Por Daniel Emilio Pacheco //

La desaparición del Seguro Popular a fin de año y la llegada del INSABI, como nuevo programa de atención a mexicanos sin acceso a servicios de salud, ha generado problemas en los 2 millones 936 mil afiliados que, hasta diciembre de 2019, estaban registrados en Jalisco.

El problema principal, ha sido la falta de información por parte de la Secretaría de Salud Federal y los administradores de los diferentes hospitales, que anteriormente otorgaban el servicio como parte del Seguro Popular.

Pero también, la decisión del Gobernador de Jalisco de no firmar el convenio para adherirse al INSABI ha complicado las cosas.

Las voces de quienes se oponen a la firma de adhesión al INSABI, argumentan después de haber conocido el contenido del convenio marco que, regula el funcionamiento del nuevo programa de salud.

LA POSICIÓN DEL GOBERNADOR DE JALISCO

“Hay voluntad para coordinarse con el gobierno, para hacer mejor el trabajo en materia de salud y en todos los temas totalmente, pero, sometimiento, la entrega de nuestro sistema y quebrantar el pacto federal, eso no va a pasar, cuando menos no con el aval de Jalisco”, dijo Enrique Alfaro, en su discurso en el Colegio de Ingenieros Civiles.

“Qué fácil sería para un gobernador decirle al presidente de México: te entrego nuestro sistema y tú te haces responsable. ¿Dónde van a estar los enfermos que no van a tener atención médica? Van a estar aquí en Jalisco. Y los doctores que no van a tener estabilidad en su puesto de trabajo (van a estar) aquí en Jalisco y los hospitales que van a estar sin equipamiento y medicamento ¿dónde van a estar?”, decía ese día el Gobernador de Jalisco.

Recién el jueves, en sus redes sociales, Enrique Alfaro difundió la fotografía de un documento titulado “Proyecto de Modelo de Acuerdo de Coordinación”.

Según el mandatario estatal, “se trata de garantizar, paso a paso, un servicio gratuito y de calidad para las y los jaliscienses, y de ayudarle al presidente, pero con las reglas muy claras, sin que nuestro estado entregue su sistema de salud. Los mantendré informados”.

EL RECTOR DE LA UDEG

Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), informó que junto con el gobernador de Jalisco y con el respaldo de la comunidad médica de los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG), se tomó la decisión de no adherirse al convenio de incorporación al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

“Tuvimos una primera reunión de trabajo, estuvimos revisando todas las características de los convenios marco que se están dando en todos los estados y ratificar que hay muchas preguntas sin resolver, que una decisión de este tipo, tan grande como son los temas de salud, se tendría que tener muchísima claridad en todos los detalles y la decisión de inicio es hacer una propuesta de no adhesión a este convenio, pero de búsqueda de respuestas del gobierno federal, donde el compromiso del gobierno del estado, los HCG y la Universidad, haremos una propuesta en conjunto. La idea es llevarle al presidente de la república, una propuesta específica de las condiciones de Jalisco”, dijo Villanueva Lomelí

El rector de la UdeG señaló que, “la propuesta como se está mandando es que las autoridades al momento de firmar la adhesión, en las reglas que están hoy vigentes, pues inmediatamente todas las autoridades de los OPD, los estaría firmando la federación y se entregaría toda la infraestructura, el recurso material, humano y financiero a la federación, pero hay ciertas dudas, porque el propio personal de la Secretaría de Salud, seguiría siendo personal del estado, pero que ya depende de la federación. El patrón sigue siendo el estado. En caso de un juicio laboral, ¿quién es el responsable?”.

DIRECTOR DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

El Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva, director del OPD Hospital Civil de Guadalajara, me dijo en entrevista que, ante la falta de claridad en las reglas de operación para acceder a los recursos federales, por parte de los administradores del INSABI, en dos semanas podría comenzar el desabasto de algunos insumos básicos para atender a los pacientes.

Una ventaja del OPD Hospital Civil de Guadalajara, es el no tener trabajadores que dependan del recurso federal del INSABI, para cubrir su nómina. Pero, el servicio del hospital puede verse saturado por la obligatoriedad de atender de forma gratuita y directa a cualquiera que llegue solicitando el servicio pues se puede dar el caso de recibir enfermos que sí tengan Seguro Social, ISSSTE o cualquier otro servicio, quitando el lugar a quien verdaderamente no tenga otra opción de atención.

SECRETARIO GENERAL DEL SUTHCG

Para el Mtro. Juan José Hernández Rodríguez, secretario general del SUTHCG, “la apresurada implementación del INSABI ha ocasionado la falta de información respecto al funcionamiento del nuevo organismo, que regulará los servicios de salud con recurso federal”.

“Implementar de cero un sistema de salud, en un país tan grande y con una población de más de 66 millones de personas como posibles usuarios, requería una mejor planeación y coordinación que la utilizada hasta ahora por parte de los responsables”.

“A fin de cuentas, tenemos un INSABI bien intencionado, pero poco estructurado, implementado sin capacitación al personal que participa en él y sin información para el usuario. Lo que provoca una situación de riesgo legal para el personal trabajador de la salud y un riesgo mortal para el enfermo que menos tiene”, señaló el Representante de los trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara.

BANCADA FEDERAL DE DIPUTADOS DEL PRD

El grupo parlamentario del PRD solicitó a la Secretaría de Salud y a la Dirección del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) coordinarse y respaldar a las autoridades de Jalisco, para atender la falta de atención hospitalaria.

Precisaron en un comunicado que, se trata de satisfacer la elevada demanda adicional de atención médica especializada y hospitalaria, entre otras, por parte de pacientes de ésa y otras entidades vecinas.

“Debido a la caótica sustitución del Seguro Popular por el Insabi a partir del pasado 1 de enero, los pacientes de alta especialidad dejaron de recibir servicio médico en el sistema público estatal, por lo que en el mejor de los casos ellos y sus familias deben ahora sufragar los gastos, si es que cuentan con recursos para ello”.

“La situación en el sistema de salud jalisciense es de tal gravedad que, de acuerdo con el Fondo de Protección de la Salud, el Hospital Civil de Guadalajara podría tener desabasto de insumos a partir de la primera quincena de febrero”, advirtieron.

Para dimensionar el impacto, los diputados Verónica Juárez Piña, Mónica Almeida López y Abril Alcalá Padilla –legisladores por esa entidad-, así como Alejandra Esparza, Guadalupe Almaguer, José Guadalupe Aguilera, Antonio Ortega, Azucena Rodríguez, Claudia Reyes, Mónica Bautista y Raymundo García, destacaron que el sistema jalisciense atiende a tres millones 14 mil 388 afiliados, equivalentes al 5.6 % del total nacional.

DIPUTADO DE MORENA

La única voz que se escuchó buscando defender en Jalisco el programa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue la del diputado local Arturo Lemus.

Lo hizo el miércoles desde la tribuna del congreso local, de forma desarticulada y sin aportar más datos de los ya conocidos.

“Hay una gran desinformación. Hay grandes rezagos en infraestructura, en insumos, en personal y en equipamiento; este gran rezago que se ha tenido producto del conflicto de interés, de la corrupción y del mal manejo de recursos y por tal motivo surge esta nueva cobertura de servicios de salud, no se podía seguir con el anterior sistema de salud, la salud de los jaliscienses no puede estar sujeta a caprichos ni a conflictos políticos, ni de interés, es una demanda social, se tiene que hacer una reingeniería, asimismo habla de los sistemas fallidos en tiempos del Seguro Popular” expuso el Dr. Arturo Lemus desde tribuna.

Además, aseguró que el INSABI viene a cubrir un sistema caduco que generó grandes lagunas y pérdidas: el Seguro Popular.

En sus redes sociales defendió dos puntos:

1 – Los Hospitales Civiles de Guadalajara recibían pacientes con una cobertura deficiente del seguro popular tanto jaliscienses y del exterior del estado. Aún (sic) así no era completamente gratuito y no cubría todo, mucho menos el medicamento.

2- El INSABI tiene contemplado la gratuidad de todos los servicios médicos y medicamentos que irán progresivamente incorporándose hasta el 3er nivel en diciembre del presente año. Más la atención en todos los hospitales, no solamente en los hospitales civiles, sumado a la creación de nuevos y mejores hospitales del IMSS bienestar con la contratación de 87 mil nuevas plazas en todo el país.

Todas las anteriores voces han dejado de lado algunos otros datos que se deberían de conocer respecto al INSABI y Jalisco:

– Bárbara Casillas coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del gobierno de Jalisco, dijo en entrevista que al estado solo han llegado el 20% de los medicamentos de la compra consolidada federal que debieron surtirse en 2019, siendo el Gobierno de Jalisco quien tenga que ver cómo suplir ese déficit. Dato importante pues el INSABI se haría cargo de abastecer todo el material médico y medicamento para atender gratuitamente a la población.

– Los servicios médicos que prestan los municipios han cambiado para los beneficiarios del Seguro Popular, el caso más conocido en el Área Metropolitana de Guadalajara es el Hospitalito de Zapopan que por medio del Seguro Popular, el año pasado recibió 56 millones de pesos para atender a los beneficiarios de ese sistema, ahora al no tener ese recurso debe cobrar por sus servicios. En el mismo caso están los servicios médicos que se otorgan por medio de la Cruz Verde, pues hasta el momento en la Ley del INSABI, el esquema de atención no considera a los servicios médicos municipales. Pero, de esto no se ha hablado por parte de ninguno de los defensores del INSABI.

– En cuanto al personal que trabajaba en el Seguro Popular, actualmente el Gobierno de Jalisco extendió un contrato provisional por dos meses a estos empleados. Esperando se regularice la situación administrativa de su adscripción, pues sería personal designado por el Gobierno Federal administrado por el Gobierno Estatal.

– Respecto a la basificación de personal, documentos en poder de esta mesa de redacción muestran que, Jalisco tiene 2876 empleados profesionales de la salud, médicos, paramédicos y afines; y 935 empleados administrativos, haciendo un total de 3,811 empleados que podrían ser basificados, pero, que en el mismo documento no están considerados para el arranque del programa, es decir, Jalisco no entra en los planes de basificación para 2020.

– Según Hugo López-Gatell subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mediante el INSABI, un total de 86 mil 368 trabajadoras y trabajadores van a ser basificados.

«Esto ocurrirá en un proceso gradual más o menos en los cinco años que nos quedan de este ejercicio de gobierno, un quinto de la base trabajadora o de la población trabajadora será basificada o regularizada a lo largo de cada año.

Los criterios están establecidos y se basan en la antigüedad, la capacidad y la responsabilidad y lealtad institucional y serán considerados para basificación. En el primer año, 2020, más de 17 mil trabajadoras y trabajadores serán regularizados por el Instituto de Salud para el Bienestar», dijo Hugo López-Gatell en rueda de prensa.

Son 21 estados los considerados en el arranque del programa de basificación y el IMSS bienestar, sumando 72,082 trabajadores. Jalisco no está considerado entre esos 21 estados.

– Hablando de obra pública enfocada en salud, el Plan Nacional de Infraestructura enfocado en Sustituciones Ampliación, Construcción, Mantenimiento y Conservación de:

• Centros de Salud

• Hospitales de Segundo Nivel

• Hospitales de Alta Especialidad

El presupuesto para 2020 es de $34,254,367,879 y tampoco contempla a Jalisco dentro de los 25 estados que recibirán el beneficio de la obra pública. ¿Cómo se mantendrá la infraestructura en Jalisco para la atención de la salud pública?

Así pues, mientras más tiempo pasa, vamos descubriendo lo apresurado de la implementación del INSABI, la poca información que se tiene y, el inminente riesgo para la salud de los enfermos en Jalisco si no se toman decisiones rápidas de prevención.

Por Mario Ávila //

La salud de los jaliscienses está en grave riesgo a consecuencia del nuevo dilema que enfrentará una vez más, al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el tema es el nuevo modelo de salud, con la extinción del Seguro Popular, al que estaban inscritos poco más de 2.8 millones de jaliscienses y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Sin embargo, lo raro es que el discurso de ambas partes es el mismo, los dos dicen que velarán por garantizar la universalidad y la gratuidad en los servicios de salud. Pero mientras el mandatario jalisciense alude al respeto a la soberanía de Jalisco, el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer, advierte que se debe poner fin a la millonaria corrupción benefició a la iniciativa privada, particularmente en la compra de medicamentos a sobre precio.

La nueva estrategia federal es adherir a los 32 gobiernos estatales a este nuevo modelo, mientras que lo que Enrique Alfaro pretende, es negarse a firmar la adhesión, con el argumento de rechazar la centralización y exigir que la Federación al menos aporte a Jalisco la misma cifra en millones de pesos que se recibieron en el 2019 con el Seguro Popular, es decir más de 7 mil millones de pesos, a razón de 2 mil 603 pesos por cada beneficiario registrado.

El INSABI nació con la llegada de este año y lo que busca es enmendar los errores en los que cayó el Seguro Popular, por ejemplo el elevado índice de muertes de madres durante la gestación, como ocurrió en el 2014 cuando fallecieron por esta causa según el Coneval, 872 mujeres, de las cuales 495 estaban inscritas en el Seguro Popular.

También el Seguro Popular operó con carencia de medicamentos, ya que cuando mucho se alcanzaba una máxima del 60% de abasto, se carecía de personal (médicos y enfermeras), la infraestructura es obsoleta, los insumos carentes y la corrupción excesiva, particularmente en las compras de medicamentos, al grado de que hay denuncias de desfalco por más de 83 mil millones de pesos, presentadas en su oportunidad ante la PGR.

En el caso particular de Jalisco, las denuncias que se han hecho en la operación del Seguro Popular, son en el sentido de que se inflaban los padrones, se registraban a beneficiarios de otros sistemas como el IMSS y el ISSSTE, se cobraban los servicios a sobreprecio, (particularmente las cirugías), se abusaba al beneficiar a los hospitales privados (subrogados) y se mentía de manera recurrente al momento de cobrar servicios, al extremo de poner en las listas de servicios, el nombre de varones que supuestamente eran tratados de partos. Todo ello consta en amplios reportajes publicados en medios de comunicación masiva, en particular uno elaborado hace ya casi una década por la reportera Claudia Rebeca Reynoso para Canal 4 de la televisora local.

En este inicio de año, de entrada en nosocomios como el Hospitalito de Zapopan, en el Hospital de Zoquipan y en los Hospitales Civiles, al quedar extinguido el Seguro Popular, a los usuarios que no tienen ningún tipo de seguridad social se les cobran o se les niegan las consultas, pero se ha llegado el extremo de cancelar las cirugías de alta especialidad, particularmente en los casos de los pacientes que no tiene dinero para pagar lo que se les cobra, como es el caso de Fernando Macías, quien tenía su cita desde hace tres meses para ser operado el pasado 16 de enero de cáncer de colon en el viejo Hospital Civil y sin explicación alguna simplemente se le avisó que la cirugía quedaba cancelada.

En solo dos semanas, el INSABI ha logrado la adhesión de 13 entidades federativas: Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí.

A la vez se trabaja en el proceso de adhesión de: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes.

RATIFICANDO QUE, ¡ADHESIÓN, NO!

La postura del mandatario jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, ha sido de no adhesión al instituto y para ratificarla se ha instalado una mesa permanente en la entidad, con todos los actores involucrados del sector público de salud en Jalisco.

“En ella -dijo-, vamos a preparar una propuesta específica que le vamos a presentar y a entregar personalmente al presidente de la República, con un planteamiento que sea en la ruta de un convenio de no adhesión al INSABI, pero con particularidades que nos parece que tienen que tomarse en cuenta por la circunstancia específica del estado de Jalisco. Vamos a presentar la información y el razonamiento que hay detrás de nuestra posición, lo vamos a hacer de manera conjunta, estamos trabajando con los Hospitales Civiles, vamos a escuchar y tomar en cuenta la opinión de los jefes de cada área, de Cancerología, de Cirugía Reconstructiva y de todas las instituciones que tienen que ver con el tercer nivel que vamos a incluir en esta propuesta”.

“Tendremos -abundó-, un borrador de esta propuesta el día miércoles para fijar una posición como estado, que espero que cuente con un amplio consenso, se trata de ir en una propuesta muy sólida que garantice la gratuidad de la salud en Jalisco, pero a partir de un diagnóstico muy preciso y de actuar con los pies en el suelo. No se puede resolver este asunto solamente con discursos, tenemos que hacer una propuesta completa y yo confío que el presidente cuando menos escuche nuestro planteamiento y ojalá y podamos llegar a un acuerdo”.

Detalló el jefe del Ejecutivo en Jalisco, que “originalmente el planteamiento tiene dos opciones, convenio de adhesión y convenio de no adhesión, porque lo menos que establece la ley es recibir el monto del seguro popular del año anterior, entonces lo que nosotros vamos a hacer es plantear de inicio una propuesta de convenio de no adhesión, es decir Jalisco va a mantener su postura de que no vamos a entregar el sistema de salud a la Federación, por razones que vamos a explicar la próxima semana”.

“Y no es capricho, quiero que se entienda por qué, no es si quiero o no quiero, imagínense qué fácil para el gobernador de Jalisco, nos desentendemos del tema de salud, ay que lo resuelva el presidente, que lo paguen, que lo arreglen, que lo resuelvan ellos, pues para mí que problema habría en eso. No, el problema es los enfermos que no van a ser atendidos, los doctores que van a estar sin seguridad laboral, las instituciones que no van a tener equipamiento, son de Jalisco y no voy a actuar con irresponsabilidad.

“Entonces mi primera decisión es esta, voy a actuar con un alto sentido de responsabilidad, si hay gobernadores que quieran actuar de esa forma, es su asunto. Pero no vamos a dejar a interpretaciones nuestra postura, hay un compromiso del gobernador que quiero dejar muy claro, de que los servicios de salud van a poder garantizar el principio de gratuidad con reglas y con bases claras.

“Tuvimos una reunión el pasado miércoles con los mandos en la Ciudad de México, tenemos ya la información, tenemos algunos anexos, tenemos ahora sí cuando menos condiciones para hacer alguna propuesta y esta propuesta la vamos a presentar el día miércoles. Aquí en Jalisco no nos vamos a dejar presionar, esa no es la forma, Jalisco va a actuar con un sentido de responsabilidad histórica; si yo tomara una decisión en función de si me dan mil millones de pesos o no, imagínense qué clase de gobernador sería. Yo no voy a actuar así, yo estoy escuchando a la gente que sabe de tema de salud, estamos incluyendo a todas las instituciones, estamos construyendo una posición como estado y se la vamos a proponer al presidente, no se trata de confrontarse con él, se trata de pedirle al presidente que escuche a un estado libre y soberano de la República Mexicana que tiene mucho que decir en materia de salud”, expuso Alfaro Ramírez.

Sobre el tema del dinero, el gobernador detalló para dar una idea más puntual, que “a este programa, la Federación aporta poco más del 50% de los recursos del sistema, el Estado aporta arriba del 42%, yo creo que es el estado que más aporta de recursos propios de todo el país, tenemos que entender en donde estamos parados porque en la medida que seamos claros en nuestro planteamiento, vamos a poder explicarle mejor a los jaliscienses de qué estamos hablando”.

“Yo quiero ser bien claro, no hay discusión, le queremos ayudar al presidente a que los servicios de salud sean gratuitos, pero no es en el camino de colapsar a los sistemas de salud, que se va a lograr este propósito. Jalisco se va a preparar, el miércoles tendremos una propuesta, voy a buscar al presidente para entregársela personalmente y platicar el tema con él y vamos a tratar de encontrar una salida. Tenemos condiciones no hay riesgo en este momento de que deje de operar el sistema”, apuntó el mandatario estatal.

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RECUADRO

EL PRD VELA ARMAS EN

DEFENSA DEL HOSPITAL CIVIL

La coordinadora de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados Federal, Verónica Juárez Piña, exhortó al Gobierno Federal a atender la solicitud de apoyo del Hospital Civil de Guadalajara, cuyo director, Jaime Andrade Villanueva, alertó que por la falta de claridad en las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el nosocomio podría enfrentar una crisis inminente en el cuidado de los pacientes que acuden a recibir atención médica no solamente de Jalisco si no de estados vecinos como Nayarit, Colima y Michoacán. .

Las autoridades del Hospital Civil piden al Gobierno federal “una directriz clara y urgente sobre cómo continuar la prestación de servicios de salud cubiertos por el INSABI, en tanto se firman los acuerdos de colaboración entre las dependencias estatales y la federación y se publican los lineamientos, reglas de operación, y demás normatividad aplicable”.

Juárez Piña coincidió en que la falta de claridad, de presupuesto y de reglas de operación del INSABI ha generado dudas en su instrumentación, en las clínicas y hospitales adscritos; así como molestias de los usuarios que han denunciado falta de medicamentos, cobros por servicios que el Gobierno Federal y la mayoría de Morena prometieron serían gratuitos, así como de insuficiencia de personal.

Es por esa razón, dijo la diputada por Jalisco, el grupo parlamentario del PRD, que preside, solicitó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la comparecencia de los titulares de la Secretaria de Salud (SSA), del Instituto de Salud para el Bienestar, de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Jorge Alcocer, Juan Antonio Ferrer y Arturo Herrera, respectivamente; para que informen detalladamente sobre las reglas de operación y la aplicación del presupuesto asignado para Instituto, así como lo que se están haciendo para atender las innumerables quejas de pacientes y familiares.

Dijo que existe una crisis en el sector salud en el país por el engaño, la mala planeación, la falta de recursos y la pésima instrumentación del INSABI por parte del Gobierno Federal; que han provocado que clínicas y hospitales de gran importancia, como lo es el Hospital Civil de Guadalajara, enfrenten problemas que ponen en riesgo su operación inmediata y que lamentablemente los más afectados son las personas de menores recursos.

Por Mario Ávila //

Para Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del INSABI, queda claro que con el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), se brindarán servicios de salud en los 32 estados de la República, siempre y cuando se adhieran los estados de manera voluntaria a esta modificación a la Ley General de Salud, es decir nunca será una adhesión obligatoria.

Pero hay confianza en el funcionario federal: “A partir de que entró en vigor el Insabi me reuní con los 32 secretarios de Salud y con su equipo y platicamos todo sobre el nuevo modelo de salud y del esquema de financiamiento. Los 32 secretarios vieron que el modelo y el esquema de financiamiento es muy bueno para que se implemente en México, como una opción del modelo de salud nacional”.

No obstante, admitió que hay ciertas expresiones de molestia, pero puntualizó que a su juicio “detrás de toda esta aparente inconformidad, hay un boicot de quienes surten los medicamentos y que se ven perjudicados; hay también una campaña de desinformación como un acto de sabotaje en contra del gobierno”.

“Vimos -dijo-, que los medicamentos estaban empleándose en el país, aunque no todos, tenían un precio desmedido, no era un precio justo y lo que hizo el presidente fue ordenarle a la Secretaría de Hacienda que dirigiera los concursos de compra consolidada, con lo que claro que benefició el porcentaje de abasto de los medicamentos en favor de la gente”.

Y abundó: “Un dato más, cuando acusan de que no hay presupuesto, les digo que estamos manejando 72 mil millones de pesos, cada estado de este país aporta entre 4 mil a 6 mil millones de pesos y este año el presidente ordenó recursos adicionales de 40 mil millones de pesos más, es decir ya se cuenta con una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y nos dicen que no hay dinero, pues porque ese dinero iba a parar a la iniciativa privada o un alto porcentaje en lugar de ir a la gente, iba a las empresas privadas”.

“Y hoy, el gran cambio es que estamos privilegiando que participe la iniciativa privada, sí, pero con precio justo y con producto de calidad. Y para eso está interviniendo la Cofepris, para que vigile que todo lo que se compra, las vacunas y los medicamentos, sean con la calidad requerida. No hay simulación, si la hubiera simplemente hubiéramos dejado que se siguiera haciendo lo que siempre habían hecho, estafar en todos los rubros el dinero de los mexicanos”, expuso el titular del Insabi.

En entrevista a través de Radio Fórmula, el funcionario federal respondió a quienes acusan de que el Insabi carece de sustento normativo, financiero y operativo: “Ya el Insabi está creado por la Ley General de Salud, hay instrumentos jurídicos como el estatuto orgánico que tiene 60 días para crearse, la Junta de Gobierno por ley tiene 30 días para instalarse, las reglas de operación se emiten a través del Fondo de Salud y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que se va a modificar, cuenta con 180 días y lo que hemos estado haciendo por instrucción del presidente, es acortar esos tiempos”.

“Se va a cumplir la palabra del presidente, se va a cumplir el artículo cuarto de la Constitución, se va a cumplir el artículo 77 bis de la Ley General de Salud que estable que tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de los servicios públicos de salud, toda persona que se encuentre en el país y que no cuente con seguridad social.

“Hay una Ley de los Institutos Nacionales de Salud que en el artículo 54 se reformó el 26 de mayo del año 2000 para que se implementaran los cobros en la atención de ciertos padecimientos. A qué presidente (Vicente Fox Quezada) se le ocurrió cobrarle a las personas que no tenían seguridad social”, se preguntó.

Y precisó: “Lo que estamos cambiando fue lo que hicieron ellos mal, hoy salen a denostar y a decir que todo está mal, hoy estamos cambiando en favor de la gente, en favor de 69 millones de mexicanos que carecen de seguridad social. Ahora sí coincidimos con los conservadores de que la salud es un derecho humano de las personas y que nadie debe cobrar, así que les vamos a demostrar que la palabra de López Obrador se cumple, no vamos a cobrar por los servicios de salud a las personas sin seguridad social.

“La misma ley en el artículo 77 bis segundo párrafo, establece que las condiciones que permitan bridar el acceso gratuito, van a ser efectivo, oportuno, de calidad y progresivo, es decir, los que quieran ver que un modelo de salud tan desastroso como era el de este país, fragmentado en 32 entidades de la República, se componga en 14 días, deben tener claro que nadie lo hace, el mismo Seguro Popular que inventaron esos señores debió haber iniciado en 1994 y en el 2005 se adhiere el último estado y nace oficialmente el Seguro Popular, esto quiere decir que pasaron más de 10 años para que estos suscribieran los convenios de descentralización y hoy quieren que en 15 días esto ya esté instrumentado”, planteó.

Sobre la propuesta que anunciaron harán los gobernadores del PAN, Ferrer Aguilar, anticipó: “Escucharemos las propuestas, aunque ya me reuní con los 32 secretarios de salud de los estados, los oí y los temé en cuenta, estamos para ver que funcione el modelo de salud en favor de los mexicanos y si en algo tienen que aportar, se va a tomar en consideración, pero lo que sí puedo decir es que el modelo que estaban utilizando, es un modelo que no funcionaba, no es por ahí.

“Y doy ejemplos, cómo me dicen que el Seguro Popular funcionaba cuando en el 2014 que era su mejor momento, por cada mil niños nacidos vivos, se morían 36.6 mujeres, es decir que en ese año fallecieron 872 mujeres y de ellas 495 estaban inscritas en el Seguro Popular, lo que quiere decir que más del 56.8% estaban afiliadas al Seguro Popular y eso no lo digo yo, lo dice el Coneval en su indicador denominado ‘razón de mortalidad materna’.

“No es posible que estemos viviendo todo esto y digamos que estaba muy bien el modelo de salud en el pasado; el abastecimiento de medicamento en todo el país era del 60% como un máximo; no hay doctores y pasan hasta 5 o 6 meses para programar una intervención quirúrgica”, planteó el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

NEGROS ANTECEDENTES DEL SEGURO POPULAR

Dentro de los negros antecedentes del Seguro Popular destacan las 36 denuncias penales en contra funcionarios en 18 estados de la República, entre ellos Jalisco, por un desfalco de más de 83 mil millones de pesos, que tendrían que ser destinados para servicios médicos de la población que carece de seguridad social.

El daño a las finanzas públicas del Seguro Popular, asciende puntualmente a 83 mil 250 millones 576 mil 40 pesos e involucra a funcionarios de 18 estados de la República, de acuerdo con las 22 denuncias interpuestas por ciudadanos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha, de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, interpusieron nuevas por corrupción en el manejo de recursos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) entre 2012 a 2016, con lo que suman 36 denuncias interpuestas contra funcionarios y exfuncionarios de estas entidades.

La última serie de demandas interpuestas ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular son por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades en 11 estados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

Entre las irregularidades detectadas en los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fueron la base para las denuncias, se encuentran: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.

Esta es la segunda ola de denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Seguro Popular por parte de Federico Reyes Heroles y Luis Pérez de Acha. El martes 16 de octubre, interpusieron 14 denuncias penales contra secretarios de Hacienda y Salud, así como tesoreros de siete estados: Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. En esta primera demanda, la cantidad demandada por irregularidades alcanzaba los 47 mil 345 millones 794 mil 169 pesos.

Y para tener una referencia del impacto global del dinero malversado, vale la pena recordar que en 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional y de acuerdo al anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno presentado por Enrique Peña Nieto, el gobierno federal reportó que en 2017 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud ejerció un total de 54 mil 046 millones de pesos que se transfirieron a las 32 entidades federativas.