NACIONALES
En riesgo el autoempleo: La paradoja de la seguridad social para los trabajadores de plataforma
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Como abordé en mi columna anterior, la iniciativa de Claudia Sheinbaum para extender la seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi es una propuesta que ha ganado atención al abordar una de las principales carencias en los derechos laborales de este sector. Dotar a estos trabajadores de beneficios como IMSS, Infonavit, aguinaldo, incapacidades y reparto de utilidades representa un avance significativo en términos de justicia social.
Sin embargo, esta iniciativa también contiene una serie de implicaciones que amenazan con perjudicar a una parte importante de quienes actualmente encuentran en estas plataformas una alternativa viable de empleo.
En una primera instancia, para las plataformas digitales, esta medida representa un desafío financiero y operativo. Al exigir que todos sus colaboradores tengan un contrato formal con acceso a prestaciones como seguridad social, aguinaldo, incapacidades y vacaciones, las empresas enfrentarán costos adicionales que cambiarán su modelo de negocio. Lo que a primera vista parece un avance en derechos laborales podría traducirse en una gran pérdida de autoempleo.
Si esta iniciativa obliga a las plataformas a contratar formalmente a todos sus trabajadores, es probable que se genere un impacto negativo en el empleo. La razón principal es que no todas estas empresas podrán absorber la carga de prestaciones y seguridad social sin reducir su base de trabajadores. Los trabajadores de plataformas dependen, en gran medida, de un esquema flexible, donde pueden elegir cuándo y cuánto trabajar. Si se les exige cumplir con una jornada laboral de ocho horas, sin posibilidad de trabajar en otras aplicaciones simultáneamente, el autoempleo dejará de ser una opción viable para miles de personas.
El problema es claro: estas plataformas, que funcionan en gran parte como intermediarias, podrían preferir ‘’despedir’’ a un alto porcentaje de sus trabajadores antes que asumir los costos y las responsabilidades de tenerlos a todos en nómina. En un mercado donde estas empresas operan con márgenes ajustados y en un sector tan competitivo, la contratación universal podría hacer inviable mantener a tantos trabajadores.
Al mismo tiempo, la idea de que un modelo mixto (empleados y trabajadores independientes) subsista parece poco probable. Si la iniciativa no permite ningún tipo de flexibilidad en el tipo de contrato, el autoempleo, que actualmente brinda un ingreso para miles de personas en México, desaparecería.
Además, la rigidez de esta formalización obligaría a todos los trabajadores de plataformas a regirse bajo un sueldo fijo con prestaciones. Aunque esta estructura les garantiza un ingreso estable, también elimina el incentivo que algunos trabajadores encuentran en la flexibilidad y la posibilidad de trabajar más para ganar más. La velocidad y el número de entregas podrían bajar, y aquellos que prefieren el esquema de comisiones para maximizar sus ingresos estarían en desventaja respecto a la competencia.
Ante esta problemática, una alternativa viable sería que las empresas ofrezcan un sueldo base complementado con pequeñas comisiones por cada servicio prestado. Este enfoque permitiría que los trabajadores no solo cuenten con una estabilidad económica, sino también con el incentivo de generar ingresos adicionales, impulsando la productividad y reduciendo la percepción de rigidez laboral. Al combinar una base fija con comisiones, el trabajo podría adaptarse a las necesidades de ambas partes: brindar seguridad y mantener el atractivo de ingresos escalables.
Este esquema mixto de ingresos garantizaría que los trabajadores no se vieran completamente restringidos a un sueldo mínimo y que las empresas pudieran mantener un modelo sostenible. Además, sería más sencillo para las plataformas gestionar los costos laborales sin despedir a gran parte de su fuerza de trabajo.
En Europa, algunos países han implementado modelos que combinan seguridad laboral con ingresos variables, permitiendo una formalización que no asfixia a las empresas ni a los trabajadores. Este enfoque ha dado buenos resultados, especialmente en economías donde el trabajo por plataformas se ha convertido en una fuente importante de ingresos. Al adaptarse a las características del trabajo digital, estos modelos han logrado proteger a los trabajadores sin eliminar su capacidad de generar ingresos adicionales por sus propios medios.
México podría tomar lecciones de estas experiencias, promoviendo un modelo de formalización adaptable, que equilibre la protección laboral con la flexibilidad que caracteriza a este sector. Es decir, una legislación que no fuerce una contratación estricta, sino que permita esquemas de ingresos mixtos, podría reducir el desempleo que de otro modo podría generarse.
A pesar de los retos, existe un aspecto positivo que no podemos ignorar: Uno de los beneficios clave de la formalización de los trabajadores de plataformas es la posibilidad de construir una fuerza laboral más estable y capacitada, con oportunidades de desarrollo profesional. Al contar con un contrato formal y prestaciones de ley, los trabajadores tendrían más incentivos para permanecer en sus empleos, lo que podría disminuir la rotación constante que hoy enfrentan muchas plataformas. Esto, a su vez, permitiría a las empresas invertir en la capacitación y profesionalización de su equipo, mejorando la calidad del servicio y generando un sentido de pertenencia entre los colaboradores.
Aunque esta propuesta representa un gran avance en términos de derechos laborales, debe manejarse con cuidado para evitar un golpe drástico al empleo. México necesita una reforma adaptada a la realidad de los trabajadores de plataformas y a las limitaciones de estas empresas. Obligarlas a contratar a todos sus colaboradores sin ninguna flexibilidad podría poner en riesgo la fuente de ingresos de miles de personas que dependen de la flexibilidad del autoempleo.
La historia nos ha mostrado que los avances en derechos laborales siempre enfrentan resistencias y desafíos. Sin embargo, obligar a las empresas de plataformas a formalizar a todos sus trabajadores sin considerar la naturaleza de su operación y la realidad del sector puede llevar a consecuencias inesperadas. Quizá lo más diligente en el contexto de una reforma cuya necesidad es innegable, sería explorar un modelo de formalización que, además de garantizar prestaciones y seguridad, permita la combinación de ingresos base y comisiones, adaptándose a la realidad del trabajo digital.
El reto, en esta tesitura, es crear una legislación que proteja sin ahogar, que brinde seguridad sin imponer rigideces, y que ofrezca mejores condiciones sin sacrificar la libertad y flexibilidad que estos trabajadores valoran. La iniciativa es un paso en la dirección correcta, pero para que sea realmente efectiva, debe tener en cuenta la complejidad del mundo laboral digital y las necesidades de todos los involucrados.
NACIONALES
Vecinos y socios: Entre visas y desigualdad, la otra frontera entre México y Estados Unidos
– Opinión, por Pedro Vargas Ávalos
Los Estados Unidos Mexicanos, —-nombre oficial de nuestra nación—, comúnmente conocida como México, tienen una relevante relación con su vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, sencillamente Estados Unidos (EEEUU) y vulgarmente identificado con el alias de “Tío Sam”.
Para darnos idea de esa intensa conexión, diremos que en ese país residen alrededor de cuarenta millones de mexicanos, —muchos de ellos maltratados, acosados y explotados— en tanto que en la tierra azteca habitan entre 1.5 y 1.6 millones de estadounidenses, de los cuales cerca de 800,000 tienen calidad migratoria matriculada y los demás viven entre nosotros de modo irregular, pero muy apapachados y generalmente sin restricciones.
Por cierto, en Jalisco, tenemos núcleos de vecinos gringos muy numerosos, destacando Chapala (en su ribera y el pueblo mágico de Ajijic) y el paradisíaco Puerto Vallarta, los cuales disfrutan a sus anchas nuestro clima y nuestra hospitalidad.
Por lo que ve a los trabajos que desempeñan la mayoría de los compatriotas en tierras del Tío Sam, son de señalar el ramo agrícola, el restaurantero, la construcción, el ámbito manufacturero, el de alojamiento y los servicios incluyendo las tareas en ventas minoristas, así como el cuidado y la asistencia social.
En cuanto a la economía, las transacciones entre los dos países son extraordinarias, a tal grado que México es ya el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y China. Y esto no es de ayer, sino que se ha mantenido por varios años, impulsada dicha economía, por el dinamismo comercial de ambas naciones del norte, su proximidad geográfica, recalcando cadenas de suministro como las que imperan en el sector automotriz y el renglón manufacturero.
Debido a lo anterior, es que haya la imperiosa necesidad de tramitar visas por los habitantes de entrambas naciones vecinas. Este documento regulatorio es la autorización que el gobierno de un país otorga a una persona extranjera para ingresar a su territorio con un propósito concreto: turismo, trabajo, estudio y hasta inversión o residencia. Ordinariamente, puede consistir en un sello en el pasaporte, pero en el caso de los colindantes norteños, es todo un documento que denominamos para distinguirlo de la visa de otros Estados, “visa norteamericana”.
Desde luego que, si de clases de visas hablamos, los EEUU tienen dos principales: para inmigrantes y para no inmigrantes: Cada una de estas categorías se subdivide en múltiples tipos, como visas de trabajo, visas de visitante, etc., etc., según se acredite a los ojos escrutadores de los oficiales consulares, los cuales laboran en alrededor de nueve oficinas que pueden expedir esos documentos en nuestra república mexicana.
Cada año, y especialmente cada vez que hay nuevo presidente de Estados Unidos, suelen modificar sus administraciones los requisitos para expedir visas norteamericanas. Y podemos afirmar que cada vez son mayores esos requerimientos, comenzando con su elevado costo: hasta septiembre de este año de 2025, costaba $185 dólares, y a partir de octubre, se elevó a la cantidad de $435 dólares, advirtiendo que pagar tal suma -por elevada que sea- no garantiza se otorgue la visa, sino solo tener una cita en el consulado de EU para gestionarla; si no se concede, no hay devolución alguna.
Los oficiales consulares son penetrantes indagadores y si sospechan que el solicitante no es apto para visitar EU, niegan la autorización respectiva: ellos suelen creer que muchísimos mexicanos utilizan la visa de turista para quedarse a trabajar en el país de las barras y las estrellas, lo cual en no pocas ocasiones así es, pero esa característica es típica de todos los pueblos.
Tanto nuestra nación como la de los gringos, son grandes potencias turísticas. De allí que tengan que expedir visas de ese ramo. Sin embargo, ni costos ni tratos son recíprocamente igualitarios. Para los mexicanos es todo un calvario obtener la tarjeta o visa americana, dificultosa, tarda y onerosa, mientras que, para los visitantes yankis, todo es facilidad y baratura.
Un grave problema para los viajeros de México hacia el extranjero (EU o cualquier otro destino internacional) es que muchas líneas aéreas, hacia los cuatro vientos, despegan de territorio estadounidense y, por lo tanto, se exige la visa correspondiente.
De no tenerse, debe hacerse costosísimo y largo rodeo. La cuestión se agrava si lo que se desea es realizar algún viaje crucero, o sea en barco, ya para conocer lugares caribeños, centroamericanos o del lejano viejo mundo: todos los puertos de salida están domiciliados en Estados Unidos.
Hasta hace tres o cinco años, de México salían esos cruceros, siendo los más típicos apostaderos Cozumel o Puerto Progreso, cercas de Mérida. Pero aduciendo precaria infraestructura portuaria, dizque insuficiente para los grandes barcos, la siempre nociva burocracia política, la inseguridad y la implementación de nuevos impuestos encarecedores del turismo, pero sobre todo el interés de las navieras en otros puertos, se acabaron las salidas desde nuestros mares. Eso sí, muchos puntos de gran turismo siguen siendo visitados por los cruceros: Cancún y Puerto Vallarta son ejemplo de ellos.
Existen programas en diversas naciones, para que, sin necesidad de visa, se pueda transitoriamente entrar en los países que los practican. México tiene un programa y no es difícil utilizarlo. Los Estados Unidos también lo poseen, le llaman el Programa de Exención de Visa (VWP por sus siglas en inglés: Visa Waiver Program), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en consulta con el Departamento de Estado.
Por medio de este sistema, se permite a las personas de países designados viajar a los Estados Unidos para estadías de hasta 90 días sin visa. A cambio, esos países deben permitir que los ciudadanos y los nacionales estadounidenses viajen a sus países por un período de tiempo similar sin una visa con fines comerciales o turísticos. El programa fue creado en 1986.
La pregunta que se hace el mexicano es por qué ese sistema, convertido en una especie de mutualidad con muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, no incluye a México, el principal socio comercial de ese país, su vecino y la nación con más connacionales residiendo en dicha potencia, además de otorgarles a los ciudadanos de EU un trato preferente.
La respuesta debemos buscarla, ya sea porque nuestros gobiernos no se han preocupado por ser parte de ese grupo de naciones (entre ellas España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Grecia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Suecia, Suiza y Chile).
O la segunda contestación, es porque fieles a su frase de que “Estados Unidos no tiene amigos, sino socios”, nosotros solo les convenimos de agremiados desiguales, en cuyo caso -contrariando la fraternidad y sentido solidario-la desconfianza es común denominador para regular nuestros vínculos.
– Por Mario Ávila
Con un acto en el Monumento a la Revolución y una caminata hacia la glorieta del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX), los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, festejaron lo que llaman un relanzamiento de su partido.
El PAN ha puesto punto final a las alianzas político-electorales, como las que han hecho en los últimos años con el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ello luego de que también se hizo público el cambio al logotipo del partido de derechas.
En un acto donde incluso estuvieron como testigos el perredista Jesús Zambrano y el priista Enrique de la Madrid, lo mismo que Claudio X. González, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, planteó con mucha energía que: “El futuro de Acción Nacional, no depende, ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura; esta es la era en que los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu, los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional”.
«Porque hace 86 años -dijo-, no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para hacer nuestra propia opción democrática y cumpliremos con ese mandato fundacional y lo digo, esta decisión es por mucho la que pide no solamente una inmensa mayoría panistas, esta es una decisión que pide la inmensa mayoría de votantes en este país».
«Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos, eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen, pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta solopor el PAN», dijo.
«Ninguna sigla -abundó-, se antepondrá a las nuestras hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas nuestro color y nuestro partido. La alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo».
En su discurso pronunciado con vehemencia, Jorge Romero aseguró que el relanzamiento de su partido, gira en torno al concepto más importante, que es un nuevo relevo generacional.
También reveló algunas de las estrategias que utilizarán en lo subsecuente para enfrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum “y será usar sus mismas frases, como ‘la mafia del poder’, como un espejo donde se vean reflejados y que no quieran ni siquiera voltear a ver”.
A la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y a todos los que la rodean, Romero Herrera les mandó un mensaje: “Hoy se lo decimos, en todos los países del mundo se dialoga entre fuerzas políticas, se caigan bien o se caigan mal, da igual”.
NACIONALES
Aprueba el Congreso al gobierno de Sheinbaum ingresos por 10.1 billones de pesos para el 2026
– Por Mario Ávila
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que proyecta percibir 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos (mdp), es decir 891 mil 667 mdp más que el estimado para 2025.
El documento fue avalado en lo particular con 352 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La legislación forma parte del Paquete Económico remitido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Del monto total considerado como ingreso del año venidero, 5 billones 838 mil 541.1 mdp corresponden a impuestos; 641 mil 782.1 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 39.6 mdp a contribuciones de mejoras; 157 mil 081.7 mdp a derechos; 16 mil 488.3 mdp a productos; 203 mil 520.5 mdp para aprovechamientos; 1 billón 630 mil 973.6 mdp a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; 232 mil 630.4 mdp a transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y un billón 472 mil 626.4 mdp a ingresos derivados de financiamientos.
También, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2026, se proyecta una recaudación federal participable por 5 billones 339 mil 634 millones de pesos.
Menciona que el Ejecutivo Federal podrá contratar y ejercer créditos, empréstitos otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores y para el financiamiento del PEF 2026, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por un billón 780 mil mdp.
Autoriza al Ejecutivo Federal mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares (mdd).
– Por Francisco Junco
En el histórico recinto legislativo de Palacio de Gobierno se llevó a cabo la toma de protesta de la primera dirigencia en Jalisco de la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Administración Pública y Ciencias Afines (ANDAPA), organización que busca fortalecer la profesionalización del servicio público en México y consolidar una red académica de especialistas comprometidos con el desarrollo institucional del país.
En el acto estuvieron como testigos de honor Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública y representante del gobernador Pablo Lemus Navarro; la diputada Martha Arizmendi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y otras personalidades del ámbito político, académico, judicial y militar.
Al llegar su intervención, el expresidente municipal de Guadalajara, notario y jurista destacado, José Guillermo Vallarta Plata, recordó que el impulso para la creación de un doctorado en Administración Pública en Jalisco surgió “como un sueño quijotesco” del Instituto de Administración Pública estatal.
“Nos ilusionamos en crear un espacio donde la Administración Pública pudiera perfeccionarse mediante la profesionalización. Hoy tenemos diez generaciones con 94 egresados y 90 doctorantes en curso. Este esfuerzo no se debe quedar aquí: debemos desdoblarnos hacia los gobiernos municipales y estatales para ofrecer conocimiento y apoyo técnico”, expresó.
Por su parte, la doctora Idolina Cosío Gaona, secretaria general de la nueva asociación, destacó la relevancia de la participación femenina en los espacios de decisión pública. “Las mujeres aportamos perspectivas únicas que enriquecen el análisis y la toma de decisiones. Promover la profesionalización no es una cuestión ideológica, sino una estrategia práctica para optimizar la gestión del Estado. Invertir en la profesionalización es apostar por un gobierno más justo, eficiente y representativo”, afirmó.
El presidente nacional de ANDAPA, Alejandro Sierra Peón, subrayó que la asociación nace “para integrar a las mentes más brillantes y especializadas de México” y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno. “Impulsaremos la capacitación y certificación de nuestros miembros, promoveremos su participación en los debates nacionales y consolidaremos servicios de asesoría y gestoría especializada para fortalecer la administración pública del país”, señaló.
Sierra Peón destacó además que la ANDAPA desarrollará convenios con universidades y el Instituto Nacional de Administración Pública, con el fin de fortalecer la formación de nuevos cuadros técnicos y consolidar el servicio civil de carrera en todos los niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). “Nuestra meta es clara: colocar al ciudadano y su bienestar en el centro de la gestión pública. Servir a Jalisco y servir a México es nuestro compromiso”, dijo ante un auditorio que aplaudió de pie su mensaje.
Los integrantes del presídium coincidieron en que la creación de esta asociación representa un paso decisivo hacia la modernización del Estado mexicano. “Estamos ofreciendo al gobernador y a los 125 alcaldes de Jalisco un colegio de profesionales serios, que piensan, que proponen y que tienen como objetivo a Jalisco y a México”, resumió Vallarta Plata.
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