NACIONALES
Cómo evitar una elección de Estado
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
EL PRÓXIMO día 2 de junio, día de los comicios electorales en este 2024, habrá una “elección de Estado”.
¿Qué significa esto?
Que el gobierno de la llamada “cuarta transformación” utilizará todo el aparato público, todos los recursos a su alcance, la influencia de 23 gobernadoras y gobernadores, las fuerzas armadas y hasta el aparato electoral, para sacar adelante a su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Se antoja entonces poner sobre la mesa una pregunta a la coalición “Fuerza y Corazón por México”, opositora a MORENA: ¿Cuentan con la suficiente estructura (recursos humanos y económicos) para movilizar a su gente el “Día D” y conducirla a las casillas, pero más allá de eso, están listos con todo un aparato necesario para defender el voto?
Este cuestionamiento lo hice a la secretaria de organización del comité ejecutivo nacional del PRI –Graciela Ortiz-, durante su más reciente visita a Hermosillo y la respuesta fue la exposición de un gran deseo: “Estamos preparándonos”.
A estas alturas de la campaña, todos sabemos que la fórmula para que MORENA no arrase en los comicios y, más aún, que sus opositores puedan aspirar al triunfo, es que acuda a las urnas cuando menos el 60 por ciento del total del padrón electoral, que se acerca a los cien millones de ciudadanas y ciudadanos.
Porque el gobierno de López Obrador, movilizará a 20 millones de personas, -entre adultos mayores, jóvenes becados y grupos indígenas- y siendo generosos pudiera obtener cinco millones de votos más, pero una oposición participativa igualaría ese número de votos e incluso, podría superarlo hasta llegar a 30 millones.
Claro, repetimos, la fórmula es que salgan a votar.
Y es que el aparato de Estado del Presidente no se conformará con la movilización. Hay “jugadas de una perversidad mayor” en aras de derrotar a los adversarios.
Por ejemplo, algo inédito: El ejército se encargará de vigilar, supervisar y hasta controlar todos los movimientos que se produzcan en las casillas electorales a lo largo y ancho de la república. Es parte de la “militarización” que nos han impuesto.
Como sabemos, AMLO le ha entregado un poder extraordinario a los mandos del ejército mexicano: el control de los aeropuertos, las aduanas, la distribución de medicinas y más allá de eso, los puso como encargados de la obra pública. Las grandes obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y hasta las nuevas vías del tren de Nogales a Ímuris, en Sonora, están a cargo de las fuerzas armadas.
Y como también es de nuestro conocimiento, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene como parte de su estructura al Banco del Ejército. Bueno, pues ha trascendido que la forma de pago a las empresas contratadas para realizar dichas obras, no es vía transferencia o con cheque, sino que es en efectivo.
Desde luego, todo se justifica ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), basados en el cumplimiento de un contrato que si bien no pasó por la licitación, sí fue asignado de manera legal. Pero el pago se efectúa por el ejército, en efectivo, y en la entrega-recepción de esos movimientos no hay mayor prueba contable.
Evidentemente, el manejo de efectivo con propósitos electorales por el gobierno federal podrá justificarse de muchas maneras y hasta “lavarlo” dentro de la Ley.
Hace unos cuantos días, se informó que existen entre 4.5 y 5 millones de credenciales de elector que, o bien no han sido reclamadas por sus titulares o algunos de estos últimos ya han desaparecido. ¿Alguien podría utilizar gran parte de ese número de credenciales para ayudar a una elección de Estado? La respuesta sería, sin duda, afirmativa.
El gobierno tiene el suficiente dinero para cubrir todo el territorio nacional de representantes y vigilantes de las casillas en las 32 entidades. La pregunta es si la oposición cuenta con el dinero y las y los ciudadanos que estén al pendiente de las casillas, pero sobre todo, que al final de la jornada de este 2 de junio, supervisen el buen movimiento de las urnas en el traslado a los organismos electorales.
El año 2021, en Sonora, se dejó constancia por varios testimoniales, que la oposición se retiró (o fue retirada con “incentivos”) de las casillas y los representantes de MORENA dispusieron de las actas. Hubo resultados oficiales en los que los candidatos del gobierno le aplicaron “zapato” a los opositores. Es decir, llegaron actas a los comités municipales electorales con resultados de 850-0.
Si en todo el país la oposición “se está preparando” para defender el voto como dice Graciela Ortiz, 40 días no serán suficientes para armar ese ejército de defensa.
Y en el específico caso de Sonora, el dirigente priista en el Estado, Rogelio Díaz Brown, informó que se requieren alrededor de 36 mil ciudadanas y ciudadanos (entre titulares y suplentes) para la representación y vigilancia de las casillas el “día D”.
Ante esto, “Roger” aseguró que se trabaja para ese efecto y esperaba tener éxito.
¿Estará preparada la oposición para vigilar y defender el voto el 2 de junio, ante una evidente elección de Estado?
Los hechos hablarán.
Y lo determinante será la participación ciudadana. Si acude a las urnas mínimo el 60 por ciento del total del padrón electoral, será muy difícil para el Presidente y MORENA manipular algún resultado en contra.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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