NACIONALES
De un fiscal que sirva a uno que no sirvió
Opinión, por Iván Arrazola //
Cuando se piensa en los avances que se pudieron dar durante este sexenio en materia de procuración de justicia, es necesario revisar el papel del Fiscal General de la Republica, que, sin duda, es uno de los elementos centrales en el entramado institucional que se encargaría de otorgar una procuración de justicia a un país con altos niveles de impunidad.
Los cambios que se dieron con la reforma de 2014 tenían como objetivo crear una Fiscalía independiente del presidente de la República, de ahí que se creó un sistema sumamente complejo, que incluía la integración de una lista de candidatos, la selección de una terna y la decisión final por parte del Senado sobre quién sería el Fiscal electo para un periodo de nueve años, la clave se centraba en el que el fiscal trascendiera el sexenio y que no tuviera ningún tipo de dependencia respecto al presidente, además la única instancia que lo puede quitar del cargo sería el propio Senado, con lo cual para permanecer en el cargo ya no se requería del aval del presidente como ocurría con el procurador general de la Republica.
Cuando se dieron los cambios hubo una fuerte presión sobre el presidente Peña Nieto que intentó que Raúl Cervantes fuera el primer fiscal, pero no lo logró, la fuerte presión social y este intento de nombrar a un “fiscal carnal” provocaron que durante ese sexenio no se nombrara a un fiscal.
Tendría que llegar López Obrador a la presidencia para poder nombrar al primer fiscal y lo hizo con una mayoría aplastante de su partido en el Senado. Gertz Manero venía precedido de una amplia experiencia en materia de seguridad, al ser secretario de Seguridad en el sexenio de Vicente Fox y fue diputado por el partido Movimiento Ciudadano en el 2009.
Sin embargo, todo el entramado institucional que se construyó para tener en la Fiscalía un poder más autónomo se vino a abajo desde un inicio, Gertz Manero demostró que no estaba ahí para hacer justicia, estaba ahí para atender los deseos presidenciales y de paso atender sus intereses personales.
La Fiscalía General de la República (FGR) se ha prestado a episodios tan bochornosos como la supuesta devolución de un cheque por dos mil millones de pesos, dinero recuperado por actos de corrupción, dinero que en realidad nunca llegó a las arcas públicas pero que sirvió ante la opinión pública para mostrar que la aparente lucha del presidente para combatir la corrupción estaba dando frutos.
Desde un inicio quedó claro que el fiscal estaría dispuesto a hacer lo que sea por satisfacer los deseos presidenciales. El caso Odebrech mostró de manera cruda cuál era el verdadero interés presidencial en la supuesta lucha contra la corrupción, no era el hacer justicia sino la venganza política.
Emilio Lozoya principal implicado en el caso, recibió un trato preferencial una vez que fue extraditado, a cambio de no pisar la cárcel y de señalar a funcionarios de la administración de Peña Nieto por actos de corrupción, la Fiscalía optó por no castigar a Lozoya, fue la presión de la revelación de las imágenes de Lozoya cenando en un restaurante de lujo, lo que hizo que finalmente Lozoya pisara la cárcel.
Las principales acusaciones sobre el actuar del fiscal vinieron del propio equipo presidencial, el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, acusó a Gertz por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. La ´prueba más evidente de la parcialidad con la que ha actuado el fiscal se encuentra en las acusaciones que formuló en contra de su cuñada, una mujer de edad avanzada, a la que acusó de haber provocado la muerte de su hermano. Gertz aprovechó el poder del cargo para revivir el caso y encarcelar a su cuñada. En un audio se puede conocer con mayor detalle la forma despectiva en la que se expresa de su cuñada e inclusive la influencia y control que tiene sobre algunos ministros de la Corte.
Hoy el debate se encuentra nuevamente sobre el funcionamiento de la Fiscalía, una ausencia prolongada del fiscal llamó la atención de los medios, primero porque el fiscal no estuvo presente en la reunión de líderes de América del Norte en la que estuvo presente su homólogo de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard lo excusó diciendo que no lo invitaron con tiempo y eso motivó su ausencia.
Posteriormente trascendió la información que el fiscal se encontraba gravemente enfermo, ese era el verdadero motivo de su ausencia, el presidente trató de calmar los rumores señalando que el fiscal tenía que atender un problema de salud, pero que todo se trató de una intervención quirúrgica, nada grave.
Hasta el día de hoy el gobierno no ha podido dar certeza sobre cuál es la verdadera condición de la salud del fiscal, pero lo que es cierto es que este fiscal está muy lejos de cumplir con el papel que se le asignó con la reforma, el fiscal se ha ceñido al poder presidencial y esa es una noticia mala para el país ya que la procuración que seguiremos teniendo es la de una justicia a modo, utilizada para encubrir a los aliados y castigar a los adversarios.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
– Por José Modesto Barros Romo
En los próximos meses se pretende que México actualice sus reglas fiscales para 2025-2026. El objetivo principal es que el Estado recaude mejor, especialmente revisando lo que ocurre en plataformas digitales, como tiendas en línea, apps de servicio, streaming, intermediarios, etc.
La idea es que las autoridades tengan más herramientas tecnológicas para supervisar estas operaciones y a final de cuentas poder obtener más ingresos tributarios.
Una de las propuestas más fuertes es que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso “en línea y en tiempo real” a información como transacciones, pagos, usuarios y movimientos. Esto serviría para detectar ingresos que no se declaran o se ocultan. Pero esta medida genera preocupación sobre la privacidad y sobre cuánta libertad tendría la autoridad para revisar datos delicados.
Las plataformas también podrían tener que actuar como retenedoras de impuestos: es decir, al momento de pagar a un vendedor o creador, deducir un porcentaje de ISR o IVA y entregarlo al SAT. Dependiendo de si el vendedor cuenta con RFC o vive en México o en el extranjero, las tasas serán distintas.
¿Qué significa esto para el ciudadano-consumidor?
Algunas de las cargas adicionales que tengan las plataformas podrían trasladarlas a los precios de bienes o servicios. En otras palabras: podríamos ver aumentos en tarifas, comisiones o precios de productos digitales. Ya hay advertencias de que muchas empresas pequeñas y medianas (pymes) que venden por internet tienen márgenes pequeños, así que retener más impuestos podría complicar su operación.
Para quienes usan las plataformas para generar ingresos (vender productos, ofrecer servicios, ser creadores), los cambios van a sentirse más directos: tendrán más obligaciones fiscales, retenciones automáticas, necesidad de declarar mejor, emitir comprobantes, y estar sujetos a mayor escrutinio. Si alguien no cumple correctamente, podría tener sanciones, bloqueos o pérdidas de beneficios.
También hay riesgos en cuanto a la protección de datos y derechos digitales. Que una autoridad tenga acceso frecuente a información operativa de plataformas puede abrir la puerta a abusos si no hay límites claros. Por eso es clave que en la ley queden salvaguardas para evitar revisiones arbitrarias y para que los ciudadanos tengan capacidad de defensa.
Pero no todo es negativo. Si las reformas se aplican con justicia, podrían disminuir la evasión fiscal, hacer que más personas participen formalmente en la economía y generar más ingresos para servicios públicos: salud, educación, obra pública. Eso beneficiaría indirectamente a todos.
En resumen: estas reformas pueden cambiar no solo cómo funciona el comercio digital, sino también qué tan gravosos son los costos para los que consumen, venden o participan en plataformas. Será clave que quienes diseñen las leyes mantengan un equilibrio entre recolectar lo justo y no cargar excesivamente al ciudadano común.
Estado actual de estas propuestas:
- El Gobierno de México ya presentó el Paquete Económico Federal para el año 2026, que incluye la Miscelánea Fiscal y propuestas de reformas al Código Fiscal de la Federación, al ISR, al IVA, entre otras disposiciones.
- En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya se aprobó un dictamen que reforma disposiciones del Código Fiscal de la Federación con el objetivo de combatir a las empresas factureras, operaciones simuladas y uso indebido de sellos digitales.
- También ha habido avances en la aprobación de la Miscelánea Fiscal en comisiones del Congreso, con ajustes a impuestos como el de tabaco, bebidas azucaradas, videojuegos, etc.
- Sin embargo, aún quedan etapas por cumplirse: discusión en lo particular, votaciones en pleno en ambas cámaras (Diputados y Senado), posibles modificaciones, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor.
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