Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Sobre la justicia en la República Mexicana, se ha dicho y escrito muchísimo, pero en general la conclusión ha sido una: es oscura, defectuosa y cara. Lo primero porque sus entretelones son siempre impredecibles, umbrosos e impenetrables. Lo segundo porque suele ser fragmentaria, incoherente y mediocre; finalmente, costosa, porque cuesta demasiado en relación a lo poco que aporta para el genuino sostén del derecho.

Para acreditar lo anterior, basten algunos ejemplos, con los cuales, siendo hechos indubitables, se deben considerar prueba plena de las barrabasadas que acontecen alrededor de la impartición de justicia en México.

El sucedido quizás más sensacional, se refiere al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, (1950-1994), el malogrado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuesto -el 28 de noviembre de 1993- por “dedazo” del mal recordado Carlos Salinas de Gortari, precisamente cuando la sucesión de este cínico, que mal gobernó a la nación desde 1988 -electo cuando en los comicios de ese año, se cayó el sistema electoral y se cometió uno de los fraudes mayores en la historia de la democracia nacional- hasta el último de noviembre de 1994, en que entregó el poder al anodino Ernesto Zedillo Ponce de León.

Bien, al respecto se asegura que la gota que derramó el vaso, en cuanto a la disconformidad de Salinas y algunos de sus cercanos colaboradores (como el intrigante José Ma. Córdoba Montoya), con el joven Colosio, fue el discurso que pronunció frente al monumento de la Revolución Mexicana en la capital federal, con motivo del aniversario del PRI, el 6 de marzo de 1994. Allí, en vibrante pieza oratoria, expresó: “Veo un México de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso; …Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.”

Y remató el entonces aspirante presidencial del PRI: “Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades; que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones; que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. […] Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del gobierno.” Estas aseveraciones, definieron la triste suerte del abanderado de un priismo cuya ideología nacionalista, estaba por desaparecer. Y lo peor sobrevino el 23 de marzo, cuando en Lomas Taurinas, colonia popular de Tijuana, Baja California, un dizque asesino solitario (lo cual es increíble) terminó con la existencia del candidato presidencial. El nombre del homicida es Mario Aburto Martínez, nativo de Michoacán. Ese mismo día por la noche, fue interrogado por Manlio Favio Beltrones, gobernador de Sonora 1991-1997: no sabemos porqué se le permitió tal examen, pero sí se expuso desde ese día, que el sujeto presentado poco después era diferente al detenido, así como corrió el rumor de que el disimulado autor intelectual del magnicidio, era ni más ni menos que el villano de Agualeguas, -pueblito neoleonés que presumía como raíz de su linaje- mote con que se conocía a Salinas de Gortari.

Como quiera que sea, al presunto criminal michoacano -de 23 años de edad- se le juzgó con las reglas del código penal federal, lo cual fue una incoherencia, pues el homicidio es delito del fuero común. Sin embargo, las fuertes coerciones políticas y los indudables tremendos cuanto tenebrosos intereses que sobre el asunto convergían, evitaron una real investigación para encontrar a los autores intelectuales; se sostuvo que el proceso era de orden federal porque se había utilizado un arma (lo cual, su uso y portación, es regulado federalmente) cosa que sucede en todo homicidio; y que el fallecido era candidato y la elección en que participaría se regía por la ley electoral federal, lo cual es otra falacia, porque el hecho registrado no era de orden electoral, sino una privación ilícita de la vida, típico delito del fuero común.

Pero nada ni nadie hizo mayor cosa por corregir las incoherencias legales mencionadas, incluyendo torturas, aislamientos inhumanos, amenazas, falta de abogado defensor y presiones de todo tipo. Finalmente, se fulminó al acusado Aburto con 45 años de prisión, aunque debemos saber que, en noviembre de 1994, un juez le dictó sentencia de 42 años de prisión, a purgar en el penal de Almoloya de Juárez; luego se le aumentó a 48 años de reclusión, pero por amparos y recursos legales, se le redujo a los mencionados 45 años. Todo conforme la legislación federal.

Por gestiones de un luchón cuanto inteligente abogado, (Jesús González Schmal) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (con recomendación de 2021 para reabrir el expediente), e incluso el apoyo de la Defensoría Pública Federal, se logró que en 2022 se reabriera el asunto, con la anuencia de la Fiscalía General de la República. Y ahora, ya con el visto bueno de varios ministros de la Suprema Corte de Justicia, se acreditaron las innumerables discordancias legales existentes en el caso, por lo que se deberá aplicar la penalidad que establecía el código penal bajacaliforniano, cuya máxima sanción es de 30 años. En consecuencia, es muy probable que Mario Aburto, recobre su libertad en marzo del año venidero.

Numerosos procedimientos podríamos citar para probar lo desfigurada que es la justicia mexicana, en todos los órdenes, es decir, tanto del ámbito federal como del fuero estatal. Pero solo bástenos otro sumario sin parangones, por lo injusto y desaseado. Nos referimos al de Florence Marie Louise Cassez Crépin (mejor citada solo como Florence Cassez) y de su novio, Israel Vallarta Cisneros, dizques miembros de una supuesta banda llamada “los zodíacos”, que secuestraba y cometía delitos diversos.

Los dos fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005, al salir del rancho Las Chinitas (cercanías de la ciudad de México), al que acudieron policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), jefaturada por Genaro García Luna, a quien apoyó su colaborador, Luis Cárdenas Palomino, ambos pájaros de cuenta ahora prisioneros, uno en Estados Unidos (condenado por colaborar con bandas de narcotraficantes mexicanos cuando fue secretario de seguridad pública con Felipe Calderón) y el segundo, preso en el penal del Altiplano (Estado de México) desde 2021, cuando se le aprehendió por la comisión del ilícito de tortura, en agravio de Israel Vallarta y Florence Cassez.

Esa detención, fue recreada después de su real registro, para que la filmaran los dos principales medios de comunicación televisivos del país, destacando entre sus conductores el lector de noticias y comentócrata Carlos Loret de Mola, ampuloso periodista que, gracias a sus desleales comportamientos informativos, es conocido como “Lord Montajes”. El tema se prestó para novelas, documentales y hasta series de televisión. La “francesa” Florence, fue sentenciada originalmente a 96 años de prisión -según la prensa- en abril de 2008, y luego rebajada la condena tres años después a 60 años.

Como el asunto resintió muchísimas irregularidades, llegó a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y en su momento (2011) el ministro Arturo Zaldívar, estableció que, en efecto, se habían probado esas anomalías procesales y que por ello debería ser liberada. Pero sus colegas no lo respaldaron y la “francesa” continuó presa. Sin embargo, bajo presiones diplomáticas de Francia, y ante las evidencias de las violaciones a los derechos de la antedicha, el 23 de enero de 2013, la SCJN le otorgó un amparo y dictó su liberación, al encontrar alteraciones graves en el debido trámite procedimental.

Ese mismo día, Cassez salió de México para regresar a su patria. (El País, 23 de enero 2013). Empero, Israel Vallarta no tuvo la misma suerte, y hasta la fecha sigue prisionero esperando que la justicia por fin, le reconozca sus derechos y lo deje en libertad: esto es un caso de extrema injusticia, y que inexplicablemente no se ha resuelto, lo cual avala nuestro aserto: la justicia mexicana es oscura, fragmentaria, costosa y muy mediana.

Muchos otros ejemplos podríamos traer para comentarlos y recontraprobar lo que decimos. Pero como con un botón basta, ahora, para no dejar dudas, trajimos a cuenta dos muestras de las barrabasadas de los jueces que padecemos. De allí la urgencia de una reforma de fondo al poder judicial, tanto del ramo federal como del de los Estados, porque los desaguisados y disparates que cometen, están a la orden del día y como siempre, todo en perjuicio del pueblo, del derecho y finalmente de la nación.