NACIONALES
Corrupción: Enfermedad incurable
Opinión, por Iván Arrazola //
Se podría pensar que el país ha llegado a un punto crítico tras la publicación del índice de Corrupción 2024. Durante su gestión, López Obrador afirmó que la corrupción debía catalogarse como una enfermedad y llegó a declarar que en su gestión: “Se acabó la corrupción”. Sin embargo, la realidad parece estar alcanzando a un gobierno que hizo del combate a la corrupción su principal bandera.
Transparencia Internacional ha ubicado a México en la posición 140 de 180 países, con una calificación de 26 sobre 100 puntos posibles en la medición que hizo sobre la corrupción en el año 2024. Este resultado refleja un deterioro en los indicadores de percepción de la corrupción en el país. Durante el sexenio anterior, la mejor posición alcanzada fue en 2022, cuando México se situó en el lugar 126 con una puntuación de 31 puntos.
De acuerdo con Transparencia Internacional, varios factores explican este descenso. En primer lugar, persiste la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de reformas en materia de transparencia, anticorrupción y el Poder Judicial, lo que genera desconfianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
Además, ha habido un incremento en los casos de corrupción a nivel estatal, muchos de los cuales involucran al crimen organizado. A esto se suma el aumento en el número de empresas identificadas como fantasma o controladas por el crimen organizado, que continúan recibiendo contratos gubernamentales sin consecuencias significativas.
Otro factor clave es la baja efectividad en la aplicación de sanciones por responsabilidades administrativas, lo que fomenta la impunidad y permite que funcionarios y actores privados continúen con prácticas corruptas sin consecuencias reales. Finalmente, la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la llamada Estafa Maestra y Segalmex refuerza la percepción de que en México la corrupción no solo persiste, sino que sigue sin ser castigada de manera efectiva.
La respuesta de la presidenta no tardó en llegar. Si bien evitó el error de desviar la discusión afirmando que tiene “otros datos”, sostuvo que el índice que mide la corrupción no refleja la percepción de la gente.
En su declaración, aseguró: “Afortunadamente, la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación casi se duplicó entre 2018 y 2024 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción.” Asimismo, enfatizó: “¿Cómo se pueden explicar las obras estratégicas que se realizaron, los programas de bienestar y la reducción de nueve millones de personas en situación de pobreza sin una reforma fiscal?”
Para la presidenta, estos resultados evidencian una transformación profunda en la administración pública: “Evidentemente, lo que hay es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y servicio al pueblo, y vamos a continuar.”
Sin embargo, su discurso omite un punto crucial: el índice en cuestión no mide la recaudación fiscal ni la efectividad de los programas de reducción de pobreza, sino la percepción sobre la corrupción en el país. Este enfoque es clave, ya que el informe señala que la corrupción sigue siendo un problema estructural que afecta al gobierno en sus distintos niveles, con especial énfasis en los gobiernos locales.
Uno de los aspectos más cuestionables de su argumento es el relativo a las obras estratégicas, donde ha prevalecido la opacidad. En lugar de reconocer esta problemática, la presidenta insiste en que su gobierno ha erradicado la corrupción, un planteamiento que contrasta con las evidencias presentadas por organismos internacionales.
Ante este escenario, el gobierno debería tomar cartas en el asunto en lugar de desestimar el informe, ya que el combate a la corrupción ha sido su principal bandera. No obstante, su estrategia parece estar más enfocada en desmontar la estructura creada durante el periodo de la alternancia para enfrentar este problema, en lugar de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Sin el INAI, con un Poder Judicial que en cuestión de meses estará subordinado al gobierno y con estructuras institucionales que, lejos de combatir la corrupción, parecen diseñadas para fortalecer un discurso político—como es el caso de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno—el país se encamina hacia una de sus etapas más oscuras en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Desde el propio gobierno se ha impulsado una estrategia de impunidad, evitando sancionar a sus propios integrantes para no asumir costos políticos y, en muchos casos, protegiéndolos activamente. Un ejemplo claro de esto son las reformas a la Ley de Infonavit, justificadas bajo el argumento de combatir la corrupción. Sin embargo, después de seis años de administración, el problema persiste, y uno de los directores señalados ahora ocupa un escaño como legislador de Morena.
La corrupción a quien más termina afectando es a la ciudadanía que deberá pagar las consecuencias por una realidad que el gobierno prefiere evadir.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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