Opinión, por Iván Arrazola //

El asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, es el último episodio de una espiral de violencia que azota al país desde hace mucho tiempo. A partir del lamentable suceso se esperaría que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomaran decisiones para garantizar la seguridad de las candidaturas durante el actual proceso electoral, pero el asesinato de la candidata para lo único que se ha servido es para repartir culpas entre los diferentes actores políticos, lo que se supone que la espiral de violencia continuará.

El polémico esquema se seguridad que se trabajó de cara a las elecciones muestra sus debilidades, la idea de que la federación se encargue de la seguridad de las candidaturas a la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y las gubernaturas, mientras que los estados se hacen cargo de la seguridad de las candidaturas a nivel local y estatal, deja en evidencia las deficiencias de los cuerpos de seguridad en los distintos estados de la República .

En la mayoría de los estados guardan silencio, en los estados gobernados por Morena los gobernadores no critican este esquema de seguridad porque con independencia de lo que ocurra saben que López Obrador saldrá a su rescate.

La burocracia en el procedimiento para solicitar seguridad por parte de las candidaturas evidencia otro de los defectos del procedimiento, la lentitud y la falta de coordinación entre los institutos electorales y las agencias de gobierno que son las que se deben de encargar de brindar la seguridad a las candidaturas, mostró de manera dramática en el caso de Gaytán que los retrasos cuestan vidas.

La presidencia nacional de Morena señaló que no se atendió la petición de seguridad hecha al gobierno de Guanajuato y “derivó en tragedia”, en el caso del OPLE, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez señaló “hay una respuesta de ese instituto electoral estatal, diciendo que todavía no iniciaba el proceso. Palabras más, palabras menos”, lo que provocó que no se le proporcionara en tiempo la seguridad a la candidata.

Gaytán había solicitado seguridad a través de su partido desde inicios de marzo, pero la seguridad se comenzaría a brindar a partir de que se formalizarán las candidaturas y que iniciaran las campañas electorales en Guanajuato, lo que ocurrió a partir del primero de abril, pero la seguridad nunca llegó para la candidata que fue asesinada el día de 2 de abril.

Pero quizás lo más peligroso es el manejo que le dio López Obrador a lo acontecido en Celaya, donde criticó directamente al gobernador Diego Sinhue Rodríguez por los resultados en materia de seguridad en el estado, el presidente mencionó que el gobernador de Guanajuato no acude a las mesas de seguridad, que el estado está fuera de control y que, aunque gobierna no manda, que hay un grupo que tiene más poder que el propio gobernador, que no siguió su consejo de destituir al fiscal del estado, ante estas acusaciones el gobernador ha preferido callar que responder al presidente.

Cuando los reporteros de la mañanera lo cuestionaron sobre lo que sucede en otros estados en materia de seguridad, por ejemplo, en Guerrero, el presidente señaló que la violencia en ese estado era una herencia del pasado y que había una “asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia”, y que en Guerrero las cosas se están “corrigiendo”.

El manejo que López Obrador le ha dado al caso de Guanajuato ha sido parcial, cuando se trata de gobernadores de su partido siempre sale a defenderlos, menciona que se trata de buenas personas, que se están atendiendo las causas de la violencia y envía a miembros de la Guardia Nacional, en Guanajuato el presidente ha preferido politizar el caso y aprovechar la coyuntura para apoyar a la candidata de su partido que se ubica en segundo lugar en la mayoría de las encuestas.

El problema no se puede ver como si se tratara de un partido político en particular, el problema de violencia abarca a todo el país, todos los candidatos a un puesto de elección popular se encuentran expuestos al clima de inseguridad y donde más vulnerables son es precisamente en los municipios, el presidente se ha negado a plantear una estrategia integral para proteger a los candidatos e inclusive ha señalado que para los comicios de 2024 “no hay ningún problema de nada”.

Para honrar la muerte de Gisela Gaytán, en otro escenario o quizás en otro país, se habrían suspendido las actividades proselitistas para convocar a una reunión de manera urgente a los 32 gobernadores, al presidente de la República y a los encargados de la seguridad en el país, para condenar los actos de violencia, hacer un frente común contra el crimen organizado que de manera abierta está incidiendo en muchas de las postulaciones y las decisiones que en materia electoral se están tomando en el país y para replantear la estrategia de seguridad, desafortunadamente nada de eso ocurrirá y seguiremos siendo testigos de la sangre que seguirá corriendo en el país en los próximos meses, mientras la clase política sigue sin tomar el problema de la inseguridad de manera seria, lamentablemente para Gisela después de Celaya nada cambiará.