NACIONALES
Entre la renovación y el riesgo de nuevos cacicazgos: El desafío de la reforma electoral
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La historia de las reformas políticas en México es una historia de avances y retrocesos, de intentos por consolidar la democracia y de momentos en los que el poder se ha reconfigurado sin necesariamente democratizarse. La reciente iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados tiene un componente que remite a las antiguas luchas contra el caciquismo y la concentración del poder en las élites políticas y familiares del país.
La prohibición de la reelección y la restricción al nepotismo son elementos que buscan impedir que ciertos grupos se perpetúen en el poder. No obstante, el mayor desafío no será solo eliminar los cacicazgos existentes, sino evitar la formación de nuevos.
Si miramos la historia, podemos encontrar paralelismos en la lucha contra el caudillismo postrevolucionario. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, México enfrentó una crisis de sucesión que llevó a la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del PRI. Su objetivo era institucionalizar la rotación del poder y evitar que los liderazgos personales se convirtieran en dictaduras de facto.
A pesar de ello, en lugar de erradicar la concentración del poder, el nuevo sistema solo cambió la forma en que este se distribuía: en lugar de caudillos individuales, se crearon estructuras de control partidista que mantuvieron el poder dentro de ciertos círculos.
Hoy, la reforma propuesta por Sheinbaum busca desmontar otro tipo de estructuras de control, pero enfrenta el mismo reto: ¿cómo evitar que surjan nuevas élites con los mismos vicios del pasado?
La prohibición de la reelección inmediata en cargos de elección popular busca recuperar el espíritu del principio maderista de “sufragio efectivo, no reelección”. Este principio, que ha marcado la vida política del país desde la Revolución, se vio modificado en 2014 con una reforma que permitió la reelección consecutiva de legisladores y algunos cargos locales.
Con esta nueva propuesta, se pretende cerrar de nuevo esa puerta bajo la premisa de que la reelección ha sido un mecanismo que ha permitido la consolidación de intereses personales y de grupo en detrimento de la renovación política. No obstante, es necesario preguntarse si esta restricción realmente fortalecerá la democracia o si, por el contrario, limitará la posibilidad de construir legisladores con experiencia y trayectoria que sean capaces de impulsar políticas públicas de largo plazo.
El otro eje de la reforma, la prohibición del nepotismo, responde a una realidad innegable en la política mexicana. Durante décadas, la política ha sido un espacio cerrado donde el apellido ha sido más determinante que la capacidad.
Gobernadores que dejan a sus hijos en su lugar, diputados que heredan el escaño a sus hermanos, presidentes municipales cuyos hijos o esposas son candidatos naturales para sucederlos. La medida es, en principio, una barrera contra la consolidación de dinastías políticas, pero presenta desafíos en su aplicación y en sus efectos colaterales.
Por ejemplo, la reforma establece que un familiar directo de quien ocupe un cargo de elección popular no podrá ser candidato a sustituirlo en el siguiente periodo, aunque sí podría competir en un periodo posterior. Esto cierra la posibilidad de sucesión inmediata, pero no impide que una familia construya una estrategia de alternancia que le permita mantener el control de ciertos espacios políticos.
Además, la línea entre lo que se considera nepotismo y lo que es un derecho legítimo a la participación política puede ser difusa. ¿Se le debe negar a una persona la posibilidad de competir solo por ser familiar de alguien en el poder, aunque tenga trayectoria propia y capacidad probada? La respuesta no es sencilla.
Uno de los principales argumentos de la oposición contra la reforma es que podría debilitar al Poder Legislativo, al impedir la reelección inmediata de diputados y senadores. Marko Cortés ha señalado que esto generaría un Congreso menos autónomo y más sometido al Poder Ejecutivo, mientras que desde Morena se ha defendido la reforma como una medida para fortalecer la renovación democrática.
Aquí es donde el debate debe centrarse en cómo diseñar un sistema que no solo elimine prácticas nocivas, sino que también permita la construcción de una clase política con experiencia y con mecanismos que eviten la captura del poder por nuevos grupos de interés.
En términos de gobernabilidad, la medida puede tener impactos significativos. La experiencia internacional muestra que la reelección inmediata en los legisladores permite la especialización y la consolidación de liderazgos que pueden generar políticas públicas más efectivas.
En contraste, su prohibición puede llevar a una rotación constante de perfiles con poca preparación y sin incentivos para construir carreras legislativas sólidas. La clave estará en encontrar mecanismos que permitan la renovación política sin sacrificar la capacidad técnica y la continuidad en el trabajo legislativo.
El riesgo más grande de esta reforma es que, en su intento por desmantelar cacicazgos, termine creando otros nuevos bajo nuevas reglas. La política es un espacio que, por naturaleza, busca formas de adaptación y control. Si se prohíbe la reelección, es probable que los grupos de poder encuentren nuevas maneras de influir en la selección de candidatos.
Si se limita el nepotismo, es posible que los liderazgos locales simplemente trasladen su influencia a otros perfiles afines. Para evitar esto, la reforma debe ir acompañada de mecanismos que promuevan una auténtica democratización dentro de los partidos políticos, procesos de selección más abiertos y transparencia en la toma de decisiones.
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La historia nos ha enseñado que las reformas bien intencionadas pueden terminar siendo cooptadas por los mismos intereses que buscan combatir. El reto ahora es asegurarse de que esta vez sea diferente.
-Por Redacción Conciencia Pública
En un episodio que parece sacado del “manual no escrito de la política mexicana”, Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como «Andy», hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y funcionario de Morena (secretario de Organización de Morena), decidió solicitar vacaciones para un viaje a Japón, a pesar de no haber cumplido ni un año en su puesto.
La petición, más que descanso, ha despertado interrogantes en la sociedad en general sobre la coherencia en el discurso de austeridad y disciplina que tanto presume el partido en el poder. Aunque López Beltrán defendió el derecho de cualquier persona a viajar, el caso se suma a otras polémicas de líderes de Morena, como los viajes de Mario Delgado y Ricardo Monreal, apodados el «Morena Tour».
Las críticas, tanto en redes sociales como dentro del propio Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señalan una incongruencia entre el discurso de austeridad y el estilo de vida de algunos dirigentes, avivando el debate sobre la coherencia de los principios de Morena.
De acuerdo con fuentes internas, «Andy» argumentó que se trata de un viaje personal, totalmente financiado de su bolsillo, lo que no ha calmado las críticas. Y es que, según la normatividad laboral, un funcionario que aún no cumple un año de servicio no debería acceder a vacaciones completas, salvo que exista una “interpretación flexible” de los reglamentos… algo que en política nunca falta.
En redes sociales, la noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y sarcasmo. Militantes y simpatizantes cuestionan si este es el mejor momento para que un funcionario de la autodenominada Cuarta Transformación disfrute un descanso de lujo, mientras el discurso oficial y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, insiste todos los días en la cercanía con el pueblo y la responsabilidad institucional.
Carta de Andrés Manuel López Beltrán dirigida a la opinión pública y los militantes de Morena:
NACIONALES
Detienen en Estados Unidos a copropietaria de la Guardería ABC; México pedirá su extradición
-Por Mario Ávila
Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, fue detenida en Tucson, Arizona, tras permanecer prófuga desde 2022. Las autoridades estadounidenses confirmaron que la aprehensión se realizó en cumplimiento de una solicitud presentada por el gobierno mexicano, que busca su extradición para que cumpla la sentencia que le fue impuesta por la tragedia del 5 de junio de 2009.
En 2016, Téllez Nieves fue condenada a 28 años, 11 meses y cuatro días de prisión por homicidio culposo y lesiones, sentencia que más tarde fue reducida a cinco años y siete meses gracias a diversos recursos legales. Sin embargo, la socia de la guardería incumplió las condiciones de su libertad condicional y salió del país, lo que motivó su búsqueda internacional.
El incendio en la Guardería ABC, ocurrido en junio de 2009, dejó un saldo de 49 niños fallecidos y más de un centenar de lesionados. Las investigaciones señalaron graves deficiencias en las condiciones de seguridad del inmueble, así como la falta de supervisión por parte de las autoridades, al operar bajo el esquema de subrogación del IMSS.
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, que agrupa a padres de las víctimas, ha exigido que el gobierno mexicano agilice el proceso de extradición para que Téllez Nieves cumpla su condena en territorio nacional. También han rechazado los argumentos de la defensa, que busca frenar la extradición alegando persecución política.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a las familias de las víctimas y aseguró que su gobierno apoyará las gestiones necesarias para que el caso no quede impune. La audiencia en la que se definirá la situación de Téllez Nieves está programada para el próximo 8 de octubre en Arizona, mientras las familias esperan que, a más de 15 años de la tragedia, la justicia finalmente se cumpla.
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, que agrupa a padres de las víctimas, ha exigido que el gobierno mexicano agilice el proceso de extradición para que Téllez Nieves cumpla su condena en territorio nacional. También han rechazado los argumentos de la defensa, que busca frenar la extradición alegando persecución política.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a las familias de las víctimas y aseguró que su gobierno apoyará las gestiones necesarias para que el caso no quede impune. La audiencia en la que se definirá la situación de Téllez Nieves está programada para el próximo 8 de octubre en Arizona, mientras las familias esperan que, a más de 15 años de la tragedia, la justicia finalmente se cumpla.
JALISCO
Corredores públicos ofrecen asesoría gratuita y trámites a bajo costo para mipymes en todo el país
-Por Francisco Junco
En un esfuerzo por fortalecer las economías locales y acercar la justicia económica a quienes más lo necesitan, el Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) arrancó la Primera Jornada Social de la Correduría Pública, un programa que ofrece asesorías jurídicas gratuitas y trámites a bajo costo para emprendedores, micro y pequeños empresarios, así como comunidades vulnerables en todo el país.
La jornada, que se lleva a cabo durante agosto y septiembre de este año, es una colaboración entre el CNCPM, la Secretaría de Economía federal y la Asociación Mexicana de Mujeres Corredoras Públicas, con el objetivo de dar certeza legal a los negocios y promover modelos productivos bajo los principios de economía social.
“Buscamos acercar servicios jurídicos especializados a sectores estratégicos que tradicionalmente han estado desprotegidos”, señaló Eduardo Ruiz Orozco, presidente del CNCPM.
Más de 140 corredoras y corredores públicos se han sumado voluntariamente a esta jornada, ofreciendo dos beneficios principales: asesoría gratuita en materia comercial y empresarial, y la formalización de sociedades mercantiles a un costo simbólico de 2,900 pesos, que incluye la elaboración del acta constitutiva. Esta cantidad no cubre derechos de registro ni trámites ante el SAT u otras instituciones.
Los requisitos para acceder a estos beneficios son: que la sociedad esté conformada por máximo cinco socios, todas personas físicas, con un capital social menor a 50,000 pesos. Además, cada persona sólo podrá beneficiarse una vez del programa, que ya está en marcha y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.
El CNCPM destacó el respaldo de la Secretaría de Economía, especialmente de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, encabezada por Andrea Genoveva Solano Rendón.
“Estamos trabajando de forma coordinada para impulsar la economía social y el bienestar de las familias mexicanas”, concluyó Ruiz Orozco. Los interesados pueden consultar los detalles en [corredorespublicosmx.org](https://corredorespublicosmx.org/) y en las redes sociales del Colegio.
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