NACIONALES
El Fofo y los derechos humanos
Opinión, por Iván Arrazola //
Existen diversas opiniones en torno a este caso. Algunos sostienen que el Fofo se lo merece, considerando que es un castigo justo tras agredir brutalmente a una mujer; otros opinan que se trata de una forma de hacer justicia.
Hay quienes incluso expresan satisfacción al ver el suceso, justificándolo en el hecho de que se trata de un influencer que exhibe su prepotencia a través de sus acciones. Asimismo, hay quienes aseguran que todo ha sido montado para que el «Fofo» Márquez salga de la cárcel y no cumpla los 17 años de condena impuestos.
Este incidente encierra tanto lo peor como lo mejor de nuestra sociedad, pero no se puede ignorar que el video en el que custodios golpean al influencer evidencia un abuso de autoridad y la ausencia de garantías fundamentales. Todo ello invita a una reflexión profunda sobre el respeto a los derechos humanos en México.
En el video se observa a «El Fofo» arrodillado; luego, uno de los custodios lo levanta y comienza a abofetearlo y golpearlo. Durante el altercado, el guardia le pregunta: «¿Qué chillas? ¿Así le pegó a una mujer?». Finalmente, otro de los guardias le ordena que se quite toda la ropa.
La imagen resulta profundamente inquietante, y es probable que en este país pocas personas no hayan tenido alguna experiencia negativa con la autoridad. Además, el aparente beneplácito que algunos pueden sentir ante este supuesto acto de justicia resulta perturbador, ya que hoy le tocó a «el Fofo», pero mañana cualquiera podría convertirse en víctima de maltrato.
Quizás lo más lamentable de este caso es la incapacidad misma de las instituciones de derechos humanos para reconocer la magnitud del problema. Las declaraciones de Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidencian una crisis en la que las prioridades de la autoridad están claramente desviadas.
Piedra denuncia la existencia de una institución neoliberal, obsesionada con el cumplimiento de normas internacionales y ajena a las necesidades y la historia del pueblo. Poner la ideología por encima de la protección de los derechos fundamentales no es, en definitiva, una estrategia viable ni justa.
No obstante, la respuesta de la presidenta de la CNDH resulta comprensible, ya que el gobierno adopta la misma postura. Diversos informes, elaborados tanto por gobiernos como por organismos internacionales, evidencian que en México se violan los derechos humanos. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite periódicamente un informe basado en información oficial que resalta los graves problemas que aquejan al país: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, detenciones o encarcelamientos arbitrarios y serias deficiencias en la independencia del poder judicial.
Lamentablemente, la respuesta del gobierno, en lugar de respaldarse en datos que demuestren una situación favorable, recurre a un discurso nacionalista. Se argumenta que se trata de intervenciones injerencistas, que México no es colonia de nadie y que Estados Unidos se entromete en la política interna, todo ello con el fin de evadir la rendición de cuentas sobre lo que ocurre en el país.
Ante la difusión del video, el gobierno del Estado de México tomó medidas inmediatas: se destituyó a la directora del penal de Barrientos y a los custodios que agredieron al influencer; además, se trasladó al influencer a otro centro penitenciario para garantizar su seguridad, y la Comisión de Derechos Humanos abrió una investigación.
Por su parte, el secretario de Seguridad afirmó que, para resolver este tipo de problemas, es necesario construir más cárceles. Esta respuesta no solo evidencia una preocupante falta de visión, sino también la carencia de protocolos y controles adecuados para salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad.
Por último, es importante destacar que la misma indignación que generó la agresión de Fofo Márquez a Edith N debería sentirse al presenciar la cobarde agresión contra Márquez por parte de miembros del centro penitenciario. Lamentablemente, la realidad es otra: abundan todo tipo de opiniones, pero de manera inquietante, muchas se muestran indiferentes ante el maltrato que sufre el joven. Esta división de posturas evidencia lo lejos que estamos de alcanzar la concientización necesaria sobre el respeto a los derechos humanos en el país.
Tal vez, en este momento en que tanto se habla sobre la necesidad de democratizar el Poder Judicial, lo idóneo sería plantear una reforma integral de todo el sistema de justicia. Creer que la sola elección de jueces y ministros bastará para volverlo más justo es como querer tapar el sol con un dedo, pues la realidad es mucho más cruda de lo que muestran las imágenes del maltrato al que ha sido sometido Fofo.
– Por Francisco Junco
En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.
En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.
Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.
“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.
Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.
El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.
Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.
Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.
– Por Mario Ávila
Las reformas aprobadas en el Poder Legislativo a la Ley de Amparo, fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación y con ello se cumple el requisito del Poder Ejecutivo de la promulgación, en donde además se señala expresamente que el nuevo ordenamiento legal entrará en vigor mañana viernes 17 de octubre.
En las reformas legales aprobadas en las Cámaras de Diputados y Senadores, se incorporan nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales confirmados o resuelvan solicitudes de prescripción.
También se incluye la restricción a la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero; mientras que queda eliminado el tema polémico del artículo transitorio que habla de la retroactividad.
Así mismo, la medida cautelar ya no detendrá la ejecución de los actos de autoridad, según se asienta en el nuevo marco normativo en el que se modificaron más de 30 artículos y se adicionaron disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para que las autoridades que intervienen en los juicios, el registro digital de expedientes y la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
Por otro lado, el nuevo Órgano de Administración Judicial contará con 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Según el decreto, para los particulares, la presentación digital será opcional, aunque se mantiene la posibilidad de hacerlo por escrito.
– Por Mario Ávila
El Senado de la República entregó este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional 10 tráileres con víveres para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias, que se registraron en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que en el Campo Militar Número 1 se entregaron seis tráileres y cuatro más en el Aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Además, dio a conocer que entre el domingo y el próximo lunes también se entregarán 80 mil despensas, que donaron senadores, trabajadores, personal del recinto parlamentario y ciudadanos, en el centro de acopio de la Plaza Luis Pasteur.
Castillo Juárez hizo entrega de los víveres al coronel de infantería Álvaro Vázquez Zacarías, en el Campo Militar Número 1, acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat; de la secretaria de este órgano de dirección del Senado, Lizeth Sánchez García; y de los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena; así como de las senadoras Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, del PT.
La senadora precisó que este día se entregaron dos mil 300 garrafones de agua de cinco litros, 67 mil 750 botes de agua de un litro y medio, así como nueve mil 700 despensas, más las 80 mil despensas que se entregarán entre el domingo y lunes.
En entrevista previa, en las instalaciones del Senado, Castillo Juárez recordó que a las y los senadores se les hizo un planteamiento para que donen “una quincena” de sus ingresos; precisó que el tema se analiza a través del área administrativa.
“En general todos estamos de acuerdo, pero sabemos que puede haber algunas particularidades que respetamos”, señaló.
– Por Mario Ávila
Ante la inminente aprobación de una Reforma Electoral en los primeros meses del año entrante, casi un millar de trabajadores se han inscrito a un programa de retiro voluntario, mediante el que se garantiza un pago conforme a la ley, además de un estímulo.
Se trata de una verdadera desbandada, la que se vive al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de casi el 5% del total de la nómina, motivados por la incertidumbre que ha generado la próxima reforma electoral que plantea recortar el presupuesto del órgano autónomo.
De acuerdo con autoridades del propio Instituto, ya son 970 los empleados que iniciaron el proceso para dejar el INE, superando ampliamente las expectativas iniciales. Esto obligó a ampliar el plazo del programa de retiro voluntario y redoblar esfuerzos para revisar las solicitudes.
El programa ofrece liquidación conforme a ley y un estímulo adicional. Se destinó una bolsa de 100 millones de pesos, y tendrán prioridad quienes cuenten con mayor antigüedad, mínimo 10 años.
La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, advirtió que el esfuerzo administrativo para atender esta salida masiva será “mucho mayor al que esperábamos”.
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