ENTREVISTAS
Cerrado el camino legal a opositores a la reforma judicial: «La opción que les queda es estirar la liga», Javier Hurtado
Por Mario Ávila //
Ni el amparo, ni la acción de inconstitucionalidad, ni la controversia constitucional, son los caminos que podrían seguir los opositores para intentar echar atrás la Reforma Constitucional del Poder Judicial, toda vez que esas puertas están cerradas, dado que no aplica legalmente ningún recurso de esa naturaleza.
Esta es la interpretación que hace el politólogo y abogado constitucionalista, Javier Hurtado González, quien advierte que lo que les queda a los inconformes, es “estirar la liga para ver hasta donde se rompe, impugnando solamente el proceso, no el contenido de la reforma”.
Cuestionado sobre los amparos concedidos por varios jueces para que no se discutiera ni se votara la reforma al Poder Judicial y el amparo que posteriormente otorgó un juez de Colima para que no se publicara el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el experto Derecho Constitucional, Javier Hurtado, expuso que se trata de un recurso abiertamente ilegal, “ya no digamos inconstitucional, porque eso está en contradicción con la fracción 1 del artículo 61 justamente de la Ley de Amparo, que dice explícitamente que el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, es decir se están excediendo estos jueces”.
Otro recurso de control de la constitucionalidad que se tiene además del amparo -dijo-, son las acciones de inconstitucionalidad, pero resulta que las acciones de inconstitucionalidad son para plantear la contradicción de una ley con la Constitución, no la no la contradicción de la Constitución con la Constitución misma, eso no existe.
Y el otro medio de control de la constitucionalidad -explicó-, son las controversias constitucionales, pero las controversias las presentan poderes u órdenes de gobierno cuando consideran vulneradas sus competencias por otro poder o por otro orden de gobierno; entonces está previsto toda una amplia gama de controversias constitucionales de que un municipio contra otro municipio un estado contra otro estado El poder legislativo contra El Ejecutivo etcétera, pero en ningún lugar del 105 constitucional, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea sujeto legitimado para presentar una controversia constitucional ante ella misma.
Sobre el primer mecanismo, el amparo, el abogado calificó como una “locura” que un simple juez, quiera revertir lo que presentó el Poder Ejecutivo, lo que ya votaron más de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así como los Congresos de al menos 23 estados de la República. “¿Pués quién se creen… quién los eligió… qué poder tienen?”, se cuestionó.
Mientras que, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, de entrada, la oposición en el Poder Legislativo no podría utilizarlas por cuestión aritmética, es decir porque juntos no reúnen a un tercio de la representación en las cámaras de diputados ni en la de senadores.
“LA OPCIÓN ES ESTIRAR LA LIGA”
Ante ese escenario, el académico de la Universidad de Guadalajara y ex presidente del Colegio de Jalisco, planteó que sería absurdo que ellos presentaran una controversia constitucional para ser analizada por ellos mismos; en tanto que la acción de inconstitucionalidad no procede, porque no se reúne el 33% de ninguna de las cámaras, “la única vía y mecanismo que les queda es estirar la liga del amparo a ver hasta dónde se les rompe”, dijo.
Y entonces -planteó-, en una interpretación teleológica, sistemática y funcional, van a decir que se violaron derechos humanos en el proceso, no se van a ir al contenido, se van a ir solamente al proceso y van a argumentar que se falló en el principio de deliberación democrática. Es lo que van a cuestionar porque esta legislatura acaba de entrar y no tuvo oportunidad de discutirla, que quien la había discutido era la anterior legislatura, entonces creo que se van a ir por ahí.
Hurtado González especuló también que el pleno de la SCJN va a atraer los casos de los amparos que se han presentado y que se presentarán en los días posteriores a la reforma, porque tiene facultades para atraerlo cuando lo considere de trascendencia o importancia nacional, “entonces va a ser un amparo indirecto en revisión y de ahí van a emitir su sentencia de que esa reforma constitucional es inconstitucional, porque no se cumplieron los procedimientos de calidad por decirlo, no de cantidad que debe contener la reforma constitucional, que es el principio de deliberación democrática, la debida discusión, porque aritméticamente no tendrían ninguna posibilidad, no les da, no pueden decir que hubo fraude porque no eran las dos terceras partes de los diputados o de los senadores, porque no se reunieron las 23 legislaturas”.
Se van a ir -dijo-, por la violación del principio de deliberación democrática, pienso que sería por ahí y van a tratar de declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, por primera vez en México, a sabiendas de que la Corte no tiene ninguna facultad para hacer eso. Y si nosotros partimos del principio básico del derecho público, que dice que las autoridades solamente pueden hacer aquello que las leyes les faculta explícitamente hacer, entonces la Corte estaría usurpando facultades porque en ningún lado, absolutamente ningún lado de la Constitución y de ninguna ley, dice que la Corte tenga facultades para controlar las reformas constitucionales.
LOS PARTIDOS ESTÁN NULIFICADOS; LA CORTE LLENA ESE SITIO VACÍO
Dejando por un momento de lado el ángulo estrictamente jurídico y cuestionado desde el punto de vista político, el Dr. Javier Hurtado calificó como lamentable que el Poder judicial esté cuestionando esto y vaya a tratar de reaccionar para defender sus intereses, “es decir su pleito es ese, defender sus privilegios, sus lujos, sus corruptelas y para eso van a generar un desmadre constitucional y un enorme problema político, porque si no tiene facultades explícitas para hacer eso y si quieren amacharse y no salirse de donde están, no sé qué pueda pasar… ya dijo el presidente están caminando en un pantano y entre más caminan más se hunden”.
Yo creo -abundó-, que la reforma va a salir adelante, porque también es cierto que los órganos en los que son depositarios de la voluntad popular, lo han aprobado y tú no puedes pasar por alto eso, aunque se haya violado el procedimiento, máximo y cuando no tienes facultades para hacerlo.
Consideró a la vez, que los partidos políticos de oposición en México están totalmente nulificados y por ello se ha crecido peligrosamente la figura de la SCJN y así se expresó: “Los partidos políticos no tienen ninguna posibilidad de hacer nada, porque no tienen el 33% para sentar una acción de inconstitucionalidad, si es que procediera una acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales; en entendido de que las acciones de inconstitucionalidad se presentan sobre leyes no sobre reformas constitucionales, entonces no tienen ninguna posibilidad, ellos tampoco tienen legitimidad y personería para presentar una acción de inconstitucionalidad o controversia”.
“Los partidos políticos están acabados y debido precisamente a la debilidad de los partidos políticos, quién se crece es la Suprema Corte que está actuando como un poder de oposición, como un congreso de oposición en contra del Ejecutivo; es un poder de oposición al Ejecutivo y al Legislativo. Ante la debilidad de los partidos políticos es la SCJN la que se está creciendo y eso es muy peligroso, porque sería tanto como la dictadura de los jueces, para los que hablan de la “presunta dictadura popular”, por el resultado de las elecciones; pues es peor la dictadura de los jueces, yo prefiero la dictadura popular que la de los jueces”, planteó.
Finalmente, el abogado constitucionalista Javier Hurtado, censuró el post que subió a la red social X el pasado 10 de septiembre, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, en el que hizo suya la frase inolvidable del caudillo del Sur, Emiliano Zapata, tuiteando: “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”.
Lo que acaba de subir la señora Piña -dijo-, me parece muy grave, esa es una incitación a la rebelión y eso es delito, estos señores, no tienen límite, están dispuestos a generar un enorme problema político, de grandes proporciones, con tal de defender sus privilegios, que por cierto no están amenazados, porque el décimo transitorio del decreto de reforma aprobado, dice claramente que se le respetarán a los trabajadores todo sus derechos laborales todos sus prestaciones y sus condiciones generales de trabajo y dice también que los magistrados y jueces que no se quieran someter al proceso de elección que van a ser liquidados con tres meses de sueldo y 20 días por cada año de servicios, qué es lo que marca la ley. Entonces no hay ninguna violación de derechos laborales ellos están inventando cosas para plantear un problema de poder político, pero ellos están luchando ya no tanto por sus lujos y sus excesos que están garantizados, sino que ellos están luchando por poder político, ese es el grave problema del estado mexicano.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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