NACIONALES
Dardo envenenado
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Partamos de premisas fáciles. Primera: el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la capacidad mental para decidir entre lo bueno y lo malo; segunda: el presidente conoce los alcances y efectos del desacato a las leyes y resoluciones de los jueces; tercera: el presidente está consciente del impacto de sus palabras y sus actos en el comportamiento de sus seguidores.
Por lo tanto, elaborar y ordenar la aprobación inmediata, sin ejercicios parlamentarios, de leyes que de antemano sabe que van contra las disposiciones constitucionales, presume una intención perversa maquinada con plena consciencia de sus alcances y efectos.
Hacerlo con prisas, respondiendo a la necesidad de los tiempos electorales, implica también perfidia, cuya definición llana es deslealtad, quebrantamiento de la fe debida inherente a su responsabilidad jurada de respetar y hacer respetar la Constitución Política Mexicana y las leyes que de ella derivan.
Al ordenar la aprobación precipitada de cuando menos 20 leyes o disposiciones, sabedor de que serían combatidas por los medios legales, el presidente está lanzando un dardo envenenado a la Suprema Corte de Justicia y sus Ministros.
Obligados como están a la aplicación estricta de la ley, es de esperarse que emitan resoluciones contrarias a lo aprobado velozmente en las cámaras legislativas, y eso igualmente está en el cálculo político presidencial.
Y es un dardo envenenado porque para él, lo importante no es que se discuta sobre el contenido de las leyes aprobadas y si estas son en verdad convenientes y benéficas, sino que la discusión pública verse sobre los villanos ministros que impiden la transformación del régimen corrupto, eje principal de la retórica oficial.
La descalificación y los insultos a los ministros ya son usuales en las conferencias mañaneras y las instrucciones precursoras del desacato ya fueron adelantadas al ordenar a sus secretarios que ni siquiera les contesten el teléfono.
El mensaje es ominoso. Si el presidente de la República, obligado por juramento a respetar la Constitución no lo hace, las premisas enunciadas al inicio traen aparejada la conclusión. Hay perversión en los actos presidenciales encaminados por lo visto a consolidar un régimen en el que la representatividad y la democracia sean solo legitimadores de la voluntad presidencial.
Con un poder legislativo sometido, con el sector militar mediatizado y omnipresente por voluntad presidencial en aspectos sustanciales de la vida civil, el siguiente paso es el sometimiento del poder judicial.
A los militares les ofreció la manzana de la ambición y les abrió la puerta para la ejecución de sus proyectos sin la menor transparencia, lo que es una invitación a la corrupción. Para el poder judicial no hay manzana, solo amenazas, turbas de provocadores a la puerta y discursos de odio para que sus seguidores los multipliquen.
Todo en preparación de lo que será sin duda el golpe final, enmarcado en una reforma del poder judicial que intentará en cuanto logre obtener la mayoría calificada en el Congreso, obligando a su sucesor y heredero continuar con la defenestración de los ministros y constituir una corte de afines y serviles.
Las instrucciones han sido dadas a los gobernadores y a los legisladores de ambas cámaras para concentrarse en el trabajo electoral que le permita contar con mayorías suficientes en el Congreso para aprobar reformas constitucionales que continúen con la desarticulación de los organismos autónomos y convertir al régimen en una autocracia.
La oposición ha cifrado su esperanza en las resoluciones de la Suprema Corte para evitar que las anticonstitucionales reformas prosperen, sin embargo, ante el discurso y la actitud presidencial bien se les puede calificar como cándidos cuando menos.
No existe la intención de acatar los fallos que emita la corte, como tampoco ha existido el cumplimiento de las disposiciones del INE en observancia de las normas para las campañas electorales. Tanto el INE con su actual presidencia y la Suprema Corte tienen la oportunidad de demostrar su independencia y sujeción a la ley, pero la gran duda es si el poder ejecutivo se someterá a los dictados de la autoridad y de la ley. En lo personal lo dudo.
Ya en el pasado el presidente aprovechó el desacato a una resolución judicial para posicionarse electoralmente, y fue la tibieza política del régimen en su momento lo que le permitió hacerlo y postularse a la presidencia de la república.
El ser reincidente no le costaría trabajo, máxime en el momento actual en el que ha acumulado más poder que cualquier otro presidente, salvo Calles y Cárdenas, en los dos últimos siglos, sin que esto le impida llegar a una elección de estado, según se desprende de sus iniciativas en discusión.
En el fondo, el dardo envenenado arrojado a los ministros es un atentado grave al estado de derecho, pues al parecer no existe la intención de respetar, no las decisiones de los ministros por él cuestionados, sino de incumplir las mismas leyes que juró proteger y cumplir. Y quien viola la ley con premeditación y cálculo político es, en términos reales, no un gobernante sino un golpista.
En la conferencia mañanera predomina la intolerancia, el odio, la retórica que alienta al fanatismo, ese que hoy amenaza y amedrenta a los jueces y ministros. La misma horda que aplaude la dichosa transformación que pretende regresar el sistema democrático a la autocracia, donde la voluntad de una sola persona es la ley.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
– Por José Modesto Barros Romo
En los próximos meses se pretende que México actualice sus reglas fiscales para 2025-2026. El objetivo principal es que el Estado recaude mejor, especialmente revisando lo que ocurre en plataformas digitales, como tiendas en línea, apps de servicio, streaming, intermediarios, etc.
La idea es que las autoridades tengan más herramientas tecnológicas para supervisar estas operaciones y a final de cuentas poder obtener más ingresos tributarios.
Una de las propuestas más fuertes es que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso “en línea y en tiempo real” a información como transacciones, pagos, usuarios y movimientos. Esto serviría para detectar ingresos que no se declaran o se ocultan. Pero esta medida genera preocupación sobre la privacidad y sobre cuánta libertad tendría la autoridad para revisar datos delicados.
Las plataformas también podrían tener que actuar como retenedoras de impuestos: es decir, al momento de pagar a un vendedor o creador, deducir un porcentaje de ISR o IVA y entregarlo al SAT. Dependiendo de si el vendedor cuenta con RFC o vive en México o en el extranjero, las tasas serán distintas.
¿Qué significa esto para el ciudadano-consumidor?
Algunas de las cargas adicionales que tengan las plataformas podrían trasladarlas a los precios de bienes o servicios. En otras palabras: podríamos ver aumentos en tarifas, comisiones o precios de productos digitales. Ya hay advertencias de que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) que venden por internet tienen márgenes pequeños, así que retener más impuestos podría complicar su operación.
Para quienes usan las plataformas para generar ingresos (vender productos, ofrecer servicios, ser creadores), los cambios van a sentirse más directos: tendrán más obligaciones fiscales, retenciones automáticas, necesidad de declarar mejor, emitir comprobantes, y estar sujetos a mayor escrutinio. Si alguien no cumple correctamente, podría tener sanciones, bloqueos o pérdidas de beneficios.
También hay riesgos en cuanto a la protección de datos y derechos digitales. Que una autoridad tenga acceso frecuente a información operativa de plataformas puede abrir la puerta a abusos si no hay límites claros. Por eso es clave que en la ley queden salvaguardas para evitar revisiones arbitrarias y para que los ciudadanos tengan capacidad de defensa.
Pero no todo es negativo. Si las reformas se aplican con justicia, podrían disminuir la evasión fiscal, hacer que más personas participen formalmente en la economía y generar más ingresos para servicios públicos: salud, educación, obra pública. Eso beneficiaría indirectamente a todos.
En resumen: estas reformas pueden cambiar no solo cómo funciona el comercio digital, sino también qué tan gravosos son los costos para los que consumen, venden o participan en plataformas. Será clave que quienes diseñen las leyes mantengan un equilibrio entre recolectar lo justo y no cargar excesivamente al ciudadano común.
Estado actual de estas propuestas:
- El Gobierno de México ya presentó el Paquete Económico Federal para el año 2026, que incluye la Miscelánea Fiscal y propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, al ISR, al IVA, entre otras disposiciones.
- En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya se aprobó un dictamen que reforma disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de combatir a las empresas factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
- También ha habido avances en la aprobación de la Miscelánea Fiscal en comisiones del Congreso, con ajustes a impuestos como el de tabaco, bebidas azucaradas, videojuegos, etc.
- Sin embargo, aún quedan etapas por cumplirse: discusión en lo particular, votaciones en pleno en ambas cámaras (Diputados y Senado), posibles modificaciones, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor.
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