NACIONALES
El reposicionamiento de las encuestadoras serias: México 2024, crónica de un resultado anunciado
Análisis, por Alberto Pérez Obeso //
“Que no haya ilusos para que no haya desilusionados” Manuel Gómez Morín
La elección presidencial de México el 2 de junio de 2024 tuvo el desenlace que de manera reiterada fue anticipado por diversas empresas encuestadoras muy acreditadas, todas afiliadas a la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMAI), organismo que integra a las empresas que cuentan con la metodología científica y la trayectoria que las acredita como profesionales y confiables para quienes quieran incursionar, con algún grado importante de certidumbre, en proyectos políticos sustentables.
Ahí hay una piedra con la que siempre tropiezan los políticos pragmáticos que persiguen proyectos con “ganas” pero sin saber el terreno que pisan ni mucho menos su posición real en el campo de batalla al que pretenden incursionar, lo que les lleva a amargos despertares.
Pero la investigación seria fue sólo uno de los déficits con que Xóchitl Gálvez literalmente se lanzó como abanderada de la variopinta alianza de las siglas PRI-PAN-PRD, bajo el liderazo real/encubierto del empresario Claudio X (otra vez) González, apostándole a una improbable amnesia colectiva de los electores mexicanos, que en 2018 repudiaron a los partidos políticos que usaron ahora a XG para ganar posiciones/tablas del naufragio, así como a una sociedad civil que no fue suficiente para ganar la elección.
A grandes rasgos se pueden enumerar otras deficiencias graves que apagaron muy pronto el relumbrón que tuvo en su arranque XG, al acudir a golpear la puerta de Palacio Nacional y aprovechar la cerrazón del presidente AMLO, aunque después fue el promotor más eficaz del súbito crecimiento de la popularidad de XG.
Primero, su “discurso” se limitó a señalar las deficiencias del gobierno de AMLO, con lo que llevó al presidente como tema principal de su campaña y derivar en una suerte de referéndum del mandatario saliente que, guste o no, mantiene un nivel alto de respaldo popular.
Segundo, nunca presentó un proyecto alternativo al modelo de AMLO, por el contrario, trató de reivindicar temas como los programas sociales que dijo ella mejoraría, al grado de firmar con sangre su compromiso en un eje que, sin duda, es de las principales fortalezas del régimen.
Tercero, su “narrativa” catastrofista, de un futuro de comunismo, cierre de iglesias, supresión de la propiedad privada, era insostenible a la luz de los hechos del gobierno saliente, en el que la estabilidad macroeconómica y una mejoría notoria en el consumo interno, por la vía de transferencias directas de dinero para las economías familiares, fue muy complicado de imponer, salvo en “su público”, es decir, jugó para la tribuna de los suyos y no para ganar más simpatizantes.
Cuarto, a diferencia de Máynez, no definió un target específico por el cuál ir. Su discurso se limitó a endulzar el oído del segmento de ciudadanos que repudian a AMLO, pero no salió de ese círculo. Máynez en cambio incursionó en el segmento joven y universitario, espacio al que los políticos tradicionales no se atreven, los escuchó y procuró cortejarlos en los términos y por los canales que ellos entienden y por los que se comunican.
Quinto, no se capacitó para comunicar propuestas y se limitó sólo a los ataques o abiertos insultos (narcocandidata), evidenciando fallas para articular un discurso que hiciera sentido a electores que esperaba propuestas, más allá del discurso de odio. No basta con mencionar el QUÉ, sino hay que precisar los CÓMOS se puede mejorar lo que se denuncia, en un lenguaje claro, entendible y creíble para los ciudadanos.
Sexto, dicen (y lo asume mucha gente) que para ser hay que parecer. En este caso, la imagen que proyectaba (más allá de la vestimenta, la risa o el lenguaje “coloquial” y sus bailes) siempre fue deficitaria, es decir, siempre tuvo más negativos que positivos, porque el elector mexicano sigue dando valor a “la investidura presidencial”. Basta recordar el alto costo que tuvo para AMLO en la elección de 2006, haberle dicho al presidente Fox, “cállate chachalaca”.
LOS SALDOS:
Si MC llega a los dos dígitos en la votación para el Congreso, se va a proyectar, ahora sí, como la tercera vía frente a los partidos viejos, que “ni juntos” lograron desbancar al obradorismo. Será la bisagra para los grandes acuerdos legislativos. Y de ahí a construir un líder atractivo para buscar la presidencia en 2030.
La fuerza que mostró la “marea rosa”, nada desdeñable, va a ser muy codiciada por actores políticos que busquen relanzarse fuera de las siglas de los partidos viejos. La duda es si será Xóchitl Gálvez la que coseche ese logro o se lo van a arrebatar los “líderes de la sociedad civil” (léase Claudio X. González) o la van a desintegrar al tratar de arrebatarla los líderes desgastados del PRIAN.
Las encuestadoras serias y profesionales se reposicionan frente a los ataques que resistieron de parte del cártel de opinólogos afines al viejo orden, que llegaron hasta a dar por “buenas” las supuestas encuestas que abonaban a favor de XG.
Es la ocasión de que el INE marque con todo rigor límites y sobre todo requisitos metodológicos realmente científicos, para avalar que haya empresas que publiquen resultados de tendencias preelectorales. Es muy importante la depuración de esas empresas, ya que pueden ser de gran utilidad para dar luz sobre las tendencias de opinión que vayan prevaleciendo en los procesos electorales, sin falsear el estado de cosas ni engañar con ello a la ciudadanía.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
