Opinión, por Iván Arrazola //

El asedio a las instituciones electorales desde el Gobierno Federal continua, sin embargo, el intento por transformar las instituciones electorales por parte de la 4T ha sido frenado por la Corte, aun así, los siete meses de ataques desde que se presentó el Plan B en el Congreso hasta la declaración de inconstitucionalidad de la Corte han tenido consecuencias.

La Corte determinó que la segunda parte del Plan B es inconstitucional por las siguientes razones: los diputados solo tuvieron 4 horas y media para revisar las modificaciones a más de 500 artículos de seis diferentes leyes, se omitió argumentar la razón de la dispensa de trámite, se modificaron artículos ya aprobados por ambas cámaras, no se consultó para realizar la reforma ni a las poblaciones indígenas ni a las afromexicanas.

Los puntos que pone sobre la mesa la Corte no son un asunto menor, el desaseo legislativo con el que se aprobó el Plan B demuestra que el gobierno generó los cambios sin pleno conocimiento de cómo se realiza el proceso legislativo, o conscientes de las escasas posibilidades de ser aprobado, lo hicieron con la intención de seguir desgastando a las autoridades electorales y judiciales del país.

Hoy lo que queda claro es que el presidente López Obrador pretendía con los cambios del Plan B eliminar cualquier riesgo a que alguno de los aspirantes pudiera ser sancionado por actos anticipados de campaña, eliminar cualquier restricción para que los funcionarios públicos puedan hacer abierto proselitismo a su favor o a favor de alguno de sus candidatos favoritos y debilitar la estructura del INE en aras de una supuesta austeridad.

Otro de los aspectos preocupantes de esta segunda parte del Plan B, es la cláusula de vida eterna a los partidos, por medio de la cual se pretendía que los partidos que iban en alianza se pudieran repartir votos entre sí con tal de que ninguno perdiera el registro. A eso se reduce la transformación prometida, a mantener a partidos con poca representatividad, pero que sirven a los intereses del oficialismo, para mantener en el poder a personajes tan controvertidos como Alberto Anaya o al niño verde.

Sin embargo, uno de los asuntos en los que el oficialismo sí tuvo una influencia decisiva, es la conformación del nuevo INE, la llegada de cuatro nuevos consejeros está teniendo un impacto decisivo en el desarrollo de la contienda electoral de 2024. La promoción abierta de seisaspirantes a la presidencia por parte de Morena es un tema que se tiene que ver con preocupación, no solo por la ventaja indebida que están obteniendo en un marco electoral en el que se supone los tiempos están estipulados.

La determinación de la Comisión de Quejas del INE que ha validado las giras de los aspirantes por Morena, al considerarlas como actividades ordinarias de un partido político, pone en riesgo la equidad y la legalidad de la contienda. La fiscalización del proceso es nula, el anuncio por parte de la dirigencia de Morena de dar 5 millones de pesos a cada aspirante para financiar su campaña parece irrisorio, cuando se observa la cantidad de publicidad que hay colocada en todas las ciudades del país. Uno de los aspirantes, Adán Augusto López, rechaza el financiamiento y menciona que el reportará los gastos que realice, al final cada aspirante se tendrá que autorregular ante la actitud pasiva de la autoridad electoral.

El reto que viene para las autoridades electorales en los próximos meses es enorme, si bien el INE podrá mantener la misma estructura para llevar a cabo el proceso electoral de 2024, las sospechas de una autoridad permisiva ante el proceso interno de Morena podrían afectar severamente el reconocimiento por parte del resto de las fuerzas políticas.

Por otra parte, el acercamiento del Consejo General con el presidente López Obrador también genera suspicacias, sobre todo por la razón que se reunieron, relacionada con un tema de “colaboración”, cuando están delimitadas las funciones que cada institución realiza y la forma en la que podrían colaborar, que el INE ceda a las presiones del Gobierno Federal a cambio de que se le asigne el presupuesto que le corresponde, o a cambio de que disminuya el acoso a la institución es un mal presagio, ya que esta institución como árbitro debe de cumplir con sus funciones a pesar de las presiones.

El discurso tramposo desde el poder continuará, la idea de que las decisiones de la Corte, del INE o el Tribunal Electoral son para favorecer a una minoría rapaz, es parte de un discurso maniqueo que se promueve desde la presidencia, en realidad lo que buscaban estas reformas era concentrar poder en el oficialismo, una vez superado el Plan B lo que si se debe de exigir es que los árbitros electorales estén a la altura de las circunstancias y cumplan con su labor, aunque eso implique sancionar a los actores que están violando las leyes, por su parte al electorado debe saber diferenciar quién es un auténtico actor democrático y quién no.