casa”, dijo. Mandó un mensaje para los oficiales de seguridad del Estado: “A los que quieren generar ruido, confusión y se van a querer lavar las manos: ¿Por qué los miles que sí recibieron la instrucción, menos este pequeño grupo y mando que actuó por su cuenta, la atendieron?”

“Quienes hicieron esto (desaparición forzada de personas durante las protestas afuera de la Fiscalía) van a tener que asumir su responsabilidad”, apuntó el gobernador. “¿Por qué tengo que salir yo a hablar de esto? Porque soy gobernador y no me voy a callar”.

“En Jalisco se respeta el derecho a manifestarse, pero no se puede permitir que la delincuencia gane terreno”, expresó y dijo entender que dejar en libertad a los manifestantes del jueves puede generar molestia en elementos de los cuerpos de Policía del Estado”.

“Estamos recibiendo amenazas y ataques… así es esto”, dijo Alfaro en la entrevista para Televisa Guadalajara”.

Por otro lado, comentó que no deja de llamarme la atención que estamos en el momento de más riesgo por #Covid-19 y todos como si nada. “Lo que hicimos se va a ver reflejado en 15 días”, dijo y añadió que las personas en Jalisco relajamos las medidas de cuidado frente al corobavirus los últimos 15 días de mayo.

Enrique Alfaro también mandó en la entrevista un mensaje al presidente López Obrador: “Yo no quiero pelear, pero tampoco me voy a dejar”.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, CIDH Y CEDHJ: LA SIMPLE DISCULPA DEL GOBERNADOR NO BASTA

A todas luces insuficiente resulta la disculpa pública expresada por el gobernador de Jalisco, para resolver las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos policiacos, en los tres días de manifestaciones realizadas en reclamo de justicia por el asesinato de Giovanni a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos el pasado 5 de mayo.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, fue claro al confirmar que hubo detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y desaparición forzada “y en todos los casos se trata de hechos notorios y evidentes”.

De ahí que resulta insuficiente la disculpa pública del mandatario estatal, a juicio de Amnistía Internacional, aunque se reconoce la labor gubernamental que permitió la localización de 17 de las personas cuyo paradero se desconoció durante 24 horas. Sin embargo, expresa su preocupación por el estado de salud en que pueden estar estas personas.

En este sentido, Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno del Estado de Jalisco a:

1.- Investigar y sancionar a quienes resulten responsables del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, que ha sido reconocido por el gobernador Enrique Alfaro; 2.- Investigar posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos durante las detenciones, especialmente en el lapso en que no se tuvo conocimiento del paradero de al menos 18 personas y 3.- Garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho. 

Mediante sendos comunicados sobre el grave dilema en el que se encuentra Jalisco, particularmente en las 72 horas desde que se conoció el video de la detención de Giovanni en la puerta de su casa por no portar cubrebocas, Amnistía Internacional México, dice:

“Amnistía Internacional expresa su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado de Jalisco durante las manifestaciones de los días 4 y 5 de junio, en las que se ha exigido justicia por la muerte de Giovanni López. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, durante casi 24 horas, se desconoció el paradero de al menos 18 personas que fueron presuntamente detenidas por policías ministeriales en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Hasta la fecha, una persona sigue sin ser localizada.

«El gobierno del estado es responsable de la vida, la seguridad e integridad de cualquier persona que sea detenida por sus fuerzas de seguridad, hasta que las mismas sean puestas en libertad«, señaló Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Se refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce el derecho de los Estados a emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público. Pero también ha dejado en claro que “el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”.

Además, en el caso de la muerte de Giovanni López, Amnistía Internacional exige que se lleve a cabo una investigación profesional de los hechos, que permita sancionar a las personas funcionarias públicas responsables de su muerte, de tal forma que se haga justicia para él y su familia, y que además se adopten medidas contundentes para evitar la repetición de los hechos.

Por su parte el presidente de la CEDHJ, Hernández Barrón, denunció que la mañana del sábado, menores de edad fueron trasladados a los juzgados de menores y adolescentes en el centro penitenciario de Puente Grande, sin avisar a la comisión, como era el compromiso; además hubo otros 11 detenidos que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, por lo que fue necesario pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que dé seguimiento a estos casos.

La comisión pidió la instalación de una mesa de diálogo en la que participen las autoridades y las víctimas y sus familias, para garantizar una reparación integral del daño por las violaciones a los derechos humanos.

“Que paguen los que son de verdad los responsables”, dijo a su vez la esposa del elemento policiaco, Raúl Gómez Mireles, quien insistió: “Que los liberen, ellos solo dan órdenes sentados en su escritorio, no dan la cara”.