NACIONALES
Cómo evitar una elección de Estado
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
EL PRÓXIMO día 2 de junio, día de los comicios electorales en este 2024, habrá una “elección de Estado”.
¿Qué significa esto?
Que el gobierno de la llamada “cuarta transformación” utilizará todo el aparato público, todos los recursos a su alcance, la influencia de 23 gobernadoras y gobernadores, las fuerzas armadas y hasta el aparato electoral, para sacar adelante a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Se antoja entonces poner sobre la mesa una pregunta a la coalición “Fuerza y Corazón por México”, opositora a MORENA: ¿Cuentan con la suficiente estructura (recursos humanos y económicos) para movilizar a su gente el “Día D” y conducirla a las casillas, pero más allá de eso, están listos con todo un aparato necesario para defender el voto?
Este cuestionamiento lo hice a la secretaria de organización del comité ejecutivo nacional del PRI –Graciela Ortiz-, durante su más reciente visita a Hermosillo y la respuesta fue la exposición de un gran deseo: “Estamos preparándonos”.
A estas alturas de la campaña, todos sabemos que la fórmula para que MORENA no arrase en los comicios y, más aún, que sus opositores puedan aspirar al triunfo, es que acuda a las urnas cuando menos el 60 por ciento del total del padrón electoral, que se acerca a los cien millones de ciudadanas y ciudadanos.
Porque el gobierno de López Obrador, movilizará a 20 millones de personas, -entre adultos mayores, jóvenes becados y grupos indígenas- y siendo generosos pudiera obtener cinco millones de votos más, pero una oposición participativa igualaría ese número de votos e incluso, podría superarlo hasta llegar a 30 millones.
Claro, repetimos, la fórmula es que salgan a votar.
Y es que el aparato de Estado del Presidente no se conformará con la movilización. Hay “jugadas de una perversidad mayor” en aras de derrotar a los adversarios.
Por ejemplo, algo inédito: El ejército se encargará de vigilar, supervisar y hasta controlar todos los movimientos que se produzcan en las casillas electorales a lo largo y ancho de la república. Es parte de la “militarización” que nos han impuesto.
Como sabemos, AMLO le ha entregado un poder extraordinario a los mandos del ejército mexicano: el control de los aeropuertos, las aduanas, la distribución de medicinas y más allá de eso, los puso como encargados de la obra pública. Las grandes obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y hasta las nuevas vías del tren de Nogales a Ímuris, en Sonora, están a cargo de las fuerzas armadas.
Y como también es de nuestro conocimiento, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene como parte de su estructura al Banco del Ejército. Bueno, pues ha trascendido que la forma de pago a las empresas contratadas para realizar dichas obras, no es vía transferencia o con cheque, sino que es en efectivo.
Desde luego, todo se justifica ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), basados en el cumplimiento de un contrato que si bien no pasó por la licitación, sí fue asignado de manera legal. Pero el pago se efectúa por el ejército, en efectivo, y en la entrega-recepción de esos movimientos no hay mayor prueba contable.
Evidentemente, el manejo de efectivo con propósitos electorales por el gobierno federal podrá justificarse de muchas maneras y hasta “lavarlo” dentro de la Ley.
Hace unos cuantos días, se informó que existen entre 4.5 y 5 millones de credenciales de elector que, o bien no han sido reclamadas por sus titulares o algunos de estos últimos ya han desaparecido. ¿Alguien podría utilizar gran parte de ese número de credenciales para ayudar a una elección de Estado? La respuesta sería, sin duda, afirmativa.
El gobierno tiene el suficiente dinero para cubrir todo el territorio nacional de representantes y vigilantes de las casillas en las 32 entidades. La pregunta es si la oposición cuenta con el dinero y las y los ciudadanos que estén al pendiente de las casillas, pero sobre todo, que al final de la jornada de este 2 de junio, supervisen el buen movimiento de las urnas en el traslado a los organismos electorales.
El año 2021, en Sonora, se dejó constancia por varios testimoniales, que la oposición se retiró (o fue retirada con “incentivos”) de las casillas y los representantes de MORENA dispusieron de las actas. Hubo resultados oficiales en los que los candidatos del gobierno le aplicaron “zapato” a los opositores. Es decir, llegaron actas a los comités municipales electorales con resultados de 850-0.
Si en todo el país la oposición “se está preparando” para defender el voto como dice Graciela Ortiz, 40 días no serán suficientes para armar ese ejército de defensa.
Y en el específico caso de Sonora, el dirigente priista en el Estado, Rogelio Díaz Brown, informó que se requieren alrededor de 36 mil ciudadanas y ciudadanos (entre titulares y suplentes) para la representación y vigilancia de las casillas el “día D”.
Ante esto, “Roger” aseguró que se trabaja para ese efecto y esperaba tener éxito.
¿Estará preparada la oposición para vigilar y defender el voto el 2 de junio, ante una evidente elección de Estado?
Los hechos hablarán.
Y lo determinante será la participación ciudadana. Si acude a las urnas mínimo el 60 por ciento del total del padrón electoral, será muy difícil para el Presidente y MORENA manipular algún resultado en contra.
– Por Francisco Junco
El vicealmirante Salvador Camargo Vivero promovió un amparo para evitar una posible detención en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El recurso fue presentado por su abogado, Daniel Jiménez Valencia, quien precisó que su cliente no se encuentra actualmente en México, pero planea regresar en los próximos días.
La defensa solicitó protección judicial en el caso penal 305/2025, derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
El expediente apunta a operaciones irregulares registradas durante la gestión de Camargo al frente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, entre febrero de 2024 y febrero de 2025.
Un exfuncionario portuario identificado como HRV declaró que en ese periodo habrían ingresado entre 20 y 23 embarcaciones con carga irregular.
Entre ellas destacó el buque Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo con 10 millones de litros de diésel provenientes de Estados Unidos, declarados falsamente como aditivo de aceites.
Según el testigo, Camargo y Javier Antonio Martínez, entonces gerente de Administración y Finanzas, autorizaron su ingreso por la aduana 290.
Martínez ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, lo que incrementó las sospechas sobre la participación del vicealmirante.
Sin embargo, en la demanda de amparo, la defensa sostuvo que Camargo no ha recibido notificación alguna que lo vincule directamente al proceso y que, además, las decisiones aduaneras no eran de su competencia.
El abogado también argumentó que Camargo dejó la dirección de ASIPONA dos meses antes de la incautación del Challenge Procyon, por lo que no tendría responsabilidad en los hechos más recientes.
Pese a ello, el juez Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó conceder la suspensión inmediata contra una posible detención y dio un plazo de cinco días a la defensa para aclarar la demanda.
Hasta el momento, el abogado Jiménez Valencia no ha respondido al requerimiento judicial, lo que mantiene en duda si el amparo será admitido o desechado.
Este caso forma parte de las indagatorias de la FGR sobre contrabando de combustibles en el Golfo de México, un delito que representa pérdidas millonarias para el Estado y que ha expuesto presuntos actos de corrupción en estructuras portuarias y navales.
JALISCO
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
– Por Mario Ávila
Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.
Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.
Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.
“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.
– Por Mario Ávila
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.
El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.
La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
Presentan la Octava edición de Tecalitlán Los Sones
Vicealmirante solicita amparo ante indagatoria por huachicol fiscal
MC relanza iniciativa por igualdad salarial en el deporte
Impulsan campaña para prevenir el uso de taxis y plataformas pirata en Jalisco
