NACIONALES
Corrupción: Enfermedad incurable
Opinión, por Iván Arrazola //
Se podría pensar que el país ha llegado a un punto crítico tras la publicación del índice de Corrupción 2024. Durante su gestión, López Obrador afirmó que la corrupción debía catalogarse como una enfermedad y llegó a declarar que en su gestión: “Se acabó la corrupción”. Sin embargo, la realidad parece estar alcanzando a un gobierno que hizo del combate a la corrupción su principal bandera.
Transparencia Internacional ha ubicado a México en la posición 140 de 180 países, con una calificación de 26 sobre 100 puntos posibles en la medición que hizo sobre la corrupción en el año 2024. Este resultado refleja un deterioro en los indicadores de percepción de la corrupción en el país. Durante el sexenio anterior, la mejor posición alcanzada fue en 2022, cuando México se situó en el lugar 126 con una puntuación de 31 puntos.
De acuerdo con Transparencia Internacional, varios factores explican este descenso. En primer lugar, persiste la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de reformas en materia de transparencia, anticorrupción y el Poder Judicial, lo que genera desconfianza en las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
Además, ha habido un incremento en los casos de corrupción a nivel estatal, muchos de los cuales involucran al crimen organizado. A esto se suma el aumento en el número de empresas identificadas como fantasma o controladas por el crimen organizado, que continúan recibiendo contratos gubernamentales sin consecuencias significativas.
Otro factor clave es la baja efectividad en la aplicación de sanciones por responsabilidades administrativas, lo que fomenta la impunidad y permite que funcionarios y actores privados continúen con prácticas corruptas sin consecuencias reales. Finalmente, la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la llamada Estafa Maestra y Segalmex refuerza la percepción de que en México la corrupción no solo persiste, sino que sigue sin ser castigada de manera efectiva.
La respuesta de la presidenta no tardó en llegar. Si bien evitó el error de desviar la discusión afirmando que tiene “otros datos”, sostuvo que el índice que mide la corrupción no refleja la percepción de la gente.
En su declaración, aseguró: “Afortunadamente, la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación casi se duplicó entre 2018 y 2024 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción.” Asimismo, enfatizó: “¿Cómo se pueden explicar las obras estratégicas que se realizaron, los programas de bienestar y la reducción de nueve millones de personas en situación de pobreza sin una reforma fiscal?”
Para la presidenta, estos resultados evidencian una transformación profunda en la administración pública: “Evidentemente, lo que hay es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y servicio al pueblo, y vamos a continuar.”
Sin embargo, su discurso omite un punto crucial: el índice en cuestión no mide la recaudación fiscal ni la efectividad de los programas de reducción de pobreza, sino la percepción sobre la corrupción en el país. Este enfoque es clave, ya que el informe señala que la corrupción sigue siendo un problema estructural que afecta al gobierno en sus distintos niveles, con especial énfasis en los gobiernos locales.
Uno de los aspectos más cuestionables de su argumento es el relativo a las obras estratégicas, donde ha prevalecido la opacidad. En lugar de reconocer esta problemática, la presidenta insiste en que su gobierno ha erradicado la corrupción, un planteamiento que contrasta con las evidencias presentadas por organismos internacionales.
Ante este escenario, el gobierno debería tomar cartas en el asunto en lugar de desestimar el informe, ya que el combate a la corrupción ha sido su principal bandera. No obstante, su estrategia parece estar más enfocada en desmontar la estructura creada durante el periodo de la alternancia para enfrentar este problema, en lugar de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Sin el INAI, con un Poder Judicial que en cuestión de meses estará subordinado al gobierno y con estructuras institucionales que, lejos de combatir la corrupción, parecen diseñadas para fortalecer un discurso político—como es el caso de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno—el país se encamina hacia una de sus etapas más oscuras en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Desde el propio gobierno se ha impulsado una estrategia de impunidad, evitando sancionar a sus propios integrantes para no asumir costos políticos y, en muchos casos, protegiéndolos activamente. Un ejemplo claro de esto son las reformas a la Ley de Infonavit, justificadas bajo el argumento de combatir la corrupción. Sin embargo, después de seis años de administración, el problema persiste, y uno de los directores señalados ahora ocupa un escaño como legislador de Morena.
La corrupción a quien más termina afectando es a la ciudadanía que deberá pagar las consecuencias por una realidad que el gobierno prefiere evadir.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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