NACIONALES
El presidente tiene lista una nueva Constitución: Lo haría con mayoría calificada en las cámaras
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
ESTE DÍA 5 de febrero del año 2024, quedó plenamente confirmado el desprecio que el Presidente López Obrador siente por las instituciones generadas en el México que pasó de una “dictadura perfecta” del PRI a un México más democrático en los recientes 30 años.
Aquella vez, cuando gritó a los cuatro vientos ¡Al diablo con sus instituciones!, ya había fijado en su mente el llegar al poder para elaborar una nueva Constitución y la vigente desde 1917 enviarla al olvido, así como a todo organismo autónomo y poder del Estado que se interpusiera en su propósito de generar un sistema dominado por un solo hombre.
Entre las cosas de su personalidad que son inocultables, está el que jamás ha podido guardar ni sus sentimientos ni sus emociones. Aprendió en 18 años de precampaña presidencial a conocer al pueblo y establecer una narrativa para ese pueblo, en tanto el resto de la población se convertiría en su enemigo y –cual decálogo del “populismo” o “socialismo del siglo XXI- argumento necesario para culparlo de los fracasos de su “cuarta transformación”.
Ha violado desde su juramento al asumir la presidencia (“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen…”) hasta la máxima de que “nada ni nadie” podrá estar por encima de nuestra Carta Magna, de tal manera que si hubiese un verdadero equilibrio de poderes en nuestro país, ya se le hubiera sujeto a un juicio político, como una forma de reclamarle su perjurio, precisamente en cumplimiento de los dictados constitucionales.
Pero como todo gobernante con ínfulas de tirano, López Obrador está cometiendo quizá el error más grande de su sexenio: El exceso de confianza.
Está convencido de que su partido, MORENA, arrasará en los comicios del próximo 2 de junio y, cual debe, del triunfo de su candidata Claudia Sheinbaum.
En sus matemáticas personales, el que 30 millones de mexicanos repitan el fenómeno del año 2018, será más que suficiente para alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados (el control de las dos terceras partes del total de sus integrantes), de tal manera que dejaría palacio nacional con su paquete de reformas constitucionales aprobadas por la Legislatura que iniciará su periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre.
Su desprecio por la Constitución vigente en el país lo terminó de demostrar con su ausencia en la ceremonia especial de aniversario de la promulgación de nuestra Ley de leyes este día 5 de febrero y tener la atención nacional cuando en la misma fecha presentó al país su paquete de veinte reformas constitucionales enviadas al Congreso de la Unión.
López Obrador sabe perfectamente que dichas reformas no pasarán porque no cuenta con la mencionada mayoría calificada, pero tiene la seguridad de que en septiembre sí la tendrá. Independientemente del fondo de cada una de sus reformas, se puede tomar como una burla y una manipulación al mismo tiempo su “paquete”, sabedor de que su acción violenta las normas de nuestra Carta Magna.
No solo eso. Con una sola pedrada quiso matar dos pájaros. Envuelto en el escándalo de la investigación que los Estados Unidos está desarrollando en contra del gobierno mexicano por su laxitud ante el crimen organizado, aprovechó la fecha y jaló el evento a un debate nacional y así “tapar” los espacios con la información difundida por Tim Golden, la que le involucra directamente y lo siente en el banquillo de los acusados.
A sus “otros datos” habría que anteponer la verdad: Tiene lista la redacción de una nueva Constitución. Si domina ambas cámaras, la próxima legislatura se convertirá en un Congreso constituyente para debatir y aprobar una nueva Carta Magna.
En el nuevo texto, se pondrá en relevancia la supremacía del Estado sobre valores esenciales como la Libertad, el respeto a la vida y a la libre empresa. Los seguidores de la 4-T en su partido y en el Senado lo han repetido: “Vamos a obradorizar al Poder Judicial. Vamos a obradorizar a una Constitución acorde al siglo XXI”
El exceso de confianza prevé un resultado inesperado, En el año 2018, toda la oposición a MORENA estaba dividida. Si al final se cuentan los votos de los candidatos José Antonio (PRI) Meade, Ricardo (PAN) Anaya y hasta los del “Bronco” neolonés, la diferencia a favor de AMLO se cierra a seis puntos.
En el 2021, ya unida la alianza PAN-PRI-PRD, el Presidente perdió la mayoría calificada en ambas cámaras, lo que le provocó varias rabietas al no pasar las reformas que más le interesaban, como la eléctrica, la electoral y la del Poder Judicial Federal.
En este 2024, sólo hay dos frentes: Uno a favor de López y otro en su contra. La consciencia y la razón indican que está en juego el futuro del país, porque una de estas dos plataformas triunfará después del 2 de junio: La Democracia o la dictadura.
Ahora existe un desgaste natural de López Obrador porque -además del colapso en seguridad pública y la salud-, su mayor compromiso de acabar con la corrupción ha resultado, evidentemente, un rotundo fracaso.
Si la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez son realmente 20 puntos al día del arranque de la campaña oficial que será este 1 de marzo, quiere decir que los números se cerrarán al paso de los noventa días de actividades.
Y, reiteradamente, la fórmula para evitar que México viva el escenario de Cuba, Venezuela y Nicaragua (aunque haya oídos sordos y ciegos que no quieren ver) es que vote cuando menos el 60 por ciento del total del padrón de mexicanas y mexicanos con credencial de elector, que suman poco más de 95 millones.
La soberanía nacional reside en el pueblo, reza la Constitución y será éste último quien decida su futuro. Finalmente ¿quién le puede reprochar al pueblo su deseo de tener al gobernante que merece?
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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