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OPINIÓN

¡Ciudado con los extremistas! De las necedades de FRENA y otros males peligrosos

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Comuna México, por Benjamín Mora //

Hace unos días, en este espacio, hice referencia a inconsistencias y peligrosidades de FRENA como movimiento que, en su página en internet, declara que busca la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador antes del 30 de noviembre próximo, además de que se niega a participar en las elecciones de 2021 y en la revocación de mandato presidencial en 2022. Esta semana recibí un video en el que Mario Gallardo Mendiolea, abogado constitucionalista y miembro de la red FRENA, nos acusa, a quienes no coincidimos con los propósitos y estrategias de ese movimiento, de desestimar, desinformar y mentir; nada más falso y tendencioso; nada tan intolerante y antidemocrático. Aquí mi respuesta.

Soy todo lo contrario de lo que López Obrador, su gobierno y la 4T hacen y pregonan; y tengo confianza en que todo eso lo cambiaremos por la vía democrática en 2021 y 2024. FRENA, por el contrario, se asume como poseedora de la única verdad, antesala de la otra cara de las dictaduras de izquierda: las dictaduras de derecha, como lo fue Franco en España y Pinochet en Chile.

Gallardo Mendiolea habla de destituir a López Obrador por una de dos vías, por renuncia o por destitución… primer detalle: la renuncia no es destitución. Mala jugada de un constitucionalista

Gallardo Mendiolea sentencia que “López Obrador llegó por la vía democrática pero que se irá por la vía constitucional”. Pregunto, qué acaso la vía democrática electoral no es también constitucional, o acaso la elección que llevó a López Obrador a la presidencia de la República no fue constitucional; más aún, qué acaso López Obrador no es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Gallardo Mendiola reconoce, en su video, “que los dictadores de toda la izquierda latinoamericana, adheridos al Foro de Sao Paulo, nunca renuncian”; entonces pregunto, si esta es una verdad incuestionable de la causa de FRENA, por qué pedir a AMLO que renuncie. ¿Qué no es ello una pérdida de tiempo y esfuerzo, de fines de semana de caravanas que nada lograrán y evidencia de la manipulación que FRENA hace de sus seguidores? No me gusta este estilo de liderazgo tan mentiroso.

En los juegos de palabras que Gallardo Mendiolea utiliza, hace referencia al artículo 84 constitucional para “dejar en claro” que no es solo por la vía electoral en que alguien puede llegar a ser presidente de México y nos recuerda que hay otras tres figuras: “el presidente provisional, el presidente interino y el presidente sustituto”. Lo que calla Gallardo Mendiolea es que ninguna de esas presidencias sería posible si antes no existe un presidente electo democráticamente por el voto popular. Callar lo que el otro tiene derecho de conocer es otra forma de mentir.

Como señalé en mi artículo anterior, si AMLO renunciase antes del 30 de noviembre próximo, Olga Sánchez Cordero asumiría la presidencia interina, debiendo convocar a proceso democrático para elegir al presidente interino, en un plazo no mayor de 60 días. Vuelvo a preguntar, como en aquel entonces lo hice: ¿Quién estaría preparado, desde la oposición, para elaborar y registrar una plataforma electoral, tener un equipo de representantes capacitado para cuidar todas las casillas electorales en el país y para coordinar la campaña política, recorriendo todos los estados en menos de dos días por entidad? ¿Quién sería ese líder que convocaría a todos los partidos políticos de oposición y a quienes NO nos sentimos satisfechos con el gobierno de López Obrador? Creo imposible lograrlo.

Hay un refrán anglosajón que dice: El diablo está en los detalles. Gallardo Mendiolea descuida los secretos ocultos en esa constitución de la que se dice experto: El artículo constitucional 84 establece un término no mayor de sesenta días para la elección del presidente interino; pero pregunto, qué si fueran 20, 30 o 45 días los que estableciera la convocatoria. Legal y perniciosa facultad en manos de un presidente provisional que buscase borrar a la oposición.

El presidente López Obrador ha reconocido que fue él quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa. Tal reconocimiento podría constituir una declaración confesa de un posible delito cometido por el propio presidente López Obrador y pudiera ser causal de su destitución, pero realmente, pregunto, lo creen posible. Anatole France dijo: “Es bueno para el corazón ser ingenuo y para la mente no serlo”; lo dejo a su consideración.

El descaro de López Obrador me parece por demás peligroso pues viene de alguien que se siente intocable, como se siente inviolable ante el coronavirus. Su falta de eso que se conoce en Psicología como Cerebro Moral me preocupa y asusta. No hay sentimientos de culpa, ni hay claridad en los principios y valores que presume pues lo abandona a su antojo en el momento que se le presente y convenga. Dice no mentir, y miente.

Como afirma Gallardo Mendiolea, pareciera que López Obrador olvidó que hay una Ley de Extradición en el caso de Ovidio Guzmán, aunque creo que tanto la Constitución como las leyes y códigos federales nada, absolutamente nada le importan; no solo las olvida, sino que la desprecia e ignora. Por ello, Andrés Manuel López Obrador es peligroso, por ser un sociópata.

No podemos obviar que Donald Trump es quien debió actuar diplomáticamente, como presidente y jefe de Estado norteamericano, ante la liberación de Ovidio Guzmán; sin embargo, no hizo nada. Vamos, a Trump le fue más importante la masacre de los LeBarón que la liberación de Ovidio Guzmán, y en ninguno de los dos casos actuó como debió hacerlo.

Ojalá Gallardo Mendiolea no se quede, como lo dice en su video, solo en informar a la opinión pública de su causa, y, como abogado demande penalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador por la evasión de Ovidio Guzmán y todo aquello que considere sea un delito del presidente.

Entendamos, López Obrador no renunciará y buscará hacer realidad su proyecto contenido en la 4T; en ello está y es su derecho como presidente electo constitucionalmente. A nosotros nos queda, o la lucha democrática en 2021, 2022 y 2024 o, como pregona FRENA, la destitución, por la vía legal, del presidente antes del 30 de noviembre; exigir la renuncia del presidente y lograr el triunfo electoral opositor, encabezado por FRENA, en 60 días de campaña, son solo resultado de una noche de desvelo y delirio. De antemano, de acuerdo con la página de FRENA en internet, quienes estamos por la lucha electoral democrática en 2021 o la revocación de mandato en 2022, no estamos en su proyecto… y ellos, claro está, tampoco en el nuestro proyecto de nación y patria.

Que Gallardo Mendiolea sea constitucionalista nada me dice. Hay ingenieros a quienes se les caen las casas y médicos a quienes se le mueren los pacientes con una simple gripe.

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JALISCO

Alfaro y la negación de la crisis de desaparecidos

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

¿Cómo entender la desaparición de cerca de 10 mil personas en un sexenio y de estos un buen número son jóvenes?

Por qué el gobernador Enrique Alfaro siempre negó la crisis de desaparecidos y en forma machacona repetía una y otra vez que no eran desaparecidos, que se iban de sus casas por propia voluntad y en su último informe sostuvo su discurso de seis que durante su administración fueron localizadas 17 mil 405 personas (con vida): 5 mil 595 mujeres y 11 mil 810 hombres (…) No hay crisis de desaparecidos, muchos se van por voluntad propia”.

¿Y cuántos no regresaron? Eso no respondió porque eso no le importó nunca. Un personaje sin un ápice de empatía con las víctimas y con sus familiares.

¿Pero cómo tapar o esconder tanto desaparecido? ¿En qué cabeza cabe que tarde o temprano el problema iba a explotar y que su sucesor no lo taparía?

Y pensar que hubo medios de comunicación que completita le compraban esa narrativa, desde la oficina de Comunicación del Gobierno del Estado hasta les dictaban las cabezas, sin siquiera tener el pudor de cambiar la redacción a ese boletín.

El operador de esa desinformación fue Ricardo Sánchez Berumen, coordinador del gabinete de seguridad, le preparaba los datos a Alfaro, quien quería convencer que “los periodistas enemigos de Jalisco inventábamos estos datos de los miles de desaparecidos”.

Alfaro vivió gran parte de su gobierno protegido por cientos de guaruras, con carros blindados, con una Casa Jalisco y un Palacio de Gobierno rodeado de bayas. Los liderazgos de los colectivos de buscadores de desaparecidos le echaban en cara al entonces gobernador: “ustedes tienen a sus familias bien aseguradas, con carros blindados, escoltas y los ciudadanos estamos en el desamparo”

La seguridad se convirtió en una crisis por un desgobierno que no tuvo ni quiso tener contacto con los familiares de las víctimas. Simplemente hay que echarle una mirada al Semefo para ver que hay más de 5 mil cuerpos sin identificar. La bronca se la hereda Alfaro a Pablo Lemus.

Y Jalisco así se convirtió en el estado líder en desaparecidos.

Desde el 2022 el gobierno de Jalisco dejó de subir información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNDDNO).

Quienes confrontábamos la información de desaparecidos con los datos de Alfaro fuimos satanizados por el propio gobernador desde la muralla de Casa Jalisco.

SE ABRE LA CAJA DE PANDORA

El campo de entrenamiento y exterminio de Teuchitlán, abre la caja de pandora de un gobierno que en lugar de cumplir con su compromiso de poner orden, dejó crecer a la criminalidad. Sin embargo, todo gobierno tiene fecha de caducidad y ahora Alfaro sin la protección de ser la cabeza del Poder Ejecutivo de Jalisco que le permitió asumir una arrogancia, sintiéndose dueño de la verdad absoluta, podría enfrentar lo que su irresponsabilidad generó que el Estado sea un desastre en inseguridad y violencia, como lo muestran las imágenes en el Izaguirre Ranch, los 200 pares de calzado y las prendas de vestir e hombres y mujeres muestran el tamaño de la tragedia con los delitos de lesa humanidad allí cometidos.

Gente cercana a Alfaro comentan que éste estaba harto de los problemas de Jalisco que no pudo o no quiso resolver, de allí que se inventaba viajes a Europa o fuera de México.

Por eso el último día de su gobierno huyó de Jalisco y se fue a vivir a España.

Dice que se prepara en Europa para convertirse en director técnico de Chivas de Guadalajara. Imaginemos a Alfaro de director técnico del equipo más popular de México, del hombre que dejó esa larga estela de sangre y cadáveres, por no haber asumido su responsabilidad y aplicar la ley.

¿LO CITARÁ LA FISCALÍA?

No se qué ideas pasen por la cabeza de Alfaro allá en España, donde seguramente disfruta de una tranquilidad que en Jalisco no es posible. ¿Cómo tomará la información de estos centros de exterminio en Teuchitlan? ¿Cuándo va a subir sus clásicos vídeos para desmentir “las falsedades de las Fiscalías y de los Guerreros Buscadores de Jalisco”?

¿Qué le responde al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero a esos graves señalamientos que hizo la pasada al calificar de «muy crítico y muy grave» el hallazgo del crematorio clandestino”?

El Fiscal General cuestionó la falta de conocimiento y acción por parte de las autoridades locales y estatales respecto a la existencia de este centro de exterminio. Hertz Manero expresó:»no es creíble» que las autoridades municipales y estatales no estuvieran al tanto de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en el rancho Izaguirre por lo que anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La investigación se centrará en identificar posibles omisiones o complicidades de las autoridades locales y estatales en relación con el funcionamiento de este centro de exterminio.

El Fiscal General también enfatizó la importancia de coordinar esfuerzos entre las distintas instancias de gobierno para combatir eficazmente al crimen organizado y evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro y subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para garantizar la protección de los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos.

¿Qué responsabilidad tuvo Alfaro en minimizar el suceso de Izaguirre Ranch y dejarlo en que se trataba de un campo de entrenamiento de un grupo criminal? ¿Alfaro desconoció que se trataba de un centro de exterminio de jóvenes?

Habrá que ver hasta dónde se quiere llegar en esta terrible tragedia y si el brazo de la justicia no sólo queda en un agente del ministerio público, agentes de investigación y algunos funcionarios menores de la Fiscalía.

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JALISCO

El horror de Teuchitlán alcanza a Alfaro

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De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

La primera semana de diciembre del año pasado escribí en este espacio una colaboración que titulé “Alfaro y el karma de la vida”.

En esa ocasión afirmé:

Enrique Alfaro deja con su adiós una larga estela de agravios.

“Durante su estancia en el poder siempre privilegió satisfacer su apetito egocéntrico.

“Se sabe muy bien que con el tiempo creció su agrado por la sumisión absoluta de sus colaboradores.

“El control férreo fue su sello particular.

“Incluso algunos de sus chiqueados más cercanos admitían en lo corto que sus furiosas reacciones no eran más que una proyección de su personalidad soberbia e intolerante.

“Se dice del karma que toda acción tiene una consecuencia y que todo lo que se envía al universo volverá a nosotros.

“Si atendemos esto, entonces quizás el ahora ex gobernador de Jalisco debe prepararse para carear las consecuencias de esta ley inevitable”.

No pasó mucho tiempo para que el horror de Teuchitlán lo alcanzara.

Lo que son las cosas, mientras disfrutaba de lo lindo en Europa, se le apareció el rostro macabro de lo que fue su sexenio en materia de desaparecidos.

Las consecuencias serán muchas.

Por lo pronto, me aseguran que Pablo Lemus ni siquiera tiene ganas de responderle las llamadas y que derivado de este y otros asuntos, emprenderá una serie de medidas para despojar a Jalisco y a su gobierno de todo aquello que huela a alfarismo.

Tomar el control de partido MC sería una de sus primeras acciones.

Por cierto, en el centro del drama heredado por Alfaro Ramírez, es pertinente colocar el nombre de quien fue la mente perversa de la pasada gestión: Hugo Luna.

Sabemos que al margen de haber sido el zalamero más cercano, toda decisión institucional pasaba por su aduana, de tal modo que en la mira del actual gobierno su persona se vuelve un objetivo prioritario.

El fuero es un tema que ya está en revisión.

Al respecto, no sé si la justicia se encargará de estos dos personajes; sin embargo tengo fe en que el veredicto de la historia los colocará en el lugar que se merecen, porque ambos –hay que decirlo con toda claridad- se comportaron como unos miserables con los colectivos de padres y madres buscadoras.

Les ignoraron, descalificaron y re-victimizaron.

Por eso creo que podrán escapar de la ley, pero del karma, jamás.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor y analista

político.

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JALISCO

La justicia, un privilegio inalcanzable: Teuchitlán, la negación como crimen de Estado

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

Hay maneras múltiples de negar un crimen, formas infinitas de enterrar un cuerpo, procedimientos diversos para desaparecer personas, ideas, realidades. En México, especialmente en Jalisco, el gobierno parece haberlas aprendido todas. El más reciente y grotesco episodio de negación oficial se escenifica alrededor de un rancho en Teuchitlán, cuyo nombre, «Izaguirre», se volvió sinónimo del horror: fosas, huesos quemados, restos calcinados, zapatos sin dueño.

Pero, según la fiscalía general del Estado, allí nunca hubo hornos crematorios. Así lo dijeron, con palabras oficiales, tranquilas, demasiado tranquilas, con la frialdad de quien niega para no actuar.

Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, habla con el tono cansado de quien ya conoce todas las versiones oficiales. «Quieren minimizar la crisis, callar lo que dicen las familias y los medios», señala. No habla desde la teoría; lo suyo es la práctica cotidiana de una búsqueda desesperada, un intento de hacer justicia con propias manos, mientras el Estado responde con burocracia y negaciones. Y no habla solo de Teuchitlán, sino de una realidad que atraviesa todo México: más de 15,000 desaparecidos solo en Jalisco y decenas de miles más en todo el país. Números que aumentan, cifras que no despiertan acción sino indiferencia.

«La confianza está en las familias, no en las instituciones», sentencia Flores. Las palabras golpean con fuerza porque reflejan una verdad ya inocultable: el Estado ha dejado hace tiempo de ser garante de seguridad para convertirse en cómplice por omisión, por negligencia, por indiferencia. Flores lo explica sencillo, pero la simplicidad de su denuncia encierra toda la complejidad del fracaso institucional: «La federación no puede lavarse las manos echándole la culpa a los estados. La delincuencia organizada es competencia federal y tienen que actuar».

Pero México es el país donde los gobiernos siempre encuentran razones para no actuar. La Fiscalía argumenta que necesita denuncias formales para iniciar carpetas de investigación. Las familias responden que denunciar es ponerse en peligro, es exponerse a la violencia del crimen organizado, protegido por autoridades corruptas. La paradoja es brutal: se exige que las víctimas, ya violentadas, vulnerables, amenazadas, sean quienes se arriesguen aún más para hacer el trabajo que el Estado rechaza.

La negativa oficial sobre los hornos de Teuchitlán no solo busca invisibilizar la tragedia, sino evitar las consecuencias internacionales que podría acarrear el reconocimiento de un crimen que claramente constituye una violación masiva de derechos humanos. Flores apunta hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, advirtiendo que esta crisis, de ocurrir en cualquier país europeo, sería inmediatamente calificada como una emergencia global. Pero ocurre en México, donde los muertos pesan menos, donde los desaparecidos son culpables antes que víctimas.

La negación no es solo federal, es también local. Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, dejó en herencia un récord macabro: pasó de 5,000 a más de 15,000 desaparecidos durante su mandato. Colectivos como «Por Amor a Ellxs» recuerdan cómo Alfaro prometió diálogo y puertas abiertas, pero solo entregó indiferencia y abandono. María del Refugio Torres resume así el gobierno de Alfaro: «ineficaz, lleno de omisiones y deficiencias».

Ahora la responsabilidad recae en Pablo Lemus, sucesor político que, al parecer, ante esta prueba está actuando a destiempo. En reuniones en noviembre del año pasado, previas a la toma de poder, Salvador Zamora, quien ahora es secretario general de Gobierno, asistió solo para sacarse la foto. No escuchó, no conversó, no actuó, en esta crisis, no ha aparecido.

La crisis institucional no se detiene en el Ejecutivo. Jonathan Ávila, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), denunciaba al finalizar la administración de Enrique Alfaro que no había ni siquiera un programa estatal de búsqueda en Jalisco y que el rezago en el Servicio Médico Forense alcanzaba niveles vergonzosos: más de 9,400 cuerpos sin identificar.

Mientras las autoridades siguen negando la realidad, las familias se organizan y protestan. Este sábado pasado, frente al Palacio de Gobierno de Jalisco, más de dos mil personas gritaron consignas claras y dolorosas: «El Estado sí sabía, Alfaro sí sabía». Lo sabían porque es imposible no saberlo, porque los campos del horror no nacen en secreto sino bajo el amparo de complicidades. Daniela Gómez, quien busca a su hermano desaparecido, resume el sentimiento común: «No es posible que haya más de 18,000 desaparecidos y solamente seis buscadores en el gobierno».

La vigilia del sábado fue otra demostración del dolor transformado en resistencia. Héctor Águila Carvajal, padre de otro desaparecido, pidió unidad: «Sigamos uniendo fuerzas, el dolor no cesa». Y no cesa porque la respuesta oficial sigue siendo mínima, burocrática, cínica.

Y lo de que Teuchitlán no se trata de un caso aislado. La lista de sitios donde se repite la tragedia es dolorosamente extensa: desde la macabra «Gallera» en Veracruz hasta los cuerpos disueltos en ácido por el infame «Pozolero» de Tijuana, pasando por la escalofriante cifra de restos en «La Bartolina», Tamaulipas. Un catálogo infernal de barbaries toleradas, acaso protegidas, por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.

Esta crisis no puede seguir siendo escondida bajo excusas burocráticas ni minimizada con comunicados oficiales. Los colectivos lo denuncian: Teuchitlán no es un caso aislado, sino un símbolo más de la impunidad institucionalizada. Héctor Flores alerta sobre al menos seis puntos más similares en Jalisco, que nadie quiere investigar porque nadie quiere reconocer lo evidente.

Desde Madrid hasta Nueva York, mexicanos en el exilio exigen lo básico: reconocer el término «sitios de exterminio», proteger efectivamente a las buscadoras, garantizar justicia y reparación. Es un grito desesperado, es una demanda urgente, y es, sobre todo, una advertencia: la negación no borrará los muertos, solo prolongará el sufrimiento.

Negar lo evidente es una forma más de violencia. México merece más que excusas. Las víctimas merecen más que palabras. Y la justicia, que debería ser obvia, hoy parece un privilegio inalcanzable.

En X @DEPACHECOS

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