NACIONALES
El mensaje de la 4T a los gobernadores rebeldes: Francisco García Cabeza de Vaca y la Alianza Federalista que no fue
Por Daniel Emilio Pacheco //
El estar en medio de un proceso electoral tiene a nuestras autoridades metidas en el afán de mantener la chamba, de conservar sus beneficios y por eso, cada uno está viendo para lo suyo.
Ahí está el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la discusión de si es cuestión política o un ejercicio de justicia tiene dividida a la opinión política en algunos momentos y digo en algunos momentos porque la verdad es que no a todos les ha importado el tema, y si no me cree mire:
La hasta hace unos meses mediática Alianza Federalista de Gobernadores, lo único que ha hecho es hacer su posicionamiento en un escrito anexado en un twit, “Cumplir la Ley con estricto apego a la Constitución no es opcional. Desde la #AF convocamos a la @Mx_Diputados a respetar el debido proceso y los derechos del Gobernador @fgcabezadevaca, quien hoy es perseguido por la maquinaria del poder”, dice la Alianza en su red social.
El problema con esta Alianza Federalista es que, después de estas elecciones algunos ya se van:
– Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León (independiente) se va después de las elecciones de junio.
– Miguel Riquelme, Coahuila (PRI) se va en el 2023.
– Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas (PAN) debería irse en 2022, sin embargo, el desafuero que la FGR presentó el 23 de febrero de este año, en la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, le pone contra la pared.
– José Rosas Aispuro, Durango (PAN) sale el próximo año.
– Silvano Aureoles, Michoacán (PRD) se va este año.
– José Ignacio Peralta, Colima (PRI) se va este año.
– Diego Sinhué, Guanajuato (PAN) sale hasta 2024.
– Javier Corral, Chihuahua (PAN) se va este año.
– Martín Orozco, Aguascalientes (PAN) se va el próximo año.
Y, por último: Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco (MC) deja el poder en 2024.
Como dice la canción de los 10 gobernadores que apoyaban, de los diez que la Alianza Federalista formaban, después de estas elecciones quedan seis, seis, seis.
Dependiendo de quién gane la elección, será posible saber si el nuevo gobernador apoyará la Alianza Federalista, pero, como que entrar a gobernar y llegar enfrentando al Gobierno Federal no es muy buena idea.
Pero, los otros que no se van este año están ocupados en ganar las elecciones en su estado, para poder tener un cierre de gobierno que, luego no les ataquen. En ese caso están tres gobernadores, sí contamos entre ellos a García Cabeza de Vaca, pero, si el desafuero se da, este mismo año, la Alianza Federalista de Gobernadores perdería la mitad de sus miembros. Y el próximo año a otros dos, perdiendo con ello a siete integrantes.
Agregar integrantes a la Alianza no se ve sencillo, aplicación del desafuero a García Cabeza de Vaca será una sombra que flotará sobre la cabeza de quien busque criticar al Gobierno Federal y esto en parte, gracias al manejo en medios que ambos lados han hecho del proceso, un proceso que se sustenta en causas legales y que debería seguir su proceso normal, pero, que al politizarlo quienes pierden son nuestras instituciones y procesos de justicia.
Las cosas no van bien para la Alianza federalista, sus temas se caen y su influencia a nivel nacional no prosperó.
Las acciones políticas por parte del Gobernador de Jalisco con respecto a la Alianza Federalista son ya muy claras. A la reunión del 26 de febrero Enrique Alfaro no asistió; en sus menciones donde señala la falta de apoyo del Gobierno Federal ya no menciona a la Alianza, ni apoya o comenta los temas de los federalistas.
El famoso tema de la revisión del Pacto Fiscal está en el olvido, tanto por la Alianza Federalista, como por la “Mesa que no es mesa” enfocada en la revisión del Pacto Fiscal en Jalisco, esa donde Enrique Alfaro impuso a Enrique Toussaint, quien designó a los participantes y además preside la mesa, “organización ciudadana” que desde hace 73 días son incapaces de subir siquiera su tercera minuta de sus sesiones.
El tema de las vacunas contra Covid-19 fue otra de las banderas que manejaba la Alianza Federalista, en Jalisco, ya se “arregló” el cómo buscar vacunas para los jaliscienses en el extranjero: El Gobierno de Jalisco pagará 1.6 millones de pesos para que le asesoren en la compra de vacunas en el extranjero y para elaborar el Plan Estatal de Vacunación. Grupo BGMT será quien gane ese dinero. Sin embargo, cada semana, el mismo Gobierno de Jalisco está reportando la llegada de vacunas.
El tiempo, es lo que está desinflando a la Alianza Federalista, el tiempo y la realidad que se va mostrando conforme avanzan las administraciones estatales y federal.
La Alianza Federalista es una pugna motivada por dinero, pues los gobernadores aprovechan la falta de transparencia y rendición de cuentas para manipular a discreción los recursos obtenidos ministrados por la federación a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
La participación de un gobierno estatal en la Alianza Federalista no es parte de un ejercicio democrático, pues los ciudadanos de estos estados no han sido consultados si los gobernadores de dichas entidades federativas políticamente disonantes reflejan la voluntad soberana depositada en ellos.
Sin embargo, Enrique Alfaro y otros tres gobernadores han indicado que convocarán a una consulta a sus ciudadanos, para determinar si quieren o no salirse de la Federación, pero, contar con una herramienta legal de participación electoral que permita a los ciudadanos decidir por medio de su participación la salida del Pacto Fiscal o Federal, les va a llevar más tiempo de lo que algunos gobernadores tienen ya de permanencia al frente de su estado.
Los señalamientos en contra de J García Cabeza de Vaca iniciaron cuando recién tomó posesión de su cargo, diferentes agencias informativas entre ellas APRO, hacían pública su 3 de 3:
En su declaración, García Cabeza de Vaca precisa que su esposa, Mariana Gómez, gana la cantidad anual de un millón 074 mil 976 pesos. En lo que corresponde a bienes inmuebles, detalla que tiene un departamento ubicado en Cuajimalpa, en la Ciudad de México, con un valor de 14 millones 300 mil pesos. Otra de sus propiedades es una casa ubicada en Reynosa, con un valor de 905 mil 228 pesos en un terreno de 722.35 metros cuadrados y una construcción de 464 metros cuadrados.
Según el gobernador tamaulipeco, ésta fue una donación en 2014 de sus padres María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y Manuel García Uresti. En cuanto a los bienes inmuebles que posee “el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos”, enlista diez propiedades, de las cuales una está ubicada en McAllen Texas.
Suma, además, siete terrenos: tres a nombre de su esposa y cuatro que fueron declarados como “cónyuge en copropiedad”, y reporta tres cuentas de banco donde tiene menos de 250 mil pesos y una en la que el saldo es “igual o mayor a $750,000 y menor a $2,000,000.00”.
Asimismo, en inversión de organizaciones privadas de “Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA, S.P.R. de R.L.” y “Desarrolladora y Constructora C DE V, S.A. de C.V.” reporta de saldo “igual o mayor a $2,000,000.00 y menor a $5,000,000.00”, y la segunda refiere que es “igual o mayor a $5,000,000.00”.
De su esposa se enlistan tres cuentas con valor menor a 250 mil pesos y una “igual o mayor a cinco millones de pesos”. En cuanto a los vehículos, el gobernador afirma que tiene dos unidades modelos 2012 de 762 mil 500 pesos y 2013 de 659 mil 900 pesos, así como 840 mil pesos en obras de arte, 600 mil pesos en joyas y un millón de pesos en menaje de casa.
Según información difundida por diversas agencias, en el documento que contiene la información patrimonial destaca que la remuneración neta anual por cargos públicos, que incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, es de 2 millones 892 mil 466 pesos, cantidad obtenida en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
Salió buen administrador Javier García Cabeza de Vaca…
– Por Francisco Junco
El vicealmirante Salvador Camargo Vivero promovió un amparo para evitar una posible detención en medio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El recurso fue presentado por su abogado, Daniel Jiménez Valencia, quien precisó que su cliente no se encuentra actualmente en México, pero planea regresar en los próximos días.
La defensa solicitó protección judicial en el caso penal 305/2025, derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
El expediente apunta a operaciones irregulares registradas durante la gestión de Camargo al frente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, entre febrero de 2024 y febrero de 2025.
Un exfuncionario portuario identificado como HRV declaró que en ese periodo habrían ingresado entre 20 y 23 embarcaciones con carga irregular.
Entre ellas destacó el buque Challenge Procyon, asegurado el 19 de marzo con 10 millones de litros de diésel provenientes de Estados Unidos, declarados falsamente como aditivo de aceites.
Según el testigo, Camargo y Javier Antonio Martínez, entonces gerente de Administración y Finanzas, autorizaron su ingreso por la aduana 290.
Martínez ya fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, lo que incrementó las sospechas sobre la participación del vicealmirante.
Sin embargo, en la demanda de amparo, la defensa sostuvo que Camargo no ha recibido notificación alguna que lo vincule directamente al proceso y que, además, las decisiones aduaneras no eran de su competencia.
El abogado también argumentó que Camargo dejó la dirección de ASIPONA dos meses antes de la incautación del Challenge Procyon, por lo que no tendría responsabilidad en los hechos más recientes.
Pese a ello, el juez Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, rechazó conceder la suspensión inmediata contra una posible detención y dio un plazo de cinco días a la defensa para aclarar la demanda.
Hasta el momento, el abogado Jiménez Valencia no ha respondido al requerimiento judicial, lo que mantiene en duda si el amparo será admitido o desechado.
Este caso forma parte de las indagatorias de la FGR sobre contrabando de combustibles en el Golfo de México, un delito que representa pérdidas millonarias para el Estado y que ha expuesto presuntos actos de corrupción en estructuras portuarias y navales.
JALISCO
Productores de maíz exigen precio de garantía y advierten posible colapso del campo mexicano
– Por Mario Ávila
Productores de maíz de diversos estados del país se manifestaron este jueves en Expo Guadalajara, sede del Congreso Internacional Agroalimentario 2025, en demanda un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, freno a importaciones y ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al evento asistió el secretario de Agricultura, Julio Berdagué Sacristán, quién fue testigo del reclamo realizado con pancartas y consignas, exigieron al gobierno un precio de garantía al maíz, ante el riesgo de que el grano se desplome hasta en 4 pesos si se deja al libre mercado, lo que según advirtieron, provocaría el colapso del campo mexicano.
Encabezados por Antonio Lizardi, de la agrupación Amigos por el Campo, los inconformes reclamaron incluso ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y señalaron que se ha incumplido la promesa de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, mientras que el campo enfrenta abandono y precios cada vez más injustos.
Los manifestantes también denunciaron que, pese a la prohibición para sembrar maíz transgénico en México, se sigue importando este grano, lo que genera una sobreoferta que desplaza a la producción nacional.
“Nos dejaron a la deriva de los precios internacionales, donde no somos competitivos; no tenemos seguros agrícolas, las tasas de interés son altísimas, el cambio climático nos golpea desde hace cinco años y ahora permiten la importación de maíz blanco transgénico”, subrayaron.
– Por Mario Ávila
La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, otorgó la responsabilidad de presidir la Comisión de Marina al senador de Jalisco , Carlos Lomelí Bolaños.
El legislador jalisciense de Morena sustituye en la responsabilidad al priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, a partir de este jueves 18 de septiembre.
La Comisión de Marina tiene como responsabilidades ratificar nombramientos en la Armada de México, autorizar ascensos en las Fuerzas Armadas y avalar la salida o tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.
Además de agradecer la confianza depositada en él, Lomelí Bolaños, expuso: «Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen».
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
Presentan la Octava edición de Tecalitlán Los Sones
Vicealmirante solicita amparo ante indagatoria por huachicol fiscal
MC relanza iniciativa por igualdad salarial en el deporte
Impulsan campaña para prevenir el uso de taxis y plataformas pirata en Jalisco
