NACIONALES
¿Estado fallido?

Opinión, por Gerardo Rico //
Al inicio de la semana que acaba de pasar, llamó la atención una contundente declaración del Cardenal Francisco Robles Ortega: “El jefe de la plaza es el que le dice al párroco: ‘Señor cura, ¿a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta? ¿A qué hora quiere que toque la banda musical? “Ellos controlan, incluso, la colocación de puestos de bebidas alcohólicas y música estridente frente al atrio de la iglesia. Lo manejan como un negocio y nadie se puede oponer sin exponerse”
Todo lo anterior lo señaló en la rueda de prensa que regularmente ofrece a medios locales de comunicación los domingos. “La situación, aseguró el Cardenal, se repite en múltiples localidades de la entidad, donde los párrocos perciben que ya no es el presidente municipal quien gobierna, sino los líderes de los grupos criminales.
Enseguida vino la respuesta del gobernador Pablo Lemus Navarro: «Le pedimos a cualquier persona que utilicen la denuncia anónima. Sabemos que hay muchas personas que tienen miedo a denunciar formalmente, pero para ello, ponemos a disposición de clérigos, señores curas, de quien sea, la denuncia anónima para que nos puedan decir quién los ha extorsionado, quién les está pidiendo algún derecho de piso para poderlo solucionar».
Hay que descatacar el cambio de actitud mostrado por el actual mandatario jalisciense hacia estos temas. Primero por la apertura para reunirse con familiares de desaparecidos y la creación de instancias gubernamentales para atender este desafortunado fenómeno social de manera directa. Segundo la disposición mostrada para colaborar con diferentes áreas de seguridad del gobierno federal, sobre todo después del descubrimiento del rancho Izaguirre de Teuchitlán.
Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) como el maestro Marco Antonio Cortés Guardado han escrito sobre el estado de derecho fallido en México, en un artículo titulado “Moral judicativa, cultura de la legalidad y estado de derecho fallido en México”.
También el doctor Rubén Ortega Montes, catedrático e investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UdeG, en entrevista exclusiva con un diario local, indicó que México, y Jalisco concretamente, han llegado ya a una escalada de violencia abrumadora, a un estado fallido que se debe principalmente al terror que siembra el narcotráfico que ha superado a las instituciones de gobierno.
“Un Estado fallido es un Estado que ha perdido su capacidad para cumplir funciones fundamentales de seguridad y desarrollo, careciendo de un control efectivo sobre su territorio y fronteras. Entre las características comunes de un Estado fallido se incluyen un gobierno incapaz de recaudar impuestos, hacer cumplir la ley, garantizar la seguridad, controlar el territorio, dotar de personal a los cargos políticos o civiles y mantener la infraestructura.
Cuando leí esta definición vinó a mi memoria las noticias originadas en el municipio de Teocaltiche, donde miembros del crimen organizado tenían una red de monitoreo similar al C-5 y por ende mantenían el control en este municipio colindante entre Jalisco y Aguascalientes. En un enfrentamiento entre cárteles.
También el municipio de Jilotlán de los Dolores: Cinco de las 15 casillas electorales que debían instalarse el domingo próximo en el municipio de Jilotlán de los Dolores, en los límites de Jalisco con Michoacán, no podrán abrir a la ciudadanía luego que grupos delincuenciales impidieron el paso del material electoral hacia las poblaciones de Rancho Nuevo, Tazumbos y La Loma.
Jilotlán, en 2021, no pudo realizar su elección debido a que las amenazas del crimen organizado hicieron que los candidatos renunciaran a su participación. Por esa causa, gobierna desde entonces un concejo municipal integrado por 11 ciudadanos, luego que se llamó a elecciones extraordinarias en 2022 y tampoco se realizaron por la misma razón, consignó el corresponsal de la Jornada en nuestro Estado, Juan Carlos García Partida en una nota informativa fechada el 31 de mayo del 2024.
El domingo 26 de junio del 2022, el propio Cardenal Robles Ortega denunció que durante una visita al norte de Jalisco, en los límites con Zacatecas, fue interceptado por un retén del crimen organizado: «Fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado, precisamente y también fui detenido por dos retenes», declaró el cardenal de Guadalajara, de acuerdo el semanario El Occidental.
Hasta la saciedad, la administración estatal encabezada por el ex mandatario Enrique Alfaro Ramírez, se cansó de negar esta situación en nuestro Estado y se iba directo contra cualquier comunicador que le preguntara sobre estos temas. Lo cierto es que en Jalisco hay bastantes regiones donde mandan los grupos de la delincuencia organizada, incluidos municipios y colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
Un reto muy difícil para las autoridades actuales, con el chiquero que les heredaron.
JALISCO
El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.
Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?
Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.
¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.
El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.
En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.
Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.
Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?
Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?
ENTREVISTAS
La lucha de AGRUAS es por un gremio unido, ético y eficiente: Enrique Dueñas

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
En un México donde el sector de grúas enfrenta desafíos históricos como la informalidad, la competencia desleal y la falta de regulación uniforme, la cuarta edición de Expo Grúas 2025, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Expo Guadalajara, emerge como un espacio crucial para profesionalizar esta industria.
Este evento reúne a fabricantes, aseguradoras, empresarios y autoridades de América Latina, impulsando negocios y visibilizando la lucha de un gremio que busca ser reconocido por su ética y eficiencia.
Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), lidera un movimiento que ha transformado el sector en seis años, creciendo de 12 a 87 socios comprometidos con diferenciar a los operadores formales de las grúas piratas. Su gestión ha posicionado a AGRUAS como un interlocutor clave ante gobiernos y aseguradoras, enfrentando problemas estructurales como el contubernio con autoridades, corralones saturados y cobros excesivos que afectan a los ciudadanos.
Expo Grúas 2025 no solo exhibirá equipos modernos y capacitará operadores, sino que consolidará la visión de AGRUAS: un gremio unido, profesional y respetado, inspirado en modelos de Estados Unidos y Canadá, donde las grúas son servicios esenciales. En entrevista con Conciencia Pública, Dueñas Rodríguez comparte los avances, retos y su apuesta por un legado de transformación para las futuras generaciones de grueros.
Esta conversación refleja el compromiso de un líder que, tras años de trabajo arduo, busca homologar regulaciones nacionales, garantizar contratos públicos transparentes y dignificar un sector históricamente subestimado. Con Expo Grúas como plataforma, Dueñas vislumbra un futuro donde la informalidad sea reemplazada por profesionalismo, seguridad y confianza ciudadana.
SE CONSOLIDA EXPO GRÚAS
¿Cómo llegas a Expo Grúas 2025 en su cuarta edición?
Llego muy entusiasmado. Este evento se ha consolidado como un referente, con la participación de fabricantes de camiones, equipos, aseguradoras y proveedores de América Latina. Autoridades relevantes asistirán a la inauguración, lo que refuerza su impacto.
Expo Grúas ha puesto los reflectores en nuestro gremio, históricamente subestimado, dignificando nuestro servicio al mostrar su relevancia normativa y operativa. Nos posiciona como una alternativa profesional frente al mercado irregular, fomentando alianzas estratégicas que fortalecen el sector.
¿Qué ha significado liderar la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS) y ser su presidente?
Ha sido profundamente satisfactorio. Mis compañeros me eligieron para encabezar esta agrupación, que incluye a figuras destacadas del sector. Todas las decisiones son colegiadas, con el respaldo total de los socios. Como dice el refrán, “unidos somos más fuertes”. Agradezco su confianza y espero que continuemos en este camino ascendente, apoyando a las próximas generaciones para que el sector siga siendo fructífero y ético.
¿Cómo ha crecido la membresía de ANEMIG en estos años?
En seis años, pasamos de 12 socios fundadores a 87 en todo el país. Somos selectivos: un comité revisa el comportamiento de los solicitantes, verificando permisos y asegurando que no tengan quejas con autoridades. Solo admitimos a quienes comparten nuestra visión de negocio basada en la ética, la honestidad y la dignificación del sector, lo que fortalece nuestra representatividad.
¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como organización?
El mayor reto es la prestación irregular de servicios de grúa. En infracciones o accidentes, debe haber una autoridad presente, pero en los últimos años han fallado. Con la transición de la Policía Federal de Caminos a la Guardia Nacional, el problema se agudizó. Algunas autoridades municipales, estatales y de la Guardia Nacional venden servicios a grúas irregulares, cobrando por asignarlos. Dialogamos con la Guardia Nacional y gobiernos estatales para frenar esta práctica. Además, ciertas aseguradoras contratan empresas informales para reducir costos, afectando la calidad. Trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para priorizar a empresas formales.
Los corralones y las grúas piratas son un problema grave. ¿Qué avances hay con la nueva reglamentación?
Los depósitos vehiculares federales están saturados con miles de autos abandonados, ya que las autoridades tardan en liberarlos, generando deudas impagables para los propietarios. Esto ocupa espacio y eleva costos de vigilancia. Una reforma permitió a empresas recoger chatarra, pero compañías como Sánchez y Sánchez pagaron precios irrisorios, como un peso por vehículo, mientras obtenían grandes ganancias. Negociamos con senadores y la Cámara de Diputados para revertir esta ley, asegurando que los concesionarios, quienes ya invirtieron, se beneficien del aprovechamiento de la chatarra.
¿Cómo ha sido la comunicación con gobiernos estatales y federal para abordar estos problemas?
Hemos visitado estados como Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua, encontrando apertura de los gobiernos para colaborar en la resolución de problemas en caminos municipales, estatales y federales. Con la federación, la anterior directora de Autotransporte Federal apoyó acuerdos clave, como el reglamento de grúas, aunque persisten detalles por resolver con la actual administración. También avanzamos en la emisión de placas, un paso hacia la formalización.
Desde 2022, has denunciado las grúas piratas. ¿Qué avances han logrado?
Contamos con una base normativa, con reglamentos y leyes que clasifican y autorizan el servicio. En Jalisco, desde 2023, hay un reglamento y una norma técnica, un avance significativo. Sin embargo, la regularización es simulada en muchos casos: se autorizan grúas que no cumplen, y malos elementos de las autoridades se benefician, cobrando tarifas exorbitantes, de 1,000 a 8,000 pesos. Trabajamos con representantes locales en otros estados para replicar los avances de Jalisco, pero la implementación sigue siendo un desafío.
¿Qué riesgos enfrentan los ciudadanos al usar grúas piratas?
Los riesgos son múltiples: cobros desproporcionados sin tarifas reguladas, robo de piezas, llantas o gasolina, y daños a vehículos por traslados inadecuados, afectando suspensión, caja o diferencial, con costos de miles de pesos. Las grúas piratas no ofrecen pólizas de seguro ni garantías, dejando a los usuarios desprotegidos.
¿Qué recomiendas a quienes necesitan un servicio de grúa?
Buscar grúas de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), identificadas con nuestras calcamonías. Contamos con más de 3,500 grúas en el país que garantizan precios justos, sin daños ni robos, y con pólizas de seguro abiertas, una ventaja que las grúas irregulares no tienen. Nuestra red ofrece confianza y profesionalismo.
¿Cómo puede México aprender de países como EE.UU. o Canadá para fortalecer el sector?
En Norteamérica, las grúas son un servicio esencial, operando 24/7 con normativas estrictas. Hemos adaptado sus estándares, y el contacto con fabricantes y asociaciones norteamericanas, facilitado por Expo Grúas, nos ha permitido profesionalizar el servicio, tanto en capacitación como en equipos modernos.
¿Qué cambios esperas en el sector en los próximos cinco años?
Un sector pujante, con equipos modernos, personal capacitado y certificaciones de habilidades, como en EE.UU. Con el trabajo colectivo de los socios, mejoraremos la eficiencia y la percepción pública, consolidando a las grúas como un servicio confiable y respetado en México.
JALISCO
Seminario de relaciones públicas en Guadalajara: ALARP reconoce a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi

Por Raúl Cantú //
La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP), capítulo México, celebró con éxito el Seminario de Relaciones Públicas, Comunicación y Ceremonial en el Auditorio del Centro de la Amistad Internacional. El evento congregó a expertos nacionales e internacionales para analizar el papel del ceremonial y las relaciones públicas en contextos complejos y en transformación.
El seminario destacó por sus conferencias, paneles y actos protocolarios que abordaron temas cruciales del sector. Un momento clave fue la entrega del Galardón “Dr. Pedro Gabriel Labariega Villanueva” a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi, distinguida por su trayectoria en protocolo como Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Guadalajara. En su ponencia “Protocolo: desafíos entre la tradición y el cambio”, resaltó la importancia de fortalecer alianzas gremiales y el reconocimiento profesional.
Por primera vez en México, se otorga este galardón a un ceremonialista que ha destacado por su sobresaliente trayectoria profesional. Esta figura ha ganado respeto en los últimos 20 años en el ámbito de la gestión pública, relaciones exteriores y protocolo universitario.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó “Hablar es un derecho: libertad de expresión en tiempos de censura”, reflexionando sobre los retos que enfrentan periodistas en entornos polarizados. A su vez, la Dra. María Aparecida Ferrari (Brasil) impartió una conferencia magistral sobre el rol transformador de las relaciones públicas en contextos vulnerables, promoviendo inclusión y cohesión social.
El panel “Relaciones públicas en tiempos de complejidad: ética, estrategia y adaptación”, moderado por Yolanda Barroso y con la participación de Viridiana Lemus, Benjamín Covarrubias y Felipe Reyes, presidente de ALARP México, compartió estrategias éticas para actuar en escenarios inciertos. Además, se otorgó un reconocimiento especial a la Mtra. Ruth Rayo (Guatemala) por sus contribuciones al ceremonial y protocolo en América Latina.
El evento consolidó el compromiso de los comunicadores con una práctica ética e innovadora, enfrentando desafíos como la desinformación y la inseguridad. Este seminario se posicionó como un espacio esencial para el diálogo, la reflexión y la profesionalización, reafirmando la relevancia de las relaciones públicas y el ceremonial en la construcción de sociedades más inclusivas y éticas.
Sobre el galardón Pedro Gabriel Labariega Villanueva:
Pedro Gabriel Labariega Villanueva fue uno de los ceremonalistas y diplomáticos más influyentes de México. Con sólida formación académica, amplia trayectoria docente, significativa labor investigadora y liderazgo institucional, contribuyó decisivamente al desarrollo de los estudios de protocolo y derecho diplomático en el país.
Presidente fundador de la Academia Mexicana de Protocolo, A.C
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