NACIONALES
Después del Plan B
Opinión, por Iván Arrazola //
El asedio a las instituciones electorales desde el Gobierno Federal continua, sin embargo, el intento por transformar las instituciones electorales por parte de la 4T ha sido frenado por la Corte, aun así, los siete meses de ataques desde que se presentó el Plan B en el Congreso hasta la declaración de inconstitucionalidad de la Corte han tenido consecuencias.
La Corte determinó que la segunda parte del Plan B es inconstitucional por las siguientes razones: los diputados solo tuvieron 4 horas y media para revisar las modificaciones a más de 500 artículos de seis diferentes leyes, se omitió argumentar la razón de la dispensa de trámite, se modificaron artículos ya aprobados por ambas cámaras, no se consultó para realizar la reforma ni a las poblaciones indígenas ni a las afromexicanas.
Los puntos que pone sobre la mesa la Corte no son un asunto menor, el desaseo legislativo con el que se aprobó el Plan B demuestra que el gobierno generó los cambios sin pleno conocimiento de cómo se realiza el proceso legislativo, o conscientes de las escasas posibilidades de ser aprobado, lo hicieron con la intención de seguir desgastando a las autoridades electorales y judiciales del país.
Hoy lo que queda claro es que el presidente López Obrador pretendía con los cambios del Plan B eliminar cualquier riesgo a que alguno de los aspirantes pudiera ser sancionado por actos anticipados de campaña, eliminar cualquier restricción para que los funcionarios públicos puedan hacer abierto proselitismo a su favor o a favor de alguno de sus candidatos favoritos y debilitar la estructura del INE en aras de una supuesta austeridad.
Otro de los aspectos preocupantes de esta segunda parte del Plan B, es la cláusula de vida eterna a los partidos, por medio de la cual se pretendía que los partidos que iban en alianza se pudieran repartir votos entre sí con tal de que ninguno perdiera el registro. A eso se reduce la transformación prometida, a mantener a partidos con poca representatividad, pero que sirven a los intereses del oficialismo, para mantener en el poder a personajes tan controvertidos como Alberto Anaya o al niño verde.
Sin embargo, uno de los asuntos en los que el oficialismo sí tuvo una influencia decisiva, es la conformación del nuevo INE, la llegada de cuatro nuevos consejeros está teniendo un impacto decisivo en el desarrollo de la contienda electoral de 2024. La promoción abierta de seisaspirantes a la presidencia por parte de Morena es un tema que se tiene que ver con preocupación, no solo por la ventaja indebida que están obteniendo en un marco electoral en el que se supone los tiempos están estipulados.
La determinación de la Comisión de Quejas del INE que ha validado las giras de los aspirantes por Morena, al considerarlas como actividades ordinarias de un partido político, pone en riesgo la equidad y la legalidad de la contienda. La fiscalización del proceso es nula, el anuncio por parte de la dirigencia de Morena de dar 5 millones de pesos a cada aspirante para financiar su campaña parece irrisorio, cuando se observa la cantidad de publicidad que hay colocada en todas las ciudades del país. Uno de los aspirantes, Adán Augusto López, rechaza el financiamiento y menciona que el reportará los gastos que realice, al final cada aspirante se tendrá que autorregular ante la actitud pasiva de la autoridad electoral.
El reto que viene para las autoridades electorales en los próximos meses es enorme, si bien el INE podrá mantener la misma estructura para llevar a cabo el proceso electoral de 2024, las sospechas de una autoridad permisiva ante el proceso interno de Morena podrían afectar severamente el reconocimiento por parte del resto de las fuerzas políticas.
Por otra parte, el acercamiento del Consejo General con el presidente López Obrador también genera suspicacias, sobre todo por la razón que se reunieron, relacionada con un tema de “colaboración”, cuando están delimitadas las funciones que cada institución realiza y la forma en la que podrían colaborar, que el INE ceda a las presiones del Gobierno Federal a cambio de que se le asigne el presupuesto que le corresponde, o a cambio de que disminuya el acoso a la institución es un mal presagio, ya que esta institución como árbitro debe de cumplir con sus funciones a pesar de las presiones.
El discurso tramposo desde el poder continuará, la idea de que las decisiones de la Corte, del INE o el Tribunal Electoral son para favorecer a una minoría rapaz, es parte de un discurso maniqueo que se promueve desde la presidencia, en realidad lo que buscaban estas reformas era concentrar poder en el oficialismo, una vez superado el Plan B lo que si se debe de exigir es que los árbitros electorales estén a la altura de las circunstancias y cumplan con su labor, aunque eso implique sancionar a los actores que están violando las leyes, por su parte al electorado debe saber diferenciar quién es un auténtico actor democrático y quién no.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
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