A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Como abordé en mi columna anterior, la iniciativa de Claudia Sheinbaum para extender la seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi es una propuesta que ha ganado atención al abordar una de las principales carencias en los derechos laborales de este sector. Dotar a estos trabajadores de beneficios como IMSS, Infonavit, aguinaldo, incapacidades y reparto de utilidades representa un avance significativo en términos de justicia social.

Sin embargo, esta iniciativa también contiene una serie de implicaciones que amenazan con perjudicar a una parte importante de quienes actualmente encuentran en estas plataformas una alternativa viable de empleo.

En una primera instancia, para las plataformas digitales, esta medida representa un desafío financiero y operativo. Al exigir que todos sus colaboradores tengan un contrato formal con acceso a prestaciones como seguridad social, aguinaldo, incapacidades y vacaciones, las empresas enfrentarán costos adicionales que cambiarán su modelo de negocio. Lo que a primera vista parece un avance en derechos laborales podría traducirse en una gran pérdida de autoempleo.

Si esta iniciativa obliga a las plataformas a contratar formalmente a todos sus trabajadores, es probable que se genere un impacto negativo en el empleo. La razón principal es que no todas estas empresas podrán absorber la carga de prestaciones y seguridad social sin reducir su base de trabajadores. Los trabajadores de plataformas dependen, en gran medida, de un esquema flexible, donde pueden elegir cuándo y cuánto trabajar. Si se les exige cumplir con una jornada laboral de ocho horas, sin posibilidad de trabajar en otras aplicaciones simultáneamente, el autoempleo dejará de ser una opción viable para miles de personas.

El problema es claro: estas plataformas, que funcionan en gran parte como intermediarias, podrían preferir ‘’despedir’’ a un alto porcentaje de sus trabajadores antes que asumir los costos y las responsabilidades de tenerlos a todos en nómina. En un mercado donde estas empresas operan con márgenes ajustados y en un sector tan competitivo, la contratación universal podría hacer inviable mantener a tantos trabajadores.

Al mismo tiempo, la idea de que un modelo mixto (empleados y trabajadores independientes) subsista parece poco probable. Si la iniciativa no permite ningún tipo de flexibilidad en el tipo de contrato, el autoempleo, que actualmente brinda un ingreso para miles de personas en México, desaparecería.

Además, la rigidez de esta formalización obligaría a todos los trabajadores de plataformas a regirse bajo un sueldo fijo con prestaciones. Aunque esta estructura les garantiza un ingreso estable, también elimina el incentivo que algunos trabajadores encuentran en la flexibilidad y la posibilidad de trabajar más para ganar más. La velocidad y el número de entregas podrían bajar, y aquellos que prefieren el esquema de comisiones para maximizar sus ingresos estarían en desventaja respecto a la competencia.

Ante esta problemática, una alternativa viable sería que las empresas ofrezcan un sueldo base complementado con pequeñas comisiones por cada servicio prestado. Este enfoque permitiría que los trabajadores no solo cuenten con una estabilidad económica, sino también con el incentivo de generar ingresos adicionales, impulsando la productividad y reduciendo la percepción de rigidez laboral. Al combinar una base fija con comisiones, el trabajo podría adaptarse a las necesidades de ambas partes: brindar seguridad y mantener el atractivo de ingresos escalables.

Este esquema mixto de ingresos garantizaría que los trabajadores no se vieran completamente restringidos a un sueldo mínimo y que las empresas pudieran mantener un modelo sostenible. Además, sería más sencillo para las plataformas gestionar los costos laborales sin despedir a gran parte de su fuerza de trabajo.

En Europa, algunos países han implementado modelos que combinan seguridad laboral con ingresos variables, permitiendo una formalización que no asfixia a las empresas ni a los trabajadores. Este enfoque ha dado buenos resultados, especialmente en economías donde el trabajo por plataformas se ha convertido en una fuente importante de ingresos. Al adaptarse a las características del trabajo digital, estos modelos han logrado proteger a los trabajadores sin eliminar su capacidad de generar ingresos adicionales por sus propios medios.

México podría tomar lecciones de estas experiencias, promoviendo un modelo de formalización adaptable, que equilibre la protección laboral con la flexibilidad que caracteriza a este sector. Es decir, una legislación que no fuerce una contratación estricta, sino que permita esquemas de ingresos mixtos, podría reducir el desempleo que de otro modo podría generarse.

A pesar de los retos, existe un aspecto positivo que no podemos ignorar: Uno de los beneficios clave de la formalización de los trabajadores de plataformas es la posibilidad de construir una fuerza laboral más estable y capacitada, con oportunidades de desarrollo profesional. Al contar con un contrato formal y prestaciones de ley, los trabajadores tendrían más incentivos para permanecer en sus empleos, lo que podría disminuir la rotación constante que hoy enfrentan muchas plataformas. Esto, a su vez, permitiría a las empresas invertir en la capacitación y profesionalización de su equipo, mejorando la calidad del servicio y generando un sentido de pertenencia entre los colaboradores.

Aunque esta propuesta representa un gran avance en términos de derechos laborales, debe manejarse con cuidado para evitar un golpe drástico al empleo. México necesita una reforma adaptada a la realidad de los trabajadores de plataformas y a las limitaciones de estas empresas. Obligarlas a contratar a todos sus colaboradores sin ninguna flexibilidad podría poner en riesgo la fuente de ingresos de miles de personas que dependen de la flexibilidad del autoempleo.

La historia nos ha mostrado que los avances en derechos laborales siempre enfrentan resistencias y desafíos. Sin embargo, obligar a las empresas de plataformas a formalizar a todos sus trabajadores sin considerar la naturaleza de su operación y la realidad del sector puede llevar a consecuencias inesperadas. Quizá lo más diligente en el contexto de una reforma cuya necesidad es innegable, sería explorar un modelo de formalización que, además de garantizar prestaciones y seguridad, permita la combinación de ingresos base y comisiones, adaptándose a la realidad del trabajo digital.

El reto, en esta tesitura, es crear una legislación que proteja sin ahogar, que brinde seguridad sin imponer rigideces, y que ofrezca mejores condiciones sin sacrificar la libertad y flexibilidad que estos trabajadores valoran. La iniciativa es un paso en la dirección correcta, pero para que sea realmente efectiva, debe tener en cuenta la complejidad del mundo laboral digital y las necesidades de todos los involucrados.