NACIONALES
Buscan apagar el fuego de la «casa gris» con gasolina: Piden que investigue el gobierno de EEUU

Crónicas Depacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
«Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia», aseguró José Ramón López Beltrán, luego de más de dos semanas de esperar una reacción al reportaje presentado por Carlos Loret de Mola en LatinUS.
Así respondía el hijo del presidente López Obrador a la polémica generada por su estilo de vida en Estados Unidos, dijo que desde 2020 trabaja en Houston, Estados Unidos, como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners.
Sin embargo, el hijo del presidente López Obrador, debió de revalidar sus estudios en Estados Unidos, pues al ser totalmente diferente la ley y los procedimientos legales en aquel país, debió casi volver a estudiar la carrera, y hasta ahora no se ha encontrado documentos ni referencias que acrediten eso.
Al estar trabajando en los Estados Unidos desde hace más de dos años, José Ramon López Beltrán debió de darse de alta en el IRS (Internal Revenue Service). El Servicio de Impuestos Internos, también conocido como Servicio de Rentas Internas, que es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, cualquier persona que trabaje en EU debe presentar su declaración de impuestos año con año, sí sus ingresos brutos son mayores a $10,400 dlls anuales, es decir, $866 dlls al mes, tiene que hacer su declaración anual a fuerzas, por tanto, se está esperando conocer las declaraciones realizadas los dos años anteriores del hijo de López Obrador.
Sí como dice José Ramon López Beltrán, trabaja como asesor legal y de desarrollo para la compañía KEI Partners, esta compañía debió también darlo de alta y declarar que le paga ese sueldo al hijo del presidente de México.
Otras de las acciones que debió realizar José Ramón López Beltrán al empezar a trabajar en Texas es darse de alta en la Texas Workforce Commission (TWC), que es la agencia estatal encargada de supervisar y proveer servicios de desarrollo de fuerza de trabajo a empleadores y solicitantes de empleo de Texas.
Debió además de pagar Medicare y Social Security, si es verdad, que sus ingresos para vivir vienen de su trabajo, el hijo del presidente puede presentar esas declaraciones anuales, y los pagos correspondientes tanto al IRS como al TWC, así terminaría con cualquier duda sobre su forma de ingresos financieros.
Como empleado, el hijo de López Obrador tiene que recibir una forma W2 o la forma 1099 como self-employed, también puede presentarla y terminar con los dimes y diretes.
También hubo respuesta por parte de Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, quien según Latinus y Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI) trabajó para Baker Hughes, compañía energética que, según el reportaje presentado por Carlos Loret de Mola fue beneficiada por el Gobierno de México.
Carolyn Adams, declaró que nunca ha trabajado ni colaborado para Baker Hughes y presentó screenshots de una conversación de mensajes, como explicación del acuerdo de renta de la mansión donde vivió con el hijo mayor de López Obrador.
«Aquí se tiene que usar un agente inmobiliario con licencia y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario). Todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses: contrato depósito en garantía, rentas mensuales», afirmó Adams.
Sin embargo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó la noche de este viernes que dicha operación no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas.
A través de un comunicado, MCCI señaló que, tres agentes inmobiliarios confirmaron que el supuesto arrendamiento de la propiedad valuada en poco más de un millón de dólares (20 millones 800 mil pesos) no está registrada en el sistema MLS (Multiple Listing Service), a la que únicamente pueden acceder quienes son miembros de la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston (HAR, por sus siglas en inglés).
“Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR”, declaró una agente con licencia para operar en Texas a MCCI.
“Era obligación del agente publicar esa información. Debe haber registro de la renta por el agente, pero no lo hicieron. Es muy raro que no lo hayan puesto en el sistema”
“No es normal que en una operación de renta, primero esté en ‘P’ de pending (pendiente) luego ‘W’ de withdrawn (retiramos la oferta del mercado) y después ‘T’ de terminated (se terminó la relación de cliente-agente para promover), cuando se supone que ‘existe’ un contrato”, dijo otro agente.
Un dato que también llama la atención es que, en el listado de datos aparece que la fecha de expiración fue 14 de diciembre de 2019, cuando José Ramón López Beltrán y su esposa habitaron la casa hasta 2020.
Esta falta de información hace pensar que la operación se realizó por fuera; es decir, entre particulares, o incluso, que no hubo ningún pago de renta o relación contractual de por medio.
“Y el hecho que en diciembre hayan terminado el listado quiere decir que posiblemente no se rentó (oficialmente). Se presta a que o hicieron el trato por fuera o de plano no hubo ninguna relación contractual”, mencionaron especialistas en el tema a MCCI.
Según el periódico La Jornada, en su nota titulada “Casa de la familia López Adams en Houston fue rentada de forma regular”, del 20 de febrero de 2022, se puede leer:
“De acuerdo con documentos en poder de este diario, la residencia situada en 1003 Oakshire In, Conroe, Texas, en un suburbio de Houston, fue rentada en forma regular mediante un contrato de arrendamiento entre sus propietarios, Keith L. Schilling y Lauren M. Schilling, y a Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán.
A fines de enero pasado la ocupación de la vivienda fue señalada por algunos medios como posible indicio de “conflicto de intereses” porque uno de sus propietarios, Keith, laboró para la corporación petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de seis décadas, en tanto que López Beltrán es hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, La Jornada tuvo acceso no sólo al contrato formal de arrendamiento, en el que se especifica un depósito inicial de 5 mil 600 dólares y un alquiler mensual por la misma suma, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática.
Finalmente, este diario obtuvo copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a los arrendadores, Keith y Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria a nombre de la primera”, asegura el diario La Jornada respecto al tema de la llamada Casa Gris.
La nota de La Jornada evidencia una contradicción de Carolyn Adams, pues presentan el cheque de Carolyn Adams, lo que contradice el dicho de la esposa de José Ramón López Beltrán en su carta, pues claramente asegura: “nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios ni conocimiento de quiénes eran”.
El cheque a nombre de Keith y Lauren Shilling confirma que sí sabían.
Carolyn Adams, sólo mostró capturas de pantalla de chats de la supuesta negociación con el agente, pero no exhibió copia del contrato de arrendamiento.
El pasado 11 de febrero, inversionistas de Baker Hughes, solicitaron al gobierno de los EEUU investigar el potencial conflicto de interés y otras irregularidades con José Ramón López Beltrán.
En la solicitud enviada al gobierno, advirtieron que “la situación podría verse seriamente comprometida” al existir suficiente evidencia de los contratos con Pemex con los que ha sido beneficiada esta compañía petrolera, señalando que Adams es una intermediaria con experiencia de acuerdos energéticos a escala internacional.
El conflicto de la Casa Gris, se empieza a mover entre las autoridades de los Estados Unidos, parece que, los asesores del presidente López Obrador buscaron apagar el fuego con gasolina.
En Twitter @DEPACHECOS
NACIONALES
Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

Por Mario Ávila //
En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.
Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas
A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.
Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.
Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).
En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.
Un proceso de conteo escalonado y transparente
El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.
En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.
Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.
Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.
López Obrador reaparece y respalda la reforma
Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.
Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.
El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.
Protestas y elecciones concurrentes
Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.
Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.
Un hito con retos pendientes
La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.
A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.
LOS NÚMEROS
Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:
9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
464 Magistraturas de Circuito
386 personas Juzgadoras de Distrito
Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada
De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.
En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.
JALISCO
¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.
Un abstencionismo que habla
El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.
¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.
En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.
Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.
Fragmentación y divisionismo en Morena
Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.
La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.
Desconfianza institucional y desencanto ciudadano
El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.
Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.
Implicaciones para el futuro político de Jalisco
El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.
¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.
Un mensaje claro para Morena
El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.
Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.
NACIONALES
Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.
La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.
BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN
Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.
La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.
El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.
IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO
La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.
Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.
La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.
EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN
Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.
IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA
La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.
Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.
La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.
UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS
La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.
México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.
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