NACIONALES
El próximo domingo es la convocatoria a votar: La esperanza con la Consulta Popular

Opinión, por Cayetano Frías Frías //
El próximo domingo, todas las personas que aparecen en la Lista Nominal de Electores, tendrán la oportunidad de participar en la primera Consulta Popular oficial, un ejercicio inédito, histórico, el cual si es bien aprovechado, será un parteaguas en la vida democrática de nuestro país.
Nunca antes los ciudadanos de a pie han tenido la oportunidad a través de las vías institucionales, de pronunciarse en favor o en contra de un actor político, o de una acción u obra de gobierno, cuyas decisiones o consecuencias hayan sido consideradas lesivas para la mayoría de la población.
Con esta consulta, se vuelve realidad la voluntad popular, pues además de hacer pública la decisión de una mayoría, la Ley de Consulta Popular establece al “Sí”, como una determinación vinculatoria que obliga a las autoridades competentes, para actuar en contra de los actores políticos si se les comprueba la comisión de delitos.
La participación en la Consulta, será uno de muchos pasos hacia el empoderamiento de los ciudadanos para influir en las decisiones de gobierno a través del voto. Infortunadamente, en los procesos electorales para cargos de responsabilidad popular, ningún marco jurídico obliga a los políticos electos a cumplir las promesas de campaña, ni a conducirse con los mínimos principios éticos y de honestidad en el manejo de los recursos públicos.
Además será temporalmente oportuno para incluir en los procesos formativos de conciencia social a las nuevas generaciones, quienes podrán disponer de esta herramienta política para alzar su voz ante las decisiones administrativas y políticas que les afecten, independientemente de los oídos sordos e intereses de los “representantes populares”. Además se podrán librar de algunas mafias de “líderes de la sociedad civil”, que se han enquistado en los organismos descentralizados y en la práctica son cómplices de las corruptelas.
La Consulta puede cimbrar los acuerdos no escritos de la clase política, que se reflejan en el altísimo grado de impunidad, tanto en la persecución y castigo de los delitos penales, como en los del orden civil, del familiar, y sobre todo la tolerancia para quienes delinquen desde la administración pública.
El fondo de la Consulta no es, como pregonan los conservadores, “consultar la ley”, sino dar una herramienta jurídica a los ciudadanos para romper el pacto de impunidad entre los políticos, que sea vinculatoria y obligatoria de cumplir en las decisiones que se emitan. Solo con la presión ciudadana habrá eficacia en el combate a la corrupción, pues hasta ahora ha sido inútil y una burda broma, el trabajo de las decenas de miles de empleados que laboran en los miles de “órganos internos de control”, en dependencias de los tres niveles de gobierno y en los organismos descentralizados. Peores son los “sistemas anticorrupción”, que en su esencia son corruptos, pues crear más burocracia es fomentarla.
ANTECEDENTES Y APROBACIÓN
En la reforma política de 1977 se incorporaron en el Artículo 73 Constitucional las figuras de “referéndum” y de “iniciativa popular” para el entonces Distrito Federal, pero el Congreso de la Unión nunca aprobó la legislación complementaria y por lo tanto, jamás tuvieron utilidad. Al crear la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se asumió que los ciudadanos tuvieron voz y en 1987 desaparecieron esas figuras del Artículo 73.
Fue hasta la reforma constitucional de 2012 cuando en el Artículo 35 Constitucional se incorporaron las figuras de “iniciativa ciudadana” y de “consulta popular”, pero hasta el 14 de marzo de 2014 se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular vigente. A partir de esa fecha, se han registrado cuatro intentos para implementar este ejercicio, todos fueron rechazados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no cumplir los requisitos constitucionales.
La Corte desechó las solicitudes del PRI que buscaba el consenso para reducir el número de legisladores plurinominales; el PAN intentó lograr respaldo para un incremento al salario mínimo; en tanto que PRD y Morena cada uno por su lado, solicitaron iniciar consulta para eliminar la reforma energética.
La Ley de Consulta Popular establece que cada tres años, en el año previo a la elección federal, puede presentarse una solicitud para trámite ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores. Como no precisa que solo en una de las dos Cámaras procede el trámite, se concluye que cada tres años pueden presentarse dos solicitudes con diferente tema.
En el terreno práctico el presidente AMLO ha recurrido en varias ocasiones a las consultas a mano alzada o a través de encuestas, pero con repercusiones sobre temas que sería más adecuado tratarlos en el rango de presupuesto participativo, como la obra de una cervecera en Mexicali o el fallido aeropuerto en la capital, aunque éste último era una promesa de campaña.
En 2020 se inició el trámite para la consulta que nos ocupa, donde participaron un grupo de ciudadanos identificados con las corrientes de izquierda, así como la entonces dirigente nacional de Morena; ambos esfuerzos fueron desechados por la Corte, aunque hay que precisar que los primeros lograron recabar más del 2% de las firmas requeridas por la Ley, para respaldar la solicitud de iniciar la consulta.
Aunque en un principio la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, se centró en preguntar sobre la necesidad de llevar ante los tribunales a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el trámite de validación constitucional del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluyó los nombres, pero redactó una nueva pregunta a través de la cual se amplía la posibilidad ya no solo de enjuiciar a los expresidentes, sino a cualquier actor político de cualquier región o municipio de México que haya incurrido en actos considerados delictivos.
Un ejemplo de posibles personajes a investigar, podrían ser los diputados y senadores federales que recibieron sobornos durante el proceso de aprobación de la reforma energética, como acto lesivo para la inmensa mayoría de los mexicanos, sin que jamás hayan consultado a sus representados.
Una vez aprobada la viabilidad constitucional de esta consulta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de considerar que la solicitud contiene fundamentos legales aplicables, el Congreso publicó la convocatoria el 28 de octubre de 2020, fijando como fecha para votación el 01 de agosto de 2021 y precisando que es responsabilidad del INE tutelar este ejercicio.
El Artículo 54 de la Ley de Consulta Popular, precisa que el resultado será vinculatorio para las autoridades correspondientes los siguientes tres años, a partir de la fecha en que se le de validez. La proyección para que adquiera validez, es que se presenten a las urnas por lo menos 37.5 millones de votantes y con 50 mil casillas instaladas, cada una deberá recibir alrededor de 750 boletas para alcanzar el 40% de la Lista Nominal de Electores que se requiere.
PREGUNTA APROBADA EN LA SCJN:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
PREGUNTA PROPUESTA POR AMLO
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos por parte de los expresidentes Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto antes y después de sus gestiones?
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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