Bojayá y la esperanza de paz

Opinión, por Miguel Anaya //

A finales de los años noventa y principios de los 2000, Colombia vivió una crisis de violencia que superaba a la que actualmente enfrenta México. Uno de los departamentos más afectados fue el de Chocó, donde operaban las FARC, grupos delictivos y autodefensas.

El 2 de mayo de 2002, la pequeña comunidad de Bojayá se convirtió en el escenario de una de las tragedias más devastadoras del conflicto armado. En medio de intensos enfrentamientos entre las FARC y grupos paramilitares, cientos de habitantes buscaron refugio en la iglesia del pueblo, confiando en que sus paredes consagradas los protegerían del horror que se vivía afuera.

Alrededor de las 3 de la tarde, un cilindro-bomba impactó directamente en el templo, causando la muerte instantánea de 79 personas, entre ellas 48 niños. Los cuerpos quedaron mutilados y las paredes de la iglesia manchadas de sangre. Días después, el número de víctimas fatales alcanzó las 119, ya que muchos no sobrevivieron a las heridas.

Este acto brutal puso de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades atrapadas entre las fuerzas violentas. A raíz de este y otros eventos que conmocionaron al país, Colombia emprendió un camino hacia la pacificación y la reconstrucción social. Las políticas implementadas, que combinaban estrategias de seguridad con inversión social y económica, comenzaron a dar frutos en las dos décadas siguientes.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de homicidios en Colombia pasó de 70 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 25 en 2022. En ese contexto, la ciudad de Medellín llegó a tener una tasa alarmante de 380 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El entonces gobierno colombiano aplicó la estrategia de ‘Seguridad Democrática’. Esta política implicó el despliegue masivo de fuerzas de seguridad para recuperar el control territorial, fortalecer las capacidades de inteligencia y aumentar la presencia del Estado en zonas rurales, donde guerrillas y grupos paramilitares habían establecido su dominio. La creación de redes de informantes y la colaboración con las comunidades fueron fundamentales para desmantelar estructuras criminales y reducir los enfrentamientos armados.

Tras el debilitamiento militar de las FARC, el gobierno reconoció que la violencia era también un efecto de problemas estructurales como la pobreza y la falta de oportunidades en las regiones rurales.

En respuesta, se implementaron programas de desarrollo rural que incluyeron la construcción de infraestructura, carreteras y electrificación, con el fin de conectar comunidades aisladas con el resto del país.

Además, se promovieron programas de acceso a créditos para pequeños agricultores y cooperativas rurales, incentivando la sustitución de cultivos ilícitos por productos agrícolas comerciales.

En el ámbito social, las políticas de reparación y reconciliación jugaron un papel central. La creación de una Unidad para las Víctimas permitió que quienes sufrieron violencia fueran reconocidos y compensados, generando un proceso de catarsis social.

La inversión en educación y salud fue un eje central: entre 2002 y 2022, el acceso a la educación secundaria aumentó en un 20 por ciento, mientras que la cobertura de salud pública se amplió significativamente en las zonas rurales. A pesar de que aún persisten desafíos en materia de seguridad, el avance en Colombia ha sido notable.

Esta experiencia ofrece lecciones valiosas para México. La implementación de políticas que fortalezcan instituciones, promuevan el desarrollo económico, social y fomenten la cohesión social son esenciales para revertir la tendencia de violencia.

La profesionalización de las fuerzas de seguridad, la recuperación del control territorial y la implementación de programas sociales en zonas marginadas son pasos fundamentales para reconstruir el tejido social. Políticas de desarrollo rural, como las aplicadas en el país sudamericano, podrían replicarse en México para incentivar la economía local, alejar a los jóvenes de las dinámicas del crimen organizado y generar alternativas económicas en comunidades atrapadas en el ciclo de la violencia.

En conclusión, la trágica masacre de Bojayá simboliza el profundo sufrimiento que la violencia puede infligir a una nación. Sin embargo, también demuestra que por muy cruda que sea la realidad violenta que nos rodea, esta puede cambiar con voluntad política y estrategias integrales adecuadas.

El caso de Teuchitlán debe ser un llamado a la acción colectiva. Debemos abrir los ojos y encontrar en la experiencia de otros países una guía para diseñar e implementar políticas efectivas que conduzcan a un futuro más seguro y próspero.