Opinión, por Pedro Vargas //

La cleptomanía es la necesidad irresistible de robar. Y en nuestro medio abundan los ladrones. Si estos son descubiertos y procesados, es muy posible que sean condenados a prisión y, en consecuencia, a reparar el daño causado; en todo caso el sentenciado deberá trabajar, y recibir ciertos cursos para que al final de la reclusión penitenciaria, esa persona se reinserte en la sociedad.

Los delincuentes de la índole antedicha, los encontramos por doquiera, aunque lastimosamente los más dañinos no son los de las clases humildes, sino los que suelen identificarse como “de cuello blanco”, esfera en la cual se ubica a ciertos empresarios, algunos banqueros, muchos líderes de toda índole y lamentablemente, numerosos burócratas y demasiados políticos.

A unos y otros de los antedichos sujetos, los identifica el afán de obtener dinero indebidamente, ya sea abusando, engañando, o de plano apoderándose por cualquier medio de lo que no es suyo.

No obstante que esa manía de robar es condenable desde cualquier ángulo y sea quien sea el que la ejerza, en el caso de los políticos es sencillamente imperdonable, porque estos individuos son quienes específicamente deben servir a la sociedad, y por lo tanto, esforzarse para administrar los bienes que se les confían, mismos que son de la comunidad y el Estado, los cuales se le confía para que resuelvan problemas sociales, o asuntos de orden público.

En nuestro país ese mal de “tener manos sueltas y cola larga” es casi una epidemia: lo primero alude a la facilidad con que nuestros malos políticos se adueñan de lo ajeno, y lo segundo se refiere a los múltiples defectos que tienen: abusivos, despóticos, irresponsables y antipopulares. En no pocos casos, además suelen ser ineptos, nepotistas e indolentes.

Desde luego que, entre los políticos, si bien en todas las escalas hay notorios atracadores, destacamos a los que tienen la responsabilidad de gobernar o desempeñar cargos trascendentes, pues tales dizque “servidores públicos” son los que más daño causan con sus trapacerías.

Es famoso que el falaz Antonio López de Santa Anna, el mexicano más nocivo que haya sido presidente, por su desmedida rapacidad se le conoció como “quinceuñas”, porque careciendo de una pierna, solo tenía uñas para robar, en los dos brazos y la extremidad inferior que le quedaba.

El Gral. Manuel González, compadre y títere de Porfirio Díaz, además de haber sido quien instrumentó cercenar a Jalisco de su séptimo cantón (Tepic), se aseguraba que casi no robaba, siendo la razón porque solo tenía una mano. Obregón también gozó de esa triste fama ya que perdió un brazo en las batallas de Celaya, antes de ser mandatario.

De los más recientes titulares del poder ejecutivo federal, mejor no hablamos; ya dictaminará el pueblo, cuando próximamente se le consulte sobre si se les debe juzgar por sus gobiernos que, por general, se les tilda de corruptos.

Siguiendo por orden jerárquica, luego de los presidentes vienen los gobernadores. Y de estos realmente asombra el número de mandatarios estatales que han sido buscados, detenidos, procesados y hasta extraditados, en los años recientes. El periodista Efrén Flores de “Sin Embargo”, escribió el 21 de mayo, que en los tres sexenios más próximos, han sido la friolera de trece gobernadores los que se han visto inmiscuidos en cuestiones judiciales por su afición a la rapiña. Y eso que no considera a los ejecutivos locales que, por diversos motivos, se escaparon de ser buscados por la justicia, no obstante haber cometidos enormes desmanes y latrocinios. En vía de ejemplo, diremos que Jalisco se encuentra entre estos casos de impunidad.

El norte de nuestra patria tiene la mala fortuna de contar con innumerables políticos de la calaña del crucificado Gestas. De Tamaulipas están los exgobernantes Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba, ambos presos por su apego a quedarse con recursos que no les pertenecían, y casi en igual situación anda el actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca. El neoleonés Rodrigo Medina, fue acusado de peculado y abuso de funciones, habiendo sufrido reclusión domiciliaria.

De Chihuahua, brilla por sus fechorías el exgobernador César Duarte Jáquez, detenido en Estados Unidos el año pasado y en vísperas de ser trasladado al país para juzgarlo por peculado. También norteño es el desprestigiado Humberto Moreira, quien a pesar de todo lo que se le achaca, anda orondo por la calle, luego de forcejear con la justicia, misma que a final de cuentas no lo pudo sancionar. Vecino del anterior, fue el panista Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, indagado por defraudación fiscal y lavado de dinero en 2016.

Otros gobernadores con fama de delincuentes, son el de Nayarit, Roberto Sandoval, que anda prófugo; Mario Ernesto Villanueva y Roberto Borge, ambos de Quintana Roo; Javier Duarte de Ochoa, el jarocho aprehendido en Guatemala y que en su tiempo fue presentado por Peña Nieto como la nueva cara del priísmo. Cierra este desfile, Andrés Granier Melo, ejecutivo de Tabasco, quien fue señalado como responsable de malversación de fondos públicos, entre otras lindezas patrimoniales.

Finalmente anotaremos al señor Luis Armando Reynoso Femat, panista que fuera mandamás de Aguascalientes y al michoacano J. Jesús Reyna García, interino el año de 2013, a quien se le imputó haber protegido al crimen organizado.

Como podrá observarse, hay “joyitas” de todos los colores y sabores, uniformados por su amor al dinero indebido y que desde luego, mal sirvieron al pueblo y perjudicaron a su patria y a la política.

De los presidentes municipales mejor ni comentamos porque son demasiados aquellos que por lo general suelen decir: “a mí no me den, pónganme donde hay”. Y se despachan con la mano gorda.

¿Hasta cuando se terminará esta especie de maldición que padecemos los mexicanos? No se sabe, y a pesar de los esfuerzos que actualmente se despliega para combatir la corrupción y la impunidad, la mera verdad dudamos mucho de que se termine con ambas lacras. Ojalá que nos equivoquemos. Por lo pronto, preparémonos para votar y así cumplir nuestra misión de ciudadanos.