ENTREVISTAS
Deudores alimentarios, factor que agudiza la pobreza en México: Niñas, niños y adolescentes los más afectados
Por Raúl Cantú //
En México hasta un 67.5 por ciento de niñas, niños y adolescentes ven violentados sus derechos básicos, provocado tanto por la marginación laboral y financiera hacia las mujeres como por el abandono económico que ejercen los deudores alimentarios sobre sus hijos, que frena el desarrollo regional de un país y fomenta la pobreza colectiva, sobre todo cuando se trata de un fenómeno tan generalizado en nuestro país, asegura la ex magistrada federal, Martha Elizabeth Ibarra.
Para la ex magistrada, “la situación de las pensiones alimenticias es un tema que debe visibilizarse y atenderse hoy de un modo en el que no implique un costo social tan alto, no solo por su impacto financiero global sino por justicia elemental hacia la infancia”.
Como especialista dedicada a la consultoría financiera y fiscal empresarial Martha Elizabeth Ibarra, reiteró: “En México, niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a que se les provean alimentos, de acuerdo con el artículo 4° de nuestra Constitución. Sin embargo, los padres que no proveen pensiones alimenticias son una constante en el país. Por eso es importante reflexionar acerca del impacto fiscal, económico y financiero que enfrentan las familias mexicanas y que se genera por este tipo de abandono, considerando que se trata de un derecho fundamental para el desarrollo integral de los menores, cuya omisión se refleja de forma evidente en el crecimiento económico y social del país”.
Refirió que, según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la actualidad el 67.5% de las niñas y niños mexicanos, así como adolescentes, no reciben pensión tras el divorcio de sus padres: “Esta falta de responsabilidad limita en los jóvenes las posibilidades de realización personal y su contribución plena a la sociedad ya como adultos.
“En última instancia y debido a la incidencia tan alta, esto afecta a toda la economía, pues obliga al Estado a ejercer grandes presupuestos en políticas públicas compensatorias cuando esos progenitores no cumplen con sus obligaciones y dejan a los menores sin alimentación y sin educación; cuando los dejan sin derecho a la salud, al no pagar tampoco medicinas, tratamientos u hospitales, cuando así resulta necesario”, advirtió la especialista, quien actualmente es CEO de la firma de consultores legales empresariales Ibarra Navarrete & Kublich S.C.
En ese sentido, la ex magistrada consideró como pertinentes las medidas legales que se vienen implementando para garantizar el cumplimiento de las pensiones: “Con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, México va contra los padres deudores alimentarios que no aporten alimentos a sus hijos, al imponerles sanciones, despúes de 90 días de incumplimiento, como no otorgarles pasaporte, licencia para conducir, o el documento de identidad que emite el INE”.
“Por otra parte, quienes aparezcan en ese padrón tendrán limitada su salida del país, con el fin de evitar la evasión del pago de la deuda; y estarán inhabilitados para contender por cargos de elección popular o para aspirar a ser jueces o magistrados. Tampoco podrán hacer trámites de compra-venta de inmuebles para constitución o transmisión de derechos reales; al igual que estarán imposibilitados para casarse de nuevo”, recordó.
Para ampliar el contexto en el que se han dado estas modificaciones legales, explicó: “Retomando las estadísticas más recientes del INEGI, éstas muestran que, de todos los divorcios efectuados en 2021, sólo se asignó una pensión alimenticia al 47.9% de los hijos e hijas. Así, de casi la mitad de los 149 mil 675 divorcios de los que el Instituto tiene registro, surgió un deudor alimentario.
“La misma dependencia arrojó que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y que más de la mitad de las madres solteras tienen exparejas que incumplen con la obligación del pago de pensiones alimenticias”.
“En el nivel estatal, Jalisco es una de las entidades que cuenta con una cantidad menor de divorcios en el país, al registrar solo el 18.6% de ellos. En consecuencia, se sitúa como uno de los Estados con menor porcentaje de deuda, en el rango de incumplimiento de pensiones alimentarias”, detalló.
Con esos números, es previsible que la aplicación de las medidas derivadas del registro de deudores sí tenga en principio un impacto negativo en la recaudación de impuestos derivada del pago de derechos y contribuciones correspondientes a aquellos trámites que no podrán realizarse, sobre todo en las esferas estatal y municipal.
Sin embargo, la analista fiscal puso en relevancia los beneficios de fondo: “Para mí queda claro que, al colocarse ese dinero en las casas de los acreedores se estará ayudando al desarrollo y bienestar de los niños, niñas y adolescentes; estaremos impactando en su presente y futuro. Se trata de acciones que suman para disminuir la violencia económica que sufren las mujeres en América Latina.
“Por todas estas razones mi propuesta también es en ese sentido, el de cambiar esa idea de que el incumplimiento de manutención sea visto como un asunto privado, cuando estamos ante un problema público por el costo que supone para el Estado”, concluyó.
El llamado legal a los deudores alimentarios, una tendencia que va creciendo
El Registro de Deudores Alimentarios de México se suma a las medidas que existen en diversos países para garantizar que las niñas y niños y adolescentes cuenten con alimentos:
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En Portugal, los padres deudores pueden estar en prisión hasta 120 días y, si reinciden, la pena es de un año en la cárcel.
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En Brasil, quienes no pagan la pensión son acreedores a detención de uno a tres meses.
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En Chile se retienen los fondos de los deudores para asegurar su pensión. Aquí, posterior a la pandemia se recibieron más de 600 mil 000 solicitudes al respecto, por un orden de $700 millones, según datos del Ministerio de la Mujer. A partir de este suceso, el gobierno de Chile creó un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, con un impacto financiero en el que las cifras más recientes de ese país señalan que se ha sumado una deuda acumulada de $126 millones de dólares, en favor de más de 130 mil menores de edad.
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ENTREVISTAS
Análisis del Primer Informe de Gobierno: «Hay rumbo en el país, pero no podemos confiarnos», Martín Romero Morett
-Por Mario Ávila
“Podemos o no estar de acuerdo con el rumbo del país, pero hay rumbo”, así lo expuso el director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA, Martín Romero Morett, al hacer un análisis en el terreno económico, del contenido del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Yo personalmente -dijo-, si estoy de acuerdo con ese rumbo, es decir, me gusta que se quiera, que el país siga buscando crecer con estabilidad macroeconómica y con prosperidad compartida; me gusta que se tenga un Plan de Desarrollo con una política de fomento en el que el gobierno se encargue de asegurarle al país, la alimentación, la energía y la infraestructura necesaria.
Sin embargo, planteó el investigador y académico de la Universidad de Guadalajara, que el hecho de que la presidenta haya definido el rumbo y se hayan hecho las reformas para avanzar en esa dirección, “no significa que ‘ya la hicimos’, todavía hay muchos pendientes, porque los rezagos que nos heredó el neoliberalismo son inmensos”.
A manera de ejemplo, se refirió a la política de los salarios, que, a pesar de los aumentos, siguen siendo precarios. “Los empleos, a pesar de que el desempleo sea bajo, tenemos a muchos millones trabajando en la economía informal”, expuso.
Hizo alusión también al hecho de que, pese a que los ingresos del gobierno, aunque hayan aumentado, “seguimos recaudando poco en relación con otras economías similares y requerimos una Reforma Fiscal para abatir el déficit y para seguir sosteniendo el gasto social, ayudas, mejorar la educación, la salud, y la inversión en infraestructura, en comunicaciones físicas y electrónicas y para seguir financiando el desarrollo tecnológico, producción de microcircuitos y autos eléctricos.
“Junto con la reforma fiscal, está pendiente una reforma al sector financiero, para bajarle costos al crédito y para que éste sirva a la inversión privada y pública, y se refleje en el desarrollo y en el bienestar”, planteó el académico e investigador.
En su análisis, pidió no perder de vista que vivimos momentos de incertidumbre, de cambio, de transición, a lo cual México se está tratando de ajustar lo mejor posible, “pero no es fácil con un gobierno como el de Donald Trump que presiona a México por el lado de los aranceles, pero también militarmente”.
POLÍTICA ECONÓMICA CON RESULTADOS
En su análisis sobre el manejo económico y el rumbo que lleva el país, el doctor Martín Romero Morett, aseguró que Sheinbaum Pardo presentó en el Informe, logros alineados al rumbo hacia el cual lleva al país, y enlistó algunos de ellos:
“Tenemos estabilidad macroeconómica; nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar; la inflación anual, en julio, fue de 3.5 por ciento, la menor desde enero de 2021; los ingresos del gobierno Federal, al 31 de agosto, alcanzaron una cifra de 5 billones 952 mil millones de pesos, 8.5 por ciento mayor en términos reales que en 2024, y por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos; los impuestos han superado en 88,165 millones lo previsto, impulsados por IVA, ISR y aranceles a importaciones; el déficit fiscal se ha reducido en más de 36% y se busca bajarlo del 5.7% del PIB en 2024 al 4% para 2026 y así se reflejará en el paquete fiscal para 2026 y la deuda pública se mantiene, al cierre de agosto, en 50 por ciento del PIB.
PROSPERIDAD COMPARTIDA CON DIVIDENDOS
Algunos de los mejores logros en el terreno de la economía, en opinión del doctor Romero Morett, están relacionados con su idea de impulsar la prosperidad compartida y por ello se tomaron decisiones importantes como el aumento al salario mínimo en el año 2025, en 12 por ciento, “lo que significa un incremento histórico en términos reales, desde el 2018, de 135 por ciento”.
Recordó que muchas de las políticas sociales iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, han sido continuadas con Sheinbaum Pardo y han sacado de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. De acuerdo con los datos oficiales del INEGI, del 2018 al 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9 por ciento de la población, a 29.5 por ciento, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años.
En el terreno de la desigualdad, también se redujo significativamente, según el análisis del catedrático de la UdeG, quien expuso que “el coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos, a México, como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá”.
En el análisis del contenido del Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Morett expuso que el país se encuentra estable, “un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento, frente a las expectativas catastróficas; la inversión extranjera directa récord de 36 mil millones de dólares; el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo, pero los salarios siguen siendo precarios”.
LAS PROPUESTAS DE REFORMA A LAS LEYES Y CONSTITUCIÓN
En un momento específico, el entrevistado se refirió a los anuncios de presentar propuesta de reformas constitucionales y a leyes secundarias, para facilitar la conducción que se requiere del país hacia el modelo que quiere la presidenta, un país con estabilidad y con prosperidad compartida.
En concreto, el economista se refirió con mucho optimismo a las propuestas de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que tienen como propósito, revertir una buena parte de las reformas de 2013, y recuperar a Pemex y CFE como empresas del pueblo de México.
En tanto que, en las leyes secundarias, destacó también la reforma a todas las leyes de la industria eléctrica y petrolera, para fortalecer a Pemex y a la CFE como empresas públicas, vertical y horizontalmente integradas, al servicio de la Nación y del pueblo de México.
No obstante, el doctor Romero Morett, también hizo alusión a propuestas legales, que en su opinión serán de gran trascendencia para los mexicanos, como la reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras; la reforma al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos de manera directa; las reformas a los artículos 4º, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial y la modificación al artículo 28 para garantizar los trenes, también, operados por empresas públicas.
Se dijo optimista por el resultado que podrían dar las propuestas de reforma a los artículos 4º y 27 para garantizar los programas de Bienestar como derechos sociales constitucionales; la protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra de maíz transgénico; la nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros logros, reconoce el derecho de las audiencias y el acceso a internet y finalmente la reforma a la Ley del Infonavit, que garantiza el derecho a la vivienda.
Todas estas reformas -dijo-, se han hecho para hacer posible el nuevo modelo de país que para la presidenta sea uno, en el que sea el estado el que garantice al país la seguridad energética, alimenticia, tecnológica (internet para todos), en comunicaciones rápidas (trenes), bienestar social (vivienda y salud con 31 hospitales, 12 clínicas y 256 quirófanos a concluirse este año).
Y remató diciendo: “Se tiene un plan para impulsar un nuevo modelo de desarrollo, el Plan México, el cual tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior, y fomentar la inversión pública y privada nacional y extranjera en el marco del desarrollo regional. El Estado desarrollará la infraestructura atractiva a la inversión privada como Polos de Desarrollo Económico, a la fecha, ya están en marcha 5 de los 15 polos iniciales, y 8 del Corredor Interoceánico, así como 18 de los 100 nuevos parques industriales”.
Me gusta -sentenció-, que ese Plan de Desarrollo busque reducir las importaciones chinas y bajarle al déficit comercial que tenemos con China. Podemos afirmar que la presidenta tiene claridad hacia donde quiere llevar al país, pues en su informe define el rumbo con exactitud, ella está consolidando un nuevo modelo económico que garantiza la estabilidad macroeconómica, pero impulsa la prosperidad compartida con salarios justos y programas de Bienestar, fortalece la educación, la salud y el acceso a la vivienda, promueve el desarrollo regional con inversión pública y privada nacional y extranjera, al tiempo que se gobierna con honestidad y austeridad republicana y se consolida la soberanía, la democracia y las libertades.
LA INSEGURIDAD, ASIGNATURA PENDIENTE
“Para poder evaluar objetivamente a un determinado gobierno, sea municipal, estatal o federal, tenemos que tomar en cuenta al menos cuatro diferentes formas de evaluación, expresó el doctor Andrés Valdés Zepeda, sobre el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Uno tiene que ver con lo que se prometió en campaña y lo que se está haciendo o dejando de hacer es decir resultados en el ejercicio de gobierno que para el caso del Gobierno Federal lo que se establece en el plan Nacional de desarrollo puede ser un elemento considerar.
Segundo lo que se ha hecho en anteriores administraciones ya sea administraciones del mismo partido o de partidos diferentes que gobiernan el país. Tercero lo que se hace con respecto a lo que están haciendo otras naciones otros gobiernos otros países. Y finalmente por cómo evalúa la población a partir de como la ciudadanía evalúa el desempeño de gobierno.
Si tomamos esas cuatro variables en cuenta, para evaluar un gobierno, creo que podemos encontrar en el gobierno del actual presidente, cosas positivas y cosas no tan positivas en materia económica; la situación es estable con una moneda fuerte y con pocos problemas de desempleo, con recuperación del poder económico y en el poder adquisitivo sobre todo de la clase media.
La asignatura pendiente indudablemente es el tema de la inseguridad pública, el tema de la corrupción queda no solventado, pero por una política pública creo más contundente para reducir y sobre todo castigar excesos en el ejercicio del poder público.
También podemos decir que una de las asignaturas pendientes, está en relación con el manejo más responsable de la cuestión ambiental, en muchos lugares se ha documentado excesos de destrucción de ecosistemas y daño a la naturaleza, algunas veces por obras de carácter privado, pero también incluso en algunos casos de carácter público.
La movilidad y la contaminación en las grandes ciudades, es un tema que no necesariamente corresponde de manera directa al gobierno Federal, como a los gobiernos estatales y municipales; tiene que ver con la movilidad en las macro ciudades, que es un tema no resuelto, que cada día se agrava y finalmente genera trastornos, no solo en el sentido del movimiento, de la movilidad, sino también en la contaminación en la salud de los ciudadanos.
CARTÓN POLÍTICO
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