– Opinión, por Iván Arrazola

El informe sobre pobreza multidimensional elaborado por el INEGI ha generado un intenso debate en la opinión pública. Este tipo de pobreza no se mide únicamente por el nivel de ingresos, sino que considera múltiples carencias que afectan la calidad de vida de las personas, como el acceso a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.

Desde esta perspectiva integral, que permite dimensionar la pobreza más allá de lo económico, los resultados muestran que alrededor de 13 millones de mexicanos dejaron atrás esta condición en los últimos seis años, una cifra que merece análisis detenido.

Este resultado se atribuye al aumento sostenido del salario mínimo, a las remesas y al fortalecimiento de programas sociales. Sin embargo, hay un factor menos mencionado y no menos decisivo: la dimensión política. Desde que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder, se tomaron decisiones estratégicas que modificaron el diseño y la operación de las políticas sociales en México.

Una de las más relevantes fue la incorporación de los programas sociales a la Constitución, lo que los blindó frente a posibles cambios de gobierno y aseguró su permanencia como derecho exigible. Este movimiento no solo implicó una apuesta de largo alcance, sino que también obligó a las fuerzas políticas opositoras a respaldar la reforma, otorgándole un consenso inusual en la historia reciente del país.

El impacto político de esta decisión se tradujo en programas de alto alcance y visibilidad, como Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender un oficio, o la duplicación de la pensión universal para adultos mayores, que se convirtió en el programa estrella del sexenio.

La masificación de estos apoyos, junto con el discurso que los acompañó, generó una narrativa de justicia social que caló en sectores históricamente desfavorecidos. No obstante, este despliegue requirió recortes significativos bajo el principio de austeridad republicana, el rediseño institucional que llevó a la desaparición de organismos y nuevas disposiciones como la limitación de los salarios de funcionarios públicos.

La política también explica por qué, a pesar de los avances estadísticos, persisten rezagos estructurales. El informe del INEGI revela que, aunque se redujo la pobreza extrema a siete millones de personas, el 48.2 % de la población sigue sin acceso a seguridad social, el 34.25 % carece de servicios de salud y el rezago educativo alcanza al 18.6 %.

Estos datos muestran que las transferencias directas son una herramienta eficaz para aliviar carencias inmediatas, pero no sustituyen la necesidad de fortalecer servicios públicos de calidad.

El factor político también se refleja en la facilidad con la que el gobierno ha operado cambios profundos sin enfrentar un costo elevado. Con mayorías legislativas que permitieron aprobar presupuestos y reformas sin necesidad de negociar con la oposición, el Ejecutivo logró avanzar en su proyecto prácticamente sin contrapesos. Esta ausencia de rendición de cuentas ha significado que incluso decisiones cuestionadas, como el cierre de estancias infantiles o los recortes a instituciones, no hayan representado un desgaste significativo para el oficialismo.

El caso de la educación resulta ilustrativo: mientras el rezago educativo a nivel nacional alcanza al 18 % de los niños en edad escolar, en comunidades indígenas la cifra es más dramática, con cuatro de cada diez menores fuera de la escuela. Pese a ello, la narrativa oficial ha centrado la atención en el número de personas que superaron la pobreza multidimensional, construyendo un relato que coloca al gobierno como el artífice de una hazaña histórica.

Sin embargo, este logro tiene matices. El informe advierte que los programas sociales no llegan con la misma intensidad a todas las regiones del país y que los estados del sur siguen registrando índices de pobreza superiores al 50 %. Ello sugiere que, si bien los apoyos generan un alivio inmediato, no siempre atacan de raíz las desigualdades estructurales ni garantizan la igualdad de oportunidades en el largo plazo.

La reducción de la pobreza multidimensional, celebrada como una de las mayores victorias del régimen, debe entenderse entonces como el resultado no solo de factores económicos y sociales, sino también, y de manera decisiva, de factores políticos.

No obstante, este avance también evidencia los riesgos de un modelo basado en transferencias económicas directas, sin un fortalecimiento paralelo de los servicios públicos y sin contrapesos institucionales que garanticen transparencia y rendición de cuentas.

Los resultados del informe sobre pobreza multidimensional muestran un logro significativo, pero también plantean preguntas de fondo: ¿es sostenible este modelo de política social en el tiempo?, ¿podrá el país reducir la pobreza sin comprometer la calidad institucional y los derechos ciudadanos? La respuesta dependerá de si México logra equilibrar la eficacia política de las transferencias con la construcción de un sistema robusto de servicios y garantías sociales que trasciendan coyunturas y administraciones.

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

El 1 de septiembre marcará un momento histórico para México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrarán en funciones tras haber sido electos mediante voto popular.

No se trata solo de un cambio en la forma de llegar a estos cargos, sino de un giro profundo en el que la legitimidad social y la relación con la ciudadanía pasan a jugar un papel tan visible como el conocimiento técnico y la trayectoria profesionales.

Hasta ahora, los jueces y magistrados ascendían a la carrera judicial mediante exámenes y concursos de oposición. Este modelo privilegiaba la formación académica, la experiencia en tribunales y el mérito profesional. Los ministros, por su parte, eran propuestos por el Ejecutivo y avalados por el Senado, con lo que cada nombramiento implicaba negociaciones políticas y acuerdos legislativos.

Sin embargo, incluso en el ámbito de la carrera judicial, las asignaciones a estados o circuitos no estaban exentas de influencias internas: el Consejo de la Judicatura y las dinámicas internas del Poder Judicial determinaban en muchos casos los destinos de quienes habían aprobado los exámenes. Este equilibrio entre mérito técnico y realidades institucionales definía hasta ahora el acceso y la carrera dentro del Poder Judicial.

El cambio que inicia este septiembre es profundo. La elección popular introduce un vínculo directo entre ciudadanía y justicia. Los jueces y ministros que asumen su cargo ya no son únicamente expertos reconocidos por sus colegas; son personas elegidas por votación, con una legitimidad social explícita.

Esto implica responsabilidades adicionales: deberán responder a la sociedad que los eligió, sin sacrificar la imparcialidad ni la técnica jurídica que exige su función. La legitimidad democrática y la independencia judicial ahora deberán coexistir de manera armoniosa, y será interesante observar cómo se logra este equilibrio en los próximos años.

La historia ofrece paralelismos útiles para entender este cambio. Durante la Revolución Francesa, la justicia dejó de ser un privilegio exclusivo del monarca y de la nobleza. Se instituyó para que ciertos jueces, como los jueces de paz, fueran elegidos por asambleas locales. La intención era acercar la justicia al pueblo y garantizar que los magistrados respondieran a las necesidades de las comunidades, sin perder el rigor técnico ni la formación profesional.

México enfrenta un desafío similar: combinar la legitimidad democrática con la imparcialidad y el conocimiento profundo de la ley. La experiencia francesa muestra que la elección popular puede fortalecer la confianza ciudadana, siempre que existan mecanismos claros para preservar la independencia del juez.

De esta manera, la entrada en funciones de estos jueces, magistrados y ministros tiene como principal tarea modificar la percepción que la sociedad tiene del Poder Judicial. Durante décadas, los tribunales se percibieron como espacios lejanos, inaccesibles y opacos.

El lenguaje técnico, los procedimientos largos y la distancia con la ciudadanía reforzaban la idea de un poder aislado. Ahora, la elección popular obliga a que los juzgadores sean comprensibles, transparentes y responsables frente a quienes los eligieron. La justicia deja de ser un mecanismo abstracto para convertirse en un instrumento que debe conectar con la vida cotidiana de la gente.

No obstante, la elección no reemplaza los retos estructurales del sistema judicial. La carga de trabajo, la lentitud de procesos, la infraestructura limitada y los recursos escasos siguen siendo problemas que afectan la eficiencia y la percepción de justicia.

Lo que cambia es el vínculo simbólico: los jueces ya no solo son figuras técnicas, sino representantes de la voluntad ciudadana en la toma de decisiones judiciales. Esa cercanía puede fortalecer la confianza, siempre que se mantenga la disciplina y la autonomía profesional que exige la ley.

El reto para esta generación es doble. Deben mostrar independencia y conocimiento, pero también construir puentes de confianza con la ciudadanía. Las expectativas populares son altas y, al mismo tiempo, la función judicial exige prudencia, análisis profundo y apego estricto a la ley.

Esta tensión será uno de los factores definitorios del éxito del modelo. La legitimidad democrática no puede debilitar la imparcialidad; al contrario, debe fortalecerla al demostrar que un juez electo puede decidir con justicia y rigor.

El 1 de septiembre no marca simplemente un relevo de cargos: inaugura un laboratorio institucional en el que la democracia y la justicia deberán coexistir. Los nuevos jueces, magistrados y ministros comenzarán a escribir la historia de una etapa en la que la balanza judicial se conecta con la voluntad ciudadana. La ciudadanía, por su parte, tendrá la oportunidad de evaluar cómo esta relación influye en la eficiencia, la transparencia y la confianza en la justicia. Este ejercicio será clave para consolidar un sistema judicial más cercano, legítimo y comprensible.

El futuro de esta reforma depende de la capacidad de los jueces para equilibrar la legitimidad social con la técnica profesional y del acompañamiento crítico de la ciudadanía. La justicia electa, al final, será tan fuerte y confiable como lo sea la sociedad que la observa, la exige y la respalda.

En definitiva, el 1 de septiembre inaugura una era inédita para México: un Poder Judicial que no solo ejerce la ley, sino que también nace del voto ciudadano. La toga, refrendada por la sociedad, tiene ahora la oportunidad de simbolizar una justicia más cercana, más humana y democrática.

Su éxito dependerá de la capacidad de quienes asumen estos cargos para equilibrar técnica, independencia y legitimidad social, y de la sociedad para acompañar con criterio y vigilancia este experimento sin precedentes.

– Por Redacción Conciencia Pública 

Las hermanas tapatías Lia y Mia Cueva Lobato siguen confirmando que son una de las grandes promesas del deporte mexicano.

Con apenas 14 años, las gemelas se colgaron la medalla de oro en el trampolín de 3 metros sincronizado durante los II Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, consolidando un año espectacular para los clavados de Jalisco y de México.

La dupla jalisciense brilló con ejecuciones limpias y gran sincronía, lo que les permitió subir a lo más alto del podio en un evento que reúne a los mejores talentos juveniles del continente.

En la misma jornada, su hermana mayor, Suri Cueva, también aseguró su pase a la final de plataforma de 10 metros, confirmando que la familia entera es ya una referencia en los clavados.

El triunfo en Paraguay se suma a los logros recientes de Lia y Mia en la temporada internacional.

En julio pasado, en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, conquistaron la medalla de bronce en la misma prueba de trampolín sincronizado, al registrar 294.36 puntos y compartir podio con las potencias de China y Gran Bretaña.

Antes, en su debut internacional absoluto, habían sorprendido al conseguir la plata en la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara, ante su público.

Las gemelas entrenan bajo la tutela del reconocido entrenador Iván Bautista en el CODE Jalisco, semillero de múltiples medallistas olímpicos. Con disciplina, talento y una conexión natural al competir juntas, han demostrado que México cuenta con una nueva generación de clavadistas capaces de pelear de frente a las potencias mundiales.

La presencia de tres hermanas tapatías en competencias internacionales –Lia, Mia y Suri– ha llamado la atención de la prensa especializada, que ve en la familia Cueva Lobato una historia deportiva digna de seguimiento rumbo a los próximos Juegos Olímpicos. Sus progresos, apenas iniciando la etapa juvenil, marcan un camino ascendente con grandes expectativas a futuro.

Los clavados en Asunción 2025 concluirán el próximo 19 de agosto, por lo que Lia y Mia aún tendrán actividad en pruebas individuales, mientras que Suri buscará meterse en el podio de plataforma.

Por lo pronto, el oro panamericano junior confirma que Jalisco sigue siendo la cuna de los mejores clavadistas  y deportistas de México y que las Cueva Lobato ya están escribiendo su propia historia.