NACIONALES
«El rey del cash» en retrospectiva
Opinión, por Iván Arrazola
Ha iniciado la circulación del libro El rey de cash (Grijalbo, 2022) en el que la escritora Elena Chávez relata lo que hasta el momento ha sido un secreto que el presidente López Obrador no ha querido revelar, la forma en que financió su movimiento político durante los 12 años que transcurrieron entre que dejó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ganó la Presidencia de la República.
El libro fue escrito por la expareja del actual subsecretario de Gobernación, César Yáñez, una de las personas más cercanas a López Obrador durante buena parte de su trayectoria política. El libro no ofrece pruebas documentales, solo el testimonio de una persona que vivió de cerca junto a un incondicional del presidente los momentos malos y buenos en su larga carrera política.
Entre los detalles reveladores del libro, la escritora explica el mecanismo de financiamiento del movimiento de López Obrador, las actividades políticas del presidente fueron financiadas con recursos públicos provenientes del gobierno de la Ciudad de México y de funcionarios públicos de izquierda, todos los recursos fueron manejados en efectivo, de ahí el nombre de “cash”.
Evidentemente el presidente ha desacreditado la publicación, lejos de desmentir lo dicho en el libro, ha señalado que “no hay pruebas”, que el libro “es un acto de deshonestidad intelectual” y que nada lo daña porque “yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad».
Ante lo acontecido con este episodio se podría hacer un ejercicio de retrospectiva y preguntarse: ¿Qué habría pasado si López Obrador no hubiera ganado la elección presidencial de 2018 y la gana alguno de sus contrincantes? ¿Cuál habría sido la reacción del grupo que actualmente está en el poder ante la publicación de un libro en el que se denuncia una red de tráfico con recursos públicos para apoyar a ese contrincante?
¿Qué habría pasado en el Congreso? Seguramente el grupo parlamentario de legisladores de Morena iracundos, tomarían la tribuna y denunciarían al gobierno espurio y el saqueo a la nación, en voz de una de sus lideres, Citlalli Hernández, exigiría juicio político al presidente en turno y la instalación de una comisión especial para investigar el caso.
Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se sumaría a las protestas, instalando un plantón en el Zócalo e iniciando una huelga de hambre hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables. Mientras Epigmenio Ibarra denunciaría en redes sociales cómo el aparato de Estado utiliza todos los recursos a su alcance para detener el ascenso de López Obrador.
En la FGR, Gerardo Fernández Noroña armaría un zafarrancho por no ser atendido por el fiscal general, se encadenaría a la puerta de la entrada principal en Avenida Insurgentes y sus huestes bloquearían los accesos a las instalaciones por varias semanas, hasta que no se hagan las investigaciones correspondientes y se giren órdenes de aprehensión.
Marcelo Ebrard viajaría a Nueva York para denunciar ante la Secretaría General de la ONU la rampante corrupción que hay en México y exigiría a la ONU un posicionamiento para condenar el caso de corrupción más grande que se haya registrado en México en tiempos recientes. Al reclamo de Ebrard se sumarian la solidaridad de Evo Morales y Nicolás Maduro.
Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, reclamaría a la institución su pasividad ante el caso y exigiría a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE que haga su trabajo y castigue a los responsables con la mayor sanción, quitar el registro a los partidos políticos que estuvieron involucrados e inhabilitar a los funcionarios públicos implicados.
El acto final sería la convocatoria a una gran concentración nacional en el centro de la Ciudad de México, en la que el eterno candidato López Obrador llamaría a la formación de un Frente Cívico de Resistencia ante la descomposición del régimen, culparía al INE, a la Suprema Corte de Justicia, a la FGR y al Tribunal Electoral de estar coludidos con la mafia del poder y emplazaría a dichas instituciones a dar una respuesta inmediata antes de iniciar un paro nacional.
Hoy el grupo en el poder actúa sin el menor pudor, lo que ayer condenaban hoy lo aplauden, reta a sus adversarios a que muestren pruebas de lo que se dice en el libro. Las instituciones encargadas de hacer justicia en el país se encuentran doblegadas ante el poder presidencial, prácticamente ninguna de ellas actuará en contra del presidente a pesar de las revelaciones del libro, el oficialismo luce altanero y soberbio porque sabe que saldrá impune.
El libro explica en parte lo que el presidente López Obrador no puede, el origen de sus ingresos en su época como opositor, la «honestidad valiente» es en realidad falaz, todo lo juzga a través de un doble rasero. Si el desvío de recursos públicos es para la transformación del pais son “donativos”, si el desvío es para la oposición, es un delito, concluye el mandatario.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
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