NACIONALES
En México decide el pueblo: Embestida postrera contra la reforma judicial
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Contra viento y marea, se modificó la Constitución Política de la República y ahora tenemos reglas sustanciales para llevar a cabo una profunda reforma judicial. El inminente domingo uno de junio se dará el paso trascendente de elegir por el pueblo a quienes serán los juzgadores de la nación a partir de septiembre venidero. Ambos avances han encarado fatuas, arrogantes resistencias y obstrucciones provenientes de las oposiciones al gobierno actual: son las embestidas postreras a la renovación de la justicia mexicana.
La elección por voto popular del Poder Judicial estará a cargo de 99.7 millones de votantes quienes están llamados a elegir 881 cargos de entre 3 mil 422 candidatos; las principales posiciones son la Suprema Corte, el novedoso Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y los magistrados que comprende dicho poder. Hemos de asentar, que votar por ministros de la Corte, no es primera vez ya que desde 1824 se acostumbró a hacerlo, siendo la última ocasión en 1918.
Las campañas comenzaron el reciente 30 de marzo y rematarán el próximo 28 de este mes. En todo momento, la oposición a la Cuarta Transformación, que enlista desde comentócratas y ciertos intelectuales, hasta exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral -INE- así como organismos nacionales, algunos de perfil internacional, y grupos de jueces y magistrados en funciones, quienes defienden tozudamente sus canonjías -altas percepciones y legiones de parientes- agregando asociaciones civiles y membretes, todos los cuales imputan hipotética intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en dicha elección.
En distintos foros y medios, los exconsejeros presidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván (2002-2006), Luis Carlos Ugalde (2003-2007) y del INE, Lorenzo Córdova (2014-2023) y el muy escandaloso Ciro Murayama, han criticado la elección del Poder Judicial que promovió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, alienta la actual presidenta Claudia Sheinbaum y sobre todo, aprobó la gran mayoría de votantes que acudieron a sufragar en los comicios del 2 de junio del año pasado.
Lencho, el racista censor de miembros de pueblos autóctonos afirma que la elección del uno de junio, “es absurda y solo tiene el propósito de adueñarse (el Poder ejecutivo y su partido) del Poder Judicial”. La señora Marván, ha insistido en marcar la falta de certeza en las reglas de la elección, la ruptura de las garantías y de la integridad en tal proceso electoral. (Joaquín López Dóriga, Digita, 15-05-2025). Ugalde, el mediocre solapador del fraude de 2006, escribió: “Aquí el voto destruye la naturaleza del Poder Judicial, que es controlar la legalidad del país”. Finalmente, el inefable Murayama, sostiene que tal proceso, es una “enorme farsa», pues quienes aspiran a los cargos de juzgador, “son producto de una preselección de los poderes Ejecutivo Legislativo” …y «Todos los candidatos fueron puestos por gente del gobierno y Morena. Esto es que la elección ya ocurrió…” (El Financiero, 2025-04-16).
Al respecto la mejor respuesta se las dio la mismísima presidenta del INE, Guadalupe Taddei: “Es muy lamentable, que quienes ya no estén, en su calidad de exconsejeros, opinen sobre lo que está sucediendo en este proceso que, además, jamás les tocó realizar”. El INE aprobó 87 mil 924 solicitudes de registro para observadores electorales en la elección del 1 de junio. En el proceso electoral de 2024, el más grande en la historia del país, el instituto avaló a 34 mil 881 observadores, por lo que la jornada próxima serán los comicios más vigilados.
Desde luego que en las filas de comentócratas y alcahuetes intelectuales, al estilo de Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y muchos otros de menor fama, las arremetidas han sido un día sí y otro también. Los medios tradicionales impresos, la radio y la televisión privada, son sus plataformas. Y las oposiciones los aplauden y difunden entre sus seguidores, que, por las encuestas más nuevas, no son muchos, puesto que la ciudadanía da a la mandataria nacional respaldos de alrededor del 80 por ciento.
Afirma Krauze, que “México vive su propio desvarío” y el calificativo lo lleva, -según su “talento” que equiparó a Enrique Alfaro Ramírez con Mariano Otero-, a considerar como “acto de barbarie” la llamada Reforma judicial, “acto final de demolición”. (Reforma, 11-05-2025). El otro líder de intelectuales orgánicos, Aguilar Camín manifestó: “…el proceso es a la vez ininteligible y vergonzoso…El gobierno está dispuesto a tragarse el sapo y a hacer el ridículo con una elección del 15% o el 5% de votantes, porque su ganancia será enorme: obtendrán dominio pleno sobre el Poder Judicial” (milenio.com.14-05-2025). Este personaje es aquél que enfatizó extrañar los apapachos (traducidos en jugosos chayotes) del gobierno.
Claro que el embate no se limita a esos dos cabecillas, sino a una legión de escribidores de las publicaciones tradicionales. Veamos brevemente algunas muestras, tomadas de la prensa nacional (llamada así solo porque se editan en la capital del país) que va del 11 al 16 de mayo.
Rafael Álvarez Cordero: “para sellar la destrucción del país, las elecciones del 1 de junio y la inminente ley de telecomunicaciones confirman que, desde el primer día, lo único que se ha buscado es la implantación de la tiranía…” (Excelsior 11-05). Jorge Alcocer V: “Las consecuencias del mal diseño de las normas legales y el atropellado proceso de organización y desarrollo de la llamada “elección judicial” están a la vista. Sin embargo, nada le importan al gobierno, sus legisladores y al Partido Morena, empeñados en destruir al actual Poder Judicial, para edificar otro, a su servicio, cuyos integrantes surgirán del resultado de una dudosa jornada comicial”. (portal Carmen Aristegui, 11-05- Mirador Político: Distorsión del voto).
La redacción de El Universal, según los colaboradores Luis Pereda y Adriana García, precisa: “Aunque la reforma se intentó presentar como un ejercicio democrático que «permitiría al pueblo elegir a sus jueces», en la vida real es un mecanismo disfuncional impulsado por el partido gobernante y sus aliados, que tiró a la basura 30 años de mejoras paulatinas a la judicatura” y cierran: La captura del Poder Judicial por parte del crimen organizado ya no es una amenaza abstracta, es un escenario real, previsible y no debidamente enfrentado. (12-05-2025).
En el mismo diario y fecha, Leonardo Curzio sostiene: “Las sociedades modernas prefieren a quien destruye un Poder Judicial, que a quien defiende su continuidad y perfeccionamiento. La violación institucional como norma es funcional para ganar elecciones…”
Juan Luis González Alcántara, controvertido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), dijo el 13 de mayo: “La reforma judicial, defendida falazmente con el argumento de la democracia, tiene un garbanzo de a libra…el Artículo Décimo Primero Transitorio del decreto de la reforma. «Para la interpretación y aplicación de este Decreto… toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial»…
“Lo anterior podría ser calificado como una muestra de la hechura de un régimen autoritario, temeroso de la independencia del Poder Judicial”. (El Heraldo de México). El exministro de la SCJN, José Ramón Cossío, pregona: La reforma judicial en curso… “le está regalando los jueces a los delincuentes”. El Universal, 13-05-2025).
Saskia Niño de Rivera en El Universal escribió un artículo que llama “Elecciones, Poder Judicial y delincuencia organizada”. En el presume que las denuncias, presentadas por la organización Defensores AC y el Laboratorio Electoral, ponen en evidencia la vulnerabilidad en la cual nuestro Poder Judicial podría estar, pues “cuando se permite que personas con vínculos al crimen organizado o con sectas religiosas señalados por abusos lleguen a posiciones de Poder Judicial, el mensaje es claro: la impunidad no sólo se tolera, se premia…” (14-mayo).
Por su lado, Gil Gamés, publica en Milenio: “estamos ante una de las porquerías más vergonzosas que se recuerden si hablamos de manipulación, imposición, desaseo, desorden y simulación electoral… La División de Poderes morirá el primero de junio y con ella la democracia mexicana…” (Milenio, 14-05-2025). Sumado a lo anterior, Luis de la Barreda Solórzano, tras aludir a los organismos de la ONU, de las barras de abogados y de los juristas impugnadores, como Diego Valadez, concluye expresando: “Abundan las evidencias de que, además de un atropello atroz, se trata de un fraude grotesco para capturar a los poderes judiciales.” (Excelsior, 15-05-2025).
Para culminar nuestro recuento de la reacción, diremos que el viernes 16 de mayo, se divulgaron artículos del periódico estadounidense The Washington Post y el hebdomadario británico The Economist: ambos advierten la injerencia del narco en elección judicial y el semanario inglés aventura que elegir jueces, es “la peor y más peligrosa idea del Sr. López Obrador: una reforma populista y radical del sistema de justicia de México que socavará el estado de derecho, envenenando las perspectivas económicas de México y debilitando su joven democracia” (¡!).
Como orquestados por el diario de la capital de Estados Unidos y la revista anglosajona, varios comentócratas mexicanos aceptaron que la reforma judicial terminará con la división de poderes, ya que “los frenos que el Poder Judicial podría imponer a la arbitrariedad del Gobierno son ya cosa del pasado. Se ha construido un nuevo Poder Judicial a la medida y bajo el control de la autocracia populista…” (Carlos Marín y Rafael Pérez Gay, en Milenio; Francisco Valdés Ugalde, en El Universal; Enrique Campos y Demetrio Sodi, en El Economista, y finalmente, Jorge Castañeda en Excelsior).
Los anteriores opinadores, además de un larguísimo etcétera, viene a ser, en suma, la acometida de la derecha mexicana en materia de justicia; no anotamos la opinión de los dirigentes partidistas, porque por definición son encarnizados enemigos de la reforma judicial y la renovación de los órganos de ese poder. Los estudios demoscópicos documentan que la inmensa mayoría de mexicanos, evalúan como lenta y cara la justicia, considerando corruptos a la mayoría de los juzgadores, tanto federales como estatales.
En Jalisco no tendremos por lo pronto, modificación del Poder Judicial; ojalá el aplazamiento asumido, sea para bien. Pero si habremos de intervenir los jaliscienses, en la elección del uno de junio para votar por el nuevo Poder Judicial federal.
Concurrir los ciudadanos en la selección de jueces, magistrados y ministros, es extraordinario; ya no más, juzgadores emanados de la lobreguez burocrática o la frivolidad política; habremos de dar una lección a los detractores de la capacidad del pueblo para decidir en ramo tan relevante. Como asevera nuestra inteligente primera mandataria: que los ciudadanos intervengan es la única manera de sanear al Poder Judicial y con ello demostrar que México es un país plenamente democrático, enfatizando, “que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces es algo que así, a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo.
Entonces, es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos, por una razón: porque en México quien decide es el pueblo”.
– Por Mario Ávila
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI cambia de actitud y en lugar de cumplir su amenaza de manifestarse en la ceremonia del Senado donde rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuncia oficialmente que los 13 senadores de su partido no acudirán.
El argumento, con el que justificó por adelantado la inasistencia de los senadores del PRI, fue «por congruencia política», ya que ellos consideran que el nuevo Poder Judicial es el nuevo aparato al servicio del régimen.
Tras la agresión perpetrada por Alejandro Moreno en contra del presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a las autoridades garantizar el resguardo de la sede del Senado de la República.
En respuesta, desde este fin de semana, el Senado ha estado custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que «Alito» Moreno reconsiderara su actitud y decidiera que sus senadores no acudan al trascendental acontecimiento y se limitó a calificar al gobierno de la 4T como «fachos y autoritarios».
ENTREVISTAS
La disputa del agua entre Jalisco y Guanajuato: Debe ser un reparto justo, no uno político, Arturo Gleason
– Por Mario Ávila
Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido.
Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad.
El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”.
Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró.
Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades.
Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores.
«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».
«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo.
De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados.
Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”.
Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”.
Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala.
Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación.
Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».
«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó.
“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.
– Por Mario Ávila
Será la Mesa Directiva anterior, encabezada por el presidente, diputado, Sergio Gutiérrez Luna, quien reciba el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que será entregado este 1 de septiembre al Poder Legislativo, por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Ello a raíz de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó no renovar la Mesa Directiva este domingo, por lo que seguirá con la misma integración durante los siguientes cinco días.
La causa fue, que por acuerdo parlamentario corresponde al PAN designar al nuevo presidente (a) de la Mesa Directiva, sin embargo las propuestas hechas por la fracción parlamentaria albiazul, fueron vetados por el grupo parlamentario de Morena y como la votación a favor debe ser de al menos dos tercios de los diputados presentes, se decidió dejar pasar los primeros 5 días del mes, para llegar a acuerdos.
Morena ha considerado que el perfil de las personas propuestas es inadecuado por considerarlas poco conciliadoras, por ello se rechazó a Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martinez y Federico Döring.
Policías de Tequila, de nuevo evidenciados por su ineficiencia
Los retos de Mirza Flores como líder de MC: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Hacia el título de la Zona Norte de la LMB: ¡Qué forma de pelear de Charros!
50 preguntas a Mirza Flores: «Alfaro representa para mi respeto e inspiración»
