NACIONALES
Confrontación de las ideas: Los casos Colosio y Florence Cassez, barrabasadas en torno a la justicia mexicana
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Sobre la justicia en la República Mexicana, se ha dicho y escrito muchísimo, pero en general la conclusión ha sido una: es oscura, defectuosa y cara. Lo primero porque sus entretelones son siempre impredecibles, umbrosos e impenetrables. Lo segundo porque suele ser fragmentaria, incoherente y mediocre; finalmente, costosa, porque cuesta demasiado en relación a lo poco que aporta para el genuino sostén del derecho.
Para acreditar lo anterior, basten algunos ejemplos, con los cuales, siendo hechos indubitables, se deben considerar prueba plena de las barrabasadas que acontecen alrededor de la impartición de justicia en México.
El sucedido quizás más sensacional, se refiere al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, (1950-1994), el malogrado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuesto -el 28 de noviembre de 1993- por “dedazo” del mal recordado Carlos Salinas de Gortari, precisamente cuando la sucesión de este cínico, que mal gobernó a la nación desde 1988 -electo cuando en los comicios de ese año, se cayó el sistema electoral y se cometió uno de los fraudes mayores en la historia de la democracia nacional- hasta el último de noviembre de 1994, en que entregó el poder al anodino Ernesto Zedillo Ponce de León.
Bien, al respecto se asegura que la gota que derramó el vaso, en cuanto a la disconformidad de Salinas y algunos de sus cercanos colaboradores (como el intrigante José Ma. Córdoba Montoya), con el joven Colosio, fue el discurso que pronunció frente al monumento de la Revolución Mexicana en la capital federal, con motivo del aniversario del PRI, el 6 de marzo de 1994. Allí, en vibrante pieza oratoria, expresó: “Veo un México de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso; …Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.”
Y remató el entonces aspirante presidencial del PRI: “Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. […] Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno.” Estas aseveraciones, definieron la triste suerte del abanderado de un priismo cuya ideología nacionalista, estaba por desaparecer. Y lo peor sobrevino el 23 de marzo, cuando en Lomas Taurinas, colonia popular de Tijuana, Baja California, un dizque asesino solitario (lo cual es increíble) terminó con la existencia del candidato presidencial. El nombre del homicida es Mario Aburto Martínez, nativo de Michoacán. Ese mismo día por la noche, fue interrogado por Manlio Favio Beltrones, gobernador de Sonora 1991-1997: no sabemos porqué se le permitió tal examen, pero sí se expuso desde ese día, que el sujeto presentado poco después era diferente al detenido, así como corrió el rumor de que el disimulado autor intelectual del magnicidio, era ni más ni menos que el villano de Agualeguas, -pueblito neoleonés que presumía como raíz de su linaje- mote con que se conocía a Salinas de Gortari.
Como quiera que sea, al presunto criminal michoacano -de 23 años de edad- se le juzgó con las reglas del código penal federal, lo cual fue una incoherencia, pues el homicidio es delito del fuero común. Sin embargo, las fuertes coerciones políticas y los indudables tremendos cuanto tenebrosos intereses que sobre el asunto convergían, evitaron una real investigación para encontrar a los autores intelectuales; se sostuvo que el proceso era de orden federal porque se había utilizado un arma (lo cual, su uso y portación, es regulado federalmente) cosa que sucede en todo homicidio; y que el fallecido era candidato y la elección en que participaría se regía por la ley electoral federal, lo cual es otra falacia, porque el hecho registrado no era de orden electoral, sino una privación ilícita de la vida, típico delito del fuero común.
Pero nada ni nadie hizo mayor cosa por corregir las incoherencias legales mencionadas, incluyendo torturas, aislamientos inhumanos, amenazas, falta de abogado defensor y presiones de todo tipo. Finalmente, se fulminó al acusado Aburto con 45 años de prisión, aunque debemos saber que, en noviembre de 1994, un juez le dictó sentencia de 42 años de prisión, a purgar en el penal de Almoloya de Juárez; luego se le aumentó a 48 años de reclusión, pero por amparos y recursos legales, se le redujo a los mencionados 45 años. Todo conforme la legislación federal.
Por gestiones de un luchón cuanto inteligente abogado, (Jesús González Schmal) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (con recomendación de 2021 para reabrir el expediente), e incluso el apoyo de la Defensoría Pública Federal, se logró que en 2022 se reabriera el asunto, con la anuencia de la Fiscalía General de la República. Y ahora, ya con el visto bueno de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia, se acreditaron las innumerables discordancias legales existentes en el caso, por lo que se deberá aplicar la penalidad que establecía el código penal bajacaliforniano, cuya máxima sanción es de 30 años. En consecuencia, es muy probable que Mario Aburto, recobre su libertad en marzo del año venidero.
Numerosos procedimientos podríamos citar para probar lo desfigurada que es la justicia mexicana, en todos los órdenes, es decir, tanto del ámbito federal como del fuero estatal. Pero solo bástenos otro sumario sin parangones, por lo injusto y desaseado. Nos referimos al de Florence Marie Louise Cassez Crépin (mejor citada solo como Florence Cassez) y de su novio, Israel Vallarta Cisneros, dizques miembros de una supuesta banda llamada “los zodíacos”, que secuestraba y cometía delitos diversos.
Los dos fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005, al salir del rancho Las Chinitas (cercanías de la ciudad de México), al que acudieron policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), jefaturada por Genaro García Luna, a quien apoyó su colaborador, Luis Cárdenas Palomino, ambos pájaros de cuenta ahora prisioneros, uno en Estados Unidos (condenado por colaborar con bandas de narcotraficantes mexicanos cuando fue secretario de seguridad pública con Felipe Calderón) y el segundo, preso en el penal del Altiplano (Estado de México) desde 2021, cuando se le aprehendió por la comisión del ilícito de tortura, en agravio de Israel Vallarta y Florence Cassez.
Esa detención, fue recreada después de su real registro, para que la filmaran los dos principales medios de comunicación televisivos del país, destacando entre sus conductores el lector de noticias y comentócrata Carlos Loret de Mola, ampuloso periodista que, gracias a sus desleales comportamientos informativos, es conocido como “Lord Montajes”. El tema se prestó para novelas, documentales y hasta series de televisión. La “francesa” Florence, fue sentenciada originalmente a 96 años de prisión -según la prensa- en abril de 2008, y luego rebajada la condena tres años después a 60 años.
Como el asunto resintió muchísimas irregularidades, llegó a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y en su momento (2011) el ministro Arturo Zaldívar, estableció que, en efecto, se habían probado esas anomalías procesales y que por ello debería ser liberada. Pero sus colegas no lo respaldaron y la “francesa” continuó presa. Sin embargo, bajo presiones diplomáticas de Francia, y ante las evidencias de las violaciones a los derechos de la antedicha, el 23 de enero de 2013, la SCJN le otorgó un amparo y dictó su liberación, al encontrar alteraciones graves en el debido trámite procedimental.
Ese mismo día, Cassez salió de México para regresar a su patria. (El País, 23 de enero 2013). Empero, Israel Vallarta no tuvo la misma suerte, y hasta la fecha sigue prisionero esperando que la justicia por fin, le reconozca sus derechos y lo deje en libertad: esto es un caso de extrema injusticia, y que inexplicablemente no se ha resuelto, lo cual avala nuestro aserto: la justicia mexicana es oscura, fragmentaria, costosa y muy mediana.
Muchos otros ejemplos podríamos traer para comentarlos y recontraprobar lo que decimos. Pero como con un botón basta, ahora, para no dejar dudas, trajimos a cuenta dos muestras de las barrabasadas de los jueces que padecemos. De allí la urgencia de una reforma de fondo al poder judicial, tanto del ramo federal como del de los Estados, porque los desaguisados y disparates que cometen, están a la orden del día y como siempre, todo en perjuicio del pueblo, del derecho y finalmente de la nación.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
– Por José Modesto Barros Romo
En los próximos meses se pretende que México actualice sus reglas fiscales para 2025-2026. El objetivo principal es que el Estado recaude mejor, especialmente revisando lo que ocurre en plataformas digitales, como tiendas en línea, apps de servicio, streaming, intermediarios, etc.
La idea es que las autoridades tengan más herramientas tecnológicas para supervisar estas operaciones y a final de cuentas poder obtener más ingresos tributarios.
Una de las propuestas más fuertes es que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso “en línea y en tiempo real” a información como transacciones, pagos, usuarios y movimientos. Esto serviría para detectar ingresos que no se declaran o se ocultan. Pero esta medida genera preocupación sobre la privacidad y sobre cuánta libertad tendría la autoridad para revisar datos delicados.
Las plataformas también podrían tener que actuar como retenedoras de impuestos: es decir, al momento de pagar a un vendedor o creador, deducir un porcentaje de ISR o IVA y entregarlo al SAT. Dependiendo de si el vendedor cuenta con RFC o vive en México o en el extranjero, las tasas serán distintas.
¿Qué significa esto para el ciudadano-consumidor?
Algunas de las cargas adicionales que tengan las plataformas podrían trasladarlas a los precios de bienes o servicios. En otras palabras: podríamos ver aumentos en tarifas, comisiones o precios de productos digitales. Ya hay advertencias de que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) que venden por internet tienen márgenes pequeños, así que retener más impuestos podría complicar su operación.
Para quienes usan las plataformas para generar ingresos (vender productos, ofrecer servicios, ser creadores), los cambios van a sentirse más directos: tendrán más obligaciones fiscales, retenciones automáticas, necesidad de declarar mejor, emitir comprobantes, y estar sujetos a mayor escrutinio. Si alguien no cumple correctamente, podría tener sanciones, bloqueos o pérdidas de beneficios.
También hay riesgos en cuanto a la protección de datos y derechos digitales. Que una autoridad tenga acceso frecuente a información operativa de plataformas puede abrir la puerta a abusos si no hay límites claros. Por eso es clave que en la ley queden salvaguardas para evitar revisiones arbitrarias y para que los ciudadanos tengan capacidad de defensa.
Pero no todo es negativo. Si las reformas se aplican con justicia, podrían disminuir la evasión fiscal, hacer que más personas participen formalmente en la economía y generar más ingresos para servicios públicos: salud, educación, obra pública. Eso beneficiaría indirectamente a todos.
En resumen: estas reformas pueden cambiar no solo cómo funciona el comercio digital, sino también qué tan gravosos son los costos para los que consumen, venden o participan en plataformas. Será clave que quienes diseñen las leyes mantengan un equilibrio entre recolectar lo justo y no cargar excesivamente al ciudadano común.
Estado actual de estas propuestas:
- El Gobierno de México ya presentó el Paquete Económico Federal para el año 2026, que incluye la Miscelánea Fiscal y propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, al ISR, al IVA, entre otras disposiciones.
- En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya se aprobó un dictamen que reforma disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de combatir a las empresas factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
- También ha habido avances en la aprobación de la Miscelánea Fiscal en comisiones del Congreso, con ajustes a impuestos como el de tabaco, bebidas azucaradas, videojuegos, etc.
- Sin embargo, aún quedan etapas por cumplirse: discusión en lo particular, votaciones en pleno en ambas cámaras (Diputados y Senado), posibles modificaciones, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor.
NACIONALES
Cámara de Diputados exhorta a la SICT a pagar adeudo histórico de más de dos Décadas a Comunidad Indígena de Mezquitán
– Por Raúl Cantú
La Cámara de Diputados ha respondido al llamado de la Comunidad Indígena de Mezquitán, aprobando un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a cumplir con el ordenamiento judicial y pagar la indemnización pendiente desde 2004 por la ocupación de sus tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Esta decisión histórica representa un avance crucial en una lucha de más de 21 años, marcada por el incumplimiento de convenios firmados en su momento sin la debida compensación.
La aprobación del Pleno surge como respuesta directa a una carta enviada por la Comunidad Indígena de Mezquitán al Pleno de la Cámara en agosto de 2025, en la que solicitaban la intervención legislativa para resolver esta injusticia persistente.
A pesar de contar con sentencias favorables emitidas por los Tribunales Agrarios, la comunidad ha enfrentado durante más de dos décadas una burocracia federal insensible que ha retrasado el pago justo ordenado por ley.
La Comunidad Indígena de Mezquitán, reconoce y agradece profundamente el liderazgo del diputado jalisciense Alberto Maldonado Chavarín, coordinador de los diputados federales de Jalisco y del grupo parlamentario de Morena, quien atendió la solicitud de la comunidad e impulsó decididamente este punto de acuerdo en el recinto legislativo.
Su compromiso ha sido clave para visibilizar y avanzar en esta causa indígena, convirtiendo el clamor de Mezquitán en una resolución formal del Poder Legislativo.
La comunidad extiende un sincero agradecimiento al resto de las diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias de la actual Legislatura Federal, cuya solidaridad y voto unánime transformaron la petición en un exhorto oficial, demostrando un apoyo transversal a los derechos de las comunidades indígenas.
«La aprobación de este punto de acuerdo prueba que nuestra voz fue escuchada.
Enviamos nuestra carta al Pleno en agosto con la esperanza de ser atendidos, y hoy la Cámara de Diputados responde a nuestro clamor. Agradecemos a todos los legisladores, con el diputado Maldonado al frente, por hacer suya nuestra lucha y proponer este avance histórico”.
Ahora exigimos que la SICT acate sin demora este exhorto, en los términos de las sentencias agrarias», declararon representantes de la comunidad.
La Comunidad Indígena de Mezquitán confía en que la SICT atenderá de inmediato el exhorto de la Cámara de Diputados, saldando esta deuda histórica y poniendo fin a décadas de marginación. Este pago justo no solo reparará el daño causado, sino que honrará los derechos ancestrales de la comunidad.
Gobierno de Jalisco entrega más de 2.5 millones de pesos a familias afectadas en Puerto Vallarta
Gobierno de Zapopan entrega apoyos a familias y negocios afectados por lluvias en La Martinica
A más de 79 mil jaliscienses llega “Yo Jalisco” en 39 municipios
Entrega Senado 10 tráileres con víveres para ayudar a damnificados
