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JALISCO

Alfaro le da espaldarazo al fiscal Gerardo Octavio Solís

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Por Redacción Conciencia Pública //

Frente a las exigencias y reclamos de que el fiscal Gerardo Octavio Solís debe ser separado del cargo para que se abran investigaciones con imparcialidad y al margen de intereses que existen en esta área, el gobernador Enrique Alfaro le dio este domingo el espaldarazo al controvertido funcionario en una en una entrevista con Becky Reynoso que se transmitió en el programa Las Noticias de Televisa Guadalajara.

«Va a haber justicia para quien mató a Giovanni y para quienes fueron agredidos por policías investigadores», respondió el Gobernador Alfaro a pregunta de Becky Reynoso si habrá cambios en el gabinete de seguridad. «Jalisco está en los niveles más bajos de inseguridad en 4 años y lo que algunos elementos de Fiscalía hicieron el viernes no va a manchar ese indicador”.

El Gobernador se asume como un luchador social cuando afirma que ha estado en la calle y que él logró construir ‘el movimiento social más grande en Jalisco’ antes de ser gobernador, pero que él lo hizo sin violencia. Se asume como un luchador social.

Faltan muchos elementos de esta historia y todo se está investigando. ¿Quién era Giovanni realmente?’, dijo el mandatario jalisciense y lamentó la manera en que se trató de ligar el caso con el movimiento #BlackLivesMatter (por la muerte de George Floyd en EU), conforme lo hizo notar en su página de Twitter el periodista Isaack de Loza.

Alfaro precisó que la prioridad sigue siendo contener la crisis sanitaria por Covid-19. “El gobierno ha hecho su chamba; ahora le toca a la gente quedarse en casa”, dijo. Mandó un mensaje para los oficiales de seguridad del Estado: “A los que quieren generar ruido, confusión y se van a querer lavar las manos: ¿Por qué los miles que sí recibieron la instrucción, menos este pequeño grupo y mando que actuó por su cuenta, la atendieron?”

Quienes hicieron esto (desaparición forzada de personas durante las protestas afuera de la Fiscalía) van a tener que asumir su responsabilidad”, apuntó el gobernador. “¿Por qué tengo que salir yo a hablar de esto? Porque soy gobernador y no me voy a callar”.

En Jalisco se respeta el derecho a manifestarse, pero no se puede permitir que la delincuencia gane terreno”, expresó y dijo entender que dejar en libertad a los manifestantes del jueves puede generar molestia en elementos de los cuerpos de Policía del Estado”.

Estamos recibiendo amenazas y ataques… así es esto”, dijo Alfaro en la entrevista para Televisa Guadalajara”.

Por otro lado, comentó que no deja de llamarme la atención que estamos en el momento de más riesgo por #Covid-19 y todos como si nada. “Lo que hicimos se va a ver reflejado en 15 días”, dijo y añadió que las personas en Jalisco relajamos las medidas de cuidado frente al corobavirus los últimos 15 días de mayo.

Enrique Alfaro también mandó en la entrevista un mensaje al presidente López Obrador: “Yo no quiero pelear, pero tampoco me voy a dejar”.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, CIDH Y CEDHJ: LA SIMPLE DISCULPA DEL GOBERNADOR NO BASTA

A todas luces insuficiente resulta la disculpa pública expresada por el gobernador de Jalisco, para resolver las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos policiacos, en los tres días de manifestaciones realizadas en reclamo de justicia por el asesinato de Giovanni a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos el pasado 5 de mayo.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, fue claro al confirmar que hubo detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y desaparición forzada “y en todos los casos se trata de hechos notorios y evidentes”.

De ahí que resulta insuficiente la disculpa pública del mandatario estatal, a juicio de Amnistía Internacional, aunque se reconoce la labor gubernamental que permitió la localización de 17 de las personas cuyo paradero se desconoció durante 24 horas. Sin embargo, expresa su preocupación por el estado de salud en que pueden estar estas personas.

En este sentido, Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno del Estado de Jalisco a:

1.- Investigar y sancionar a quienes resulten responsables del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, que ha sido reconocido por el gobernador Enrique Alfaro; 2.- Investigar posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos durante las detenciones, especialmente en el lapso en que no se tuvo conocimiento del paradero de al menos 18 personas y 3.- Garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho. 

Mediante sendos comunicados sobre el grave dilema en el que se encuentra Jalisco, particularmente en las 72 horas desde que se conoció el video de la detención de Giovanni en la puerta de su casa por no portar cubrebocas, Amnistía Internacional México, dice:

Amnistía Internacional expresa su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado de Jalisco durante las manifestaciones de los días 4 y 5 de junio, en las que se ha exigido justicia por la muerte de Giovanni López. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, durante casi 24 horas, se desconoció el paradero de al menos 18 personas que fueron presuntamente detenidas por policías ministeriales en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Hasta la fecha, una persona sigue sin ser localizada.

«El gobierno del estado es responsable de la vida, la seguridad e integridad de cualquier persona que sea detenida por sus fuerzas de seguridad, hasta que las mismas sean puestas en libertad«, señaló Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Se refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce el derecho de los Estados a emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público. Pero también ha dejado en claro que “el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”.

Además, en el caso de la muerte de Giovanni López, Amnistía Internacional exige que se lleve a cabo una investigación profesional de los hechos, que permita sancionar a las personas funcionarias públicas responsables de su muerte, de tal forma que se haga justicia para él y su familia, y que además se adopten medidas contundentes para evitar la repetición de los hechos.

Por su parte el presidente de la CEDHJ, Hernández Barrón, denunció que la mañana del sábado, menores de edad fueron trasladados a los juzgados de menores y adolescentes en el centro penitenciario de Puente Grande, sin avisar a la comisión, como era el compromiso; además hubo otros 11 detenidos que fueron trasladados a la Fiscalía General de la República, por lo que fue necesario pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que dé seguimiento a estos casos.

La comisión pidió la instalación de una mesa de diálogo en la que participen las autoridades y las víctimas y sus familias, para garantizar una reparación integral del daño por las violaciones a los derechos humanos.

Que paguen los que son de verdad los responsables”, dijo a su vez la esposa del elemento policiaco, Raúl Gómez Mireles, quien insistió: “Que los liberen, ellos solo dan órdenes sentados en su escritorio, no dan la cara”.

JALISCO

Voz de Martha Elia Naranjo, presidenta del comité de vigilancia: Crisis del Ipejal en 2009 fue lesiva, pero en 2025 es mortal

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Por Mario Ávila //

No hay tiempo que perder y no pueden solaparse acciones perversas como la intentona de incremento salarial de manera brutal al director general y a 16 funcionarios hasta del 67%, así como la creación de 6 nuevas plazas de primer nivel. Para la presidenta del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas del Ipejal, Martha Elia Naranjo Sánchez, “la crisis de la institución del 2009 fue lesiva, pero la del 2025 es prácticamente mortal”.

La dirigente sindical recordó que la expectativa de vida del Instituto, al ritmo que hoy se lleva, es hasta el año 2034 y por ello se deben tomar medidas urgentes para atender la problemática de manera directa e inmediata y para ello es necesario que el Congreso del Estado actúe con reformas a la Ley del Ipejal que le generen beneficios a la institución, pero sin lesionar la economía de los trabajadores.

Explicó que en la recta final del gobierno anterior se realizaron mesas de trabajo, para escuchar las diferentes posturas de los representantes de las organizaciones de los trabajadores en activo y jubilados, sin embargo, para la lideresa de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (Fedetjal), Martha Elia Naranjo, hoy las condiciones de pluralidad que hay en el Poder Legislativo, son más propicias para generar una mejor reforma.

Entre los puntos principales que en su opinión debería contener esta reforma legal, sería en primera instancia darle el reconocimiento formal y legal al Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas (CVTyRC), que fue creado seis años atrás, pero solamente de palabra y no tiene atribuciones legales reales.

Y un segundo punto que propondrían en la reforma a la Ley del Ipejal, sería que el nombramiento del director lo realizaran de común acuerdo los representantes de las organizaciones de trabajadores, ya que son los dueños del dinero y del patrimonio de la institución, para que esta posición deje de ser un botín político del gobernante en turno.

Por la relevancia que originó el tema desde los primeros días de este mes, a raíz de la intentona del director general del Ipejal, Juan Partida Morales, con el aval de todos los integrantes del Comité Directivo, para aumentarse el sueldo en un 67%, aumentarle el sueldo en un 55% en promedio a 16 funcionarios de alto nivel y crear seis nuevas direcciones, surge la necesidad de escuchar todas las voces de los personajes que han tenido que ver con la vida del propio Ipejal.

Por supuesto, la voz más contundente y relevante fue la del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, quien anunció en entrevista que la decisión quedaba sin efecto y ordenó al director del Ipejal, Juan Partida Morales, meter reversa a los incrementos de sueldo y la creación de nuevas plazas y por el contrario, le ordenó que la homologación se diera solo para los trabajadores que perciben menores ingresos en el propio Instituto.

Sin embargo, una opinión que hoy atendemos, es la de la presidenta del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas del Ipejal, Martha Elia Naranjo Sánchez:

CONVOCAN A LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

P.- Inicia un sexenio y una nueva administración en el Ipejal con el intento de madruguete de aumentos de sueldo y creación de nuevas plazas, ¿qué se puede esperar a lo largo de 6 años?

R.- Lo que se dejó ver con esta intentona, con esta acción, nos debe de poner más que nada en alerta y haciendo una convocatoria a la unidad a todos los que ahí aportamos, que somos muchos trabajadores y servidores públicos, maestros, pensionados y jubilados y me parece que más allá de esperar qué es lo que vamos a ver en el sexenio, debemos de tomar acciones los verdaderos dueños del dinero, los aportantes del instituto. Esta acción que se tuvo por parte de la autoridad, me parece que es un tema muy lesivo para los intereses de los trabajadores y hasta ofensivo, porque no hay dinero por ejemplo para las credenciales que en algún momento las tuvimos, no hay dinero para los insumos más elementales, pero cómo es que sí al menos se consideró un incremento tan grande, la verdad es que quedamos muy sorprendidos muchos, precisamente por esta intención de hacer las cosas sin ponerlo a consideración de la mayoría de los que representamos a miles de trabajadores aquí en el estado.

P.- ¿Se sienten ustedes bien representados por los dos personajes que tienen asiento en el consejo de administración a nombre de los trabajadores?

R.- Voy a hablar exclusivamente del representante que debería defender los intereses de los servidores públicos. Por supuesto que no, no nos sentimos representados, no solamente en el Ipejal, sino en muchas otras aristas, como cuando se dan los incrementos salariales y en otro tipo de negociaciones y de acciones, que a final de cuentas viene redundar en el beneficio o perjuicio de todos los servidores públicos; tampoco nos sentimos bien representados en instituciones por ejemplo como el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en donde tienen el asiento que le corresponde a la clase trabajadora, en donde hay intereses de parte de esa federación (SAFE), en donde se resuelve a contentillo, para poder controlar a los gremios que no estamos de acuerdo en algunas acciones que se toman o cómo se desempeñan el quehacer sindical. En resumen, me parece que a quién está representando a los servidores públicos, habrá que llamarlos a cuentas.

P.- ¿Qué hacer desde el Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas que usted preside?

R.- Hay mucho que hacer, yo creo que primeramente los representantes del Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas tenemos que cerrar filas, yo creo que no es ni el momento, ni las formas de pelearnos entre nosotros, primero hay que entender que lo que está en riesgo son los intereses de todos, cuando el Ipejal puede caer en una quiebra total, no va a elegir cuáles sindicatos o federaciones se van a la quiebra, sino que el prejuicio va a ser para todos, la quiebra será para todos, por eso primeramente deberíamos cerrar filas, unificar criterios y hacer una ruta crítica para tomar las acciones pertinentes, una de ellas es exigir que se le den dientes y facultades jurídicas al Comité, porque hay que decirlo, solamente fuimos nombrados de palabra, desde hace 6 años no tenemos atribuciones legales dentro de la Ley del propio Instituto de Pensiones del Estado y ojalá y se pueda dar ahora con la reforma que está en la mesa y que ya lo tienen en el tintero en el palacio Legislativo.

QUE AL DIRECTOR LO DESIGNEN LOS TRABAJADORES, NO EL GOBERNADOR

P.- Jubilados exigen un asiento en el Consejo de Administración para vigilar los movimientos desde ahí, ¿el comité que usted preside también haría una solicitud por el estilo?

R.– Yo creo que en cualquier tarea que sea, debe haber transparencia y debemos cuidar nuestros intereses, por ello los dirigentes, llámense de pensionados, jubilados, activos, federaciones, debemos tener un asiento el Comité de Vigilancia Transparencia y Rendición de Cuentas y a la vez el CVTyRC debe tener un asiento en el Consejo de Administración, no puede haber posiciones para tales o cuales, para unas sí o para otras no, en uno o en otro lugar.

Me parece que los que representamos a los trabajadores debemos de estar al pendiente y debemos de saber qué es lo que está sucediendo con todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo ahí y sobre todo qué hacen con nuestro dinero, de verdad que hay todavía muchas aristas en el aire, muchas dudas y muchas inquietudes.

Estaba yo analizando el tema de los estudios actuariales que están hechos con las aportaciones propiamente como ingresos, pero existe la pregunta de qué sucede con el tema de los intereses moratorios, con los intereses que te cobran de manera anticipada en los préstamos, con todos los esquemas de los gastos subrogados, con todos los ingresos.

P.- El sexenio pasado se realizaron mesas de trabajo en el Congreso del Estado, pero al parecer no había condiciones para que se diera la reforma, ¿la conformación política de hoy día en el Congreso sí se presta para realizar una reforma de fondo la Ley de Pensiones del Estado?

R.- Yo creo que hay un escenario distinto, la vez pasada la gran mayoría pertenecía a un solo grupo político, de un solo color y creo que esta vez podemos pensar que hay más posibilidades de que la reforma al Instituto de Pensiones del Estado sea realmente pensando en la clase trabajadora, en los servidores públicos; las mesas de trabajo que se hicieron la vez pasada, no diría que se politizaron o que se partidizaron, más bien pensaría que faltó voluntad y faltó mucha coordinación, faltó mucha comunicación asertiva, había muchas voces, me parece que era el primer ejercicio de esta naturaleza que se hacía y eso no permitió poderlo aterrizar, yo creo que los que estuvimos en esas mesas podemos volver a estar, ya más o menos le entendemos y por fortuna hay diputados ahora que han manifestado verbalmente su voluntad y su interés de que el Ipejal realmente tenga una reforma de ley que nos convenga a todos, incluso al propio Instituto.

P.- ¿Qué propuestas saldrían desde el CVTyRC?

R.- Hay algo muy importante y eso lo pongo en la mesa, el director de Pensiones del Estado debe ser elegido propiamente por los dueños del dinero del instituto, que somos los trabajadores, no designado por el gobernador en turno. Esto no es nuevo, yo lo he expresado ya de manera anticipada, que debe de ser elegido propiamente por la clase trabajadora, que a final de cuentas somos los únicos dueños del activo que ahí se mueven. Y de este y algunos otros temas bien podríamos hablar en la siguiente reunión del CVTyRC que estará siendo convocada para el próximo jueves 13 de febrero.

P.- Licenciada, usted conoce al Ipejal desde hace más de 25 años y conoció aquella crisis del 2009 – 2010 cuando hubo necesidad de hacer esa reforma, conoce también esta crisis de hoy día. ¿Cuál de las dos es más grave?

R.- Me parece que la de hoy es mucho más grave porque el saqueo siguió después del 2010, la manipulación de toda la reserva técnica siguió de maneras distintas y la otra arista sería, que en ese momento era muy grave, porque no había vida técnicamente hablando para soportar el sistema pensionario y la cantidad de pensionados que estaba para ese momento, si no se incrementaban las aportaciones, en su porcentaje de trabajadores y el patrón, eso fue lo que sustentaron y dijeron-

Sin embargo yo quiero cerrar la pinza de estas dos puntas diciendo que al final de cuentas la del 2009 o la de 2025 son gravísimas, porque a final de cuentas seguimos estando en el limbo y seguimos estando con una incertidumbre terrible y una preocupación y una mortificación todos los servidores públicos, porque no hay una claridad que se hace con nuestro dinero que se obtiene de muchas maneras, no solo con la aportación, sino con las inversiones y de otras maneras y qué parte de la reserva técnica, son los bienes inmuebles que se tienen, que no se monetizan, que solamente de repente los mencionan; es todo un tema que habrá que estarles explicando de una manera muy coloquial a los compañeros.

El incremento en el pago de cuotas no me atrevería a descartar la posibilidad de que esa sea la única solución a los problemas del Ipejal, a mí me hace falta información que no se me ha dado en el instituto y que hemos solicitado, hace falta que nos digan qué pasa con los intereses de los préstamos, qué pasa con áreas que generan dinero o por qué se gasta tanto, por ejemplo en convenios con hospitales privados, falta muchísima claridad en los ingresos y los gastos que se realizan en el instituto.

INSTRUCCIÓN DE PABLO LEMUS A JUAN PARTIDA

Le pedí que la homologación salarial sea para los empleados de base, que no se permita en incrementos de sueldo en la parte más alta del tabulador, es decir ni para él, ni para sus directores principales, sino más bien para el personal que verdaderamente más lo necesita, él va a presentar este punto de acuerdo ante el Consejo del Instituto y así quedaría sin efecto el aumento de salarios en la parte más alta del tabulador. Todo va para atrás”.

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JALISCO

¿Es Juan Partida el servidor indicado para rescatar al Ipejal?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Un problema de gran calado que le toca enfrentar al gobierno que encabeza en Jalisco Pablo Lemus es evitar la crisis que se podría venir con las pensiones de Jalisco y el organismo que las opera, como es Ipejal, que le quedarían 11 años de viabilidad (hasta 2036), conforme al estudio actuarial que se realizó a finales del diciembre de 2023 elaborado por “Valuaciones Actuariales del Norte”.

Y la misión para evitar el colapso de Ipejal se la encomendó el gobernador Lemus a Juan Partida Morales, al designarlo como su director general en el nuevo gobierno y que conoce muy bien las entrañas del monstruo, ya que junto con Hugo Luna, mandaban en este organismo que opera con las cuotas que aportan decenas de miles de empleados y trabajadores del Estado.

¿Por qué mandar a dirigir a Ipejal a Juan Partida? Y la pregunta es pertinente porque Partida fue el presidente de este instituto durante los últimos seis años y seguramente existen intereses creados desde el mismo gobierno.

¿Qué confianza inspira quien llegó con la mentalidad de servirse antes de servir a los afiliados a Ipejal?, como fue evidenciado con el incremento que pretendió Partida Morales al sueldo del director general que devengaba el anterior (Héctor Pizano) de 70 mil pesos a 120 mil y que el propio personaje hoy tan cuestionado operó para su beneficio con el argumento de que su formación y perfil está sobre calificado.

¿Por qué Partida Morales se opuso en su momento como presidente del Consejo de Administración de Ipejal a que el sueldo del director general, Héctor Pizano y de funcionarios de primer nivel se homologaran a los que recibían funcionarios del gobierno estatal? ¿Mezquindad, animadversión?

LOS INTERESES CREADOS

Creo que por decoro, Partida Morales no debió ser designado director general de este organismo, por los intereses creados que seguramente se generaron en los seis años del gobierno de Alfaro.

Público y notorio fue que las grandes contrataciones de compra de medicinas de miles de millones de pesos durante esos seis años, la decisión la tomaban en conjunto Juan Partida y Hugo Luna, hoy diputado federal, quien sólo se metía en los contratos gordos.

¿Qué tan sano es que un personaje que estuvo de presidente del Consejo de Administración de Ipejal durante los últimos seis años y cuya palabra fue la ley, siga al frente del mismo? ¿Qué garantía hay que su manejo vaya a ser limpio? Y lo pregunto en voz alta, porque los pensionados y jubilados se quejan de que no tienen información sobre el manejo financiero de Ipejal.

EL JUEGO PERVERSO

Juan Partida es un hombre de poder, desde que estuvo de titular de finanzas del Gobierno de Jalisco tenía como su operador a Rodrigo Moreno Trujillo, quien fungía de director jurídico de Ipejal, quien fue denunciado por Julieta y Vanessa Angulo Mejía, de hostigamiento y acoso laboral, con la finalidad presionar a Vanesa para que firmara su renuncia, argumentando que el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, estaba muy molesto porque, para que pudiera ser reinstalada, tuvieron que dejar de renovarle su contrato a la anterior gerente, y quería que le desocupara la plaza, bajo el argumento de que políticamente le correspondía al Secretario.

Rodrigo Moreno fue denunciado ante la Agencia del Ministerio Público de Primera Guardia de la Unidad para la Investigación de Delitos Contra Mujeres y Delitos en Razón de Género de la Fiscalía del Estado, y ante la Quinta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

De la misma forma a Rodrigo Moreno se le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa calificado en el informe de presunta responsabilidad administrativa como falta administrativa grave por violencia de género en perjuicio de Julieta y Vanessa Angulo Mejía, el cual, fue remitido al Tribunal de Justicia Administrativa.

Rodrigo Moreno al ser cesado de Ipejal con ese poderoso padrino que tiene no se quedó sin chamba y fue nombrado Director del Centro de Conciliación Laboral, quien al momento de tomar el cargo llevó con él a Patricia Elizabeth Navarro Camacho, como Directora Administrativa, quien había sido colaboradora de mucha confianza en la Dirección Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Y ahora con la llegada de Juan Partida a la Dirección de Ipejal, Patricia Elizabeth Navarro Camacho, sale del Centro de Conciliación Laboral y es designada Directora de Responsabilidades del del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Dirección encargada de re calificar la falta en caso de que la Magistrada decida regresar el expediente a re calificación en contra de su padrino Rodrigo Moreno.

Pues resulta que Rodrigo Moreno es una de las seis nuevas plazas ejecutivas que pretende crear Partida Morales, ¿por qué lo hace si se trata de un personaje tan cuestionado? Lo hace porque se siente poderoso. Mientras esto sucede, hay empleados de base que han sido afectados en sus derechos, golpeados por Juan Partida Morales, al ser ser cesados ¿y quién es el operador de este trabajo sucio?

El gobernador Pablo Lemus debería ordenar una investigación sobre esto que está pasando en Ipejal y debería revisar la conveniencia y el costo que representaría para su gobierno dejar a un personaje con el que hay tantas dudas y que se rodea de acosadores y abusadores de mujeres.

Para rescatar a Ipejal debe de enviar a un perfil que sea de su confianza, si no quiere enfrentar sorpresas desagradables en el futuro.

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JALISCO

Voz de jubilados y pensionados del Ipejal: Urge reforma a la Ley de Pensiones y maniatar al consejo directivo

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Por Mario Ávila //

Miembros del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, acompañados por representantes de una decena de organizaciones sindicales y asociaciones de jubilados, urgen a los diputados de la LXIV Legislatura local a que reformen la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, para maniatar al Consejo Directivo, ya que desde la reforma del 2009 la corrupción campea en el propio instituto y es lo que ha provocado la grave crisis económica que lo ha puesto al borde de la quiebra para el 2034.

En opinión de Alfonso Gamiño Ruvalcaba, uno de los líderes del colectivo, sería importante que se les concediera a los jubilados, un asiento en el consejo directivo, luego de que según las actas de las reuniones mensuales las decisiones siempre son por unanimidad, es decir las dos representaciones de los trabajadores, siempre se han adherido a la voluntad patronal, con una sola excepción en el 2021 cuando el líder de la FESIJAL, Juan José Hernández votó en contra de la construcción de la Ciudad Laboral del Gobierno del Estado, con dinero de los trabajadores.

Por ello el representante de los trabajadores pensionados y jubilados, advierte que una posición de poco serviría, ya que con la representación del Gobierno del Estado, que es de dos consejeros más el director general y a la vez presidente del consejo, la representación del Ayuntamiento de Guadalajara y los dos asientos de los representantes de los trabajadores, uno de la sección 47 del SNTE y uno de la burocracia estatal y municipal, siempre harían mayoría y las votaciones regularmente serían 6-1.

Explicó Gamiño Ruvalcaba que hoy hay condiciones de equilibrio en las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y se puede aspirar a una reforma a la ley del Ipejal, para garantizar por un lado que el propio Poder Legislativo asuma la vigilancia y el control del consejo directivo del Ipejal y por otro lado, para reducir los riesgos de que las reformas que se hagan dañen directamente a los trabajadores como fue la intención de las mesas de trabajo, en donde se pretendía hacer vales las sugerencias del Estudio Actuarial, que planteaba aumentar las aportaciones del trabajador y crecer la edad de jubilación hasta 65 años, incluso para los trabajadores registrados antes de la reforma del 2009.

Reveló que han estado en contacto con algunos de los legisladores, como Miguel de la Rosa y Candelaria Ochoa (Morena), Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez (Futuro) y Leonardo Almaguer Castañeda (PT), entre algunos otros, con quienes han platicado y a quienes les han expresado su preocupación, y justamente son ellos quienes se han comprometido a estudiar revisar las propuestas de modificaciones a la Ley del Ipejal, sin causar daño a la economía de los trabajadores.

De ahí que, en su opinión, la reforma más importante que se le deba hacer a la Ley de Pensiones, es vigilar y sanear el actuar del consejo directivo, pero en el entendido de que los jubilados no confían en que esta vigilancia recaiga en órganos e instituciones del propio Poder Ejecutivo, ni en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que se pide que sea el Poder Legislativo el que asuma esta función “para maniatar al consejo directivo”.

A Pensiones del Estado -denunció-, siempre le han metido mano desde el Gobierno del Estado, pero a partir de la reforma del 2009 esto empeoró, porque se le dio todo el poder al consejo directivo y es ahí donde surge y donde se ha desarrollado el problema de corrupción, en el seno del consejo y mientras siga en estas mismas condiciones, sin que nadie absolutamente lo vea, sin que nadie sepa lo que hace, el problema se va a mantener, no hay otra solución, por más dinero que le metan, mientras sigue existiendo ese poder del consejo directivo que permite la corrupción, no se va a lograr nada, así participe la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría o la propia Fiscalía Anticorrupción, nada nos ganaremos.

Lo que se necesita -abundó-, es una auditoría de verdad, a cargo de una institución independiente, de algún organismo totalmente ajeno, una empresa que goce de gran prestigio y que pueda hacer una auditoría integral; pero mientras se siga negando y no se acepte que la corrupción es la principal causa del deterioro de las finanzas de Pensiones del Estado, no vamos a llegar a ningún lado; mientras sigan diciendo que son problemas estructurales, no habrá una respuesta positiva y no llegaremos a ningún lado.

EXIGEN AUMENTO DE 2 MIL PESOS A PENSIONADOS

Una de las principales demandas del Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, es en el tema del incremento salarial anual, toda vez que cada año se viola el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Ipejal, ya que los incrementos han sido menores al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que ha generado una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, según lo planteó el propio Alfonso Gamiño Ruvalcaba.

Explicó que la pérdida que se ha venido acumulando de manera sostenida, ya que, en el año 2024 con el afán de resarcir aparentemente este perjuicio, se autorizó un incremento del 5% de manera generalizada las pensiones menores a 80 mil pesos, “sin embargo, este incremento no trajo consigo el beneficio esperado, pues el 35% de los jubilados recibió un incremento inferior al del año 2023 que fue de 600 pesos”.

Es decir, con el aumento del 5% en el 2024, significó un monto menor a los 575 pesos para quienes ganaban un monto igual o menor a los 11 mil 500 pesos, situación que va en contra del principio de progresividad salarial estipulado en la ley; mientras que para el 76% de los jubilados restantes, se les otorgó un incremento de mil pesos.

Ante ello, el Colectivo sostiene que la naturaleza de los incrementos debe obedecer al principio de progresividad y atender a resarcir el deterioro del poder adquisitivo, “por lo que creemos y de manera formal solicitamos, que en vez de autorizar un incremento porcentual, se contemple para este 2025, sin comprometer la estabilidad financiera, un incremento general por la cantidad de 2 mil pesos, ya que con ello sí impactaría significativamente en las pensiones de un universo mayor de jubilados”, expuso Gamiño Ruvalcaba.

Con ello, el 94% de los casi 51,000 jubilados recibirían en términos porcentuales un incremento del 5% o más, reflejándose un mayor índice porcentual en quienes perciben una pensión menor a los 40 mil pesos mensuales, lo que constituye un paso importante en una política de recuperación y justicia social en materia de pago de pensiones y se atendería a la naturaleza solidaria del instituto.

ACUERDOS PARA ATENDER TEMAS URGENTES DE SALUD

En la movilización convocada por el Colectivo Pro Defensa del Patrimonio del Ipejal, a las puertas de la propia institución, tomaron parte cientos de integrantes de agrupaciones sindicales, asociaciones civiles y representaciones de policías en activo y jubilados, quienes lograron ser recibidos por el propio director general, Juan Partida.

Y aunque el tema principal de la movilización ya estaba resuelto toda vez que el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro anunció previamente que se daría marcha atrás a la intentona de un escandaloso incrementos salarial para Juan Partida y funcionarios de primer nivel, así como a la creación de algunas nuevas plazas de nivel de dirección, los pensionados y jubilados tenían temas pendientes por tratar como el incremento del 2025 y el deteriorado sistema de atención a la salud, que se brinda a través de cuatro clínicas de primer nivel, un grupo de médicos especialistas y una serie de hospitales privados.

La minuta de la reunión del 6 de febrero, participaron por el Colectivo Pro Defensa de Patrimonio del Ipeal: Ernesto Michel, Juan Flores Vázquez, Francisco Javier Reyes, Abel Figueroa González, Alfonso Gamiño Rubalcaba y Juan Manuel Mercado; en tanto que por parte del Ipejal los atendieron: Juan Partida Morales, Ángel Nuño, Luis Alberto Güemes e Isaac Flores.

Dentro de los acuerdos destaca resolver servicios médicos urgentes de enero y febrero, el abasto de medicamentos en las clínicas; mejorar la logística para que gradualmente se vayan eliminando los reembolsos; nuevo contrato de servicios de imagenología; dar prioridad a las cirugías urgentes rezagadas; certeza laboral para todos los trabajadores del Ipejal, revisar los porcentajes de los préstamos a los que se les cobran intereses por adelantado y analizar la propuesta de incremento de 2 mil pesos al mes, para los pensionados en el 2025.

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