NACIONALES
Avanza el cambio de régimen de la 4T
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Transcurridos 40 días del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y no hay sorpresas. El cambio de régimen avanza, empezando por la reforma al Poder Judicial al lograr, primero, librar la aduana del Congreso de la Unión, en especial en la Cámara de Senadores, donde Morena no tenía la mayoría calificada, pero encontraron al Judas Iscariote, llamado Miguel Ángel Yunes.
De la misma forma en la Suprema Corte de Justicia, la reforma constitucional no lograron anularla los ministros opositores, encabezados por la ministra presidenta Norma Piña, cuando votó en contra el ministro Alberto Pérez Dayán con lo que no le pusieron freno a una reforma que este grupo consideraba que podrían anularla, pero obtuvieron los 8 votos que se requerían y lo que hubiera provocado una crisis institucional.
Antes de esta decisión jurídica de la Corte, hubo mucha polvareda y se expresaron diversas visiones, como la del maestro Diego Valadés, considerado el mejor jurista en derecho constitucional de América Latina, quien alertó que “la Suprema Corte de Justicia carecía de facultades para impugnar el contenido de las reformas constitucionales. En el caso concreto de la Ley de Amparo, que se refiere específicamente al juicio de amparo, es muy clara en el Artículo 61 que dice que es improcedente el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución del país”.
“No hay recurso legal ni constitucional alguno para impugnar el contenido de las reformas”.
Y precisaría: “Lamento que se vean como esos clavos a un ataúd, pero mi intención en todos los casos no ha sido más que obedecer a convicciones personales que no tienen nada que ver con militancia política”.
Y algo más advirtió Diego Valadés: “No es posible, esto no sucederá, alentar esa esperanza significará que quienes la crean cuando la Corte decida en el sentido jurídico que no es operativa ni procedente la anulación de una reforma constitucional van a decir que la Corte se vendió, o se doblegó, o hubo presiones del gobierno que ejerció acciones coercitivas de presión político y esto seguirá alimentando un ambiente que todos vivimos de extrema tensión”.
Finalmente la reforma judicial, es un hecho, va para adelante y camina el llamado Plan de López Obrador, plan que el político tabasqueño presentó a la opinión pública el pasado 5 de febrero en el aniversario de la Constitución Mexicana al pedir a los mexicanos que apoyaran ese Plan C, para lo cual se requería tener mayoría absoluta, votando por los candidatos de Morena y aliados para la presidencia y el Congreso de la Unión.
La oposición en las urnas perdió ante la 4T, encabezada por Claudio X. González, representante y vocero de una parte de la oligarquía, junto a Alito Moreno, Marko Cortés, quienes postularon a Xóchitl Gálvez, una desafortunada candidata que simplemente no logró motivar a los mexicanos del “peligro” para las instituciones que significaba la candidata morenista Claudia Sheinbaum Pardo.
Simplemente no hay engaño. El triunfo de la Coalición “Juntos Seguimos Haciendo Historia” fue contundente. Fueron más de 35 millones de votos y ahora procede a ejecutar lo ofrecido por López Obrador.
Del paquete de 20 reformas, 18 constitucionales, la mayor parte veremos su aprobación en las dos cámaras en las próximas semanas y en ese proceso estamos.
La primera reforma de este paquete en ser aprobada es la Reforma Judicial y era la más de fondo (…) A grandes rasgos, esta reforma al Poder Judicial propone que las personas que se desempeñen como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados, jueces y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean electos mediante el voto popular.
Y eso va. Es un experimento que desconocemos los resultados que tendrá. En mi entender, no creo que las cosas vayan a cambiar en forma notable y que tengamos una justicia real, rápida y expedita. Se va una mafia y llegará otra. Los que tienen dinero continuarán teniendo el control y la justicia en sus manos, mientras que la base del pueblo, continuará exigiendo justicia. Se va una élite y llega la apoyada por Morena que será el nuevo poder.
Y es que lograr justicia, no sólo depende del Poder Judicial, es un todo, donde implica la participación del Poder Ejecutivo, de los gobiernos estatales, de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, de la capacitación misma de la que se carece porque no se destinan los recursos necesarios y suficientes para que esto se haga realidad.
En los próximos días se discutirá y seguramente se aprobará la desaparición de 7 órganos autónomos y la extinción o fusión de 17 organismos descentralizados. Entre los organismos autónomos que se propone eliminar están el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y las comisiones Federal de Competencia Económica, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Las funciones de estos organismos serían absorbidas por dependencias de la administración pública federal alegando duplicidad de funciones.
El cambio de régimen avanza y no veo poder humano que pueda frenarlo. Al mismo tiempo se advierte la construcción del partido hegemónico, como lo fue el PRI durante cerca de 70 años. ¿Morena cuánto podrá durar? No lo sabemos y más cuando vemos a una oposición desprestigiada, deshilvanada, sin que se atisbe el surgimiento de nuevos liderazgos.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
