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El próximo domingo es la convocatoria a votar: La esperanza con la Consulta Popular

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Opinión, por Cayetano Frías Frías //

El próximo domingo, todas las personas que aparecen en la Lista Nominal de Electores, tendrán la oportunidad de participar en la primera Consulta Popular oficial, un ejercicio inédito, histórico, el cual si es bien aprovechado, será un parteaguas en la vida democrática de nuestro país.

Nunca antes los ciudadanos de a pie han tenido la oportunidad a través de las vías institucionales, de pronunciarse en favor o en contra de un actor político, o de una acción u obra de gobierno, cuyas decisiones o consecuencias hayan sido consideradas lesivas para la mayoría de la población.

Con esta consulta, se vuelve realidad la voluntad popular, pues además de hacer pública la decisión de una mayoría, la Ley de Consulta Popular establece al “Sí”, como una determinación vinculatoria que obliga a las autoridades competentes, para actuar en contra de los actores políticos si se les comprueba la comisión de delitos.

La participación en la Consulta, será uno de muchos pasos hacia el empoderamiento de los ciudadanos para influir en las decisiones de gobierno a través del voto. Infortunadamente, en los procesos electorales para cargos de responsabilidad popular, ningún marco jurídico obliga a los políticos electos a cumplir las promesas de campaña, ni a conducirse con los mínimos principios éticos y de honestidad en el manejo de los recursos públicos.

Además será temporalmente oportuno para incluir en los procesos formativos de conciencia social a las nuevas generaciones, quienes podrán disponer de esta herramienta política para alzar su voz ante las decisiones administrativas y políticas que les afecten, independientemente de los oídos sordos e intereses de los “representantes populares”. Además se podrán librar de algunas mafias de “líderes de la sociedad civil”, que se han enquistado en los organismos descentralizados y en la práctica son cómplices de las corruptelas.

La Consulta puede cimbrar los acuerdos no escritos de la clase política, que se reflejan en el altísimo grado de impunidad, tanto en la persecución y castigo de los delitos penales, como en los del orden civil, del familiar, y sobre todo la tolerancia para quienes delinquen desde la administración pública.

El fondo de la Consulta no es, como pregonan los conservadores, “consultar la ley”, sino dar una herramienta jurídica a los ciudadanos para romper el pacto de impunidad entre los políticos, que sea vinculatoria y obligatoria de cumplir en las decisiones que se emitan. Solo con la presión ciudadana habrá eficacia en el combate a la corrupción, pues hasta ahora ha sido inútil y una burda broma, el trabajo de las decenas de miles de empleados que laboran en los miles de “órganos internos de control”, en dependencias de los tres niveles de gobierno y en los organismos descentralizados. Peores son los “sistemas anticorrupción”, que en su esencia son corruptos, pues crear más burocracia es fomentarla.

ANTECEDENTES Y APROBACIÓN

En la reforma política de 1977 se incorporaron en el Artículo 73 Constitucional las figuras de “referéndum” y de “iniciativa popular” para el entonces Distrito Federal, pero el Congreso de la Unión nunca aprobó la legislación complementaria y por lo tanto, jamás tuvieron utilidad. Al crear la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se asumió que los ciudadanos tuvieron voz y en 1987 desaparecieron esas figuras del Artículo 73.

Fue hasta la reforma constitucional de 2012 cuando en el Artículo 35 Constitucional se incorporaron las figuras de “iniciativa ciudadana” y de “consulta popular”, pero hasta el 14 de marzo de 2014 se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular vigente. A partir de esa fecha, se han registrado cuatro intentos para implementar este ejercicio, todos fueron rechazados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no cumplir los requisitos constitucionales.

La Corte desechó las solicitudes del PRI que buscaba el consenso para reducir el número de legisladores plurinominales; el PAN intentó lograr respaldo para un incremento al salario mínimo; en tanto que PRD y Morena cada uno por su lado, solicitaron iniciar consulta para eliminar la reforma energética.

La Ley de Consulta Popular establece que cada tres años, en el año previo a la elección federal, puede presentarse una solicitud para trámite ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores. Como no precisa que solo en una de las dos Cámaras procede el trámite, se concluye que cada tres años pueden presentarse dos solicitudes con diferente tema.

En el terreno práctico el presidente AMLO ha recurrido en varias ocasiones a las consultas a mano alzada o a través de encuestas, pero con repercusiones sobre temas que sería más adecuado tratarlos en el rango de presupuesto participativo, como la obra de una cervecera en Mexicali o el fallido aeropuerto en la capital, aunque éste último era una promesa de campaña.

En 2020 se inició el trámite para la consulta que nos ocupa, donde participaron un grupo de ciudadanos identificados con las corrientes de izquierda, así como la entonces dirigente nacional de Morena; ambos esfuerzos fueron desechados por la Corte, aunque hay que precisar que los primeros lograron recabar más del 2% de las firmas requeridas por la Ley, para respaldar la solicitud de iniciar la consulta.

Aunque en un principio la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, se centró en preguntar sobre la necesidad de llevar ante los tribunales a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en el trámite de validación constitucional del tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación excluyó los nombres, pero redactó una nueva pregunta a través de la cual se amplía la posibilidad ya no solo de enjuiciar a los expresidentes, sino a cualquier actor político de cualquier región o municipio de México que haya incurrido en actos considerados delictivos.

Un ejemplo de posibles personajes a investigar, podrían ser los diputados y senadores federales que recibieron sobornos durante el proceso de aprobación de la reforma energética, como acto lesivo para la inmensa mayoría de los mexicanos, sin que jamás hayan consultado a sus representados.

Una vez aprobada la viabilidad constitucional de esta consulta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de considerar que la solicitud contiene fundamentos legales aplicables, el Congreso publicó la convocatoria el 28 de octubre de 2020, fijando como fecha para votación el 01 de agosto de 2021 y precisando que es responsabilidad del INE tutelar este ejercicio.

El Artículo 54 de la Ley de Consulta Popular, precisa que el resultado será vinculatorio para las autoridades correspondientes los siguientes tres años, a partir de la fecha en que se le de validez. La proyección para que adquiera validez, es que se presenten a las urnas por lo menos 37.5 millones de votantes y con 50 mil casillas instaladas, cada una deberá recibir alrededor de 750 boletas para alcanzar el 40% de la Lista Nominal de Electores que se requiere.

PREGUNTA APROBADA EN LA SCJN:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

PREGUNTA PROPUESTA POR AMLO

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos por parte de los expresidentes Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto antes y después de sus gestiones?

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La carta responsiva que sí existió

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

El Magisterio Nacional padece quizá una de las peores administraciones educativas, por decir lo menos. Actualmente los colectivos docentes en las escuelas de educación básica ya se encuentran en procesos de capacitación y organización para el regreso a clases presenciales del próximo Ciclo Escolar 2021–2022, llevando a cabo un trabajo profesional en cada escuela que dista mucho de lo que esperarían de sus autoridades educativas, a quienes se les ocurrió un regreso a clases sin tener una planeación pertinente para un regreso seguro tanto para alumnos como para docentes.

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano de gobierno académico de la escuela, con facultades para tomar decisiones sobre la operación interna de la misma, actualmente llevan a cabo una capacitación profesional analizando los rezagos educativos y diseñando estrategias para recuperar los aprendizajes que no se dieron a la distancia durante este año y 6 meses que estuvieron cerradas las escuelas por seguridad sanitaria. Así mismo, los docentes y directivos se preparan para hacer eficiente el tiempo en un nuevo ciclo escolar y la organización para que los centros educativos puedan tener lo mínimo indispensable para el regreso a clases seguro, en medios de cambios a los materiales de análisis sin previo aviso.

Esta capacitación para la actualización y superación profesional docente con deficientes documentos, sin bibliografías calificadas y de aplicación autogestiva no es casualidad, sino consecuencia de la poca importancia que se da para el desarrollo profesional del docentes, al que para este 2021 se redujo en más del 40% su presupuesto, un rubro al que ningún gobierno le ha dado importancia, sin embargo la 4T ha destinado uno de los recursos más bajos de las últimas décadas, lo que permite entender todos estos cambios que tratan de enmendar errores que ya parecen sistemáticos y hasta normales en una de las Secretarías con mayor importancia en cualquier país.

Entre los cambios a las guías del CTE está la eliminación de la famosa carta compromiso de responsiva que el miércoles en el tribunal de la verdad llamado “quién es quién en las mentiras” el Gobierno del Presidente López Obrador negó su publicación.

Es importante analizar no sólo la desacreditación y estigmatización de los medios a través de una mentira que por venir de Palacio de Gobierno y ser acreditada por éste tribunal se pretende imponer como verdad absoluta, lastimando la libertad de prensa y el acceso a la información de todos los mexicanos, pero además, esta sección niega la carta que fue enviada como parte de los materiales de trabajo para el magisterio en estas Guías de CTE, donde más de 1 millón de trabajadores de la educación pudimos constatar lo que el miércoles en el “fake show” llamado mañanera, el gobierno federal se atrevió a decretarlo como mentira, pese a que el debate en sí no era el formato de la carta, sino el contenido de la sugerencia carta responsiva, pues el formato lo pueden alterar con permisividad de la autoridad como cualquier otro documento sugerencia para el CTE.

Así lo determinan los propios lineamientos para la organización y el funcionamiento de los CTE, es decir, ninguna carta de las exhibidas por medios fue falsa y sí existió la sugerencia de carta compromiso como anexo 3, de la Sesión 2 de la Fase Intensiva de los CTE, documento oficial que se publicó en la página web de la SEP, mismo que tienen en su poder los docentes en todo el país.

Hoy es necesario manifestar a todos lo medios de comunicación, así como a los profesionales del periodismo que lo publicaron nuestra solidaridad, el respaldo a su trabajo profesional respecto de este asunto, porque de ustedes esperaríamos lo mismo que ustedes a nuestro desempeño profesional. La carta es real, existió, pero ahora para salvar la intransigencia, ocurrencia, irracionalidad y hasta demencia de la Presidencia de este país se eliminó y negó por parte de la SEP, lo que representa otro insulto más al magisterio de este país.

No son los únicos cambios, sino que eliminan otros apartados de las guías, las Sesiones del CTE se podían realizar a distancia, según la sugerencia del anterior documento, lo que supone toda una organización de logística para los colectivos docentes, en los cambios realizados para este fin de semana sin aviso, se deben realizar de manera presencial, es decir, en fin de semana los directivos deberán trabajar en la organización y logística para que comiencen este lunes 23 los CTE en las escuelas, una falta de respeto a la organización y profesionalismo de los trabajadores de la educación, entre otras modificaciones a las ocurrencias por parte de la SEP.

Como estos cambios, así todo lo relacionado con otros procesos para el magisterio como la admisión y promoción, donde sin avisar toman decisiones que impactan en los derechos laborales del magisterio, para muestra el USICAMM. Al magisterio lo están obligando a buscar otras formas de vida, la docencia puede dejar de ser su actividad prioritaria, lo que podría significar una reducción en la calidad de la enseñanza, hoy que las emociones juegan un papel muy importante para el proceso de enseñanza aprendizaje, estamos provocando un magisterio sin motivación, sin incentivos, sin calidad de vida, sin aspiraciones y esperanza de crecimiento, alerta, los educandos pueden ser el reflejo de ese magisterio, aunque para algunos esto les caerá como anillo al dedo, será un ancla que estanque el desarrollo de este país, elemento significativo para un posible estado fallido.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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Va para largo

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Tercera Instancia, por Modesto Barros González //

En unos días el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer a los habitantes de esta sufrida nación sus presuntos grandes logros, acciones y dolores de cabeza que se ha padecido en los casi tres años de su mandato.

Con varios problemas que ha tenido y la constante imposición de su voluntad, ha tenido que lidiar el tabasqueño y además con la incapacidad de sus muy cercanos colaboradores que constantemente le fallan o le hacen quedar mal con sus gobernados y así se ha tenido “tomar el toro por el cuerno”, aunque sea en pocos casos ya que parece que no le gusta quedar mal aunque le “agarren los dedos con la puerta”, como dicen.

Así hace casi un año se impuso a rifar el avión presidencial, pero no lo pudo hacer, mejor la Lotería Nacional, recabó el dinero de los “cachitos” vendidos y de los premios parece que no se han repartido todos los ofrecidos.

El avión sigue en manos del Poder Ejecutivo Federal y decenas de millones de pesos se han gastado, ni lo han podido vender ni terminar con el “barril sin fondo” que representa.

Otro de los fallidos intentos del epriista, experredista y ahora guía total de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha sido el rotundo fracaso que tuvo en la formación y operación de un cuerpo de seguridad nacional que inició con cinco mil elementos del ejército y denominó Guardia Nacional, con el que tenía el deseo de combatir la delincuencia y en un futuro cercano regresar a los cuarteles al personal del Ejército y de la Secretaría de Marina, pero parece “que todo fue un sueño” y con el dolor tuvo que regresar a los elementos a las filas que en su mayoría pertenecían.

Tal parece que su hombre fuerte en esa estrategia fallida, ingeniero civil y abogado Francisco Alfonso Durazo Montaño, le hizo creer que su Guardia Nacional sería el inicio de la “pacificación de México”, pero por desgracia se ha demostrado que ha estado muy alejada de la realidad.

Ahora bien otro de los tan “cacareados” proyectos que anunció desde mucho antes de asumir el cargo, fue la descentralización de las principales dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

Según archivos de prensa el 6 de Julio de 2018, se publicó que una de las “principales prioridades de Andrés Manuel López Obrador, a partir del primer día de diciembre de ese años, sería la supuesta descentralización de la mayoría de las Secretarías de Estado y Dependencias Federales.

La idea se dijo durante varias declaraciones de su campaña policía en busca de la Presidencia y que lo dijo desde noviembre de 2017, donde supuestamente se quedarían en la Ciudad de México, por asuntos de seguridad nacional, la de Defensa, la de Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda.    

Entonces buscaba López Obrador con los cambios de sedes “promover el desarrollo en todo el territorio nacional, a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios”, entonces se dijo.

El magno proyecto, ya presuntamente fracasado, proponía que la Secretaría de Turismo se instalara en Chetumal, Quintana Roo; la del medio Ambiente en Mérida Yucatán; mientras que Pemex, se iría a Ciudad del Carmen, Campeche y la de Energía a Villahermosa, Tabasco.

Mientras tanto la CFE, que actualmente dirige Manuel Bartlett Díaz, debería de instalarse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la Conagua en el puerto de Veracruz; Desarrollo Social a la capital de Oaxaca; la de Educación Pública, a Puebla capital y la de Cultura a Tlaxcala.

Por cierto parece que la que ya se cambió hace unos días fue ésta última de Cultura.

Como todo era de buenas intenciones y cambios a futuro, también quería trasladar a Banobras a Cuernavaca, Morelos; el Infonavit a Toluca, Estado de México; la Secretaría de Salud a Acapulco, Guerrero; el Instituto Mexicano del Seguro Social a Morelia, Michoacán; la de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a Guadalajara, Jalisco y el ISSSTE a la capital de Colima.

Hace casi tres años, el actual mandatario se comprometió a cambiar las oficinas de llevarse las oficinas principales de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), que dirige la cuestionada Ana Guevara a Aguascalientes; la de la Función Pública a Pachuca, Hidalgo; Diconsa a Zacatecas; la de Comunicaciones y Transportes, a San Luis Potosí; Economía a Monterrey, Nuevo León y Nacional Financiera a Torreón, Coahuila.

El anunciado proyecto planteado entonces quería mandar a la Comisión Forestal a Durango, capital; al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a Bahía de Banderas, Nayarit; la Comisión Nacional de Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, a Mazatlán, Sinaloa; la de Agricultura, a Ciudad Obregón, Sonora; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a La Paz , Baja California Sur, y el Instituto Nacional de Migración (INM), a Tijuana, Baja California.

Para completar dependencias a la Secretaría de Minería, a Chihuahua, Capital y la de Aduanas a Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Pues como ya se ha señalado, tal parece que los deseos del Presidente, dentro de su 4T, quedará como eso, en deseos y todavía no se sabe si intentará cambiar la sede de algunas de las dependencias señaladas, pero eso ya lo veremos. 

 

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Detrás de la revocación

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

¿Porqué un gobernante que llegó al poder con 30 millones de votos y mantiene aceptación mayor al 50% se empeña en promover una acción de revocación de mandato que nadie, salvo una legión menor de exaltados, propone o quiere? Es un caso único en el mundo, en el que el propio gobernante, a mitad de su mandato, no solo propone, insiste, en que se realice la revocación de mandato establecida en el artículo 35 de la Constitución mexicana.

Bien dicen los que aseguran que Kafka sería catalogado como conservador en este país. Lógicamente inexplicable, la intención es políticamente comprensible pero refutable, más propagandísticamente insuperable. Independientemente de que la instrucción gubernamental no se haya cumplido en el poder legislativo, al no haberse aprobado el periodo extraordinario donde se presentaría la ley reglamentaria correspondiente, y de que sea imposible reunir los requisitos que la disposición constitucional impone para que se lleve a cabo, por una oposición dispersa y no dispuesta a seguirle la corriente al presidente; reunir las firmas del 3% del listado nominal y que este corresponda a su vez al 3% de la lista de cuando menos 17 estados es algo que la estructura gubernamental no puede hacer más que violando la ley, que le impide promover esta revocación.

Esto no impedirá que el titular del ejecutivo lance cuanta invectiva le dicte su intelecto en contra del INE y los tribunales electorales y cuanto adversario imagine y por tanto, la imagen de un cruzado democrático cabalgando entre obstáculos será ampliamente difundida para lograr su anhelado pase a las páginas históricas como el gran transformador.

Pudiera entenderse que el afán transformador que guía los actos del presidente, sin embargo, a estas alturas ya debiera haberse dado cuenta que no es con estos ejercicios de autoritarismo con los que ha impuesto consultas irregulares y llevado a cabo la primera oficial, sumamente desairada e intrascendente, como va a transformarse la vida política nacional. El presidente equivoca la dirección de la mira con la que pretende modificar la democracia mexicana, no es atacando a las instituciones, a los árbitros y jueces de las contiendas electorales, ni promoviendo ejercicios insulsos como puede darse paso a la democracia participativa.

Es un hecho que los partidos ya no representan a los ciudadanos y que estos a su vez exigen una mayor participación en las decisiones, pero lo peor que nos puede suceder es que transitemos a una democracia plebiscitaria que solo puede conducir a la paralización o ralentización del desarrollo, a la nulificación de las capacidades ejecutivas del gobierno y en última instancia a la anarquía.

Lo que debe sacudirse es el régimen de partidos. Actualmente se han vuelto membretes al servicio de camarillas de notables, más preocupados por cuidar sus intereses e integridad personal que por representar a la militancia que dicen tener. Han dejado de ser escenario del debate ciudadano para la obtención de propuestas y enriquecimiento de sus plataformas ideológicas, para convertirse en franquicias de siglas a la venta para el usufructo de oportunistas, corruptos y corruptores del ambiente político nacional.

Si el presidente quiere en verdad influir en el enriquecimiento de la vida democrática mexicana, no son las instituciones encargadas de los procesos los que deben transformarse, sino los partidos políticos. El régimen de subsidios y prerrogativas y la vigilancia para evitar que sean, como hoy, estructuras burocráticas para legitimar decisiones de sus cúpulas. Hacer de ellos verdaderas instancias de participación.

Dan pena los membretes partidistas, antes ideológicamente irreconciliables y hoy unidos por la disputa del poder. El papel de los partidos debe cambiar para que su representatividad sea real. Contrasta que en materia laboral, la democracia avance forzando a los sindicatos a ser más representativos de las bases obreras, y no se esté haciendo lo mismo con los partidos políticos. La política clientelar con base en los apoyos gubernamentales que sigue su partido, es antidemocrática y corrompe la voluntad ciudadana, al igual que en otros partidos es censurable el oportunismo y el alejamiento de las bases doctrinarias y principios por conveniencia electoral.

El presidente equivoca el camino, el cambio no debe ser hacia una democracia plebiscitaria, sino al perfeccionamiento de la representativa, pero para ello es necesario empezar por los partidos, incluido el suyo. El tráfico y comercio que se hace actualmente con las posiciones no le es desconocido, como tampoco la manera ilegal y corrupta con la que se mantienen liderazgos y se financian carreras políticas.

Transformar a los partidos, devolverle la dignidad a la política, desterrar la corrupción y la protección de intereses desde las cúpulas partidistas, hacer un trabajo ético y junto a la ciudadanía, esa será la verdadera transformación, no la instauración por capricho de prácticas o modelos de participación ciudadana que nunca han demostrado ser efectivos para la transformación o el desarrollo de un país. No es normalizando lo que debiera ser extraordinario y de excepción, como se habrá de dignificar la vida política nacional, sin embargo, la discusión provocada evita el debate sobre la realmente importante problemática nacional, cada vez más agravada y apremiante, requerida de verdaderas acciones de gobierno alejadas de la agenda electoral.

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